Mucho de apariencias y efectismo tienen los enfrentamientos que se incrementan entre el gobierno y la derecha a medida que se acercan las elecciones presidenciales y parlamentarias. Consciente de que marcha a la derrota, la derecha intenta revertir el curso de la tendencia política apelando a denuncias sobre corrupción, especialmente en Codelco, y agitando la […]
Mucho de apariencias y efectismo tienen los enfrentamientos que se incrementan entre el gobierno y la derecha a medida que se acercan las elecciones presidenciales y parlamentarias. Consciente de que marcha a la derrota, la derecha intenta revertir el curso de la tendencia política apelando a denuncias sobre corrupción, especialmente en Codelco, y agitando la inseguridad que sentirían los ciudadanos asediados por la delincuencia. La Concertación y la derecha se disparan con todo, pero lo más probable es que la contienda quede en nada. O en la materialización de otro de esos consensos a que nos tienen acostumbrados. Son demasiados los lazos que unen a uno y otro conglomerado político a través de sus dirigentes, altos funcionarios, parlamentarios y hombres de negocios como para que la sangre llegue al río. Es así como los representantes del gran empresariado han sido los primeros en salir a pedir moderación a los «contendientes».
Es risible que la derecha, experta en negocios y negociados, acuse a la Concertación de comportamientos similares. Insólito igualmente es que a la cabeza de esta «cruzada por la honestidad y decencia» aparezcan personajes de oscura trayectoria, comprometidos con chanchullos de la dictadura e incluso con operaciones de espionaje realizadas en democracia, con apoyo de servicios de inteligencia de las FF.AA.
Es obvio, sin embargo, que existen elementos de fondo. En los últimos treinta años el escándalo de la corrupción ha sido tema recurrente. Con matices y características diversos. Durante la dictadura, los atropellos, atrocidades y sinvergüenzuras ocurrieron en la oscuridad. Silenciados por la ausencia de libertad de expresión se convirtieron después -salvo las violaciones a los derechos humanos- en temas tabú para la Concertación, comprometida con el modelo económico-social que instauró la dictadura. Las privatizaciones de empresas públicas, de la educación y la salud no fueron revertidas. El salvataje de la banca privada a costa de miles de millones de dólares, no fue cuestionado. No fue cancelada la deuda social acumulada por la imposición del modelo de libre mercado. Todo esto ha sido el mayor escándalo de la historia de Chile.
Las acusaciones de la derecha provocan indignación. Pero, al mismo tiempo, hay que considerar que si la derecha no tiene autoridad moral para acusar y denunciar, tampoco la Concertación goza de inmunidad respecto a escándalos que han ensuciado sus sucesivos gobiernos. Ni tampoco respecto de una pesada atmósfera de aprovechamiento y relajación que, por influencia del modelo cuyo motor exclusivo es el lucro rápido, desprestigia funciones públicas que la derecha publicita dándoles alcance general. El «davilazo», a fines de gobierno del presidente Aylwin, fue una llamada de alerta que no fue atendida. Años después, el escándalo de Inverlink casi descalabró las finanzas de la Corfo. Tampoco la Concertación vaciló cuando se trató de privatizar las sanitarias ni de abrir espacio ilimitado a las transnacionales, en especial en el sector minero. Es inminente ahora un nuevo escándalo a propósito de la utilización discrecional de los fondos de la Ley del Deporte. Prácticamente en todos estos casos había intereses empresariales comprometidos o personalidades de derecha ligadas a funcionarios de la Concertación.
Al mismo tiempo, en el sector público la falta de un proyecto transformador y de la correspondiente mística de trabajo, favoreció el surgimiento de una corrupción de baja intensidad, expresada en contratos preferentes, coimas, sobresueldos y asesorías ficticias, cuya denuncia da grandes dividendos a la derecha. Se trata de montos pequeños o casi insignificantes frente a los recursos que se mueven en los grandes contratos del Estado, pero cuya cuantía pasa a ser un verdadero insulto para la mayor parte de la población chilena que vive de sueldos que no sobrepasan los trescientos mil pesos, sin contar a millones de personas sumidas en la extrema pobreza. Al mismo tiempo, se legitimaron fenómenos profundamente negativos. Como el lobby practicado por ex personeros de gobierno, a veces asociados con abogados y ex parlamentarios de derecha, para obtener pronunciamientos administrativos, legislativos y judiciales favorables a las empresas que representan.
Otra forma de corrupción, tal vez más peligrosa porque se relaciona con decisiones del gobierno en áreas muy sensibles, es la confusión existente entre intereses públicos y privados. Funcionarios de alto nivel pasan sin pudor al sector privado que hasta el día anterior «fiscalizaban», manteniendo conexión y vínculos formales con el aparato público en áreas tan importantes como minería, telecomunicaciones, energía, obras públicas, sanitarias, concesiones y hasta compra de armamentos y seguridad.
Ahora le ha tocado el turno a la Corporación del Cobre (Codelco). Se han denunciado diversos contratos en favor de un cuñado y un amigo del presidente de la República, de un ministro y ex embajadores, de un ex director de Televisión Nacional y de otros profesionales vinculados a la Concertación. A partir de esos hechos, se pone en tela de juicio el funcionamiento de la principal empresa estatal, el papel de su presidente ejecutivo, Juan Villarzú, y del directorio. Asoma la permanente aspiración de la derecha de crear condiciones para la privatización de Codelco preparando el terreno por la vía de las denuncias de una supuesta corrupción, para insinuar que Codelco funcionaría mejor si fuera privada, a lo menos en parte. Una vieja receta que la derecha espera que pueda darle resultado, más aún si algunos parlamentarios y funcionarios del propio gobierno apoyan de alguna manera esa orientación privatizadora. Incluso Juan Villarzú, hace pocas semanas, habló de abrir las puertas de Codelco a inversionistas privados para asegurar financiamiento al plan de expansión de la empresa.
La privatización es una amenaza efectiva sobre Codelco que debe ser develada tantas veces como sea necesario. Pero, al mismo tiempo, debe exigirse a esa empresa un funcionamiento de máxima eficiencia y claridad en todas las materias posibles para una empresa de sus características, la principal a escala mundial en su rubro y sometida a implacable competencia transnacional. Para aclarar este punto y brindarles la oportunidad de defender el carácter público de la empresa, Punto Final intentó entrevistar a Juan Villarzú y también al presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza, que no aceptaron hablar para esta revista.
Nosotros creemos que constituye un deber patriótico defender Codelco, no sólo de la voracidad de la derecha y las transnacionales, sino también de la corrupción. Esa empresa -junto a Enap, sobre la cual también se ciernen amenazas privatizadoras- son pilares fundamentales para un proyecto de economía nacional diferente al modelo neoliberal existente. Sin embargo, esta defensa necesaria no significa inmunidad para una mala administración ni menos para negociados o abusos de poder.
La derecha pretende imponer a Codelco y a las empresas públicas un estándar que no acepta para las grandes empresas privadas, muchas de las cuales operan con fondos de las AFP que también son propiedad de todos los chilenos.
El desenlace de esta secuela de denuncias y enfrentamientos verbales no solucionará el problema de la corrupción, consustancial al modelo. Se llegará sin duda a una fórmula de convivencia a un nuevo nivel. A otro consenso donde personeros de la derecha y la Concertación, empresarios de uno y otro signo, seguirán actuando en los directorios, compartiendo negocios y disfrutando de una intensa vida social común, que permite el ascenso de quienes aspiran a ser aprobados por la gran burguesía. No habrá -no puede haberlas- cornadas entre estos bueyes.