La democracia moderna, en su desarrollo desde la versión inicial liberal-censitaria hasta el más desarrollado Estado liberal social y de derecho, ha conocido dos grandes épocas de crisis graves generales que dieron lugar a retrocesos a regímenes dictatoriales. La primera crisis se produjo en los años de entreguerras del siglo pasado cuando diversas dictaduras se […]
La democracia moderna, en su desarrollo desde la versión inicial liberal-censitaria hasta el más desarrollado Estado liberal social y de derecho, ha conocido dos grandes épocas de crisis graves generales que dieron lugar a retrocesos a regímenes dictatoriales. La primera crisis se produjo en los años de entreguerras del siglo pasado cuando diversas dictaduras se implantaron por toda Europa al calor del avance del fascismo. La segunda época se centró en América Latina en la década de 1970 a través de diversos golpes militares. En ambos casos la crisis tuvo lugar como consecuencia de conflictos políticos y sociales cuya agudización no pudieron soportar las instituciones de unas democracias, por otro lado, poco consolidadas, desarrolladas y legitimadas.
Aquellos países recuperaron las instituciones democráticas, algunos tardíamente, tras décadas bajo diferentes dictaduras, como España, Portugal o los países del este europeo. En otros las dictaduras duraron menos años, como algunos casos de América Latina.
Las tensiones políticas y sociales siempre están presentes en sociedades escindidas socialmente como son las capitalistas, pero también aparecieron en las sociedades post-capitalistas como demostraron Hungría, Polonia, China, etc. Sin embargo, la democracia liberal es un régimen político que expresa la hegemonía que detenta la burguesía, a la vez que establece mecanismos políticos para encauzar los enfrentamientos originados en la sociedad con el objetivo de su negociación y solución, evitando los enfrentamientos violentos y la ruptura de la convivencia. No obstante, la consecución de este objetivo depende especialmente del nivel de agudización que alcancen los conflictos. Así, los enfrentamientos y tensiones en diversos países democráticos volvieron a intensificarse en las décadas inmediatas pasadas como consecuencia primero de la extensión del neoliberalismo y sus consecuencias, afectando especialmente a América Latina y, después, como consecuencia de la gran recesión económica mundial originada en 2007.
Esos acontecimientos encontraron a la democracia liberal mucho más consolidada y legitimada en Europa que en las décadas de 1920-30, debido a un largo período de funcionamiento y a la extensión del Estado de Bienestar. Por ello su funcionamiento no se resintió, especialmente cuando Europa se vio sometida a dos tipos de tensiones: las derivadas de las políticas de austeridad llevadas a cabo como consecuencia de la gran recesión, y que se tradujeron en recortes del Estado de Bienestar; y las que se originaron con la fuerte presión migratoria ejercida desde el Mediterráneo sur, y especialmente con las poblaciones con una cultura muy diferente y también militante, la del islam. Hubo un tercer tipo de conflicto que tensionó la democracia liberal, pero que ha sido mucho menos intenso que los anteriores, y que solo ahora está generando un conflicto agudo en uno de los Estados miembros de la UE, España, se trata de los conflictos de los nacionalismos que quieren alcanzar un Estado independiente.
Estas situaciones se expresaron en tres fenómenos político-sociales que correspondían a cada una de las tres tensiones. El ascenso de una izquierda alternativa que impugnaba las políticas de austeridad y, a largo plazo, el capitalismo, y que venía acompañado de movilizaciones sociales intensas en algunos países europeos. El ascenso de formaciones de extrema derecha que hacía de la lucha contra la inmigración y el discurso islamófobo el centro de sus programas políticos. Y el ascenso de reivindicaciones nacionalistas en las regiones más desarrolladas de sus países. De estos tres fenómenos, el peligro para los sistemas democráticos lo representan los movimientos de extrema derecha con sus discursos y políticas intolerantes y xenófobas. En dos países de la UE estos partidos llegaron al gobierno, son Polonia y Hungría, en otros muchos o han estado a punto de conseguirlo, o lo han hecho en coaliciones, o han condicionado la política de otros partidos en el gobierno, persistiendo el peligro de que puedan llegar al gobierno en más Estados europeos.
En América Latina, las tensiones sociopolíticas dieron lugar en una primera etapa a intensas movilizaciones sociales que consiguieron revertir presidentes como en Argentina, Ecuador o Bolivia y, en general, a instalar en el poder a gobiernos progresistas. Las tensiones de esta primera etapa que sacudieron a las democracias latinoamericanas dieron lugar a un enriquecimiento de las mismas en cuanto consiguieron la inclusión política de amplios sectores populares, especialmente los pueblos indígenas, hasta entonces marginados. En algunos países de la región, a esta primera etapa la siguió un período de estabilidad donde las tensiones se redujeron, fue el caso de Argentina, pero en otros casos las tensiones persistieron en una segunda y prolongada etapa en los que los conflictos fueron promovidos por las antiguas clases dirigentes desplazadas del poder. Fueron los casos de Bolivia, Ecuador, Brasil o Venezuela, por ejemplo.
En ningún caso estas tensiones desarrolladas en ambas regiones del mundo terminaron en algún tipo de dictadura. Las democracias liberales, con todas sus imperfecciones, habían alcanzado un alto grado de legitimidad y prestigio y no era fácil llegar a su reemplazamiento por algún tipo de dictadura. En un solo caso, en Honduras, se llegó a producir un golpe militar pero, tras corregir una situación previa que no gustaba a la oligarquía, se regresó a una «normalidad democrática», que ha vuelto a ser puesta en cuestión en las elecciones presidenciales de diciembre de 2017, como expresión de la fragilidad de la democracia en ese país.
Sin embargo, sin llegar a desembocar en anulaciones de la democracia y su reemplazo por dictaduras, las democracias si sufrieron, como consecuencia de las tensiones existentes, diversos grados de degradación y perversión de sus instituciones que, al menos, permite que se las pueda contemplar como democracias en crisis. Estas crisis son de diferentes características y consecuencias según sea el conflicto principal que las tensiona, sus antecedentes o su situación geoestratégica. Así, como ejemplos diferentes de estas democracias en crisis o crisis de democracias, podemos señalar algunos de los más característicos, que no los únicos. Son los de Turquía, Hungría y España en Europa, y los de Honduras, Brasil y Venezuela en América Latina.
En este artículo nos vamos a centrar, sin embargo, en tres casos que tienen en común una característica concreta de la crisis democrática, la de que se origina en el conflicto entre distintos poderes del Estado, como consecuencia de que las fuerzas políticas enfrentadas se han hecho fuertes en diferentes instituciones estatales y, desde ellas, buscan desautorizar, bloquear o anular a otras instituciones. Inevitablemente, este tipo de conflictos hacen entrar en crisis al conjunto de las instituciones democráticas que siguen funcionando en modo degradado. Los tres casos a los que nos referimos son los de Brasil, Venezuela y España, y como en ninguno de los tres está resuelto el conflicto en el momento de ser redactado este artículo no podemos conocer en que terminarán desembocando y las consecuencias finales que tendrán para sus respectivos sistemas democráticos.
En Brasil y Venezuela el conflicto central se ha dirimido entre el poder legislativo y el ejecutivo, en España entre las instituciones centrales del Estado y las de una nacionalidad histórica como es Cataluña. En los dos primeros el conflicto subyacente a la crisis es de carácter social, en el tercero es de carácter nacionalista. En todos ellos, aunque el conflicto se haya centrado en dos instituciones ha terminado arrastrando, como era inevitable, al resto de las instituciones del Estado, jugando un papel especial en los tres casos los tribunales ordinarios y constitucionales; igualmente el conflicto institucional ha venido acompañado, en menor o mayor grado, de movilizaciones y enfrentamientos sociales.
Brasil
El 31 de agosto de 2016 la presidenta de Brasil Dila Rousseff fue definitivamente destituida de su cargo en una votación en el Senado por una mayoría de 61 de los 81 senadores. Con ello concluía un largo proceso de destitución iniciado en diciembre del año anterior.
Las causas alegadas para este proceso de destitución eran acusaciones de orden menor de carácter fiscal en relación con sus funciones como Presidenta – haber tomado prestado dinero de un banco público para ocultar un déficit presupuestario – que no respondían a la necesidad de la comisión de delitos graves, constitucionalmente necesarios para llevar a cabo una decisión tan trascendental como la destitución de una Presidenta elegida directamente por votación popular.
Además, concurría el hecho de que una gran cantidad de los representantes de los partidos que promovieron y, finalmente, llevaron a cabo la destitución de la presidenta estaban incursos en procesamientos judiciales por delitos reales y, por tanto, mucho más graves que los que ellos alegaban para destituir a Dilma.
Todos estos hechos, a los que se añadía una judicialización de la política orientada contra la presidenta y su partido, el PT, llevaron a esta formación política y a sus aliados políticos y sociales a acusar a la oposición de ejecutar un golpe de Estado para desplazar a Dilma del poder. Lo que era innegable es que la democracia brasileña se encontraba en medio de una grave crisis y en un proceso de degradación.
Las causas profundas de esta crisis democrática se encuentran en varios aspectos de la vida política brasileña. En primer lugar, en la atomización partidaria de su representación electoral que impide, tanto por esa atomización como por la naturaleza oportunista y desideologizada de la mayoría de dichos partidos, la posibilidad de mayorías parlamentarias estables basadas en acuerdos políticos de largo alcance. En segundo lugar, los acuerdos interpartidarios se celebran, en esta situación, en torno a compras de voluntades y sobornos con dinero y cargos, lo que hace que la corrupción sea un rasgo muy acusado del sistema político brasileño, que ha alcanzado a todas las formaciones políticas, incluido el PT. En tercer lugar, en la voluntad de las clases dominantes brasileñas de apartar al PT de las palancas del Estado mediante el empleo de métodos y expedientes no democráticos, una vez constatada la dificultad de derrotarle por la vía electoral. El conjunto de estos tres factores han concurrido en un proceso para la destitución de Dilma Rousseff que ha violentado las reglas democráticas y ha desembocado en una crisis democrática que está lejos de haberse resuelto con el cambio de Presidente de la República.
Como en los dos casos posteriores que analizaremos, también en éste concurren dos factores comunes, la utilización de las movilizaciones callejeras para lograr el objetivo de destituir a Dilma, y la judicialización de la vida política, siendo utilizado el poder judicial o constitucional como un arma de lucha para alcanzar objetivos políticos.
Dilma ganó su primera elección en 2010 con una mayoría aplastante, pero cuatro años más tarde su victoria fue por un escaso margen de votos. Pocos meses después de su reelección tuvieron lugar grandes manifestaciones a lo largo de todo Brasil para exigir su salida del poder, en medio de un gran desprestigio del PT, fruto no solamente de la crisis económica y las políticas de austeridad adoptadas por el gobierno, sino del desencanto que estas políticas produjeron en las bases sociales del PT.
El PT, por otra parte, después del escándalo en 2005 – por utilizar el método de comprar representantes de los otros partidos para conseguir su apoyo en una cámara, dónde el PT nunca consiguió tener más del 20% de los diputados – adoptó la política de alianzas políticas con otros partidos, especialmente el PMBD, cediéndoles ministerios y cargos importantes. Sin embargo, esta política no evitó el ascenso de los casos de corrupción, especialmente con la expansión de Petrobras, que afectaron especialmente al PMDB, el PT y el PP.
Este segundo gran escándalo de corrupción originó una judicialización de la política cuando una serie de jueces y fiscales, pretendiendo repetir en Brasil las actuaciones que en la Italia de la década de 1990 se denominó la tangentopolis, y que originaron un auténtico terremoto en el sistema político italiano, iniciaron una serie de actuaciones contra una gran cantidad de representantes políticos.
Pero la destitución de Dilma no cerró la crisis política-judicial en Brasil. Los casos de corrupción que envenenan la vida política del país, y las actuaciones judiciales contra ellas, siguen marcando el pulso político y distorsionando las luchas sociales y políticas, ahondando en la crisis de la democracia y dando lugar a la aparición de populismos de extrema derecha.
La destitución de Dilma dio paso a la presidencia de Michel Termer, un antiguo aliado suyo del PMBD, incurso en varios casos de corrupción cuyas sentencias le llevarían con seguridad a una nueva destitución presidencial. Por otro lado, el PT, tras la derrota judicial-parlamentaria, volvió a depositar todas sus esperanzas en la candidatura de Lula a las elecciones de 2018, debido a que conservaba aún de un alto apoyo entre los sectores populares. Pero Lula también estaba incurso en varios procesos por corrupción que podían frustrar estas esperanzas del PT.
Sobre Temer pendía una denuncia por sobornos por parte de la fiscalía general y el proceso, dado el aforamiento de su cargo, pasaba por una aprobación por el Congreso a partir de la cual el Tribunal Supremo le destituiría temporalmente, al menos por seis meses, y definitivamente con una sentencia firme. Así que, el escándalo político tuvo lugar en agosto de 2017 cuando los mismos diputados que un año antes destituyeron a Dilma tomando como excusa una acusación intrascendente de maquillaje de cuentas públicas votaron ahora impedir que Temer fuera procesado por una acusación de montar un sistema para cobrar sobornos de grandes empresarios, lo cual si es un delito penal, oficializando de esta manera la corrupción.
En el caso de Lula, la primera sentencia condenatoria por un caso de corrupción – tiene otros seis procesos abiertos – por el regalo de un tríplex en la playa, se produjo en 2017 y ha sido ratificada y ampliada en enero de 2018 dejando la posibilidad de su candidatura presidencial de este año en una situación casi imposible, a pesar de las apelaciones que aún le quedan al ex-sindicalista. El PT, y las fuerzas políticas-sociales que le enfrentan, saben que otro candidato diferente de Lula no tendría las mismas posibilidades de vencer en dichas elecciones y se resiste, por tanto, a contemplar la posibilidad de cambiar de candidato.
Así, en un país cuya vida política está anegada por los caos de corrupción, con centenares de cargos electos encausados o condenados, y que ha llevado a una intensa judicialización de la misma, la democracia liberal es desnudada de todos sus principios, empezando por el de la división de poderes, para entrar en una grave crisis que, inevitablemente, es el caldo de cultivo de demagogos populistas de extrema derecha como es el caso de Jair Bolsonaro, que aparece en las encuestas como el segundo candidato en apoyos después de Lula. Con un Lula apartado de la carrera presidencial y una derecha clásica hundida en los casos de corrupción, no se puede descartar ni que Bolsonaro fuese derrotado como hasta ahora ha ocurrido con candidatos similares en Europa, ni que terminase triunfando como Donald Trump o como Berlusconi en Italia, país con el que podría establecerse una situación más parecida. En octubre de este año se despejará la incógnita de si la democracia en Brasil agudiza su crisis.
Venezuela
El desarrollo de la revolución bolivariana tiene tres etapas clave: la ruptura con el régimen anterior de la IV República y el nacimiento de la V República, el auge inestable de la revolución bolivariana, y la actual del madurismo caracterizada por el proceso de descomposición económica y política. Cada de una de estas etapas se desplegó a través de diversos procesos democráticos – elecciones y referéndums – acosados a veces por intentos antidemocráticos de la oposición por forzar violentamente un cambio de la situación, como el intento de golpe militar de 2002, los paros petroleros o las guarimbas [2].
Tras la primera victoria presidencial de Chávez y la aprobación de la nueva Constitución, que abre paso a lo que se denomina V República, se abre un período en que la oposición al chavismo despliega toda una batería de medidas con el objetivo de revertir la situación creada con las victorias electorales chavistas y la nueva Constitución. Esta ofensiva opositora no conoce pausa y emplea desde medios legales, como el revocatorio constitucional para intentar desplazar a Chávez de la presidencia, hasta el golpe de Estado, pasando por las huelgas generales y las guarimbas.
Pese a la crudeza que a veces se emplea en esta ofensiva, la democracia no es puesta en crisis, salvo el breve paréntesis del golpe militar abortado en abril de 2002. Las diferentes elecciones se celebran sin suspensiones ni retrasos, y se realizan tres referéndums cuyos resultados son desfavorables a cada una de las partes enfrentadas, pero son aceptados en los tres casos. El referéndum revocatorio impulsado por la oposición, en agosto de 2004, para expulsar a Chávez de la presidencia es ganado por el chavismo; el referéndum de reforma constitucional para avanzar al socialismo, de diciembre de 2007, impulsado por el chavismo es ganado por la oposición; y el referéndum posterior, en febrero de 2009, para reformar la Constitución y permitir la reelección de Chávez, que ganó el gobierno.
Se puede hablar en esta segunda etapa de una situación de democracia tensionada, pero no en crisis. Un factor esencial que impide esa crisis es que en las distintas elecciones que se suceden, las victorias chavistas hacen que las instituciones principales del Estado queden en sus manos: la presidencia, el parlamento, parte de los gobiernos regionales y municipales y el TSJ. La única victoria decisiva que consigue la oposición en ese período es la derrota del intento de reforma constitucional pero, aunque sirve para bloquear el desarrollo de la revolución bolivariana en sentido socialista, sin embargo no pone en peligro el poder detentado por el chavismo.
Esta situación cambia radicalmente cuando, después de una clara tendencia de desgaste electoral por parte del chavismo, la oposición vence por amplia diferencia en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, alcanzando un 56,2% de apoyos frente al 40,8% del chavismo. En ese momento el chavismo pierde uno de las principales instituciones del Estado y, además, esa derrota, encuadrada en la tendencia señalada, alerta al chavismo de que se enfrenta a la posibilidad de perder del resto de los poderes del Estado en las siguientes elecciones.
Es necesario dejar claro el significado de los procesos electorales. Las derrotas electorales no son más que la certificación mediante el recuento de votos de las previas derrotas políticas y sociales que han tenido lugar en el cuerpo social, y éstas, a su vez, en el caso de la revolución bolivariana, lo que hacen es reflejar o bien la existencia de condiciones objetivas adversas incapaces de ser superadas en una determinada coyuntura histórica, o la presencia de errores graves del chavismo, o, lo posiblemente sea lo más acertado, ambas cosas a la vez.
El resultado electoral de 2015 solo se ha limitado a levantar acta del abandono del chavismo por una parte importante de sus bases electorales. Pero además, y esto es lo importante, si la derrota se inscribe en una tendencia de largo tiempo, y no se trata de un episodio puntual, las posibilidades de revertir esta situación se encuentran seriamente reducidas. Y esto es algo de lo que tomó conciencia la dirigencia chavista y que explicaría su comportamiento a partir de ese momento. Si la oposición optó por la desestabilización violenta, el gobierno Maduro optó, por su parte, por el autoritarismo y el bloqueo tanto de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición desde 2015, como de cualquier consulta electoral que solo podría certificar nuevas derrotas para el chavismo.
A partir de la victoria citada, la MUD intentó, desde su mayoritaria parlamentaria, iniciar un proceso para destituir a Maduro, mediante la activación de un referéndum revocatorio, y proceder a desmontar las conquistas de los últimos 17 años. Por otro lado, el gobierno Maduro se orientó a bloquear el poder parlamentario y los procesos electorales para no someterse al veredicto de las urnas. Vamos a ver a continuación como se desarrolló el proceso desde la derrota chavista en las legislativas de diciembre de 2015.
Las primeras reacciones del gobierno fueron variadas, todas orientadas a reforzar su control sobre algunas instituciones y contrarrestar o anular el poder legislativo en manos de la MUD. Perdido el apoyo mayoritario de la población, la estrategia se orientó a atrincherarse en las instituciones. En primer lugar, mediante la amenaza de desafiar a la nueva Asamblea Nacional en manos de la oposición con la convocatoria de un Parlamento Comunal al que le traspasaría todo el poder. Este Parlamento se reunió por primera vez el mismo día de constitución de la nueva Asamblea Nacional, el 5 de enero de 2016. El Parlamento Comunal sería la instancia representativa del Estado Comunal recogido en varias leyes, pero nunca intentado ser puesto en práctica hasta ese momento.
En segundo lugar, el nombramiento por la Asamblea Nacional saliente controlada por el chavismo, y fuera de plazo, de 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y 21 suplentes con objeto de reforzar su control sobre dicho Tribunal. Ésta fue la decisión clave del gobierno Maduro para controlar el TSJ y, desde él, anular las decisiones de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, llegando hasta a suspenderla en sus funciones, aunque terminase retrocediendo en esta grave decisión.
En tercer lugar, la denuncia de irregularidades cometidas por la oposición en las elecciones, especialmente en el Estado de Amazonas, para impugnar sus resultados. Estás impugnaciones deberían ser resultas ante el TSJ y su objetivo sería evitar que la oposición contara con una mayoría cualificada en la Asamblea con las que tomar decisiones decisivas. Los electos impugnados fueron ocho y ello llevaría a la necesidad de repetir las elecciones en las circunscripciones afectadas. Efectivamente, la correlación de fuerzas parlamentarias asignaba 112 de los escaños a la MUD y 55 al Gran Polo Patriótico (alianza con la que los chavistas concurrieron a las elecciones). La MUD disponía, por la mínima, de los 2/3 de escaños suficientes para llevar a cabo reformas de la Constitución, promover votos de censura contra el gobierno y convocar referéndums.
El resultado de las impugnaciones fue que el TSJ suspendió la proclamación de tres diputados opositores y uno oficialista. La MUD quedaba por debajo de los 2/3 e imposibilitada de llevar a cabo decisiones trascendentales desde la Asamblea Nacional.
En abril de 2016 nuevamente el gobierno utiliza al TSJ contra las decisiones de la mayoría parlamentaria y el Tribunal declara inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada por la Asamblea Nacional.
Pero no es solamente el TSJ la institución utilizada para bloquear a la mayoría opositora en la Asamblea, también otros poderes del Estado controlados por el chavismo sirven al mismo fin. Así, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó también en abril de 2016 la solicitud de un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro alegando defectos de forma, igualmente luego dilató la posible convocatoria del referéndum de manera que, de tener lugar después del cuarto año del mandato y ser ganado por la oposición, el resultado fuese que a un Maduro revocado le sustituyese su vicepresidente, pero no tuviese que adelantarse las elecciones presidenciales. Finalmente, el referéndum revocatorio no tuvo lugar y, tras su bloqueo, la mayoría parlamentaria aprobó una declaración de responsabilidad política del presidente que fue anulada también por el TSJ. Así, pues, el CNE se sumó al TSJ en la estrategia de bloqueo institucional de la mayoría opositora, y éste último también rechazó que una enmienda constitucional para reducir de seis a cuatro años el mandato presidencial pudiese, de aprobarse mediante referéndum, tener efectos sobre la actual presidencia de Maduro.
El 16 de enero de 2017 Maduro decretó la emergencia económica en Venezuela con la cual disponer de plenos poderes para legislar en esa materia durante 60 días, decreto que fue rechazado por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, pero convalidado posteriormente por el TSJ.
El pulso entre poderes del Estado derivados de la legitimidad democrática adquirida en unas elecciones, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo, llegó al punto más alto en marzo de 2017 cuando el TSJ decidió asumir las competencias de la Asamblea Nacional alegando desacato continuado por parte de ésta, y retiró la inmunidad a los parlamentarios. Se trataba de una medida extrema que llevaba aparejada inevitablemente un cambio de la naturaleza del sistema político venezolano. Pero la medida fue muy breve, y tras una petición del Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela, el propio TSJ derogó sus resoluciones, evidenciando, de esta manera, su falta de independencia del gobierno. Esta situación reflejó no solamente el peso de las presiones internacionales, sino, especialmente, las divisiones surgidas dentro del campo chavista ante una decisión tan extrema.
Llegados a este punto, el gobierno Maduro y la dirigencia chavista evidenciaban dos cosas. La primera era la concepción instrumental y el poco respeto por los valores democráticos. No querían entender que detrás de los 112 escaños conseguidos por la MUD no se encontraban solamente unos políticos de la oposición a los que detestaban, se encontraban 7,7 millones de electores frente a 5,6 millones que obtuvieron las fuerzas chavistas en las elecciones legislativas de 2015. Si bien Maduro obtuvo en las presidenciales de 2013, 7,5 millones de votos y la oposición 7,27 millones, en esos dos años se había producido un vuelco electoral, que se traducía en que el chavismo había perdido 1,7 millones de votos en tanto la oposición les había aumentado en medio millón.
Pero el chavismo no solo temía que la MUD volviese a ganar esos escaños en caso de repetición de las elecciones por los diputados impugnados, también temía que la oposición se impusiese en las elecciones regionales de gobernadores que tendrían que haberse celebrado en diciembre de 2016 y que fueron sido retrasadas nueve meses por motivos que luego aclararemos, pero que es otro ejemplo de manipulación discrecional de la democracia.
Después del vuelco electoral producido en las elecciones legislativas de 2015, la MUD intentó activar por segunda vez el mecanismo revocatorio constitucional con el objetivo de revocar a Maduro y obligar, así, a convocar unas nuevas elecciones presidenciales. Sin embargo, esta vez el chavismo tenía fundadas razones para temer que Maduro fuese revocado y que se celebrasen nuevas elecciones presidenciales que ganarían la MUD. Por eso su estrategia fue, utilizando el poder electoral en sus manos, obstaculizar el proceso para que, al menos, se retrasase tanto su celebración que le convirtiese en inútil.
Esta política de manipulación discrecional de los procesos electorales creaba, en realidad, un impasse que no podía demorarse mucho más en el tiempo. O el gobierno desbloqueaba la situación para continuar con el calendario programado de elecciones o suspendía éstas indefinidamente y mutaba la naturaleza política de Venezuela. En estas condiciones, la dirigencia chavista buscó una solución que, aunque le sirvió para ganar tiempo, terminó creando más caos político, y como consecuencia social y económico, en una huida hacia ninguna parte, la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC) mediante un método discrecional y con preocupantes rasgos anti-democráticos. Con esta convocatoria, y el método empleado, Maduro pretendía alcanzar tres objetivos: disolver la actual Asamblea Nacional con mayoría opositora; evitar cualquier otro tipo de referéndum o consulta, ni para la pertinencia de la convocatoria de la ANC ni para el resultado final de sus trabajos, que debería ser una nueva Constitución; y retrasar las congeladas elecciones regionales para gobernadores hasta que considerase que se daban las condiciones para ganarlas.
Maduro convocó un nuevo proceso constituyente en el que el pueblo no tenía nada que decir ni sobre su convocatoria, ni sobre las bases comiciales, ni sobre el resultado final del texto que se redacte, por las mismas razones que alegábamos antes, el temor a ser derrotado en ambos referéndums.
Por si éstas no fueran suficientes razones para situar al gobierno de Maduro en una tendencia a alejarse de los procedimientos democráticos, el método de convocatoria de la Asamblea Constituyente es, además de incoherente y discrecional, una burla a la igualdad política en que se basa la democracia. Así, la composición de la Asamblea Constituyente estaría formada por 168 diputados provenientes de diversos «sectores» señalados por el gobierno: trabajadores, estudiantes, comunas, pensionados, pueblos indígenas, empresarios, discapacitados, campesinos y pescadores. Otros 364 diputados serían elegidos territorialmente, a razón de un diputado por municipio, independientemente del tamaño de estos. Y los 8 restantes, hasta 540, serían elegidos por las etnias indígenas.
A la discrecionalidad empleada en la elección de los sectores y la asignación del número de diputados – podrían, por ejemplo, añadirse o reemplazarse algunos de los propuestos por los jóvenes, las mujeres, los de diferente religión, las minorías sexuales, los chabolistas, los desocupados, los titulados universitarios o cualquier otra ocurrencia -, además de la duplicación del voto – un empresario o un campesino puede votar como tal y como habitante de un territorio -, se añade el distinto peso de los votos territoriales, un voto de un habitante de un municipio pequeño puede tener 10 veces más peso político que el de un gran municipio.
La convocatoria de la Asamblea Constituyente a finales de julio de 2017 llevó a la Asamblea Nacional a convocar dos semanas antes un referéndum cuyo objetivo era demostrar el apoyo electoral que tenía detrás. A pesar de todos los obstáculos, como por ejemplo el surrealista ensayo oficialista de votación a la Constituyente el mismo día, la consulta se celebró sin garantías, y las cifras y el resultado ofrecido por la MUD no pueden ser tomadas en serio. Lo mismo puede decirse de la votación para la ANC, boicoteada por la oposición, controlada únicamente por el chavismo, y con la forma de elección discrecional que hemos señalado, sus resultados tampoco ofrecen garantías.
La situación que se derivó de este enfrentamiento, y de las maniobras del gobierno Maduro, fue una agudización de la crisis política y socioeconómica. La MUD fue la que primero sufrió las consecuencias. El fracaso de su política de movilizaciones callejeras anteriores a la elección de la ANC terminó en un fracaso al no conseguir impedir ni la celebración de ésta ni el debilitamiento del gobierno, a ello le siguió su división interna ante las elecciones regionales convocadas, tras diez meses de retraso, en octubre de 2017. Ambas situaciones, más las manipulaciones de Maduro en estas elecciones [3], llevaron a la oposición a una derrota no prevista que la sumó en un mayor desconcierto.
Constatada la voluntad del madurismo de evitar de cualquier manera entregar la más mínima parcela del poder, y la utilización de todos los mecanismos estatales a su disposición para que cualquier elección le sea favorable y no repetir la derrota de noviembre de 2015, la oposición rechazó mayoritariamente la participación en las siguientes elecciones municipales celebradas en diciembre de 2017. A la vista de esta situación, un gobierno que rechazó celebrar un referéndum revocatorio contra Maduro por temor a perderlo, que retrasó diez meses las elecciones a gobernadores por temor a ser derrotado, ahora adelanta las elecciones presidenciales ocho meses, antes de abril de 2018 para consolidar su poder mediante procesos electorales que solo tienen credibilidad para el propio madurismo.
Así pues, a la degradación de la situación en Venezuela siguió una doble bifurcación que impide una salida dentro de los parámetros de las democracias liberales. De un lado, en el terreno económico la situación se agrava continuamente [4] tanto por los errores y ausencia de cualquier modelo económico viable por parte del madurismo, como por las políticas exteriores, especialmente por parte de Trump, de estrangular definitivamente la situación económica y hacer caer al madurismo de una manera u otra, bien mediante una derrota electoral, bien mediante un estallido social como el caracazo, bien a través de una intervención militar interna.
En el lado político, el madurismo no está dispuesto a sufrir ninguna derrota más como la de noviembre de 2015, es decir, rechaza cualquier posibilidad de alternancia en el poder, para lo cual, y para seguir mostrando una imagen de régimen democrático, convoca diferentes elecciones, pero con una discrecionalidad y manipulación en los métodos y condiciones de celebración, y con una falta total de credibilidad del CNE [5], que pone a la oposición ante un dramático dilema: si participa en las elecciones convalida el entramado manipulatorio electoral del madurismo sabiendo que nunca la van a permitir ganar ninguna elección, pero si no participa la única manera de derrotar al madurismo sería una solución no electoral, estallido social o intervención militar interna. No es que estas últimas soluciones la produzcan problemas de conciencia a la oposición, como ha demostrado su trayectoria de empleo de métodos insurreccionales desde el inicio de la V República, el problema que tiene es que con ellos ha fracasado repetidamente.
Esta situación de bloqueo de la alternancia política define claramente una ruptura del régimen democrático, siendo la celebración de elecciones una fachada similar a la que se ha empleado o emplea en otros países del mundo. [6]
Como lo ha expresado Marea Socialista de manera más clara y brutal: «El PSUV con una maquinaria aceitada de características violentas, clientelares y fraudulentas, que no le alcanzó para llegar a su votación de 2015, aspira a eludir el nombre de dictadura por su sensibilidad a las presiones internacionales y al aislamiento. En todo caso intenta construir un sistema que le representa un costo menor que el de eliminar todo proceso electoral. Necesita de este tipo de elecciones incluso para intentar poner en pie un relato triunfalista que reagrupe a su base.
En el contexto de la ausencia de una alternativa confiable, de la derrota de los rasgos progresivos aunque confusos y manipulados del proceso de movilización desarrollado entre abril y julio y la profundidad agobiante de la crisis, que en este periodo se expresó electoralmente de manera negativa, y a poco más de una semana de realizadas las elecciones, sería equivocado ocultar de que el hecho es que el 15/O se dio un paso hacia un sistema autoritario con maquillaje electoral.» [7]
España
La crisis de la democracia en España está originada en el conflicto latente existente alrededor del encaje de las nacionalidades históricas periféricas en la estructura estatal-territorial contemplada en la Constitución española de 1978.
El conflicto catalán actual y su deriva independentista es concebido en este artículo como la agudización de un conflicto de larga duración que enfrenta a un nacionalismo español que controla los resortes del Estado y se presenta como patriotismo constitucional, y unos nacionalismos periféricos que en mayor o menor grado y con mayor o menor intensidad según las coyunturas históricas no se encuentran satisfechos en el seno de la solución territorial establecida en la Constitución española de 1978. Si las posiciones y estrategias de estos nacionalismos periféricos han sido muy variadas, desde el terrorismo de ETA hasta la demanda catalana actual de independencia pactada o unilateral, pasando por la profundización de las competencias de autogobierno, la respuesta del nacionalismo español ha sido siempre el rechazo a cualquier reconocimiento de las naciones periféricas, el avance hacia un Estado federal, o cualquier modificación constitucional en estos sentidos, derrotando, hasta el momento, a los principales desafíos provenientes, sobretodo del País Vasco, ETA o el Plan Ibarretxe. Esta defensa del nacionalismo español, presentado como patriotismo constitucional, ha sido más cerrada por parte de los gobiernos conservadores que los socialistas.
Por otra parte, es necesario dejar igualmente claros otros dos aspectos. Primero, que estos períodos de enfrentamientos no han impedido largas etapas de colaboraciones gubernamentales entre las principales expresiones políticas de los nacionalismos vasco y catalán con el español. Segundo, que en los nacionalismos periféricos las expresiones políticas hegemónicas han sido habitualmente partidos de derechas, lo que ha hecho aparecer a los ojos de la clase trabajadora estos conflictos como de tipo político, no social, en los que se solventaban disputas de poder político entre burguesías, lo cual, en general, no se apartaba mucho de la realidad.
El independentismo catalán hizo grandes avances en el campo estratégico, primero con las grandes manifestaciones de masas con ocasión de la celebración de las Diadas en los últimos años y contra la decisión del Tribunal Constitucional que echaba por tierra aspectos sustanciales de la reforma del Estatuto en 2010 [8] y, después, comprometiendo al gobierno de CiU en sus objetivos. Llegados a ese punto, el independentismo había conseguido la masa crítica necesaria para lanzar el desafío al nacionalismo español con objeto de alcanzar la independencia de Cataluña.
A la consecución de esa masa crítica han contribuido diversos factores entre los que se encontrarían el defectuoso encaje del modelo territorial articulado en la Constitución española; el reverdecimiento de la cuestión nacionalista en Europa con la creación de numerosos nuevos Estados independientes en las dos últimas décadas y el más reciente proceso independentista en Escocia [9]; la existencia de la UE donde encajar una futura Cataluña independiente, en la opinión del sector mayoritario del bloque independentistas los agravios recientes infligidos desde el nacionalismo español, como en la cuestión lingüística y en la reforma del Estatuto; y los efectos de la crisis económica que ha servido de munición del gobierno nacionalista catalán contra el Estado español.
La reforma del Estatut iniciada en septiembre de 2005, con su aprobación por el Parlament de Cataluña, va a ser el punto de arranque del denominado derecho a decidir, como consecuencia de los obstáculos interpuestos para que esa reforma llegase a buen fin. En febrero de 2006 se produce la primera manifestación de la Plataforma por el Derecho a Decidir cuyo objetivo era impedir modificaciones al Estatut aprobado el año anterior por el Parlament, éste será el punto de partida del proceso de movilizaciones que no deja de crecer desde entonces, a las manifestaciones masivas se unen consultas no vinculantes sobre la independencia llevadas a cabo por cientos de municipios catalanes.
Este Estatut, modificado por el pacto Mas-Zapatero, aprobado por el Parlamento español y votado favorablemente en un referéndum en Cataluña fue impugnado ante el TC por el PP, quién consiguió a través de esta vía que el Estatut, ampliamente aceptado y refrendado, fuese podado en aspectos considerados esenciales. Esta situación provocó que el apoyo independentista en Cataluña creciese de manera exponencial. En la Diada de 2012 se alcanzó el clímax de la movilización con la participación de entre 1,5 y 2 millones de personas, e inmediatamente el Presidente Mas se ofreció a crear estructuras de Estado en Cataluña. El conflicto catalán entró, así, en una nueva fase que terminó desembocando en la situación actual, y cuya característica definitoria era la de alcanzar una secesión de manera unilateral, para lo cual era necesario que las principales instituciones políticas catalanas procediesen a poner en marcha mecanismos políticos (referéndum) y jurídicos (leyes) al margen de la legalidad constitucional vigente. Estos eran los elementos que abrían una crisis de Estado y de la democracia en España.
En septiembre de 2012 una mayoría del Parlament proclama la soberanía de Cataluña. Tras las elecciones de noviembre de 2012, el nuevo Govern catalán es fruto de un pacto ERC-CiU que recoge la aprobación de una ley de consultas, realizar un referéndum y desplegar la administración tributaria catalana. En el enfrentamiento entre las instituciones políticas catalanas y las españolas, el gobierno español va a acudir al TC, como intérprete superior de la Constitución, para impugnar y anular las resoluciones de las primeras. Así ocurre nuevamente con la declaración de soberanía del Parlament de enero de 2013. Las diferentes apelaciones de los nacionalistas catalanes a las instituciones españolas para alcanzar un acuerdo para celebrar un referéndum pactado son rechazadas sistemáticamente por estas últimas.
Las instituciones políticas catalanas se inclinan, entonces, por la celebración unilateral de un referéndum de independencia que tendrá lugar en primer lugar el 9 de noviembre de 2014. Al ser suspendida por el TC esta primera consulta, el Govern la plantea en un nuevo formato mediante el cual, aunque cuenta con los recursos de la Generalitat, será desplegada con el apoyo de voluntarios y organizaciones civiles, formato también suspendido por el TC.
El resultado fue paradójico, pues si bien la consulta llegó a celebrarse sin demasiados incidentes ni obstaculizaciones, alcanzando una participación de 2,3 millones (37%), tampoco sus resultados tuvieron efectos políticos o jurídicos, y solo sirvió para dar paso a la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Cataluña, de carácter plebiscitario para el bloque independentista, a celebrar el 27 de septiembre de 2015. Este carácter plebiscitario implicaba que, en caso de ganar en dichas elecciones, se proclamaría la independencia en 18 meses.
Las elecciones plebiscitarias de 2015 arrojó un resultado del 47,8% de votos para el bloque independentista formado por JxS (ERC+CDC) y CUP, y un 51,2% para el resto de partidos que, aún oponiéndose a la independencia, no formaban un bloque homogéneo opuesto al primero. La transformación de votos en escaños, sin embargo, permitió que el bloque independentista contase con la mayoría absoluta en el Parlament. Esa conformación como bloque, a pesar de las tormentosas relacionas con la CUP y esa mayoría absoluta, inclinó a los independentistas hacia una declaración unilateral de independencia mediante un nuevo referéndum también unilateral. Para ello, tres semanas antes de la prevista celebración del referéndum, el 1 de octubre de 2017, mediante dos convulsas sesiones del Parlement, en las que la mayoría independentista prescindió de todos los requisitos reglamentarios y legales previstos, se aprobaron dos leyes, la primera para dar cobertura legal (del Parlament) a la celebración del referéndum, y la segunda para aprobar una ley que ejercería de constitución provisional de la república tras la previsible DUI inmediatamente después del referéndum.
En este momento la crisis de la democracia en España daba un salto cualitativo decisivo, en el sentido de que las instituciones del Estado entraban en un conflicto abierto de inciertas consecuencias. De un lado, el gobierno central puso en marcha todo el aparato judicial y coactivo contra la celebración de la nueva consulta, tras la suspensión de ésta por el TC, en una dinámica de intervención escalonada de la autonomía catalana que se ha centrado especialmente en control de su economía y policía autonómica, y cuyo objetivo inmediato consistía en bloquear la logística del referéndum; por otro lado, el gobierno catalán y la mayoría de los municipios de la comunidad entraron en una dinámica de semi desobediencia al TC y al ordenamiento jurídico, siguiendo, por un lado, con todo lo concerniente a los preparativos del referéndum e intentando sortear el bloqueo de sus logística pero, por otro lado, plegándose a los dictados de la fiscalía y los órganos judiciales.
Así pues, en el caso español, la crisis tomaba forma de crisis de Estado en cuanto las instituciones representativas de una comunidad autónoma, Cataluña, ponían en marcha un proceso de secesión unilateral y se enfrentaban al resto de las instituciones representativas y judiciales españolas. Pero también se trata de una crisis de la democracia primero, porque las instituciones de ésta no habían sido capaces de encauzar y dar solución a un conflicto político de carácter territorial; segundo, porque el gobierno y parlamento catalán se ponían al margen del orden legal establecido por la Constitución y el propio Estatuto de autonomía de la comunidad; tercero, porque para la aprobación de las dos leyes aprobadas por el Parlament, la mayoría independentista tuvo que saltarse los reglamentos del Parlament, violar los derechos de la minoría parlamentaria, ignorar los procedimientos legales y utilizar una mayoría que no era suficiente ni para modificar su propia ley electoral; cuarto, porque el gobierno central en lugar de utilizar la negociación política para la solución del conflicto procedió a un despliegue masivo de fuerzas de seguridad y de intervenciones jurídicas-coactivas en Cataluña orientadas a impedir un acto tan subversivo como es el llevar a cabo una votación.
A pesar de que la logística del referéndum fue seriamente dañada, éste se celebró el 1 de octubre sin ninguna garantía de participación y transparencia, provocando una dura intervención policial para impedirlo, en lo que llegó a ser el punto más álgido del enfrentamiento entre el Estado y una parte de la población catalana y, como consecuencia, la expresión más acabada de la crisis de la democracia visibilizada por las imágenes de la policía cargando contra ciudadanos que querían votar, aunque dicha votación fuese ilegal.
A partir de ese momento los acontecimientos se precipitaron en una secuencia de actuaciones confusas por parte del independentismo y las consiguientes reacciones estatales. Comprometidos por los acontecimientos del 1 de octubre, el bloque independentista proclamó en dos ocasiones la independencia unilateral, la primera por parte del President de la Generalitat el 10 de octubre que la dejó en suspenso unos minutos después con el objetivo de abrir una negociación con el gobierno central o conseguir un mediador internacional para ello. Tras este gesto confuso, el gobierno, apoyado por la mayoría del parlamento español inició el procedimiento para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cuyo objetivo es la intervención de un gobierno autonómico que actúe al margen de la ley, y que nunca se había utilizado en España, lo cual era otra muestra de la crisis democrática existente. La tensa situación fue convergiendo por actuaciones de ambas partes, de manera que el 27 de octubre coincidió una nueva declaración de independencia unilateral, esta vez adoptada por el Parlament, con la aprobación por el Senado español de la aplicación del artículo 155.
Tras la jornada de enfrentamientos del 1 de octubre, durante la celebración del referéndum ilegal, y el sucedáneo de huelga general del 3 de octubre, las decisiones del 27 del mismo mes abría un interrogante sobre si la doble decisión de ese día profundizaría el enfrentamiento y, con ello, la crisis de la democracia.
El que ello no fuese finalmente así se debió a varios hechos. El primero, y decisivo, consistió en que, junto a la intervención de las instituciones catalanas (Parlament – Govern) por parte del ejecutivo central, se realizó la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas para la fecha más rápida posible según la ley, el 21 de diciembre. Esta convocatoria descolocó al campo independentista que, en su política de victimismo, buscaba rentabilizar lo que denunciaría como una ocupación prolongada, sin embargo, rápidamente, y tras el gesto vacío de denunciar como ilegítima dichas elecciones, los partidos independentistas decidieron participar plenamente en las mismas.
El segundo hecho fue que la declaración unilateral de independencia del día 27 fue un nuevo gesto propagandístico como el del día 10, sin efectos jurídicos, tanto porque no fue publicada en el órgano oficial, como porque así lo reconocieron después los máximos responsables independentistas. El tercer hecho fue la ausencia de actitudes de resistencia que no tuvieron lugar ni por parte de los responsables políticos independentistas, ni por parte de la administración, ni por parte de la población, lo que posibilitó la intervención provisional de la autonomía en condiciones de normalidad. El conflicto catalán volvía a encauzarse por medios electorales y dentro de la legalidad vigente en Cataluña y España.
Paralelamente, la actuación judicial respecto a todas las violaciones legales producidas en los meses anteriores llevó a la prisión preventiva de parte del govern, a la libertad provisional de otra parte y la mesa del Parlament, y a la huida a Bélgica de otra parte del govern y el president Puigdemont, que desde ese momento protagonizó una especie de comedia dramática orientada a conseguir su inmunidad penal con la que terminaron sintiéndose incómodos los propios partidos independentistas.
Como crisis de democracia, ambos bloques, el constitucionalista y el independentista, se enzarzaron en la disputa por el relato y en la descalificación democrática del adversario sacando a la superficie la relación entre democracia, legalidad y legitimidad, la problemática del derecho de autodeterminación, y la discusión sobre las vías de transformación de la sociedad.
Respecto al primer aspecto, los argumentos enfrentados por ambas partes se pueden resumir de la siguiente manera. El discurso del gobierno central ha girado en torno a los argumentos de que él está defendiendo la ley y la Constitución y que los antidemocráticos son los independentistas al romper el marco legal, constitucional y estatutario, y entrar en un proceso discrecional para alcanzar el referéndum y la posterior independencia unilateral. La ley y la Constitución serían la única garantía posible de ejercicio de la democracia. El resto es discrecionalidad, y convierte a la democracia en un campo abonado para los demagogos.
El discurso independentista, por su parte, se centra en que ellos están defendiendo el derecho a decidir de un pueblo, y al no conseguir un acuerdo con el gobierno para realizar un referéndum pactado se ven obligados a adoptar la vía unilateral. La desobediencia a la ley y la Constitución sería legítima cuando se consideren injustas, interpretando que se encuentran en uno de esos casos. Acusan, además, al gobierno de hacer una utilización coactiva de la ley para impedir una consulta deseada por una amplía parte de la sociedad catalana.
Como esta discusión no se produce en el contexto de un debate académico sino en medio de una lucha política, los independentistas, y la izquierda radical, confunden de manera oportunista los términos del debate e identifican Estado español con el gobierno conservador concreto que hay en ese momento en España, rechazan de manera discrecional las partes de la Constitución y la legalidad que no les conviene, aprueban leyes y crean instituciones para las que no tienen mandato popular ni respaldo legal, y pretenden amparar, contra la opinión de la mayoría de juristas, sus secesión unilateral en derecho internacional.
Por otro lado, el bloque constitucionalista no solo ha rechazado sistemáticamente la posibilidad de una negociación política para encontrar una solución a este conflicto, todo lo contrario de la vía elegida por los Estados canadiense o británico para un conflicto similar, sino que, como hemos descrito anteriormente, en 2006 el PP utilizó su mayoría en el TC para oponerse a un Estatuto reformado que había sido aprobado por dos parlamentos, el español y el catalán, y un referéndum en Cataluña. Todo lo cual viene a significar que la Constitución ha sido utilizada como arma de confrontación política, primero por el PP al utilizar al TC contra una triple expresión de la soberanía popular (las decisiones de dos parlamentos y un referéndum legal en Cataluña) y, luego, por el bloque independentista al crear una legislación propia al margen y en contra de dicha Constitución.
Las elecciones autonómicas celebradas el 21 de diciembre de 2018, y derivadas de la aplicación del artículo 155, representaron un retorno lento e incompleto a la legalidad constitucional y estatutaria anterior, tanto porque todos los partidos independentistas concurrieron a ellas, como porque a través de diferentes gestos el mundo independentista inició un repliegue y una renuncia a la vía unilateral practicada en los años anteriores. Las causas detrás de esta renuncia están en la incapacidad para superar ninguno de los obstáculos encontrados por la vía unilateral: Su apoyo electoral no solo siguió sin alcanzar el 50% sino que retrocedió ligeramente con respecto a las elecciones autonómicas anteriores. La gran participación alcanzada en las elecciones del 21-D y el enfrentamiento que estaba en juego pueden asimilarlas a un simulacro de referéndum, en el que los independentistas, hoy por hoy, nunca superarán el 47%, cifra en torno a la cual giran sus apoyos electorales en las últimas elecciones. No fueron capaces de romper un aislamiento internacional casi absoluto. Las principales empresas de Cataluña trasladaron sus sede social fuera de la comunidad durante los meses más conflictivos. Se encontraron con una movilización de masas en Cataluña contrarias al independentismo, y una polarización social que condujo a que el partido más votado el 21-D, Ciudadanos, fuese el que más intensamente se les había enfrentado. Y, sobretodo, encontraron una respuesta firme por parte del Estado que, actuando dentro de los límites constitucionales, quebró la secesión unilateral, interviniendo las instituciones comunitarias de manera coyuntural a la vez que convocaba nuevas elecciones inmediatamente para restablecer la autonomía.
Notas
[2] Término con el que se designa en Venezuela las protestas y altercados callejeros de diversa gravedad utilizados contra los gobiernos chavistas.
[3] Además de las propias manipulaciones electorales, Manuel Sutherland señala las condiciones de clientelismo popular utilizadas por al madurismo para mantener una alta adhesión de votos : «1. La engrasada maquinaria electoral del PSUV en franco maridaje con la distribución de prebendas clientelares
2. La aceitadísima maquinita de imprimir dinero inorgánico (el aumento en la base monetaria emitida por Banco Central de Venezuela (BCV) para el período 1999- junio de 2017 fue del 331.131,39%, es decir, un aumento de más de 3.311 veces)
3. La postergación del ajuste macroeconómico y el mantenimiento de subsidios del 99,99 % al precio de la gasolina, transporte, agua etc. que hoy son casi gratuitos (un huevo equivale a tres o cuatro tanques de gasolina de un auto particular). Esa tríada ha sido perfeccionada por el gobierno y ha mutado en una descomunal forma de biocontrol. Esa forma de control del metabolismo social se demuestra particularmente potente en las regiones donde el Estado es la única fuente de empleo e ingresos y hay muy pocas empresas privadas. En circunstancias en las cuales miles de personas sufren de una penosa inanición, las políticas descritas en la triada son especialmente efectivas. Sin necesidad de extorsionar o chantajear a la población más empobrecida, la expansión del gasto público clientelar funge como un igualador social muy eficaz y muestra un camino de ascenso social vertiginoso a quienes tan siquiera administren alguna micro dádiva que el gobierno suelta, a través de las mil y un formas de clientelismo popular que ha diseñado con esmero y detalle.» http://nuso.org/articulo/por-que-volvio-ganar-el-chavismo/.
[4] El gobierno venezolano no tiene posibilidad de acudir a los mercados de capitales, a pesar de que en los últimos cuatro años pagó puntualmente más de 70.000 millones de dólares de deuda, y su deuda pública (soberana y de PDVSA) se calcula actualmente en unos 180.000 millones de dólares, lo que le aboca a una casi segura suspensión de pagos.
La decisión de crear una criptomoneda, el petro, para soslayar esta situación, y la de reestructurar la deuda son muestras de la situación económica desesperada. Venezuela vive en situación de hiperinflación con un cálculo del 525% en 2016, 2700% en 2017 y una estimación muy superior en 2018. El PIB de Venezuela descendió un 16,5% en 2016 y un 14% en 2017, proveyéndose una caída del 15% en 2018.
[5] A la discrecionalidad del método de elección para la ANC, de la que ya hemos hablado anteriormente, se puede sumar las manipulaciones denunciadas en las elecciones a gobernadores de octubre de 2017: ver artículo «Elecciones regionales: Nueva confrontación en las urnas» en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=232787
[6] La variedad de países que utilizan algún tipo de sistema electoral como cobertura para una dominación realmente no democrática ha hecho aparecer diferentes denominaciones para definirlos, como el de sistemas autoritarios competitivos, sistemas de partidos hegemónicos o regímenes híbridos, combinando elementos democráticos y autoritarios.
[7] Marea Socialista, «¿Se consolida un sistema autoritario con maquillaje electoral?» https://www.aporrea.org/regionales/n316276.html
[8] La reforma del Estatuto fue promovida por el gobierno tripartito catalán en 2005 con el apoyo mayoritario del parlamento catalán a excepción del PP. En la negociación posterior con el gobierno socialista español sufrió recortes sobre la propuesta original y fue aprobado por el Congreso de los Diputados en marzo de 2006 y por un referéndum en Cataluña en junio. A pesar de la fuerte carga de legitimidad de esta reforma basada en su carácter negociado y su aceptación por los representantes de la nación española y de la ciudadanía catalana, el nacionalismo español más rancio, representado por el PP, impugnó tal reforma ante uno de los tradicionales bastiones conservadores, el Tribunal Constitucional. El resultado fue la sentencia de este organismo que vaciaba de contenido sustancial a la reforma al declarar la inconstitucionalidad de 14 de los artículos, entre otros rechazando la posibilidad de utilizar el término de nación para caracterizar a Cataluña, negando el carácter preferente a la lengua catalana y recortando las competencias en justicia.
[9] En un claro contrate con la rigidez dogmática del nacionalismo españolista, en el Reino Unido se ha llegado a un acuerdo entre Londres y Edimburgo para que se realice la consulta dentro de la legalidad británica y con el compromiso por ambas partes de acatar el resultado de una pregunta clara y directa sobre la independencia de Escocia.
Jesús Sánchez Rodríguez, Doctor en Ciencias Políticas y Sociología y ex-profesor por la UNED. Se pueden consultar otros artículos y libros del autor en el blog: http://miradacrtica.blogspot.com/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.