Hace más de un cuarto de siglo se inició en Chile la transición de una dictadura a la democracia, y aún es imposible arribar a la meta. Desde luego continúa pendiente lo más importante: promulgar una nueva Constitución Política que para ser democrática en su origen, tiene que ser fruto de una Asamblea Constituyente. Ese […]
Hace más de un cuarto de siglo se inició en Chile la transición de una dictadura a la democracia, y aún es imposible arribar a la meta. Desde luego continúa pendiente lo más importante: promulgar una nueva Constitución Política que para ser democrática en su origen, tiene que ser fruto de una Asamblea Constituyente. Ese paso es fundamental para construir una institucionalidaddistinta, junto con un estatuto de los derechos y deberes del ciudadano en una democracia de participación popular.
La institucionalidad que establecieron la dictadura militar, los intereses extranjeros y el gran empresariado es el factor que dificulta el desarrollopolítico, social, cultural y económico del país. Es una máscara de seda queoculta el verdadero rostro del autoritarismo y la segregación social.
Del funcionamiento clasista de esas instituciones provienen el desaliento cívico y la desconfianza en la política y sus actores. Estos sentimientos han penetrado a la mayoría de la población y a ellos se suman las escandalosas revelaciones sobre corrupción que aumentan la distancia entre el pueblo y el ejercicio de la política. El derecho y deber de cada chileno de participar en la construcción de una sociedad más justa, se ha reducido a una insignificante expresión. Se ejercita solo a medias en la rutina electoral de optar entre sectores políticos más o menos identificados con el sistema. La ausencia de una alternativa popular que permita forjar la democracia prometida hace 27 años, es un estímulo innegable del creciente fenómeno de la abstención electoral.
Han pasado 37 años desde que se impuso al país una Constitución oligárquica quesolo ha experimentado reformas superficiales. La crisis de las instituciones que prohijó la dictadura viene aumentando aceleradamente. Las revelaciones sobre corrupción son la marcha fúnebre de un sistema condenado al derrumbe.Estamos en el umbral de decisiones trascendentales que deben tomar los ciudadanos, entre ellas la más importante: devolver la soberanía al pueblo mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
No obstante, entretanto, se requieren medidas que actúen como cortafuego a la corrupción en las áreas de mayor peligro. En este sentido, una de las instituciones claves es Carabineros de Chile. La investigación del Ministerio Público, que tiene en prisión preventiva a un general y varios oficiales que se coludieron para robar miles de millones de pesos, rompe todos los moldes enmateria de corrupción institucional.
Es inquietante la indolencia del gobierno, que en vez de remover a la plana mayor de Carabineros y decretar la reorganización del cuerpo, permanece a brazos cruzados hasta que termine la investigación generando una situación insostenible y riesgosa. Los miembros del alto mando de Carabineros -como el general director, Bruno Villalobos- se formaron en dictadura. Pertenecen a la promoción de oficiales que hicieron uso y abuso de los métodos del terrorismo de Estado. En el caso del general Villalobos, como oficial de las fuerzas especiales y del servicio de inteligencia. Por cierto, lo mismo ocurre en las instituciones de la defensa nacional, cuyos mandos son oficiales modelados en la horma antidemocrática de la dictadura.
El robo al Estado de enormes recursos por una mafia que operó durante años enquistada en altos niveles de Carabineros, tiene que ser castigado de modo ejemplar. Deben terminar de inmediato los irritantes privilegios de que goza la cúpula de la institución mediante la apropiación indebida de fondos reservados. Carabineros tiene a su cargo delicadas funciones, desde actuar en numerososasuntos que atañen a la vida cotidiana de la población hasta el resguardo de las fronteras del país. Miles de carabineros, suboficiales y oficiales están confrontados con la vergüenza de los delitos cometidos en su institución y que el alto mando ha reconocido, aunque deslindando responsabilidades. Esto debe causar desmoralización en los funcionarios honestos que entienden su profesión como un servicio público que se basa en la confianza y respeto que le dispense la comunidad.
Resulta inadmisible suponer que el alto mando ignoraba el robo que por años se venía cometiendo con el presupuesto de Carabineros. Se trata de una institución policial militarizada y jerarquizada, dotada de servicios de inteligencia ycontrainteligencia, capaz de infiltrar agentes encubiertos en organizaciones políticas y sociales y en bandas delictuales para reunir información operativa. Solo de extrema ingenuidad -inaceptable en un gobierno- sería creer que el alto mando ignoraba lo que ocurría.
En la práctica, es lo que hace el gobierno con una pachorra que sólo podrían explicar los recónditos motivos de la influyente «familia militar», heredera de los fastos belicistas y golpistas de la dictadura. Pero el pueblo no es parte de esa subcultura de la impunidad. Los ciudadanos son ajenos a la corrupción y privilegios de generales, empresarios y políticos. Por eso tienen derecho aexigir que se adopten medidas que aseguren la legalidad y honestidad en losprocedimientos de Carabineros de Chile. El futuro, cuando el país se haya dotado de una nueva Constitución, traerá instituciones policiales y de la defensa impregnadas de una doctrina democrática, respetuosas de los derechos humanos y con severas normas internas para impedir hechos tan vergonzosos como los que el país está conociendo.
Editorial de «Punto Final», edición Nº 876, 26 de mayo 2017.