Aunque los publicistas del sistema repitan que la economía va cada vez mejor (deben referirse, evidentemente, a las cuentas de resultados de los bancos y las empresas del Íbex 35), la realidad es que una gran parte de la población, en Andalucía el 42,3%, permanece donde ha sido arrojada: en situación empobrecida y con alto […]
Aunque los publicistas del sistema repitan que la economía va cada vez mejor (deben referirse, evidentemente, a las cuentas de resultados de los bancos y las empresas del Íbex 35), la realidad es que una gran parte de la población, en Andalucía el 42,3%, permanece donde ha sido arrojada: en situación empobrecida y con alto riesgo de exclusión social. Con la novedad de que conseguir un empleo ha dejado de ser garantía de no ser pobres, dados los salarios-basura, la temporalidad y la facilidad de despido.
Aunque dicen que son para remediar el problema, los prebostes de nuestra sociedad proponen medidas que lo agravarían, como ha hecho el presidente de la CEOE planteando «relajar» los ya mermados derechos que aún conservan los trabajadores fijos para equipararlos, a la baja, con los (casi nulos) derechos de los trabajadores temporales. Así nadie tendría «privilegios». O como ha planteado obscenamente el multimillonario Carlos Slim, el amigo de Felipe González, que trabajemos tres días a la semana, a razón de 11 horas diarias y un salario «a la china», para que haya más empleos y podamos dedicar cuatro días a la familia.
Viniendo de quienes vienen, sólo a los muy ingenuos podrían sorprender estas propuestas, pero sí resulta más chocante que en personas y organizaciones (partidos y sindicatos principalmente) que se autodefinen como de izquierdas siga siendo el empleo (lo que de forma reduccionista llaman trabajo) el centro único de las propuestas y el referente obligado para ayudas y subsidios. Es esto una parte del lastre ideológico de esa izquierda que, contra lo que afirma, nunca ha leído a Marx, o le ha entendido muy poco, y es, en realidad, seguidora, sin saberlo, de los filósofos y economistas liberales que crearon la ética puritana del trabajo (hecho equivaler a empleo asalariado) para convencer a quienes carecían de bienes propios de que era su obligación ética (e incluso religiosa) trabajar de forma asalariada para multiplicar el capital de los poseedores de la tierra o de las máquinas. Lo que era, y es, una obligación forzosa para poder subsistir fue convertida en la única vía para conseguir la integración social y la dignidad personal. De ahí la consideración como no-trabajos de los que se realizan para uno mismo o en el ámbito doméstico, convirtiendo a las amas de casa en no-trabajadoras.
Sólo desde esta filosofía es posible entender las propuestas de los partidos autodefinidos como «de izquierdas» o «transversales» cara a las próximas elecciones. Así, Izquierda Unida propone en su programa un «trabajo garantizado» para todos. Se supone que garantizado por el Estado, ya que no sé cómo se podría obligar a las empresas a contratar a los cinco millones de parados que existen a nivel del Estado precisamente porque las empresas no los necesitan, o ganan más sin contratarlos. Además de que costaría más de 230.000 millones si se pagara la hora a diez euros, en este gigantesco PER, una vez creados los puestos sin duda necesarios en educación, sanidad y otros servicios públicos, ¿a qué se dedicarían los restantes millones de nuevos empleados?
Los otros partidos abogan por subsidios de desempleo y ayudas con diferentes nombres pero que tienen, todos ellos, un elemento en común: son paliativos, asistenciales y, sobre todo, condicionados a que los aspirantes a perceptores demuestren ser pobres y no tener trabajo (en realidad empleo), comprometiéndose a aceptar el que se les ofrezca. Llámense «renta mínima garantizada» o «de inserción», «ingreso mínimo vital» o incluso, con el objetivo de confundir, «renta básica», se trata de subsidios y como tales están condicionados a tener que demostrar ser pobres. La verdadera renta básica es otra cosa: no responde a la idea de que el trabajo asalariado sea la única fuente para alcanzar la dignidad humana sino que esta es consustancial a toda persona y por ello, por ser el derecho más primario de todos el derecho a la existencia, ha de ser universal e incondicional. Mediante una reforma del IRPF, saldría beneficiada el 80% de la población por la transferencia, desde el otro 20%, de 35.000 millones de euros. Con esta redistribución de la renta, nadie estaría por debajo del nivel de la pobreza y cualquier persona podría negociar qué condiciones salariales y de empleo le resultan aceptables, sin tener que escuchar la consabida frase de «lo tomas o lo dejas, porque otros sí aceptarán». Como existen numerosos análisis que demuestran su viabilidad, incluso sin una transformación radical del sistema, ¿por qué ningún partido lleva la renta básica universal en su programa? Son ellos los que deberían contestar, aceptando un debate riguroso y abierto que es hoy imprescindible.
Isidoro Moreno es Catedrático Emérito de Antropología en la Universidad de Sevilla y miembro de Asamblea de Andalucía.
Fuente original: Diario de Sevilla