Según un comunicado al que tuvo acceso Mundo Posible, la entidad humanitaria afirmó que «valoramos que se identifique a todos los centros de reclusión y tortura que operaron en Chile, pero quisiéramos que los nombres de los encargados y miembros de dichos centros sean nombrados públicamente».«Se habla de aproximadamente mil 200 centros de reclusión y […]
Según un comunicado al que tuvo acceso Mundo Posible, la entidad humanitaria afirmó que «valoramos que se identifique a todos los centros de reclusión y tortura que operaron en Chile, pero quisiéramos que los nombres de los encargados y miembros de dichos centros sean nombrados públicamente».
«Se habla de aproximadamente mil 200 centros de reclusión y tortura operando entre 1973 y 1990. Si hacemos una proyección de carácter mínimo, podríamos suponer -sin temor a estar tan desfasados de la realidad-, que dichos centros deberían tener, a los menos, tres agentes del Estado asignados como sus responsables, sin contar la constitución de los equipos operativos; ello significa que más de tres mil 600 torturadores deben ser puestos a disposición de los tribunales de justicia».
La organización humanitaria, explicó que los métodos utilizados en la tortura por las Fuerzas Armadas en Chile, «tenían como objetivo someter, destruir y controlar a toda la población y sus organizaciones sociales, dejando secuelas que afectan hasta nuestros días a toda la sociedad chilena.»
Exigió, que «urge instalar medidas reparatorias justas y adecuadas para todos los directamente afectados».
Por último la Comisión ética contra la Tortura llamó al gobierno que asuma integralmente la solución al conjunto de violaciones que a los derechos humanos se han realizado en Chile.
«Hoy, se está ante la posibilidad histórica de terminar con la impunidad y de una buena vez, democratizar nuestra sociedad dejando aflorar toda la verdad, realizando toda la justicia y cumplir con los compromisos internacionales contraídos por Chile en materia de Derechos Humanos», finalizó la declaración.
Este medio día la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura hizo entrega al Presidente Ricardo Lagos del informe en que relatan en dos tomos y de ocho capítulos, las violaciones a los derechos humanos que sufrieron más de 35 mil chilenos.
La información consigna que entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 marzo de 1990, hubo una violenta represión política en contra de los opositores a Pinochet, y que divide en tres etapas.
La primera es la situación de 1973, en donde se concentró la acción represiva, luego se pasa al funcionamiento de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que dirigió el general de Ejército Manuel Contreras, entre 1974 y 1978 y la etapa en que la Central Nacional de Informaciones (CNI) que funcionó desde 1978 hasta 1990.