Fueron 725 empresas en manos del Estado, al día del golpe de Estado en 1973, las que fueron a parar a manos de grupos económicos altamente concentrados que surgieron y se consolidaron en los años de la dictadura, de acuerdo con las conclusiones de la comisión investigadora de las privatizaciones entre 1973 y 1990 que […]
Fueron 725 empresas en manos del Estado, al día del golpe de Estado en 1973, las que fueron a parar a manos de grupos económicos altamente concentrados que surgieron y se consolidaron en los años de la dictadura, de acuerdo con las conclusiones de la comisión investigadora de las privatizaciones entre 1973 y 1990 que encabezó el diputado socialista Carlos Montes y que se formó a partir del caso Riggs y la fortuna secreta del general (R) Augusto Pinochet.
El texto elaborado por los siete integrantes de la Concertación -redacción donde no participaron los parlamentarios de la derecha- demuestra que, al menos, se perdieron 2.500 millones de dólares, en cifras de la época correspondiente, por la transferencia de las 30 empresas más grandes. Este monto, de acuerdo al porcentaje del PIB, correspondería hoy a unos 6.000 millones de dólares.
La cantidad podría ser incluso más abultada. Montes explicó que los números resultan del monto de pérdida que entregó la Contraloría, considerando una treintena de empresas privatizadas entre 1978 y 1990 y que constituyó una disminución de 2.223 millones de dólares al erario nacional de ese tiempo.
Los diputados redondearon la cifra en 2.500 millones de dólares de entonces y 6.000 de hoy por efecto de la gran cantidad de empresas que no fueron consideradas en el informe del órgano contralor.
Todas las grandes compañías fueron vendidas a un valor mucho menor que el real al momento en que fueron enajenadas. Así, por ejemplo, la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) fue vendida en 105,5 millones de dólares, cuando su valor real ascendía a 811,5 millones de dólares. Esta diferencia, en definitiva, representó un tercio de la pérdida total del patrimonio de Corfo.
La pérdida patrimonial de Soquimich implicó 261,9 millones de dólares menos que su valor real. Corfo, además, dejó de percibir 184 millones de dólares por la venta de la azucarera estatal Iansa. Endesa representó una pérdida de 895,6 millones de dólares, Chilgener (hoy Gener) de 171,1 millones de dólares, Chilectra de 96,4 millones de dólares y el Banco de Chile de 66,9 millones de dólares.
Asimismo, se perdieron 15.000 terrenos de bienes nacionales, de los cuales 11.000 fueron a parar directamente a manos de privados. «Estamos hablando de cerca de 8 millones de hectáreas que estaban en manos del Estado, cerca de 20% se mantuvo en poder de campesinos, pero el resto fue transferido a otros privados», explicó Montes.
VALOR DEL TEXTO
El valor esencial del documento, más allá de los números, es -según Montes- que el texto «juega el rol de una especie de Informe Rettig o Informe Valech; o sea, entrega una visión global del tema y esperamos que a partir de esto haya otras comisiones que trabajen».
En este sentido, el texto de mayoría recomienda que se entregue copia al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que en éste se analicen las irregularidades y se decidan, si es que aún no están prescritas, las acciones judiciales que debe emprender el fisco.
El presidente de la comisión destacó la magnitud del fenómeno de transferencia de patrimonio público, la vinculación de ésta a la actual concentración de la propiedad y la irrupción de «ciertos grupos económicos que se configuraron a partir de ese proceso y cómo esto afecta hoy a mala distribución de ingresos que existe en Chile».
Durante los 17 años de régimen militar el PIB creció sólo un 2,9% promedio, período en que el quintil más bajo de la población redujo su gasto de 7,6% a 4,4%, mientras que el 20% más alto lo elevó de 44,5% a 54,9%.
Montes dijo que si bien «ha habido grupos económicos previos, que se vieron fortalecidos, especialmente destacamos un grupo de tecnócratas de una clara orientación política y que en definitiva estaban vinculados a las empresas o a instancias públicas de decisión y que terminaron teniendo una fuerte influencia en el manejo de estos recursos».
La comisión determinó que para este proceso se usaron mecanismos formales, creados previamente por funcionarios de Gobierno, los mismos que luego utilizaron la información privilegiada que manejaban para apropiarse de las empresas a un costo muy depreciado.
El rol que jugó Corfo
Corfo fue un ente esencial para las privatizaciones irregulares. El 30% de los recursos obtenidos en el proceso privatizador de las compañías se usó para otorgar créditos para la adquisición de acciones de otras empresas que estaban en manos del Estado. El 70% restante fue destinado a fondos de la nación sin individualización, lo que implica que fueron usados como cualquier ingreso del fisco para gasto corriente.
Los ingresos no se destinaron a nuevas colocaciones ni a reducciones de endeudamiento, lo que también significó pérdida patrimonial, sino que fueron destinados básicamente a reducir el déficit fiscal que venía del período anterior y, posteriormente, a compensar la pérdida de ingresos fiscales que generó la reforma tributaria que disminuyó los ingresos, además de la creación de las AFP, que también fue financiada por el Estado.
Defensa
En la última edición del semanario Qué Pasa el ex ministro Hernán Büchi hizo una defensa del proceso de privatizaciones que lo tuvo a él como actor principal. En el texto, acompañado de cifras que demostrarían que las transferencias han significado mayores impuestos para el fisco y una mayor oferta de empleo, Büchi también llama la atención sobre que el proceso de privatizaciones se haya puesto bajo examen del Congreso en una coyuntura en la cual están en cuestión prácticas de la Concertación en empresas estatales y en ministerios, aunque -en rigor- la comisión dirigida por Carlos Montes se formó el año pasado a propósito de las dudas que surgieron al darse a conocer la cuantiosa fortuna del general (R) Augusto Pinochet. El texto de Qué Pasa es la carta de Büchi a la comisión, ya que se negó -al igual que los demás gestores del proceso- a declarar en persona.