La noticia que ha develado la colusión de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) -propiedad de la familia Matte-, para cobrar por el papel higiénico (o tisú) precios por encima de lo justo a las y los consumidores, es un síntoma de una enfermedad más vieja y más profunda en la cual esta […]
La noticia que ha develado la colusión de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) -propiedad de la familia Matte-, para cobrar por el papel higiénico (o tisú) precios por encima de lo justo a las y los consumidores, es un síntoma de una enfermedad más vieja y más profunda en la cual esta familia se ha involucrado en la historia reciente del país, en perjuicio de la ciudadanía.
Con la publicación del libro «A la sombra de los cuervos. Los cómplices civiles de la dictadura» (Ceibo Ediciones, 2015), del periodista Javier Rebolledo, muchas de las alianzas macabras en las cuales se han visto involucrados las distintas generaciones recientes de la familia Matte salieron a la luz. Las cuales incluyen crímenes y conspiraciones que también son materia de investigación y por las cuales están pendientes las respuestas por parte de ellos, solicitada por el autor del libro en más de una ocasión. Las deudas por saldar son mucho más graves que una falta a la ley del mercado que ellos han predicado defender.
En el libro se establece cómo la empresa que hoy dirige Eliodoro Matte -otrora funcionario del Servicio Nacional de Salud (SNS) y del Laboratorio Chile, en el cual incidió para su privatización-, desde 1974 -a menos de un año de instaurada la dictadura cívico militar- se vio beneficiada por la promulgación del Decreto Ley 701, subsidio estatal para empresas forestales (entiéndase la propia CMPC y Forestal Arauco), que bonifica las plantaciones de pino y eucaliptos hasta en un 75%, y en cuya redacción y promulgación operaron dos ex funcionarios de la compañía: Fernando Léniz, como ministro de Economía, y Julio Ponce Lerou, como director de la Conaf.
Además, la hermana mayor de Eliodoro, Patricia, también propietaria de la hoy cuestionada CMPC, trabajó con Miguel Kast en Odeplan, organismo desde el cual se planificaron muchos de los cambios económicos y sociales realizados durante la dictadura, los cuales, según defiende la tesis del libro «A la sombra de los cuervos…» antes mencionado, no se habrían podido realizar sin la política de exterminio, torturas y amedrentamiento que se instauró con la dictadura cívico-militar.
El marido de Patricia, Jorge Gabriel Larraín Bunster, fue uno de los creadores de «El Ladrillo», manual clandestino que estableció las bases políticas del libre mercado y las consecuentes privatizaciones de las empresas del Estado. Él, además de su participación en el directorio de «la Papelera», representa los intereses del clan en la Minera Valparaíso, principal sociedad de inversiones del mayor grupo económico del país y que hoy controla Banco BICE, CMPC, Colbún, Entel, y Puertos y Logística, entre otras empresas estratégicas.
Bernardo, el menor de los hermanos, también propietario y director de CMPC, durante su juventud fue militante de Patria y Libertad y por años ha sido conocido en el mundo político como uno de los principales operadores de Renovación Nacional. Ahora se encuentra a cargo del área financiera del holding, por medio de Bicecorp.
Hay que recordar que la incorporación de la CMPC al área social, expropiándola dado su carácter monopólico, fue uno de los objetivos centrales del mandato de Salvador Allende, incluso durante la campaña antes de su elección. Una batalla política y mediática notoria durante el gobierno de la Unidad Popular. Bajo el lema «La Papelera No», la CMPC -directorio presidido en la época por el ex presidente de la República Jorge Alessandri Rodríguez, hermano de Esther, casada con Arturo Matte-, se defendió por todos los medios de comunicación, con ayuda especial de El Mercurio, propiedad de la familia Edwards.
En el caso de Laja y San Rosendo, las víctimas eran empleados de Ferrocarriles del Estado y trabajadores asalariados, contratados por la CMPC. En sucesivas operaciones, a los pocos días del 11 de septiembre de 1973, carabineros de Laja los detuvieron en sus lugares de trabajo, en la vía pública o en sus casas. Los detenidos de «la Papelera» -denunciados y señalados por ejecutivos y empleados administrativos de la empresa-, así como los trabajadores de Ferrocarriles, fueron torturados en la propia tenencia de Laja y, en la madrugada del 17 de septiembre de 1973, sacados del calabozo y subidos a un bus utilizado por la CMPC para trasladar trabajadores.
En un artículo publicado en El Mostrador -y en el libro-, Javier Rebolledo señala que los secuestrados, maniatados con alambres, fueron trasladados hasta un predio forestal. Ahí los fusilaron, los cubrieron con cal y los enterraron entre los pinos. Transporte, alambres, cal y plantaciones forestales propiedad de la CMPC, tal como se establece en una minuciosa investigación que hace parte de su libro.
Días después, un transportista de la Forestal Mininco, integrante de «la Papelera», encontró los cadáveres desenterrados y parcialmente devorados por los perros. Según declaró el chofer en una causa judicial llevada a cabo en 1979 por el ministro en visita José Martínez Gaensly, encontró también palos ensangrentados, usados probablemente para rematar a los trabajadores ejecutados que habían quedado con vida luego de la ejecución.
El camionero había dado con los cuerpos ya que su superior, un despachador de maderas de Mininco, le dijo que cuando llegara a ese predio se iba a encontrar con una «sorpresa». Luego, un jefe superior, fue identificado como Roberto Izquierdo Menéndez, quien este año 2015 declaró en la causa que sustancia hoy el ministro presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, confirmando haber recibido la información del hallazgo, y que le habría señalado a su subalterno que guardara silencio respecto del hallazgo.
Izquierdo Menéndez, hoy en día jefe del poderoso clan que lleva sus dos apellidos, es propietario del Diario Financiero, socio estratégico de los Matte en Entel, y una de las «siete familias» dueñas de las mayores pesqueras del país y beneficiadas con la polémica Ley de Pesca -que ha desatado el llamado «caso Corpesca», develando la existencia de coimas a políticos de la UDI, la DC y el Partido Socialista, para elaborar y aprobar una ley que aseguró la división y propiedad de una parte importante del mar chileno en beneficio de un puñado de grandes empresarios-.
La responsabilidad en el silencio cómplice de la familia Matte y sus colaboradores, pero también de manera activa en el soporte de suministros para realizar algunos de los más horrendos crímenes de la dictadura, es parte de la tarea pendiente por investigar por parte de los organismos del Estado que, a juicio de Javier Rebolledo, autor de ‘A la sombra de los cuervos…» y de esta casa editorial, es vital para avanzar en hacer justicia y establecer la verdad que hoy en día demanda el país.