El pasado 11 de julio, se cumplió un nuevo aniversario de un hito histórico que hizo de nuestro país una nación mucho más digna e íntegra. Han transcurrido 34 años desde aquel lejano 11 de julio de 1971, cuando el parlamento aprobó por unanimidad la Reforma Constitucional propuesta por el Presidente Salvador Allende, que estableció […]
El pasado 11 de julio, se cumplió un nuevo aniversario de un hito histórico que hizo de nuestro país una nación mucho más digna e íntegra. Han transcurrido 34 años desde aquel lejano 11 de julio de 1971, cuando el parlamento aprobó por unanimidad la Reforma Constitucional propuesta por el Presidente Salvador Allende, que estableció en el art. 19 Nº 24, inciso 6 que «El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas».
La decisión, formó parte de una serie de medidas impulsadas por el gobierno popular, tendientes a terminar con el latifundio, los monopolios industriales y comerciales y las enormes desigualdades en la distribución del ingreso. La llamada «Vía Chilena al Socialismo» asestaba un duro golpe al capital extranjero y a las oligarquías terrateniente e industrial, que ciertamente no permanecieron impasibles frente al nuevo escenario. De hecho, la administración de Richard Nixon realizó ingentes esfuerzos para evitar que el electo Presidente Salvador Allende, asumiera el gobierno, de acuerdo al mandato soberano del pueblo chileno. Para ello, dio «carta blanca» a la Central de Inteligencia Americana (CIA), para actuar en tal sentido. El asesinato del General René Schneider, fue la primera señal, de lo que sería capaz de hacer el imperialismo norteamericano unido a la reacción chilena para preservar sus intereses.
La claridad de Salvador Allende
El camino estaba trazado: crear un clima de inseguridad e ingobernabilidad, a través de la sedición y la violencia. Esa fue la respuesta que enfrentó el gobierno de la Unidad Popular frente a su intento de impulsar un proceso de cambios profundos por cauces institucionales. La arremetida del imperialismo norteamericano no se dejó esperar, y sin duda, la nacionalización del cobre fue uno de los hechos que más determinaron su accionar. Así lo denunció el Presidente Allende en su discurso del 4 de diciembre en Naciones Unidas. «Habíamos previsto dificultades y resistencias externas para llevar a cabo nuestro proceso de cambios, sobre todo frente a la nacionalización de nuestros recursos naturales. El imperialismo y su crueldad tienen un largo y ominoso historial en América Latina y está muy cerca la dramática y heroica experiencia de Cuba. También está la del Perú, que ha debido sufrir las consecuencias de su decisión de disponer soberanamente de su petróleo», sostuvo.
La intervención del mandatario chileno – la más ovacionada de la que se tenga recuerdo – incluyó un análisis profundo del proceso de cambio impulsado por la Unidad Popular. Entre las medidas adoptadas, explicó la decisión de su gobierno de nacionalizar los recursos naturales. «La necesidad de poner al servicio de las enormes carencias del pueblo la totalidad de nuestros recursos económicos, iba a la par con la recuperación para Chile de su dignidad. Debíamos acabar con la situación que nosotros, los chilenos, debatiéndonos contra la pobreza y el estancamiento, tuviéramos que exportar enormes sumas de capital en beneficio de la más poderosa economía de mercado del mundo. La nacionalización de los recursos básicos constituía una reivindicación histórica. Nuestra economía no podía tolerar por más tiempo la subordinación que implicaba tener más de 80% de sus exportaciones en manos de un reducido grupo de grandes compañías extranjeras que siempre han antepuesto sus intereses a las necesidades de los países en los cuales lucran».
Luego entregó cifras indesmentibles que permitieron mostrar al mundo la profundidad del despojo al cual habían sometido históricamente las transnacionales a nuestro país. «Queremos que todo el mundo lo entienda claramente: no hemos confiscado las empresas extranjeras de la minería del cobre. Eso sí, de acuerdo con disposiciones constitucionales, reparamos una injusticia histórica, al deducir de la indemnización las utilidades por ellas percibidas más allá de un 12% anual, a partir de 1955». Y a continuación precisó que las utilidades obtenidas en los últimos quince años por algunas de las empresas nacionalizadas eran tan exorbitantes, que el límite de utilidad razonable de un 12% anual, las afectó con deducciones de significación. Entre ellas, mencionó a una filial de Anaconda Company, que obtuvo en Chile una utilidad promedio anual de 21,5 %, sobre su valor libro, entre 1955 y 1970. Ello, en circunstancias que las utilidades de Anaconda en otros países, ascendían a sólo un 3,6 % anual, ejemplificó.
Pero el caso de la filial de la Kennecott Copper Corporation era aún más vergonzoso. Según las cifras entregadas por el Presidente Allende, obtuvo en Chile una utilidad promedio del 52,8 % anual, llegando en algunos años a ganancias tan increíbles como el 106 %; en 1967; 113 %; en 1968 y más del 205 % en 1969. Las utilidades de la Kennecott en otros países no alcanzaba el 10 % anual. «Estas mismas empresas, que explotaron el cobre chileno durante muchos años, sólo en los últimos cuarenta y dos años se llevaron más de cuatro mil millones de dólares de utilidad, en circunstancias que su inversión inicial no subió de treinta millones», sentenció.
El papel de la dictadura y la Concertación
La estrategia trazada por el imperialismo norteamericano y la reacción chilena culminó con el sangriento golpe militar del 11 de septiembre de 1973. A partir de ese día se implantó en Chile un nuevo modelo, que no sólo revirtió el proceso de cambios impulsado por la Unidad Popular, sino que profundizó la explotación y la inequidad social que ese proceso pretendió superar.
En ese contexto, con la Ley Minera 18.097, del 26 de septiembre de 1983, la dictadura militar impuso una ley profundamente antinacional, a través de la cual se renunció unilateralmente a establecer una «Política Chilena del Cobre». La denominada Ley Pinochet-Piñera, fue duramente rechazada por diversas personalidades políticas. Uno de ellos, fue el ex candidato a la presidencia por la Democracia Cristiana, Radomiro Tomic, quien planteó que, producto de la renuncia a nuestra soberanía sobre el cobre, durante 1996 y 2000, los chilenos fueron despojados «limpiamente» de una cifra no inferior a 6 mil millones de dólares. «La pérdida implícita en la cifra involucrada equivale a los recursos, necesarios para construir 400 mil casas de 1.000 UF cada una», denunció el fallecido dirigente.
En la actualidad, Chile es el primer productor de cobre del mundo. Aporta 5 de los 8 millones de toneladas que se transan en el mercado mundial. La producción mundial supera los 12 millones de toneladas anuales, de las cuales nuestro país aporta el 60 % . Lamentablemente, la explotación del recurso no ha beneficiado a los chilenos. La ley Pinochet-Piñera permitió enajenar nuevamente nuestra principal riqueza y los gobiernos de la Concertación han legitimado e incluso profundizado esta situación. Hoy, el 66 % del cobre pertenece a capitales extranjeros, que durante 25 años no han pagado impuestos al estado chileno. En 1989, Codelco aportaba al fisco 1.960,7 millones de dólares, un 24,7 % de los ingresos fiscales. En 1999, ese aporte bajó a 450 millones de dólares, un 2,5 % del ingreso total del fisco.
Según cifras entregadas por el senador Jorge Lavandero, entre 1971 y 1999 el cobre generó al Fisco más de 25 millones de dólares, con una producción de 77,1 millones de toneladas. En ese mismo lapso, el sector privado produjo 20,6 millones de toneladas y aportó apenas 1,3 millones de dólares al erario nacional.
Pero eso no es todo, porque en los últimos 10 años el aporte de Codelco al Fisco, a pesar de su caída, superó lo que pagaron en impuestos de primera categoría la totalidad de las empresas del país, incluidas las AFPs, los bancos, seguros, eléctricas, el resto de las mineras, telecomunicaciones y pesqueras, entre otras. «Por cada dólar que las empresas extranjeras han invertido en la minería del cobre desde 1989 a la fecha, el Presupuesto Nacional ha dejado de percibir 1,5 dólares», denuncia Lavandero.
Pero a la derecha no le basta lo hecho por la Concertación en los últimos 15 años, que claramente ha privilegiado los intereses de las transnacionales mineras. Por ello, no ha escatimado esfuerzos para lograr su máximo anhelo: privatizar Codelco.
Actualmente, en el mundo existen sólo dos países que no cobran royaltie a las transnacionales, por la explotación de sus recursos no renovales. Chile es uno de ellos. Por eso, no basta sólo recordar este nuevo aniversario de la nacionalización del cobre, impulsada por quien entregó su vida para defender los anhelos de justicia e igualdad del pueblo chileno. Es necesario oponerse tenazmente a las políticas entreguistas de la Concertación y construir una alternativa a un modelo que sólo beneficia a la «rapiña» nacional y transnacional.