Nadie podría negar que el Informe sobre la Tortura y Prisión Política no es un avance, aunque sea un avance tardío. Sí es criticable en algunos aspectos, sobre todo en la manera de darlo a conocer por el presidente Ricardo Lagos, que olvidó hacer referencia a la justicia. Tampoco se dieron a conocer los nombres […]
Nadie podría negar que el Informe sobre la Tortura y Prisión Política
no es un avance, aunque sea un avance tardío. Sí es criticable en
algunos aspectos, sobre todo en la manera de darlo a conocer por el
presidente Ricardo Lagos, que olvidó hacer referencia a la justicia. Tampoco se
dieron a conocer los nombres de los torturadores, cuestión fundamental
si se quiere entregar la verdad completa. De las pensiones de
reparación ni hablar, el monto es una burla, sobre todo en un país donde el
enriquecimiento de los empresarios nacionales y extranjeros ha sido, y
sigue siendo, sobre la base del saqueo de nuestros recursos naturales y la
explotación de los trabajadores.
En cuanto al informe mismo habría que decir algunas cosas muy claras y
precisas: Primero que nada que no es gratuito. Jamás habría sido
posible sin la presión y lucha permanente -desde los años 70- de las
Agrupaciones de Derechos Humanos, la Vicaría de la Solidaridad, los abogados de
Derechos Humanos, Instituciones como la Sech, las Federaciones de
Estudiantes, Sindicatos y Agrupaciones Poblacionales. Pero sobre todo por la
resistencia digna de los partidos políticos de la Izquierda chilena, en
especial el Partido Comunista y el MIR, Partido Humanista, sectores de
la Izquierda Cristiana y MAPU, el Partido Comunista (AP) y el Partido
Socialista. A éstos habría que sumar amplios sectores de base de la DC y
la Iglesia Católica. Claro que la actitud de gran parte de las planas
mayores, de estas dos últimas, todavía es un tema que debe ser aclarado.
Desde la instauración misma de la tiranía de Pinochet la Izquierda
organizada opuso resistencia y denunció los atroces atropellos a los
derechos humanos, de esto existen miles de testimonios escritos, incluso
fechados en septiembre de 1973. Por eso resulta extraño ver la cara de
asombro de algunos tipos en la televisión, los mismos que apoyaron a los
militares. Pero la verdad ha llegado para instalarse de manera oficial,
aunque generales como Rafael Villarroel o almirantes como Jorge Martínez
Busch pretendan distorsionar los hechos y buscar contextos históricos
que nada podrían justificar, ni ahora ni nunca. ¿Qué contexto histórico
puede justificar entrenar un perro para violar mujeres? ¿Qué contexto
permite abrir el vientre a un joven y luego arrojarlo al mar?. Son
algunas preguntas que Gonzalo Vial, Lucía Santa Cruz, Raúl Hasbún, Sergio
Fernández, Sergio Onofre Jarpa, Francisco Javier Cuadra y Mónica
Madariaga, entre otros, deberían responder ante la ley, o Jaime Guzmán si
estuviera vivo. ¿Qué dice ahora Sergio Diez, que negó la existencia de
los Detenidos Desaparecidos en las Naciones Unidas. ¿Con qué moral este
señor sigue participando en política?.
Otros grandes cómplices estuvieron en la prensa, especialmente en El
Mercurio y la televisión. Claudio Sánchez, María Eugenia Oyarzún, Julio
López Blanco, Hermógenes Pérez de Arce y Agustín Edwards, conspiradores
y mentirosos profesionales, son parte de ese sector que ayudó a
encubrir los crímenes de los militares. ¿Serán llevados ante la justicia
alguna vez? Lo mismo que Álvaro Bardón, Pablo Rodríguez, Ambrosio Rodríguez,
Ricardo García, Álvaro Vial, Ricardo Claro y Sergio de Castro,
pinochetistas incondicionales. Son muchos los civiles que deben dar la cara
ante el pueblo de Chile. Del Poder Judicial ni hablar, una frase que
todavía se puede leer en algunas murallas lo dice todo respecto al
comportamiento de éste durante la tiranía de Pinochet: «Corte Suprema, Suprema
Impunidad». Más aún luego de dar a conocer su vergonzosa postura acerca
del llamado Informe Valech. El caso de El Mercurio es asqueroso, y más
encima hoy el gobierno lo sigue premiando con la propaganda estata
l mientras que a los medios alternativos que han luchado desde siempre
por los derechos humanos les niega recursos. De hecho, medios de prensa
como Apsi, Cauce, Análisis, Fortín Mapocho, Radio Umbral, que desde
siempre dijeron lo que hoy dicen los medios de comunicación como si fuera
una primicia, terminaron cerrando sus oficinas. El Siglo, Punto Final y
Radio Nuevo Mundo aún perseveran, a duras penas pero dignamente. No le
dará vergüenza a Sergio Bitar, por ejemplo, participar en «Paz
Ciudadana» y dar la mano a Agustín Edwards, el mayor conspirador junto a la CIA
para derrocar a Salvador Allende y uno de los culpables de todo lo que
se desencadenó después del 11 de septiembre de 1973.
Respecto a la derecha, como siempre, intenta evadir sus
responsabilidades pretendiendo confundir a la opinión pública con discursos como los
de Jovino Novoa, Jorge Arancibia, Joaquín Lavín o el de Andrés Allamand
durante un seminario sobre Derechos Humanos convocado por el ejército
en la Escuela Militar. Todos voladores de luces que no dicen nada de
fondo y sólo buscan tergiversar la historia. Aquí no somos todos
culpables, eso es absolutamente falso. Los culpables son quienes
desestabilizaron el gobierno de la Unidad Popular, cuando vieron que éste favorecería
a los trabajadores por sobre los intereses de los explotadores tanto
chilenos como extranjeros, usando para ello a las Fuerzas Armadas. La
derecha chilena y el gobierno de los Estados Unidos fueron los culpables
de que se gestara el golpe militar y, por lo tanto, cómplices de los
atropellos cometidos durante 17 años. También es importante hacer notar
que el argumento de que debido a la caótica situación generada por la
radicalización de la política las FF.AA. rompieron su tradición
histórica y actuaron como lo hicieron en 1973, es otra falacia. Acaso no han
estudiado historia de Chile quienes afirman eso, comenzando por el
presidente Lagos. O son muy ignorantes, cándidos o unos hipócritas
consumados. Si hay algo que caracterice al ejército chileno es la participación
que ha tenido en las masacres de trabajadores a lo largo de nuestra
historia.
Ahora, ante la pregunta: ¿Sirven los gestos de reconocer que se
cometieron atropellos a los derechos humanos por parte de los ejecutores?
Pienso que no totalmente, lo que aquí sirve es que haya justicia y punto.
Los criminales deben ser juzgados y encarcelados. En mi caso me da lo
mismo si piden perdón o no, lo que deseo -como muchos chilenos- es verlos
tras las rejas. Tampoco me interesa reconciliarme con los asesinos. La
reconciliación ante hechos como los sucedidos es una farsa. Tras el
golpe, en mi barrio fueron apresados y ejecutados tres amigos: Ernesto
Mardones, Jorge Pacheco y Denrio Álvarez, y recuerdo a unas señoras (las
mismas que los apuntaron con el dedo) que, al conocer la noticia decían:
«algo habrán hecho». Supongo que hoy ellas estarán entre los que ponen
cara de asombro al leer el Informe Valech.
Todos sabíamos. Cierto. Pero no todos somos culpables.
*Poeta. Colaborador de revista «Punto Final» y conductor del programa
«De puño y letra» de radio Nuevo Mundo. Visite: http://lavquen.tripod.cl