Desde hace un tiempo, algunos académicos, lingüistas y profesionales vienen advirtiendo que las principales fundaciones ‘sin ánimo de lucro’ e instituciones encargadas de velar por la lengua española y promover su cultura están iniciando una serie de negocios precisamente en detrimento de ellas. Para lo cual se está creando un entramado de entidades, acuerdos y […]
Desde hace un tiempo, algunos académicos, lingüistas y profesionales vienen advirtiendo que las principales fundaciones ‘sin ánimo de lucro’ e instituciones encargadas de velar por la lengua española y promover su cultura están iniciando una serie de negocios precisamente en detrimento de ellas.
Para lo cual se está creando un entramado de entidades, acuerdos y convenios que permitan la explotación comercial de bienes intelectuales de propiedad colectiva y universal. Todo ello constituye un alarmante y escandaloso precedente.
La corrección de textos como negocio
Hace poco más de un año se creó la Fundación Español Urgente (Fundéu), cuyo principal objetivo es el de colaborar con el buen uso del idioma, especialmente en los medios de comunicación. La Fundéu «es el fruto de un acuerdo entre la Agencia Efe y el BBVA, dos instituciones que, conscientes del valor y la importancia que tiene el español en el mundo, quieren contribuir a su cuidado y prestigio internacional».
Esta fundación, «sin ánimo de lucro», es en palabras de su presidente, el director de la Real Academia Española (RAE), Víctor García de la Concha, «un paso fundamental para la unidad de la lengua, [y] colabora para el cumplimiento de sus objetivos con todas aquellas instituciones relacionadas con la defensa del español» [1]. De ahí que, además de la RAE, estén presentes en su patronato el Instituto Cervantes y la Fundación San Millán de la Cogolla.
Sin embargo, para la consecución de tales objetivos Fundéu-RAE ha creado un sello de calidad lingüística de pago. De modo que, en lugar de realizar una labor divulgativa y potenciar el trabajo de los profesionales en la materia ya existentes, se convierten ellos mismos en correctores para poder firmar convenios con grandes empresas de la comunicación y la publicidad. Hasta el momento han llegado a acuerdos con RTVE, Agencia Efe, Telecinco, Federación Nacional de Empresas de Publicidad y las universidades de Castilla-La Mancha y Alcalá de Henares, entre otros.
Todo ello dificulta el trabajo de los correctores lingüísticos pues, a su ya precaria situación laboral, ahora tiene que añadir un importante desembolso económico para poder acceder a sus herramientas de trabajo. Tanto los protocolos de corrección, como los libros de estilo aplicables a cualquier variedad de texto (consensuados por las distintas autoridades en materia de lenguaje especializado), constituyen otra de las líneas de negocio de la Fundéu.
Pero además, algunos responsables de la Fundación utilizan su posición y sus contactos en beneficio personal. Es el caso del propio Coordinador General de la institución, Alberto Gómez Font, quien en compañía de otros dos socios han creado su propia empresa: la Oficina de Corrección del Español ABRA (www.abra.es).
En su presentación a la prensa, el pasado 29 de marzo, Antonio Machín -director del proyecto- aseguró que ABRA nacía como «un nuevo espacio en Internet destinado a proteger el buen uso del español» y con el propósito de «crear inquietud y afición por el uso correcto del idioma», además de «fomentar el debate y la consulta» gracias a la incorporación de artículos y colaboraciones de prestigiosos filólogos.
Sin embargo, tras esas grandilocuentes palabras, lo único real es la creación de una empresa privada cuyo deseo es el de hacerse con una parte de los beneficios generados por la mercantilización de la cultura. Tampoco fue casualidad que para la elaboración y distribución de la noticia, reproducida en multitud de medios, se hiciera cargo la Agencia Efe, de titularidad pública pero embarcada con Fundéu en este negocio.
Las actividades de ABRA se centran en la revisión y corrección de textos, la auditoría a empresas, la realización de cursos y conferencias, y la venta del Sello de calidad «Español Correcto». A modo de ejemplo, las tarifas de esta empresa en lo que se refiere a la «corrección ortotipográfica y de estilo» van de los 7,21 euros por página hasta los 60 euros por hora de trabajo.
Los negocios de la Real Academia Española
La RAE es otra fundación sin ánimo de lucro, cuya financiación proviene en un 50% de fondos públicos y el resto, gracias a ser beneficiaria de mecenazgo, a través de la Fundación pro Real Academia Española (cuyo patronato preside el rey Juan Carlos), constituida mediante las aportaciones de empresas como Telefónica, el Grupo Vocento, el Grupo Prisa, Caja Duero, IberCaja, Caja Madrid, Banco Santander Central Hispano, Repsol YPF, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Fundación Endesa, El Corte Inglés, IBM, Iberdrola, Grupo Leche Pascual, Endesa, Fundación La Caixa, Espasa Calpe, Editorial Castalia, SM Ediciones, Fundación Santillana o Círculo de Lectores. Empresas que, a su vez, se benefician de la aplicación de reducciones fiscales gracias a estas donaciones.
De modo que a pesar de tener todos los costes cubiertos, la RAE trata de hacer negocio con sus obras académicas como si de una empresa privada se tratara. Además, como entidad financiada con dinero del Estado, podría esperarse que las adjudicaciones de sus contratos se realizaran a partir de convocatorias de concursos públicos. Pero, por el contrario, la ley la exime de estas ‘molestias’, con lo cual los directivos de la RAE eligen a su conveniencia las empresas con los que prefieren trabajar y las condiciones de explotación de sus obras.
Y ¿dónde queda entonces el bien público que, supuestamente una entidad como la RAE, debe perseguir? ¿Cuáles son los fines de interés general que debería potenciar en lugar de priorizar el interés propio?
Veamos algunos ejemplos:
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Hará un par de años, la RAE contaba en su página web con el avance del Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD). Su acceso para la consulta era gratuito. Unos meses antes de su publicación por la Editorial Santillana fue retirado alegando dificultades técnicas que, al parecer, fueron subsanadas durante el pasado mes de marzo. Por su contenido, registro léxico, construcción y redacción, el diccionario está orientado fundamentalmente hacia profesionales de la lengua (traductores, correctores, profesores de español, lexicógrafos, filólogos y lingüistas), la escritura (autores y redactores), la comunicación y la edición, y que en el caso de América Latina, debido a la carencia de recursos y a la dificultad de acceso a material formativo, cultural y documental, muchas de estas personas se ven en la obligación de adquirir el DPD de inmediato. El margen de negocio debió ser muy ajustado porque si no ¿habría sido tan difícil adoptar algún tipo de licencia copyleft que permitiera la descarga íntegra -gratuita- del diccionario vía web y a la vez su comercialización en librerías por parte de Santillana?
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Durante casi ochenta años la Academia publicó sus obras en la editorial Espasa Calpe (actualmente del Grupo Planeta), cuyas ventas llegaron a generar hasta el 40% de la facturación anual de esta editorial en un año de lanzamiento. En el 2004, la RAE rompió esta larga relación para otorgar el derecho de publicación de la edición popular de El Quijote, del Diccionario del estudiante (DE) y del Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD) al Grupo Santillana (propiedad del Grupo Prisa). Como por azar, tanto el director de la Academia, Víctor García de la Concha -quien, por cierto, acaba de lograr que se modifiquen los estatutos de la RAE para garantizarse un tercer mandato- , como Juan González Álvaro y Marisol Palés Castro abandonaron Espasa Calpe poco antes de la concesión a Santillana de los derechos de publicación de las nuevas obras citadas. García de la Concha compaginó hasta 2003 su cargo académico con los de director de la colección Austral y de la revista Ínsula (ambas de Espasa), González Álvaro pasó de director editorial de Espasa Calpe (desde 1996 hasta 2000) a director de Ediciones Generales del Grupo Santillana (GS) y Palés Castro, antigua codirectora editorial de Espasa, fue contratada igualmente por el GS. Para hacerse una idea del volumen de negocio que supone la concesión de la RAE baste decir que, a finales del mes de marzo (2006), la editorial Santillana había vendido 2.150.000 ejemplares (1.600.000 en América) de El Quijote, y casi 200 mil d el DPD, tanto en España como en América.
El negocio del español para extranjeros y la patrimonialización de la lengua
Pero mientras por un lado la RAE presenta el español como una idioma común, de todos los hispanohablantes, para fomentar la difusión -y venta- de su obra académica, por otro avanza la explotación mercantil de la lengua a través del Diploma Español como Lengua Extranjera (DELE). Este negocio choca muy especialmente con la supuesta política panhispánica de la RAE, a la que también se adhieren la Fundéu y el Instituto Cervantes. Al mismo tiempo que se lanzan maravillas al español de América se patrimonializa el idioma como fuente de ingresos, creando para ello centros de estudio para extranjeros en Castilla y León, Cantabria y La Rioja (España). Es decir, cursos para la obtención del DELE gestionados y realizados en el verdadero origen del idioma (o sea, en la cuna del castellano de Castilla), para que de ese modo los ingresos -por supuesto- queden en casa.
Por su parte la Fundación San Millán de la Cogolla, con sede en La Rioja, lleva a cabo la puesta en funcionamiento del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española. En este sentido, y para despejar cualquier duda, la ministra española de Cultura, Carmen Calvo, avaló la ubicación del Centro «porque este es el lugar adecuado para hacerlo, aquí es donde festejamos el nacimiento de nuestra lengua» [2]. La Fundación además firmó un convenio (vigente hasta 2007) con el Instituto Cervantes, por el que ambas entidades se arrogan «la tarea común de la investigación y la difusión del español» [3].
Otro eslabón de la cadena con la que se pretende atar en corto a la lengua castellana, será el Centro Internacional de Estudios Superiores del Español (CIESE), con sede en Comillas (Cantabria), que comenzará sus actividades en el plazo de dos años. En el acto protocolario de la constitución de su Patronato, la ministra española de Educación aclaró que será un «instrumento magnífico» para lograr el objetivo de cooperación educativa entre países, que para el Gobierno español es una prioridad. En la misma ceremonia, Miguel Ángel Revilla -Presidente de Cantabria- recalcó lo que a estas alturas resulta una obviedad, y es que la constitución de este Centro marca «el comienzo de algo espectacular para España y su lengua», añadiendo que «el español es el mejor patrimonio del país» [4].
Más preocupante resulta, sin embargo, la colaboración de latinoamericanos para esta misión. El puertorriqueño Humberto López Morales, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, apeló hace unos días al «liderazgo cultural» de España para que el castellano crezca. Y aún dijo más, «el telón de fondo está muy claro, sólo necesitamos ponernos en acción y hacer de España y de Castilla y León el mejor escenario posible para escenificar un papel protagonista en la fascinante aventura de la enseñanza del español». Estas declaraciones tuvieron lugar en la presentación de la Fundación de la Lengua Española (con sede en Valladolid), impulsada por un grupo de empresarios vinculado a la región de Castilla y León. Según sus organizadores, este proyecto pretende convertir a Castilla y León en un destino líder mundial de la enseñanza del español a través de una oferta global, integrada y coordinada con otras instituciones, y al tiempo llevar a cabo iniciativas para difundir la imagen de España y de Castilla y León en el mundo [5].
De menor entidad, pero con similares objetivos, es el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (con sede en Burgos) que impartirá cursos de castellano aplicado a las finanzas y los negocios, enfocados a ejecutivos de multinacionales y empresas extranjeras interesadas en implantarse en Latinoamérica. Y es que no hay nada como aprender (y pagar) en Castilla si el destino final es el continente americano.
Toda lo enunciado hasta ahora constituye sólo una muestra de lo que significa actualmente la explotación y el negocio de la lengua, que ha comenzado a despegar con la llegada de García de la Concha al frente de la RAE y con la creación de la Fundéu. Un negocio, además, encaminado a hacerse con el monopolio del idioma, al menos en cuanto a su aspecto lucrativo se refiere.
Notas:
[1] http://www.fundeu.es/QuienesSomos.aspx?frmOpcion=QUIENES_SOMOS&frmFontSize=2
[2] http://www.fundeu.es/Noticias.aspx?frmOpcion=NOTICIA&frmFontSize=2&frmIdNoticia=264
[3] http://www.fundeu.es/Noticias.aspx?frmOpcion=NOTICIA&frmFontSize=2&frmIdNoticia=74
[4] http://www.fundeu.es/Noticias.aspx?frmOpcion=NOTICIA&frmFontSize=2&frmIdNoticia=286
[5] http://www.fundeu.es/Noticias.aspx?frmOpcion=NOTICIA&frmFontSize=2&frmIdNoticia=285