El próximo 11 de diciembre el pueblo chileno acudirá a las urnas para elegir al nuevo Presidente de la República, a los nuevos diputados y a una parte significativa de los senadores. Frente a las disputas de la derecha, fracturada entre las candidaturas presidenciales del pinochetista Joaquín Lavín y el conservador Sebastián Piñera, y el […]
El próximo 11 de diciembre el pueblo chileno acudirá a las urnas para elegir al nuevo Presidente de la República, a los nuevos diputados y a una parte significativa de los senadores. Frente a las disputas de la derecha, fracturada entre las candidaturas presidenciales del pinochetista Joaquín Lavín y el conservador Sebastián Piñera, y el continuismo de las políticas neoliberales que encarna la opción de la Concertación por Michelle Bachelet, apreciamos la trascendencia del proceso de unidad de la Izquierda chilena, que se ha concretado en la alianza social y política conocida como el Pacto Juntos Podemos Más, integrado por más de 60 organizaciones. Su programa es el único que contempla las exigencias históricas del movimiento de derechos humanos: verdad, justicia y memoria.
Durante los 15 años de la interminable transición chilena, dirigida por tres presidentes de la Concertación, sólo 46 personas han sido juzgadas y condenadas en firme por las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura y de ellas 24 ya han recobrado la libertad porque recibieron penas muy livianas. La impunidad perdura en Chile y la principal preocupación del Gobierno de la Concertación es librar de la condena a los 372 uniformados actualmente procesados.
Frente a este legado del presidente Ricardo Lagos, la Izquierda ha concretado su histórico compromiso con la lucha por la verdad y la justicia con la inclusión en sus listas electorales de dos de los más destacados abogados de defensa de los derechos humanos: Carmen Hertz y Eduardo Contreras.
Carmen Hertz, viuda del periodista Carlos Berger (asesinado por la caravana de la muerte en Calama el 19 de octubre de 1973), fue abogada de la Vicaría de la Solidaridad. En mayo de 1999 presentó junto con su hijo Germán una querella criminal contra Pinochet por el asesinato de Carlos y logró, junto con otros letrados como Eduardo Contreras, que Pinochet fuera desaforado y procesado el 29 de enero de 2001 por el juez Juan Guzmán Tapia.
Eduardo Contreras, alcalde de Chillán y diputado en tiempos de la Unidad Popular, fue el abogado que, en representación de Gladys Marín, interpuso la primera querella criminal contra Augusto Pinochet en Chile el 12 de enero de 1998. Como representante de familiares de las víctimas, también logró el procesamiento del tirano en la causa por la Operación Cóndor abierta en su país.
Ellos desde Chile y nosotros desde España hemos trabajado para que los tribunales de nuestros países asuman que los crímenes contra la humanidad ni prescriben, ni pueden amnistiarse. Por su compromiso ejemplar con la lucha del pueblo chileno por una verdadera democracia, libre de las ataduras del legado dictatorial, por su brillante labor en las causas de derechos humanos, que ha permitido incluso procesar a Pinochet y que la cúpula de la DINA sea condenada, les trasladamos todo nuestro apoyo y nuestro deseo de que resulten elegidos en las elecciones de diciembre, a pesar de las enormes dificultades que impone la ley electoral binominal heredada de la dictadura.
Madrid, octubre de 2005
Firman:
· Enrique Santiago y Virginia Díaz, abogados de Izquierda Unida en el proceso judicial contra las juntas militares de Chile y Argentina abierto desde 1996 en la Audiencia Nacional.
· Manuel Murillo, abogado de la acusación popular en el proceso judicial contra las juntas militares de Chile y Argentina abierto desde 1996 en la Audiencia Nacional.
· Manuel Ollé, abogado, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
· Mónica Cavagna, responsable de la Comisión Jurídica de la Asociación Pro Derechos Humanos en Argentina de Madrid.
· Joaquín Ruiz-Giménez Aguilar, abogado.
· Félix Tejada, representante en España de la Asociación Pro Derechos Humanos en Perú.
· Carmelo García, secretario general del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA).
· Rafael Pascual, miembro de la Comisión de Apoyo a los Juicios contra la dictadura de Pinochet de Madrid.
· Juan Manuel Arroyo González, abogado.
· Marcos Roitman Rosenmann, sociólogo y académico de la Universidad Complutense de Madrid.
· Nélida Molina, mediadora social intercultural.
· Pascual Serrano, periodista.
· Carlos Alberto Ruiz, abogado colombiano, defensor de derechos humanos, investigador y docente.
· Olgher Santodomingo, dirigente social colombiano.
· Mauricio Valiente, abogado de derechos humanos.
· Mario Amorós, periodista e historiador especialista en Chile.