La tragedia, más el insólito debate sobre si se debe eliminar o no una ley de amnistía aprobada por el ex dictador Augusto Pinochet en 1978 para proteger a sus militares, trajeron dramáticamente esta semana el tema de los derechos humanos al primer plano nacional. Aunque por carriles diferentes, ambos aspectos se entrelazan en una […]
La tragedia, más el insólito debate sobre si se debe eliminar o no una ley de amnistía aprobada por el ex dictador Augusto Pinochet en 1978 para proteger a sus militares, trajeron dramáticamente esta semana el tema de los derechos humanos al primer plano nacional. Aunque por carriles diferentes, ambos aspectos se entrelazan en una misma realidad: 16 años después de terminada la dictadura los chilenos no pueden enterrar el pasado mientras las instituciones del Estado se empeñen en negar la justicia como vía para alcanzar la paz social. Con dolor, impotencia y mucha rabia reaccionaron los familiares de detenidos desaparecidos que concurrieron anoche a la Casa de la Memoria para ser notificados de la errónea identificación de 48 osamentas encontradas en las fosas comunes del Patio 29 del Cementerio General. El drama tuvo su origen en 1991 a poco de comenzar el denominado retorno a la democracia, cuando denuncias de la iglesia dieron curso a las excavaciones en ese lugar y permitieron el hallazgo de numerosas fosas comunes. Según consta en el proceso judicial, se trataba de 107 tumbas y en ellas se enterró a 126 personas, en su mayoría detenidos desaparecidos por los órganos represivos del régimen en los primeros años del brutal golpe militar de 1973.
Los familiares de las víctimas debieron soportar entonces que Pinochet, todavía comandante en jefe del Ejército chileno, se burlara del penoso hallazgo de más de un cuerpo por tumba, afirmando con inaudito sarcasmo: ¡pero qué economía más grande!. Luego tuvieron que aguardar aún más hasta que se les informara que 96 osamentas habían sido identificadas, y esas cajitas con lo que quedó de los suyos les fueran entregadas para terminar -creían entonces- con la angustiosa búsqueda de más de 17 años. Pese a que desde 1994 existía la certeza de que muchos de los restos entregados habían sido mal identificados, no fue hasta el pasado miércoles que el Servicio Médico Legal (SML) y las autoridades del gobierno reconocieron el error, casi 15 años después. De ahí el dolor, la rabia y la impotencia que sentía el centenar de familiares de las víctimas que llegó hasta la sede de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) para conocer la nómina de los restos mal identificados a causa de un error del SML. En medio de una gran expectación, Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, fue la encargada de confirmar a las familias la amarga noticia de que volverán a abrir sus heridas, a vivir otra vez la pena de no saber el paradero de sus padres, hijos, hermanos o esposos. «Con mucho dolor hemos recibido la noticia que de un total de 96 víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticos del patio 29, 48 identificaciones estaban erradas y otras 37 de esas familias hoy no pueden asegurar que tengan a ser querido», dijo con voz entrecortada. Pizarro aseguró que la organización va exigir que las autoridades asuman toda la responsabilidad que corresponde como Estado para enfrentar esta tragedia, en particular, y la que aún viven miles de familiares que todavía no han podido encontrar a sus seres queridos.
De los miles de muertos que dejaron los 17 años de dictadura militar todavía permanecen más de mil 200 cuyos restos no han podido ser encontrado por la negativa de las instituciones armadas a colaborar con la justicia. «Vamos a exigir que la autoridad se haga responsable de esta negligencia, de esta falta de voluntad para escuchar a los familiares y para enfrentar el tema en su conjunto de las violaciones de los derechos humanos en Chile», enfatizó la presidenta de la AFDD. Mientras, un proyecto presentado al Congreso por un grupo de legisladores progresistas para eliminar toda posibilidad de que se aplique la amnistía a los ex represores corre el riesgo de fracasar por la negativa del gobierno a suscribirla.
Angel Pino Rodríguez es Corresaponsal de Prensa Latina en Chile