El economista de CENDA Manuel Riesco, planteó hoy tres mínimas exigencias para que la Comisión creada por la Presidenta Michelle Bachelet, efectivamente, cumpla con el anhelo de millones de chilenos de garantizar en una pensión justa y digna. En declaraciones a Crónica Digital, el especialista y ex candidato a senador por Santiago oriente por el […]
El economista de CENDA Manuel Riesco, planteó hoy tres mínimas exigencias para que la Comisión creada por la Presidenta Michelle Bachelet, efectivamente, cumpla con el anhelo de millones de chilenos de garantizar en una pensión justa y digna.
En declaraciones a Crónica Digital, el especialista y ex candidato a senador por Santiago oriente por el pacto Juntos Podemos Más, señaló que la discusión sobre la reforma al sistema provisional «está lanzada y que se ha logrado generar un consenso unánime sobre un sistema privado de pensiones el cual no ha cumplido con sus promesas». La presidenta Michelle Bachelet nombró hace dos semanas un polémico consejo asesor para estudiar los cambios a introducir en el sistema de pensiones que rige en Chile desde la dictadura militar (1973-2000). El equipo estará encabezado por el economista socialista Mario Marcel, ex jefe de Presupuesto de la cartera de Hacienda durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, y otras 15 personalidades provenientes de distintos estratos políticos. El nuevo consejo deberá entregar un informe el 15 de junio al comité ministerial con propuestas de reformas al sistema previsional privado que instauró el régimen militar, y dos semanas después ponerlo a disposición del Ejecutivo para su presentación al Congreso. Riesco, señaló que hoy día todos concuerdan que la cobertura y el monto de las pensiones son muy bajas y discriminatorias, pero acusó que «la garantía estatal no es efectiva y que las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) constituyen un oligopolio poco transparente, de costos elevadísimos y utilidades escandalosas».
El experto sostuvo que desde todos los sectores surgen propuestas para resolver el problema. Que van desde la libertad de afiliación, que todos entienden como la opción de volver al sistema antiguo, hasta reformas menores a las AFP. Dijo que es el momento de generar una discusión muy amplia en todos los sectores, «que cada uno tenga la posibilidad de exponer las ventajas de cada propuesta. La síntesis resultante será tanto mejor cuanto más masiva sea la participación de la ciudadanía organizada en este proceso», comentó.
TRES MÍNIMAS CONDICIONES
Para el economista debe haber tres condiciones que pueden servir de base para una plataforma mínima para reformar el sistema de AFP. La primera condición es que la reforma no puede cercenar derechos provisionales adquiridos, sino por el contrario, ampliarlos significativamente. «Esta condición, aparentemente tan obvia, engloba muchas de las demandas y algunas propuestas, al mismo tiempo que descarta otras», apuntó. Explicó que la cobertura actual no puede disminuir, sino ampliarse. Actualmente, un 78 por ciento de los adultos mayores y un 90 de los mayores de 70 años reciben pensiones. «Casi todas son pensiones públicas. Las AFP financian pensiones sólo a un 4,3 por ciento de los adultos mayores, con fondos acumulados en cuentas individuales, pero éstos, a su vez, en parte importante están constituidos por los bonos de reconocimiento traspasados por el Estado». Señaló que la cobertura previsional es significativa, pero se basa en el sistema público y baja dramáticamente para los afiliados a las AFP. Según el propio gobierno, el sistema de capitalización individual no es capaz de financiar ni siquiera pensiones mínimas a caso dos tercios de sus afiliados y la garantía estatal respectiva no alcanza a cubrir un 10 por ciento, lo cual deja a más de la mitad sin cobertura. Sobre la segunda condición, Riesco propuso que el Estado no debe disminuir, sino al menos mantener sus compromisos con la previsión de los chilenos. Los problemas anteriores- dijo- no tienen solución al interior del sistema de AFP. «El fundamentalismo de mercado, que prometió otorgar mejores pensiones a los chilenos bajo un esquema exclusivo de capitalización individual, ha fracasado. Bajo las condiciones de un mercado laboral real y concreto como el chileno, en el cuál más de la mitad de los trabajadores cotiza menos de 4,2 meses por año, y menos de 3,6 en el caso de las mujeres, y por remuneraciones inferiores a 200 mil pesos al mes, los ahorros individuales no son suficientes para financiar las pensiones de la mayoría y condenan a las mujeres y varones casados a pensiones inferiores». La tercera condición, según el especialista, es que si se va a mantener un sistema obligatorio de capitalización individual, esto «lo deben decidir los chilenos en un plebiscito. Éste debe ser competitivo, transparente y solidario, con un administrador público». Actualmente, las AFP se han reducido a sólo seis empresas, la mayoría de las cuales administra los fondos de más de un 40 por ciento de los afiliados, y las tres mayores superan el 80 por ciento.
Riesco, subrayó que administradoras representan un costo elevadísimo para sus afiliados. Las comisiones netas cobradas a sus cotizantes fueron 199.857 mil millones de pesos al 2004. «A ello hay que agregar el cobro de comisiones por 134.942 mil millones, destinadas al seguro de invalidez y sobrevivencia, el que las AFP contratan con empresas relacionadas en casi todos los casos». «Las AFP presentan gastos de operación muy altos, que incluyen 855 millones de pesos en remuneraciones al directorio -17 de cuyos miembros son ex ministros de Pinochet- y 30 mil 542 millones en gastos de comercialización el 2004. Aún después de descontar los gastos señalados y otros, las utilidades de las AFP son de 112 mil 314 millones de pesos en ese mismo año. Su rentabilidad promedio sobre activos fue de 50 por ciento al año, en promedio, entre 1998 y 2003 según datos de la Universidad Católica». Por último el economista, señaló que «nos parece que todas las propuestas de la CUT a la Comisión hoy deben ser consideradas e implementadas. También es indispensable que el Estado forme una AFP pública, de modo de regular adecuadamente esta industria, terminar con sus abusos actuales y ofrecer a los afiliados la alternativa de escoger libremente y encomendar a una institución pública la administración de sus ahorros provisionales individuales, el lo que pasará a constituir el segundo pilar, complementario, del sistema previsional mixto». Actualmente, sólo 400 mil personas acceden ahora a este tipo de jubilación, con pagos que van desde unos 50 a 120 pesos. Se calcula que la ampliación implicará que unas 100 mil nuevas personas la obtendrán este año, con un costo al fisco de unos 200 millones de dólares al año.