Un país subdesarrollado donde las desigualdades aumentan «Chile, un caso de desarrollo logrado, donde los frutos llegan a todos los rincones y a todos sus hijos». Así describiendo un país que no es, Lagos entregó su última cuenta.. Primero porque no se ha logrado tal «desarrollo», pues según todos los indicadores, Chile sigue muy atrás […]
Un país subdesarrollado donde las desigualdades aumentan
«Chile, un caso de desarrollo logrado, donde los frutos llegan a todos los rincones y a todos sus hijos». Así describiendo un país que no es, Lagos entregó su última cuenta.. Primero porque no se ha logrado tal «desarrollo», pues según todos los indicadores, Chile sigue muy atrás de las naciones industrializadas del planeta con un ingreso promedio equivalente a la mitad del menos desarrollado de Europa Occidental, Portugal. (PNUD,2004) ; y, segundo porque no es cierto que los frutos llegan a «todos los rincones y a todos sus hijos». Ya nadie discute que Chile tiene una de las peores distribuciones de ingresos en el continente y en el mundo, la misma que los obispos chilenos han calificado de escandalosa. El Presidente dijo que esas diferencias «han variado muy poco» en los 14 años de la Concertación. La verdad es que han empeorado. En la última década, los multimillonarios chilenos ascendieron a la lista de los super ricos del mundo y los altos ejecutivos de las grandes empresas quedaron entre los mejor pagados del planeta. Entre tanto, según la OIT, sólo un tercio de los trabajadores chilenos tiene un trabajo decente. La gran mayoría de nuestros compatriotas se quedaron atrás, en el tercer mundo, condenados a compartir las migajas del crecimiento. Lagos nos conmina a la resignación diciendo que este es un problema crónico y de lentos cambios, pasando por alto que, durante Allende y en los gobiernos democráticos anteriores, Chile era con muchos menos recursos que ahora, una de las naciones más igualitarias y democráticas del mundo, donde, entre otras conquistas, la educación y las universidades eran gratuitas, financiadas por el estado.
Cuanto cuestan los privilegios tributarios
Lagos sostuvo que las diferencias de ingreso entre los extremos son menores de lo que muestran las cifras oficiales sobre desigualdades. Agrega los gastos fiscales en educación, salud y subsidios a los ingresos de los pobres, para concluir que las diferencias entre ricos y pobres disminuyeron de 14 a 7 veces. Pero Lagos incluye los subsidios y otros beneficios fiscales para unos, pero al mismo tiempo excluye los beneficios fiscales para los otros, los ricos y poderosos. Durante su mandato estos privilegios aumentaron fuertemente a través de franquicias tributarias, cuyo paradigma fue el escándalo de la Exxon, la transnacional más poderosa del mundo, que en sus veinte años en Chile, nunca pagó un centavo de impuestos. La suma de estos privilegios le cuestan al erario nacional 3.200 millones de dólares anuales, o sea el 23% de todo el presupuesto fiscal. Y esto sin contar los multimillonarios créditos estatales a grupos privados, (como el del Banco del Estado al grupo Luksic) ni las resoluciones que acogieron la formación de poderosos monopolios u oligopolios privados en transporte aéreo, farmacias, telecomunicaciones, comercio detallista y otras áreas, o las jugosas concesiones privadas de obras y servicios, con compromisos de subsidios, si les va mal. La verdad estricta es que Lagos, en el balance neto de su gestión, ha contribuido a aumentar la concentración del poder económico en transnacionales y grandes empresas, concentración que él mismo denunciara en otra época.
600.000 cesantes y reajustes salariales al 1,6%
Como candidato aseguró que la economía crecería ininterrumpidamente al 7%. En la práctica, en los cinco años pasados alcanzó el 3,8 %, y los salarios reales, apenas el 1,6%. En su concepto de la globalización neoliberal no entraban las crisis que durante gran parte de su mandato nos arrastraron a la recesión, a un fuerte endeudamiento de las pymes, a la intensificación del trabajo y a despidos que afectaron por primera vez a profesionales y ejecutivos. No menos de 600.000 chilenos han permanecido cesantes en los últimos cinco años. El ingreso de una parte de la población se redujo, el de otra parte se congeló, mientras las grandes empresas seguían registrando aumentos en sus altas ganancias. Pero, la adhesión al modelo neoliberal que Lagos comprometió en su viaje a Nueva York lo inhibió a corregir estas iniquidades. Ahora vuelve a la retórica insubsancial, a pesar de que el nuevo ciclo expansivo con altos precios del cobre, es frágil e inestable. Sin embargo asegura que «entramos a un crecimiento sólido y sustentable», sin advertir el estancamiento de Europa y Japón y los déficits norteamericanos que, según todos los expertos internacionales, amenazan con un derrumbe del dólar y una crisis monetaria mundial sin precedentes. Nada propuso el Presidente para afrontar estas crisis. Por el contrario, contrajo compromisos muy onerosos para Chile, como es el TLC con EE.UU y Europa y hasta apoyó el nombramiento de funcionarios de las grandes potencias en las cúpulas del Banco Mundial, FMI y OMC, en lugar de levantar un frente común con los países perjudicados por la globalización.
Causas de la crisis energética y alza de tarifas
Nada dice tampoco de las verdaderas causas de la crisis energética, del porqué del alto precio del petróleo y su relación con la invasión a Irak, ni de la inseguridad mundial que crean las anunciadas «guerras preventivas» que prepara Bush. Lagos no reconoció el grave error de haber confiado en el corrupto Menem y en las transnacionales que nos garantizaban el abastecimiento del gas argentino. Confiados en «las señales del mercado» y no en la seguridad nacional energética, se llegó a cerrar nuestras minas de carbón. Ahora Lagos nos insta a «repensar» la conveniencia de reutilizar nuestro carbón. La crisis energética es también consecuencia de las privatizaciones del servicio eléctrico, las que ejecutaron de común acuerdo la Derecha y la Concertación. Cuando las empresas eléctricas eran de propiedad pública, rara vez hubo problemas de abstecimiento, las inversiones se planificaban a largo plazo, nunca faltaron fuentes de financiamiento, las tarifas estaban al alcance de todos los usuarios y Chile era el más electrificado del continente. Hoy, los consorcios privados exigen se les asegure la máxima rentabilidad, la que se obtendrá a costa de mayores tarifas, o bien por medio de subsidios gubernamentales. De lo contrario detienen las inversiones a que están obligadas por contrato. Instalan plantas sin importarles la contaminación del medio ambiente y tampoco garantizan la seguridad y continuidad del suministro, como lo demuestran los reiterados apagones y cortes, con graves perjuicios para millones de personas. En vez de denunciar el incumplimiento de los contratos y la anulación de las concesiones, el gobierno cede al chantaje de las compañías. Lagos agradeció a los parlamentarios por su apoyo a una nueva ley eléctrica que significará alzas entre el 10% y hasta el 20% en las tarifas al consumidor.
La privatización de las obras públicas
La modernización de la infraestructura es uno de los temas favoritos de Lagos. Una cosa es la modernización y recuperación de los ferrocarriles del estado así como la ampliación del Metro cuya propiedad pertenece a los chilenos y nos beneficia a todos. Otra cosa muy distinta son las autopistas, represas, obras sanitarias, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones, revisión automotriz y recolección de basuras; es decir, obras públicas y servicios comunitarios concesionados o licitados con la condición de asegurar buenas ganancias para grupos cercanos al poder. Las autopistas urbanas de la capital, especialmente la Costanera Norte, la Autopista Central y el Plan Transantiago, son otros tantos negocios monopolizados por influyentes concesionarios, garantizados por el estado a costa de subsidios comprometidos o que se pagarán con un encarecimiento del transporte para millones de usuarios. Arquitectos y urbanistas de prestigio, ecologistas y vecinos rechazan los criterios privatistas o mercantilistas con que se abordan estas obras que empeoran la calidad de vida de barrios extensos o aumentan el caos de las ciudades. Estas no son «mezquindades» ni «defectos puntuales» como se quejó el Presidente.
La corrupción y el jarrón de los 100 millones de dólares
Las concesiones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes dieron origen a desvíos de recursos públicos para financiar sobresueldos ilegales a Ministros y otros altos funcionarios. Por los delitos de coimas y cohechos están procesados un subsecretario y dos diputados de la Concertación. Un testigo clave apareció muerto. Sólo un acuerdo secreto entre el gobierno y la UDI evitó una grave crisis política. De esto Lagos no dijo una palabra. Tampoco se refirió al robo de certificados de depósitos que reveló la asociación ilícita entre funcionarios de confianza de la CORFO y el grupo Inverlik, con la complicidad de «respetables» bancos y empresas financieras. Este tráfico de mercancía robada, le costó al estado más de 100 millones de dólares, una de las peores pérdidas sufridas por el país, por la cual no hay hasta ahora restitución del dinero ni responsables políticos. El consuelo que nos dejó el Presidente fue que en otros países había más corrupción.
La deuda del gobierno con las pymes
El capítulo de la cuenta dedicado a las Pymes deja de manifiesto el contraste entre los compromisos firmados por el candidato Lagos y los pobres resultados que exhibe. El proyecto de certificación nacional no sustituye la certificación internacional que es lo que verdaderamente las Pymes necesitan. El Fondo de Garantía de Créditos para Pequeños Empresarios (Fogape) no los beneficia, no mejora las tasas de interés ni los plazos que fijan los bancos. Las deudas, la competencia importada, la opresión de los monopolios siguen sin solución. Por otro lado, los grandes empresarios de la SOFOFA se arrogan la representación de las pymes, con la complacencia del gobierno. Ante la manifiesta inoperancia gubernamental, los partidos y candidatos de la Concertación y de la Derecha compiten por quien ofrece más a las pymes para atraer sus votos.
Crisis ambiental y la inoperancia gubernamental
Una de las grandes deudas pendientes que deja Lagos es la protección del medio ambiente. El nombramiento de Adriana Hoffman infundió esperanzas, pero después de su destitución, las cosas siguieron igual. Otros seis años pasan sin que salga la ley del bosque nativo. Su gobierno fue duramente criticado en las más de 50 observaciones que le hizo la OCDE, el organismo oficial de los países industrializados. En su cuenta, Lagos hizo su autocrítica y reconoció que la regulación ambiental y la fiscalización tenían que ser reforzadas. Dramas que han impactado a la opinión pública como las enfermedades causadas por los depósitos de plomo importado en Arica, la tala y exportación ilegal de los bosques de alerces en el sur, el desastre ecológico del río Cruces, la polución generada por La Farfana, la privación del agua a los campesinos andinos por la acción de las mineras, el proyecto Pascua Lama que amenaza la vida de los valles intento de entre otros, demuestran que la prioridad del Presidente no ha sido el cuidado de la naturaleza y la salud, sino las utilidades de las grandes compañías.
Mercantilización y abandono de la educación de la educación pública
En materia educacional, la obligatoriedad escolar hasta 12 años, la generalización de la jornada escolar completa, el aumento de las colaciones diarias y del reparto gratuito de textos de estudio, son lentos avances de los últimos catorce años. Sin embargo, Lagos sabe muy bien que estamos lejos de llegar a la cifra necesaria de recursos a destinar por el Estado a la educación que recomienda la UNESCO, el 7% del PIB, cifra que sí ha alcanzado Cuba y se apresta a lograr Venezuela. La nueva subvención de jornada completa a escuelas públicas y privadas que propone, se financia no con mayores recursos, sino con una redistribución de lo existente. Lagos no se refirió a los graves déficits de conocimiento y comprensión de nuestros alumnos que han mostrado las pruebas Simce, las de ingreso a las universidades y otras internacionales, las que dan cuenta de la baja calidad de nuestra enseñanza, de la que se exceptúan, los colegios privados que atienden a los hijos de familias pudientes. Culpa de la mala calidad a los «profesores ineficientes» y quiere despedirlos mediante evaluaciones unilaterales. El presidente saca en cara el aumento salarial que han tenido los maestros, pero no repara en la antipedagógica jornada de 44 horas de clases que deben cumplir para alcanzar mejores remuneraciones, ni tampoco en el exceso de alumnos por sala que deben atender. Nada dijo del profundo abandono de las escuelas públicas, paralizadas por los déficit de los municipios de las zonas campesinas y de los densos barrios pobres de la periferia urbana.
Los bancos decidirán quien va a la Universidad
El gobierno tergiversó la lucha que por años libran decenas de miles de universitarios de todo el país. Los acusó de insolidarios por oponerse a los créditos para los establecimientos privados. Pero, él sabía muy bien que esa no es la razón de las movilizaciones, sino la protesta porque según la nueva ley son los bancos los que administrarán los créditos y por tanto, ellos decidirán qué carreras financiar y quienes podrán optar a ellas, anteponiendo el lucro financiero a las vocaciones juveniles. El Presidente sabe que a los estudiantes los mueve la exigencia de más fondos presupuestarios para las postergadas universidades públicas, mientras las privadas prosperan y enriquecen a sus inversionistas, con la ayuda de generosos aportes estatales. Los jóvenes pugnan por mayor participación de la comunidad y autonomía universitaria, además de otro financiamiento más equitativo, como lo es el arancel diferenciado de acuerdo con la capacidad económica de las familias.
El colapso de los servicios de salud
El Presidente considera el Plan Auge de Salud como otra de sus grandes obras. Lo califica como «centrado en las personas», de «acceso universal y equitativo» «solidario» «oportuno y eficiente». Demasiados elogios para un plan muy discutido, resistido y criticado, por las comunidades de médicos, profesionales de salud, comités de usuarios y parlamentarios de la propia Concertación. La prioridad dada solamente a 25 patologías, por muy comunes que ellas sean, difícilmente podrá permitir un mayor y oportuno acceso a la población, dada la incapacidad de los servicios. La reforma se basa en los criterios mercantilistas en la gestión de la salud. La ley empieza por aumentar las contribuciones obligatorias de los afiliados. Una gran parte de los enfermos no indigentes continuarán enfrentados a altos aranceles, con bonificación limitada en las isapres y altos costos en clínicas privadas o semipúblicas. Para muchos las enfermedades catastróficas son la ruina o un insoportable endeudamiento. Entretanto, la entrega de los servicios complementarios hospitalarios a concesionarios privados demandará mayores recursos públicos, para financiar sus utilidades. El déficit de los hospitales, servicios de urgencia y consultorios, la falta de profesionales, insumos y equipos que se expresan en congestión, hacinamiento y largas esperas, sigue siendo tan visible ahora como a comienzos del sexenio. Los servicios privados de emergencia continúan exigiendo el cheque de garantía, burlándose de la ley que lo derogó. Por mucho que se hayan aumentado los recursos, después de la bancarrota en que los dejó la dictadura, los servicios públicos de salud están lejos aún de atender las necesidades de los chilenos, a pesar de que sería posible si se financiara con una efectiva redistribución del costo del financiamiento, de acuerdo con la real capacidad de los sectores prósperos.
Las casas Copeva y las soluciones de 30 metros cuadrados
La condonación y rebaja de deudas habitacionales que Lagos anunció es un triunfo de miles de familias afectadas a lo largo del país. La erradicación de los pobladores que viven en campamentos ha demostrado su lado oscuro al comprobarse las desventajas del traslado a los extramuros de la ciudad, a viviendas estrechas, construidas con materiales de mala calidad, lejos de servicios comunitarios, de las fuentes de trabajo y con mayores costos de locomoción. Las viviendas «sociales» o «soluciones habitacionales» de 30 metros cuadrados con que se asegura haber detenido el déficit, están lejos de ser la vivienda digna a que aspiran los chilenos. Decenas de miles de familias en todo el país, como en el reciente caso de las poblaciones de Temuco, siguen afectados por el síndrome de las «casas copeva» cuyas supuestas reparaciones no resolvieron los daños estructurales con que fueron aceptadas por el Ministerio de la Vivienda, a la vez que como a los damnificados de Puente Alto, se les exige reanudar el pago de las deudas. Otro tanto sufren miles de habitantes de nuevas poblaciones, construídas por la iniciativa empresarial, con calles y avenidas con deficientes sistemas de alcantarillado o de aguas lluvia, cuyas inundaciones aumentan las enfermedades y crean un caos en la circulación. Lo que Lagos y la Concertación no quieren ver es que el problema de la vivienda es la consecuencia del libre mercado y del uso mercantilizado y especulativo del suelo que conducen al alza de los costos y la agravación de los problemas urbanos. Sólo una concepción social de la propiedad y del uso planificado y regulado del suelo nos puede permitir una mejor calidad de vida para todos dentro y fuera de las viviendas.
El fracaso de las AFP y el futuro de la tercera edad
Los gobiernos de la Concertación han defendido cerradamente la privatización de la previsión, impuesta por Pinochet permitiendo que ella sólo haya redundado en una mayor concentración de la rentabilidad de los grupos económicos que administran los ahorros de los trabajadores. Tardíamente Lagos admite que los empleados públicos que fueron obligados a entrar en las AFP sufren graves perjuicios a la hora de jubilar. Pero, el Presidente omitió los diversos estudios que anuncian el colapso del sistema privatizado porque centenares de miles de sus afiliados apenas tendrán acceso a una pensión mínima y que otros muchos más no habrán cumplido el requisito para acceder a ella. Lo que Lagos no dijo es cómo se haría para entregar una pensión digna a todos los chilenos de tercera edad, sin una profunda reforma del sistema AFP, orientada a reemplazar su carácter de fructífero negocio de las transnacionales,para instaurar una verdadera seguridad social.
Fuerzas armadas doctrina y adiestramiento cuestionados
«Las Fuerzas Armadas», dijo Lagos, «han vuelto a ser las Fuerzas Armadas de todos los chilenos y se han integrado plenamente a la vida democrática». Rindió homenaje al Ejército y su Alto Mando para contrarrestar la ola de indignación en todo el país por la tragedia de Antuco, donde la muerte innecesaria de decenas de conscriptos, ha cuestionado una vez más el servicio militar obligatorio y los métodos brutales de adiestramiento y adoctrinamiento, copiados del Pentágono. Contrariamente a lo dicho por Lagos, queda mucho por hacer para depurarlas, democratizarlas y convertirlas en las Fuerzas Armadas de todos los chilenos. A la vez, la costosa importación de sofisticado armamento, financiado con la anacrónica ley del cobre, genera pretextos y suspicacias que alientan el armamentismo entre nuestros vecinos.
Avances y retrocesos en DD.HH.
En materia de derechos humanos, el Presidente se vistió con las victorias alcanzadas por la lucha de las organizaciones sociales y políticas. El informe de la Comisión sobre la tortura y la prisión, las compensaciones hasta ahora otorgadas, los avances en la condena judicial a los esbirros del pinochetismo no fueron triunfos fáciles. Encontraron a menudo la resistencia del propio Jefe del Estado que en numerosas ocasiones ha tratado de salvar a Pinochet y sus cómplices civiles, ordenó ocultar los nombres de los victimarios, intentó cerrar los procesos judiciales, antes de tiempo o promovió la aplicación encubierta de la amnistía pinochetista. «Olvidar y dar vuelta la página» ha sido una de sus consignas. El balance no es tampoco favorable en el trato a los movimientos sociales que al carecer de otros medios para hacerse escuchar, salen a la calle a vocear sus derechos. Viejas y nuevas normas represivas sirven de pretexto para una violencia policial innecesaria contra estudiantes, jóvenes, campesinos, mapuches, pobladores, obreros en huelga. Continuamente hay víctimas entre los que se manifiestan pacíficamente, como lo atestiguan las imágenes televisivas, mientras los vándalos y provocadores encapuchados actúan impunemente. Lagos guardó silencio frente a las irrefutables críticas del Relator de las Naciones Unidas, de su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Amnesty International por las violaciones a los derechos indígenas. Su gobierno aplica a los mapuches la ley antiterrorista del pinochetismo que entre otras aberraciones viola el derecho al debido proceso. Se niega también a reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. Por otro lado, continúan encarcelados largo tiempo quienes lucharon contra la dictadura. Lagos destacó la construcción de diez nuevas cárceles de alta seguridad, el aumento considerable de las fuerzas policiales y el reforzamiento del aparato judicial, ante las presiones de la derecha que exige siempre más represión como solución a los problemas sociales que genera su modelo de libre mercado.
La cultura como mercancía
Después del último sexenio, Chile sería «una sociedad culturalmente más rica», gracias al «tremendo cambio » que «hemos introducido», según el Presidente. La eliminación de la pena de muerte, de la censura cinematográfica y el término de la discriminación contra los hijos ilegítimos y las estudiantes embarazadas son ciertamente puestas al día, ante los retrocesos de la dictadura. La ley del divorcio, en cambio, sufrió deformaciones por parte de la minoría dogmática del parlamento que el Ejecutivo no vetó, por lo que difícilmente será una ley operante. Pero, lo más importante, el Presidente dejó de lado, una vez más, las consecuencias que en el ámbito cultural produce el modelo económico: la mercantilización de la cultura, el dominio por monopolios privados, tanto por medio de la opulenta publicidad comercial que controlan los avisadores, como de la entrega en propiedad privada o en concesión, de los medios masivos de comunicación,- tv, radio, cine, editoriales de libros y revistas, conecciones a internet. Lagos rechazó las demandas de que el estado y el gobierno aseguraran el pluralismo informativo, el derecho a expresión de las minorías, a permitir una distribución equitativa de la publicidad estatal, o a ayudar a los medios modestos y sin fines de lucro a sobrevivir. Se negó rotundamente a eliminar el IVA a los libros, que con la tasa acrecentada al 19%, una de las más altas del mundo, coloca el arte y el conocimiento, fuera del alcance de gran parte de la población. Por el contrario, los compromisos que aceptó en el TLC con EE.UU y Europa, dió amplias facilidades para que los productos «culturales» norteamericanos desplazen a los nacionales.
Independencia o subordinacióan
Lagos termina su mandato buscando desmarcarse de sus anteriores elogios irrestrictos a la globalización transnacional impulsada por EE.UU, así como de la falsa creencia de que Chile no tiene nada que hacer con los pueblos latinoamericanos. Hoy ningún país puede ignorar los cambios políticos que están generando las luchas de nuestros pueblos. En su despedida el Presidente retomó una consigna de la izquierda: «América Latina es nuestra patria grande y nuestra política exterior la hacemos desde nuestra región». Insinúo también que a los foros internacionales hay que ir «acompañados de países similares a los nuestros para hablar con una sola voz». Ojalá así hubiera sido. Pero, más allá de la retórica y de algunos otros gestos simbólicos, como el rechazo en el Consejo de Seguridad a avalar la invasión a Irak, Lagos y la Concertación creen en un imposible, una política de independencia subordinada, o, al menos, en acuerdo con la estrategia de la potencia del norte. Es lo que persiguió con la designación de Insulza, en la tarea imposible de convertir a la OEA en un sustituto de la unidad latinoamericana y caribeña, que es un paso previo para tratar con EE.UU en condiciones más favorables. Esta incompatibilidad se demostró una vez más, frente al golpe de estado en Venezuela apoyado por EE.UU. El gobierno de Lagos lo justificó inicialmente, debiendo posteriormente rectificarse, ante el retorno de Chávez y su amplio respaldo popular. Su gobierno apoya la invasión a Afganistán. Votó en la NU en contra de Cuba. Cedió también a las exigencias de Bush de enviar tropas chilenas para «pacificar y normalizar Haití», lo que constituye un primer paso en la acariciada estrategia del Pentágono de utilizar tropas latinoamericanas en los conflictos internos de nuestros países.
Maquillaje en vez de cambios constitucionales de fondo
Al comienzo de su administración Lagos dió a entender que una de sus tareas fundamentales sería instalar en el país una constitución plenamente democrática. Al referirse a las modificaciones constitucionales negociadas entre la Concertación y la Derecha, el Presidente las calificó de «paso histórico», afirmando que con ellas se estarían completando «las exigencias básicas» de una constitución democrática. Se pretende así legitimar cada vez más la institucionalidad dictatorial, tal como se ha hecho con las llamadas leyes orgánicas sobre materias fundamentales o decretos como el de amnistía o sobre inversión extranjera. Por mucho maquillaje que se ponga, como con la legalización del lobby (la presión de los ricos sobre los políticos) o el registro del dinero en las campañas electorales, la influencia decisiva del poder económico en las decisiones del estado seguirá subsistiendo. Y mientras se mantenga el desvergonzado sistema electoral binominal, criticado de palabra, pero consentido y aprovechado en los hechos por la Concertación, la derecha continuará ejerciendo su derecho a veto a cualquier reforma democrática en el futuro. Lagos renunció a los principios enarbolados durante la lucha contra la dictadura. Olvidó las exigencias de una verdadera democracia moderna en la que son los ciudadanos los únicos soberanos que deciden qué clase de constitución desean tener, mediante una asamblea constituyente elegida por el pueblo como único poder para redactarla y someterla a la ciudadanía; una democracia moderna donde exista el plebiscito para dirimir cuestiones fundamentales o para revocar a las autoridades electas, donde estén estampados los derechos humanos y sociales que se deben garantizar, donde la propiedad privada esté subordinada al interés de todos. Por mucho que se la disfrace, la constitución pinochetista conserva el sello del autoritarismo y del modelo neoliberal con que fue engendrada y es el mayor obstáculo jurídico para avanzar hacia un Chile más justo y solidario.
La transición inconclusa y el cambio de modelo
La última cuenta de Lagos es útil para comprender porqué la transición a la democracia sigue siendo una tarea inconclusa, porqué la economía crece, pero no se desarrolla, porqué este crecimiento no termina con el desempleo ni con el trabajo precario, porqué el crecimiento es acumulación de riqueza privada y no colectiva, porqué hay más producción, pero a costa de más depredación de la naturaleza y de la vida. El Presidente deslizó algunas frases críticas a las desigualdades del mercado y la necesidad de reformas en todos los órdenes. Pero, a juzgar por las reformas que él promulgó – divorcio, seguro de desempleo, plan auge, laborales – son más bien formales o superficiales y no cumplen con las necesidades que dicen satisfacer. Se enmarcaron en un modelo discriminador que las anula, mientras otras- mercado de capitales, reformas tributarias, tratados de libre comercio, lo hicieron aún peor. Defendió la idea de avanzar siempre lentamente y sujetarse a los consensos posibles (es decir, con los sectores dominantes, por minoritarios que sean). Como si la evolución y la revolución (pacífica, como la concibió Allende) no fueran ambas, etapas necesarias de la historia. A Lagos, sus partidarios lo halagan como estadista, sin tener en cuenta que la acción del gobernante progresista debe contribuir a generar nuevos consensos, a trabajar por una nueva mayoría, no cualquier mayoría, sino una a partir de los de abajo y no de los de arriba. Aunque le disguste que se lo digan, el gobierno de Lagos sólo administró, con leves cambios, un modelo que venía de atrás, un modelo que en el continente y en el mundo está mostrando signos evidentes de agotamiento y derrumbe.
José Cademartori es economista y ex-ministro del gobierno Allende (1970-1973)