Por apenas un voto de diferencia -11 a favor y diez en contra- Augusto Pinochet fue desaforado por la denominada Operación Colombo. Abogados querellantes destacaron la resolución y manifestaron su confianza de que la Suprema ratificará el fallo. Por un estrecho margen (11 votos a favor y diez en contra) Augusto Pinochet fue desaforado por […]
Por apenas un voto de diferencia -11 a favor y diez en contra- Augusto Pinochet fue desaforado por la denominada Operación Colombo. Abogados querellantes destacaron la resolución y manifestaron su confianza de que la Suprema ratificará el fallo.
Por un estrecho margen (11 votos a favor y diez en contra) Augusto Pinochet fue desaforado por su responsabilidad por la desaparición de quince personas en el marco de la Operación Colombo solicitud que fue elevada meses atrás a la Corte de Apelaciones de Santiago por el jubilado juez Juan Guzmán, quien instruía este proceso.
A partir de las 08:30 horas los ministros que integraron el pleno ingresaron a la sala para escuchar la relación de la causa y a continuación los alegatos en que Pablo Rodríguez Grez representó al octogenario militar y por los querellantes figuraron los abogados Hernán Quezada, Hiram Villagra y Boris Paredes.
En sus alegatos el abogado del octogenario militar insistió en que no hay antecedentes suficientes para desaforarlo pues dijo que «se trata más bien de un recurso de carácter mediático destinado, como ha sido tradicional, a perseguir implacablemente al general Pinochet y al régimen que él encabezó», sin embargo, y para sorpresa del jurista los magistrados no pensaron lo mismo e incluso fallaron rápidamente.
Apenas conoció el dictamen el abogado Quezada destacó la resolución, señalando que «la estrechez de la votación no tiene ninguna importancia, lo fundamental es que se ha acogido el desafuero que solicitó la parte querellante en este caso y eso nos tiene muy conforme y esperamos que si la resolución es apelada en algún momento la Corte Suprema sin lugar a duda deberá confirmarla».
La operación Colombo comenzó a gestarse entre abril y julio de 1975 cuando aparecieron en Argentina cuatro cuerpos mutilados que tenían dos cosas en común: cédulas de identidad chilenas correspondientes a personas detenidas desaparecidas y lienzos en que se leía que el MIR se adjudicaba estos asesinatos. Junto a ello en diarios chilenos aparecían reportajes sobre enfrentamientos falsos entre miristas e incluso hubo revistas en Argentina y Brasil que dieron fe de estas disputas y de la muerte de 119 personas estas reyertas.
El caso -coordinado por la Dina- buscaba demostrar que los detenidos desaparecidos habían muerto en peleas entre ellos mismos, dejando de lado la participación de los servicios de inteligencia.