El martes 28 de diciembre de 2004 no fue precisamente el Día de los Inocentes para la comunidad del software propietario en Venezuela. Ese día, el Ejecutivo Nacional emitió un Decreto con fuerza de ley que regulará la implementación de una plataforma de software libre en todas las instancias gubernamentales. El Decreto en cuestión -publicado […]
El martes 28 de diciembre de 2004 no fue precisamente el Día de los Inocentes para la comunidad del software propietario en Venezuela. Ese día, el Ejecutivo Nacional emitió un Decreto con fuerza de ley que regulará la implementación de una plataforma de software libre en todas las instancias gubernamentales.
El Decreto en cuestión -publicado bajo el número 3.390- establece un plazo máximo de tres meses en los cuales todos los organismos adscritos al Ejecutivo Nacional deben presentar al Ministerio de Ciencia y Tecnología un programa de trabajo para migrar sus plataformas a soluciones basadas en software libre.
Se establece un período de transición de dos años, al final de los cuales se espera todos los organismos trabajen bajo este modelo excepto aquellos que hayan demostrado su imposibilidad de cambiar herramientas propietarias.
Si bien el decreto mantiene algunas semejanzas con el proyecto de Ley presentado hace algunos meses por el equipo del ex ministro de Planificación y Desarrollo, Felipe Pérez, sólo aplica para la administración pública central, dejando de lado al principal comprador de tecnología en Venezuela: Petróleos de Venezuela.
Mientras tanto, todavía las empresas de software propietario guardan la débil esperanza de haber sido tomados por inocentes con el decreto 3.390 promulgado el pasado 28 de diciembre.