A un año del gobierno de Bachelet, y a poco más de un mes de la aplicación del modelo de transporte denominado Plan Transantiago-una de las supuestas «joyas» de la Concertación hacia la celebración del bicentenario-, el malestar de la ciudadanía capitalina camina en franco ascenso. No sólo se han desarrollado protestas en el centro […]
A un año del gobierno de Bachelet, y a poco más de un mes de la aplicación del modelo de transporte denominado Plan Transantiago-una de las supuestas «joyas» de la Concertación hacia la celebración del bicentenario-, el malestar de la ciudadanía capitalina camina en franco ascenso. No sólo se han desarrollado protestas en el centro de Santiago -como la del martes 13 de marzo convocada por el Movimiento por un Transporte Público Digno-, sino que en la periferia pobre la indignación organizada de los usuarios ya ha cobrado heridos, detenidos, y enfrentamientos con las Fuerzas Especiales de Carabineros. El disgusto mayoritario de los santiaguinos -en uno de los países más desiguales del mundo y con mayor población estresada y deprimida del Continente- es pan de cada día, mientras las medidas improvisadas de las autoridades han provocado el debate abierto, franco y directo de la gente sobre el grave problema de locomoción colectiva que afecta a la ciudad más importante de Chile. Es el pueblo quien con ácido humor ha bautizado al Transantiago como «Transardina»; «Tranfracaso», «Transanfiasco», etc.
Más allá de la inversión estatal de 15 mil millones de pesos -no contemplada en el plan original- para mejoramiento del metro subterráneo, para aumentar su frecuencia, extensión horaria, y colocar buses «clones» para compensar el desastre de la administración del transporte en manos privadas, lo cierto es que la gente exige más recorridos y una atención especial a las personas de tercera edad, minusválidos, embarazadas y niños, cuyo actual sistema de movilización resulta prohibitivo e inútil. En tanto, la prensa asociada a los intereses del gobierno parece que hablara de otro país cuando se refiere a lo bien que avanza el modelo Transantiago. Sin embargo, cada vez con mayor fuerza, son los propios usuarios quienes exigen el congelamiento de las tarifas y la administración del transporte público por el Estado con participación y control ciudadano. Según el senador socialista, Alejandro Navarro, «un modelo como el aplicado aquí no se autofinancia en ninguna parte del mundo, y la idea no es subvencionarlo porque sucedería lo mismo que con las platas públicas que se entregan a la educación particular subvencionada y que los sostenedores utilizan para fines muy distintos a los de la enseñanza»
LAS AMENAZAS DE SIEMPRE
Por su parte, el gobierno criminaliza el descontento popular ante su fracasado proyecto, borrando con el codo la supuesta política de participación ciudadana, retórica dominante del cuarto gobierno de la Concertación. De hecho, la Intendenta de Santiago, Adriana Delpiano, ha sido enfática en afirmar que entre las protestas habría grupos políticos organizados, acusación que ofende la inteligencia, considerando que ella misma es parte de un grupo político llamado Partido Por la Democracia (creación del ex presidente Ricardo Lagos en el ocaso de la dictadura), el cual, por lo demás, se ha visto envuelto en escandalosos casos de corrupción y que, para nadie es desconocido, funciona más bien como una «bolsa de trabajo» y sobre la base de un clientelismo proveniente de la peor tradición política chilena. Asimismo, el Ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, ha señalado que «de no resolverse la actual crisis del Transantiago, podrían correr riesgo las inversiones privadas en el país», reflexión peregrina si se observa que la imposición del nuevo sistema de transporte es obra del propio Ejecutivo y sus negativos efectos en la calidad de vida de la población (ya precaria) son, en gran medida, resultado de la improvisación; una sospechosa e ideológica superconfianza en la administración privada del modelo; y la subestimación del descontento de la gente cuando se ven dañados derechos tan sensibles como contar con una locomoción colectiva eficiente, económica y al servicio de las grandes mayorías. Hoy en la capital chilena, nadie se asusta si se plantea que el transporte público debe estar en manos del Estado y cuyo diseño estratégico y funcional debe contar con la participación protagónica de la gente.
Así como nadie se escandaliza ante la necesaria existencia de una Educación y Salud públicas y de calidad. Hasta dentro de las coordenadas de una sociedad capitalista cualquiera, en aquellas áreas donde la empresa privada es ineficiente o simplemente no le interesa invertir porque las tasas de ganancias no están a la altura de sus apetitos, es el Estado quien debe garantizar los derechos básicos del pueblo, donde, sin duda, se encuentra la locomoción colectiva. Pero aún queda bastante paño que cortar. El Ministro de Transportes, Sergio Espejo -quien en un momento amenazó a los concesionarios privados con la intervención del Estado de no cumplir con los contratos y que rápidamente fue desautorizado en sus dichos por el Ministro del Interior- ha manifestado que no existe ninguna seguridad de que las tarifas de la locomoción se mantengan en el valor actual y aumenten en cualquier momento. Al respecto, está programada ya un alza en el costo del pasaje para el mes de agosto. A esto hay que agregar que, a poco más de un mes de aplicado el sistema, los trabajadores y pobladores santiaguinos ya están gastando más dinero en transporte debido a que, como los nuevos recorridos no los dejan en sus lugares de empleo, colegio o domicilio, han tenido que utilizar, además del Transantiago, «buses piratas», taxis y colectivos. En este sentido, es absolutamente factible que la «gente de a pie» haya debido duplicar sus gastos de Transporte. Es clara la desesperación gubernamental ante el descontento generalizado que ha provocado la aplicación inconsulta y antipopular del famoso Transantiago, fenómeno que paulatinamente ha dinamizado la organización de pobladores y trabajadores, y que viene a agregarse al conjunto de demandas sociales y políticas de amplias franjas de la población, y que manifiesta el distanciamiento sideral del conglomerado oficialista con las necesidades concretas de la gente. Por eso no deja de resultar paradojal que, al igual que durante la epidemia del olvido ocurrida en el imaginario Macondo de García Márquez se tuvo que colocar en la entrada del mítico pueblo un enorme anuncio que rezaba «Dios existe» para que las víctimas de la amnesia colectiva no olvidaran esa cuestionable certeza, en Chile se han extendido en todos los edificios públicos sendas gigantografías que afirman que «La igualdad no es un sueño». Vale.
Andrés Figueroa Cornejo es miembro de «Movimiento por un Transporte Público Digno»