Recién escribí un artículo sobre ética, política y negocios a propósito de Sebastián Piñera, dónde cuestiono la transparencia del candidato presidencial de la derecha. Ahora me veo obligado a hacer lo mismo con el Partido Socialista, cuando se ha descubierto que opera con acciones y bonos en empresas reguladas, concesionarias de autopistas y empresas de […]
Recién escribí un artículo sobre ética, política y negocios a propósito de Sebastián Piñera, dónde cuestiono la transparencia del candidato presidencial de la derecha. Ahora me veo obligado a hacer lo mismo con el Partido Socialista, cuando se ha descubierto que opera con acciones y bonos en empresas reguladas, concesionarias de autopistas y empresas de Ponce Lerou. Ha sido un verdadero regalo para Piñera, quien ha dicho que no les reconoce superioridad moral a los socialistas inversionistas. El empate regocija a la derecha y agrega una nueva vergüenza a la militancia socialista.
Al término del gobierno del Presidente Aylwin comenzó a moverse la puerta giratoria. Algunas autoridades fueron reclutadas por las AFP e ISAPRES. Posteriormente, ministros, subsecretarios y superintendentes de entidades reguladoras asumieron cargos en directorios de bancos, grandes empresas, medios de comunicación y universidades, todos de propiedad de los hombres más ricos de Chile. Algunos volvieron al «servicio público» y otros, como Correa y Tironi, sirvieron al mundo empresarial como lobistas formales. Así, la política y los negocios se entrelazaron.
Algunos destacados dirigentes de los partidos de la Concertación se convirtieron en consejeros de Saieh en el diario La Tercera, lo que no modificó su línea editorial, pero sí le ha dado un manto de protección a los negocios que construyó gracias a la dictadura. Otros, creyeron cumplir una función social formando parte del directorio de «Paz Ciudadana», organización inventada por el dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, para instruir a los gobiernos el camino a seguir en materia de seguridad pública. El hombre que celebró con champaña la muerte de Allende, ahora estrechaba vínculos con ministros de la transición.
Al final de cuentas, los dirigentes de la transición, tanto en los directorios de las empresas privadas o disciplinados por el duopolio de las comunicaciones, le han hecho un flaco favor al país. Han facilitado la confusión entre política y negocios; no han desafiado el pensamiento conservador que promueven cotidianamente las cadenas de El Mercurio y la Tercera y, a final de cuentas, son responsables de la consolidación del régimen de abusos e injusticias que instaló Pinochet, con el apoyo de los economistas de Chicago y de los empresarios rentistas.
En el último tiempo se ha dado un paso adicional. Los grupos económicos que controlan la producción, las exportaciones, las AFP, ISAPRES, la educación privada, los bancos, las concesiones de carreteras y las sanitarias, han financiado las campañas electorales. Candidatos de todos los partidos políticos han aceptado esos recursos: derecha, Concertación y Enríquez-Ominami. Su propósito: capturarlos, maniatarlos, para que legislen y actúen en su favor. Caso conocido es la ley de pesca, pero no parece ser el único.
El financiamiento de la política por el mundo empresarial ha tenido expresiones simbólicas dramáticas en los casos de Carolina Tohá y MEO. Ambos, hijos de padres asesinados por el régimen de Pinochet recibieron financiamiento de SQM, propiedad de Ponce Lerou, yerno del dictador. A ello se agrega otro hecho inconcebible, casi risible: el presupuesto ordinario del PPD, vale decir el pago de la electricidad, teléfonos, agua y secretarias, también ha sido financiado por SQM.
El Partido Socialista no se salva de esta confusión entre política y negocios. Sabemos de algunos connotados ex ministros socialistas que utilizaron la política para terminar en los directorios de grandes empresas. Pero, lo nuevo, en los tiempos que corren, ha sido el financiamiento ilegal de algunos candidatos. Hay varios identificados, gracias a las rectificaciones impositivas de empresas en Impuestos Internos. El caso del senador Rossi es el más destacado, quien habría financiado su campaña electoral con platas de SQM y de las empresas pesqueras. El senador vive un difícil proceso judicial, junto a otros parlamentarios de la derecha.
El socialismo nace para transformar el sistema capitalista y sobre todo en la hora actual su tarea es enfrentar los abusos y desigualdades de la economía neoliberal y las exclusiones del régimen político, instaladas por Constitución pinochetista. Así lo cree su militancia que tiene a Salvador Allende como referente ineludible. En consecuencia, el compromiso de la militancia socialista no se encuentra al lado de los grandes empresarios sino de los trabajadores, de los pequeños empresarios, los estudiantes modestos; en fin, junto a los desamparados, a los más débiles. Ello le impide recibir financiamiento de empresas, independientemente de consideraciones legales.
Megavisión hizo explotar una bomba de racimo cuando reveló que los dineros del PS se invierten en acciones y bonos de SQM y Pampa Calichera; y, también en las empresas reguladas por la autoridad pública: sanitarias, eléctricas y concesionarias de autopistas. Existen inversiones en otras empresas, pero éstas son las más preocupantes por razones morales y conflicto de intereses.
Aquí se le presentan varios problemas al socialismo inversor. En primer lugar, algunas de estas empresas se encuentran cuestionadas por financiamiento ilegal de la política. Se trata de los casos de SQM y Pampa Calichera, ambas de Ponce Lerou; lo mismo con Aguas Andinas, sanitaria cuestionada además por la ciudadanía como consecuencia de su mal servicio.
En segundo lugar, las empresas sanitarias y eléctricas tienen tarifas reguladas, lo que significa que periódicamente negocian sus precios con la autoridad pública. Hay decretos, disposiciones y leyes de por medio. Podrá comprenderse las restricciones que ello implica para un partido de gobierno o de oposición, que tiene responsabilidad directa o indirecta en la negociación de las tarifas. Es parecido en el caso de las autopistas concesionadas.
En ambos casos, la autoridad de gobierno, los parlamentarios y los lobistas, así como la ciudadanía se encuentran periódicamente alertas a la política tarifaria. Y, se supone que los socialistas deben estar en la vereda de los usuarios de esos servicios en vez de lado empresarial y menos beneficiarse de eventuales alzas tarifarias. En consecuencia, hay conflicto de intereses.
En tercer lugar está el tema ético. Ningún socialista puede permitirse recibir financiamiento o involucrarse en los negocios de Ponce Lerou. Y menos el partido en su conjunto. Las razones son obvias. Las inversiones del PS en SQM y Pampa Calichera impiden a sus militantes criticar al yerno de Pinochet. Ahora el socialismo camina de la mano con Ponce Lerou. Sus militantes no podrán cuestionar la privatización a precio vil que le permitió adueñarse de SQM durante la dictadura, gracias a la protección de su suegro.
Los socialistas inversionistas han jugado con la inocencia de la gente. Los años de transición apartaron al Partido Socialista de su compromiso histórico con los trabajadores. Sus dirigentes han sido domesticados por el sistema económico y el orden político instalado por Pinochet. Los oscuros negocios en que se han comprometido son la culminación de su derrumbe moral.
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