La paciencia mapuche es tan antigua que se pierde en las alas de los pájaros encinta. Pero, a veces, se viste de furia eterna, pues de ignotos lugares ha llegado desde siempre el fuego abrasador que incendia su tranquilidad. Así, alborotado el corazón y tensa la piel, se echa a los montes y a los […]
La paciencia mapuche es tan antigua que se pierde en las alas de los pájaros encinta. Pero, a veces, se viste de furia eterna, pues de ignotos lugares ha llegado desde siempre el fuego abrasador que incendia su tranquilidad. Así, alborotado el corazón y tensa la piel, se echa a los montes y a los bosques para gritar su palabra de dignidad. Y el winka se atemoriza y ataca con la arrogancia de siempre: indio, dice, salvaje repite; ignorante, enfatiza. Terrorista, al fin y al cabo, entonces allana comunidades, asalta, golpea y encarcela a todos aquellos que, de distintas maneras, luchan por los derechos del pueblo mapuche. José Huenchunao es uno de ellos. Werken de la Coordinadora Arauko-Malleko (CAM), fue recientemente detenido luego de permanecer cuatro años en la clandestinidad, suscitando reacciones orgásmicas por parte de las autoridades chilenas que se congratulaban de haber capturado – según su terminología – al principal dirigente político de la CAM. El responsable militar de la organización, según fuentes policiales, sería Héctor Lleitul quien fue detenido hace algunos meses. Esto implicaría la desarticulación de la Coordinadora la cual, por cierto, concentró la atención y focalizó los medios represivos del Estado en los últimos años, siendo una expresión más de la criminalización de la demanda mapuche por parte del Estado.
Dividir para triunfar
El resurgimiento del movimiento mapuche, a mediados de la década del noventa, confrontó directamente a las empresas forestales e hidroeléctricas que arrasaban con el territorio mapuche. Pero, por sobre todo, interpeló al Estado chileno y sus políticas asimilacionistas que destruían la cultura y la identidad mapuche, conculcando, además, sus derechos como pueblo. El Estado – agenciado por el gobierno de Eduardo Frei – respondió con la militarización del territorio mapuche, desplegando ingentes fuerzas y medios represivos en las comunidades en conflicto. No obstante, dicha estrategia fue un fracaso, pues el gobierno de la época realizó una lectura superficial de la situación que se había configurado, pensando que atacando los síntomas podría erradicar el problema. Además, la represión sistemática, la invasión violenta de las comunidades, la persecución y el encarcelamiento de dirigentes y comuneros, solo contribuyeron a fortalecer la unidad y la decisión de los mapuche que incrementaron las recuperaciones de tierras usurpadas y, al mismo tiempo, continuaron desarrollando un discurso autonómico que, en los hechos, superaba las demandas meramente culturalistas por otras de índole política.
En este contexto, el nuevo gobierno de Ricardo Lagos adoptó una estrategia biforme: la negociación con algunas expresiones del movimiento mapuche y la represión dirigida a otras. El objetivo central era dividir al movimiento mapuche y, de este modo, debilitarle para facilitar su control. Se trataba de diferenciar entre mapuche, entre organizaciones y entre estrategias. Y es en este marco que el gobierno resolvió focalizar la represión en la Coordinadora Arauko-Malleko, la cual se había transformado en una organización con una importante capacidad de convocatoria y movilización a nivel de comunidades, habiendo logrado, también, establecer grupos de apoyo en algunos de los principales centros urbanos. Con ellos no era posible negociar y, por lo demás, la misma CAM consideraba inaceptable dialogar con el gobierno, criticando a aquellos dirigentes que sí accedían a hacerlo
Criminalización y represión
La concentración del accionar represivo no fue casual, por cierto, se basaba en la convicción por parte de las autoridades chilenas que la CAM constituía un peligro debido a su política confrontacional y el desafío que dicha organización representaba por su estrategia. Es que la CAM consideraba que el territorio mapuche había sido ocupado militarmente por un poder extranjero a fines del siglo 19 y, por lo tanto, la lucha del pueblo mapuche tenía el carácter de una lucha de liberación nacional. Además, la CAM no solo era una organización que bregaba por los derechos del pueblo mapuche, sino que se autodefinía como revolucionaria y, como tal, era anti-capitalista, pues era este sistema el responsable de la situación actual de pobreza y marginalidad de mapuche y amplios sectores de la sociedad chilena. Por todo lo anterior, y por sus políticas de movilización, autodefensa y de recuperación de tierras, las cuales poseían carácter productivo, el gobierno optó por la represión selectiva, aunque jamás abandonó la persecución a otras organizaciones y comunidades mapuche. Se iniciaba y sistematizaba la criminalización de la demanda mapuche que transformaba la justa y legítima demanda social en un crimen terrorista. De ahí la utilización de la Ley de Seguridad Interior del Estado y de la Ley Anti-Terrorista y sus consecuencias: allanamientos, golpizas, detenciones y procesos con testigos secretos, pagados y protegidos por el Estado.
Numerosas instituciones nacionales e internacionales han criticado al Estado chileno por recurrir a legislación de la época de la dictadura militar para reprimir los derechos colectivos de un pueblo. De hecho, solo hace unos días, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas otorgó un plazo de un año al Estado de Chile para realizar gestiones tendientes a modificar «la Ley 18.314, ley antiterrorista, por contener una definición demasiado amplia de tipos penales, lo que ha permitido la aplicación errónea de dicha ley a actos de protesta social mapuche». Asimismo, plantea «tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a abusos policiales contra los grupos vulnerables, y proceder a enjuiciar y sancionar a los funcionarios que comentan actos de malos tratos». Y, también, el comité realiza un llamado a «asegurar que los niños y jóvenes indígenas no sean víctimas de brutalidad policial, y tomar medidas preventivas y correctivas cuando se sospeche de abusos policiales».
Ya no hay vuelta atrás
Pero, a pesar de las buenas intenciones de los organismos internacionales, prosigue la represión en base a la Ley anti terrorista, y la detención de José Huenchunao es un claro ejemplo de ello. Por lo mismo, en declaración pública desde la cárcel de Angol, este señala que «el trasfondo de esto, es que yo soy un prisionero político perseguido por el Estado chileno y el sistema de dominación capitalista que arrebata los recursos naturales que pertenecen a nuestro pueblo mapuche». Y son este Estado y este sistema los que continúan vulnerando los derechos de los niños indígenas al allanar violentamente sus comunidades, como lo es el caso de Temucuicui en la comuna de Ercilla. Sin embargo, ya no hay vuelta atrás, el movimiento mapuche ha tenido la capacidad de posicionar en el imaginario colectivo la idea del derecho a la autonomía y, por ello es que Huenchunao afirma que «más tarde que temprano, veremos como nuestro pueblo se despegará de esta opresión y transitará como pueblo digno por el camino de la libertad con autonomía y territorio. La demanda histórica de nuestro pueblo no podrá ser acallada, se levantara como emblema una y diez veces en el corazón y en el accionar político del mapuche». Porque ya no hay vuelta atrás.