Hace tres años, cinco cubanos fueron condenados en Miami por cargos de espionaje a favor de Cuba. Amnistía Internacional ha escrito a las autoridades norteamericanas en varias ocasiones para expresarles su preocupación por el tratamiento recibido por estos hombres y las dificultades enfrentadas por sus familias para poder lograra el acceso a ellos. Los llamados […]
Hace tres años, cinco cubanos fueron condenados en Miami por cargos de espionaje a favor de Cuba. Amnistía Internacional ha escrito a las autoridades norteamericanas en varias ocasiones para expresarles su preocupación por el tratamiento recibido por estos hombres y las dificultades enfrentadas por sus familias para poder lograra el acceso a ellos.
Los llamados «Cinco de Miami» fueron condenados en junio de 2001 en Miami, después de juicio federal por espionaje que duró siete meses, por cargos relacionados con conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos, y en el caso de uno de ellos, por conspiración para cometer asesinato. Los nacionales cubanos Gerardo Hernández Nordelo; Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González están cumpliendo sentencias que van desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua en cárceles federales de máxima seguridad de un lado a otro del país.
El 10 de marzo de 2004, los abogados de apelación del caso presentaron sus argumentos a un panel de tres jueces del Onceno Circuito en Miami. Uno de los puntos centrales planteados por los abogados fue la negación de la corte distrital a cambiar la sede del juicio de Miami, a pesar de reiteradas solicitudes por parte de la defensa en ese momento.
Los abogados argumentaron que la dominante hostilidad dentro de Miami hacia el gobierno cubano y aquellos asociados con él, combinado con una extensa cobertura de prensa generada por el caso, hacía imposible un juicio justo para estos hombres. La decisión de la corte está todavía pendiente.
Amnistía Internacional ha planteado su preocupación al gobierno de estados Unidos acerca de las condiciones en las cuales los cinco hombres han sido mantenidos. En marzo de 2003, la organización le escribió al gobierno para expresar su preocupación de que los cinco habían sido enviados a celdas de confinamiento solitario en sus respectivas prisiones, por una directiva del Buró de Prisiones.
La organización estaba alarmada porque estas Medidas Administrativas Especiales MAE (Special Administrative Measures) impuestas a estos hombres restringían las llamadas telefónicas y las visitas, incluyendo las visitas de los abogados, a pesar del hecho de que los procedimientos de la apelación estaban pendientes en su caso.
En respuesta a las preocupaciones de AI, el Director Lewis del Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a la organización que las MAE habían sido levantadas y que los hombres habían regresado a la población general. Es más, el Director Lewis manifestó que «las preocupaciones con relación a la comunicación abogado-cliente llevó a los Estados Unidos… a emitir una modificación temporal de las MAE para restaurar el flujo de la comunicación legal abogado-cliente, y del correo legal.»
En diciembre de 2002, AI planteó al Fiscal General su preocupación de que a los cinco prisioneros se les habían negado las visitas de sus familias en Cuba. Después de una espera de casi seis meses, se otorgaron las visas a tres de las esposas, sin embargo, para las restantes dos, el acceso a sus esposos les es todavía negado.
La esposa de René González, Olga Salanueva, solicitó y se le otorgó una visa en marzo de 2002 con su hija de cuatro años, pero esta fue más tarde revocada. La última vez que ella vio a su esposo fue en la víspera de su juicio en noviembre del 2000.
La esposa de Gerardo Hernández, Adriana Pérez, había obtenido una visa, pero fue detenida e interrogada por el FBI a su llegada a los estados Unidos antes de ser expulsada del país. Citando preocupaciones de seguridad, el gobierno de Estados Unidos continúa negándose a otorgar estas visas.
AI ha demandado que estas restricciones sean revisadas urgentemente, llamando la atención del gobierno sobre las normas internacionales que hacen énfasis en la importancia de la familia y en el derecho de todos los prisioneros de mantener contacto con sus familias y a recibir visitas. En el caso de los prisioneros cuyas familias residen fuera de Estados Unidos, la negación indefinida o incluso temporal de la familia inmediata del prisionero es percibida como una severa privación al individuo.
Amnistía Internacional le ha solicitado al gobierno que considere otorgar visas temporales a las dos mujeres con el propósito de las visitas, sin prejuicio a las adecuadas medidas de seguridad, si no existe evidencia razonable y conclusiva para continuar negándoselas.
Amnistía Internacional continúa revisando el caso con respecto a la imparcialidad de los procedimientos criminales que llevaron a las condenas de los cinco hombres.