La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió al parlamento un proyecto de ley que corrige el cuestionado y restrictivo sistema electoral binominal. Pero tanto el gobierno como los partidos políticos beneficiados reconocen que no era la reforma deseada. «Se trata de una reforma parcial al sistema, que sólo afectará (las elecciones) a la Cámara de […]
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió al parlamento un proyecto de ley que corrige el cuestionado y restrictivo sistema electoral binominal. Pero tanto el gobierno como los partidos políticos beneficiados reconocen que no era la reforma deseada.
«Se trata de una reforma parcial al sistema, que sólo afectará (las elecciones) a la Cámara de Diputados, pero lo respaldamos por el hecho de ser un paso importante, que abre una brecha en el muro impenetrable que dejó (el ex dictador Augusto) Pinochet (1973-1990)», dijo a IPS el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier.
El llamado sistema binominal, instaurado durante la dictadura y que aún rige para las elecciones parlamentarias, consiste en la elección de sólo dos representantes por cada una de las 19 circunscripciones de senadores y de los 60 distritos de diputados existentes.
Este mecanismo electoral es considerado antidemocrático por varios sectores, entre ellos el PC, porque sólo permite la representación parlamentaria de las dos primeras mayorías de las listas en disputa o incluso de una sola si la primera duplica en votos a la segunda.
Esto incentiva la formación de coaliciones, beneficiando a los partidos más grandes y excluyendo a las minorías. Además, es una barrera para el acceso de las mujeres al Poder Legislativo, porque impone una elaboración restrictiva de las listas.
Después de largas negociaciones con el PC, que no posee representación parlamentaria, y con la oposición derechista, este jueves la mandataria firmó un proyecto de ley que reforma el sistema binominal, el cual será enviado con urgencia simple al Congreso legislativo para su discusión. Bachelet remarcó que se trata de un día histórico para el país.
La principal modificación es que la Cámara de Diputados, hoy de 120 escaños, tendrá 20 cupos más, que serán repartidos entre las fuerzas políticas que alcancen cinco por ciento. Éstas obtendrán como mínimo cinco escaños, lo que pondrá fin a la exclusión de colectividades como el PC y el Partido Humanista según los últimos resultados electorales.
Según Teillier, en caso de que ninguna lista alcance esa votación, los cupos serán repartidos entre los otros partidos en función de los porcentajes obtenidos.
Pero la mandataria aseguró que no se conformaba con esta reforma.
«Yo quiero más. No quiero que 65 votos pesen lo mismo que 35. Quiero normas que promuevan la participación política de las mujeres. Quiero que desparezca la injusta inhabilidad que pesa sobre los dirigentes de organizaciones gremiales, sindicales o vecinales para ser candidatos al parlamento», sostuvo.
«Quiero avanzar en la inscripción automática en los registros electorales. Quiero los votos para los chilenos en el exterior. No he renunciado a nada, pero cada nueva conquista tendrá su día», añadió Bachelet.
Antes, en un programa de radio, la presidenta afirmó que la iniciativa que envió al Congreso «no es el sistema proporcional que a mí me hubiera gustado», pero que «es un avance, porque si seguimos luchando después de 17 años por el (sistema) óptimo, y que no hemos logrado, vamos a seguir dejando fuera del parlamento a un grupo importante de chilenas y chilenos».
El PC consideró todas estas promesas de la presidenta para apoyar el proyecto de ley. «El gobierno también nos dijo que estudiaría la posibilidad de promover otros mecanismos como los plebiscitos, la consulta ciudadana, la iniciativa popular de ley y la revocación de leyes», indicó Teillier.
La reforma al sistema binominal fue una de las principales promesas de campaña de Bachelet, quien asumió el 11 de marzo de 2006 al ganar en la segunda vuelta presidencial del 15 de enero gracias al apoyo obtenido del PC, que respondió a esa oferta. Bachelet convocó el 3 de abril de 2006 a un grupo de militantes y simpatizantes de la gobernante coalición de centroizquierda para que propusiera un conjunto de alternativas de reforma que concitaran acuerdo interno y que sirvieran de base para negociar con la oposición derechista.
Pero el informe final de esta comisión, presentado el 9 de junio, fue desechado por los partidos de gobierno y de derecha porque el nuevo mapa de distritos sugeridos afectaba los intereses de los congresistas en ejercicio.
El conglomerado oficialista agrupa a los partidos Socialista (PS), Por la Democracia (PPD), Demócrata Cristiano (PDC) y Radical Social Demócrata (PRSD).
Carlos Larraín, presidente del partido de derecha liberal Renovación Nacional (RN), dijo este jueves al finalizar la ceremonia presidida por la presidenta que su sector quiere «ayudar a que esto resulte, es el interés de todo el país, pero vamos a estudiar con cuidado el proyecto».
El otro partido que conforma la derechista Alianza por Chile, la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), se niega a discutir el cambio del sistema binominal, ya que a su juicio éste ha traído estabilidad política, al conformarse dos grandes bloques políticos.
Pero el PC confía en que el senador y referente de esa colectividad, Pablo Longueira, quien ya lanzó su candidatura para las elecciones presidenciales de 2009, cumpla su palabra y se siente a conversar sobre el tema.
Al igual que el resto de los directivos de los partidos oficialistas, el presidente del PPD, Sergio Bitar, aplaudió la iniciativa, pero advirtió que también es necesario modificar la elección de senadores.
«La reforma es un avance con respecto al sistema actual y se tiene que discutir como máximo hasta marzo de 2008, porque en diciembre son las elecciones municipales y el clima político va a cambiar. Este es el momento para llegar a un acuerdo», dijo a IPS Andrés Villar, investigador de FLACSO Chile (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).
Según el experto, un cambio más profundo requiere de la voluntad política de los propios parlamentarios, dado que éstos no tienen incentivos para cambiar las reglas del juego y perjudicar sus opciones de seguir ocupando un escaño en el Congreso.
«La señal del gobierno de Bachelet a los actuales 120 congresistas es que prácticamente tienen sus cargos asegurados, considerando las altas tasas de reelección de la cámara baja. Ese es el aliciente del Poder Ejecutivo para que aprueben la moción», concluyó.