No la conozco, nunca había oído hablar de ella, he tenido que hacer esfuerzos para adivinar cómo es su cara en la única borrosa foto que apareció en la prensa, pero es difícil no pensar hoy en Elena Varela, cineasta, productora y guionista, compositora y gestora cultural, directora de Ojo Film, fundadora de la Escuela […]
No la conozco, nunca había oído hablar de ella, he tenido que hacer esfuerzos para adivinar cómo es su cara en la única borrosa foto que apareció en la prensa, pero es difícil no pensar hoy en Elena Varela, cineasta, productora y guionista, compositora y gestora cultural, directora de Ojo Film, fundadora de la Escuela de Todas las Artes y de la Orquesta Sinfónica de Niños de Panguipulli. En este momento ella está encerrada en una celda helada y sin luz, sin comunicación con el exterior, sin derecho a leer o ver las noticias. Ha sido interrogada con virulencia. Amigos, colaboradores y familiares fueron amenazados. Su productora fue destrozada en un allanamiento.
Los cargos contra ella son graves: entre otras cosas, se la acusa de ser financista y autora intelectual de dos asaltos -uno de ellos con víctimas fatales- como parte de una célula mirista. La jueza Andrea Urbina decretó increíblemente que ella debe estar en «prisión preventiva» durante seis meses. «Para que la fiscalía investigue», dijo. Todavía no es posible saber de la seriedad o sustento de las acusaciones, pero sí se sabe ya que el escarnio fue brutal. La Policía de Investigaciones requisó todo el material fílmico que ella había acumulado durante cuatro años de trabajo como parte del documental Newen Mapuche.
Lo primero que asombra es el comportamiento de la prensa y la televisión: sin que medie juicio o sentencia alguna, Varela ya fue condenada. En la prensa chilena el caso ha sido confinado a escuetas notas en las páginas policiales. Nadie ha investigado el caso, nadie ha averiguado sobre la cineasta, nadie ha preguntado quién es ni qué estaba haciendo realmente allí. Se han limitado a lapidarla. No es forzado el paralelo con la novela del Premio Nobel alemán Heinrich Böll, El honor perdido de Katharina Blum, que relata un caso real: cómo la prensa hizo pedazos la vida privada de una mujer.
En las páginas culturales el tema de Elena Varela no ha sido tratado ni por asomo. Los periodistas se limitaron a inquirir a las autoridades cómo es posible que se le haya otorgado financiamiento del Fondart a una terrorista. El reportero que cubrió el caso para Televisión Nacional acusó a la cineasta, textualmente, del crimen de «vinculación con la etnia mapuche». El estereofónico ministro Vidal y la propia Presidenta Bachelet avalaron implícitamente esta sentencia a priori cuando esbozaron disculpas por el asunto del Fondart.
Si los propios periodistas reivindican su derecho a proteger sus fuentes (algo que ya no se discute en los países más desarrollados del mundo), ¿por qué nadie pregunta sobre el derecho de Varela a proteger a sus entrevistados? ¿Por qué ni siquiera ha dicho una sola palabra el Colegio de Periodistas sobre el asunto? ¿Qué está pasando con el llamado mundo cultural? ¿No es este, acaso, un tema que involucra o debiera preocupar a la cultura en su totalidad, sino a toda la sociedad? ¿Por qué ni uno solo de los actores de cine o «rostros» de teleseries, que tanto hablan en la prensa y a quienes el tema vaya si les concierne, ha dicho ni mu? ¿No es impresionante que en un caso de esta naturaleza la única fuente, para los periodistas de los principales medios de comunicación del país, sea en definitiva el Ministerio del Interior?
El caso de Elena Varela es paradigmático. Habla de una sociedad ensimismada, egótica, adolescente, presa del individualismo, el consumo y el sálvese quién pueda. Todos miran hacia otro lado. Hace tres años un estudio científico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile -encabezado por el doctor Francisco Rothhammer- planteó que los chilenos tenemos un promedio de 84% de ascendencia originaria indígena, y que esto incluye a los estratos económicos más altos, aunque no les guste, pero en el próspero y arrogante Chile sólo se quieren recordar los presuntos orígenes vascos o franceses o alemanes y el tema mapuche sencillamente no existe. Se niega. Es invisible.
De esa invisibilidad está siendo víctima Elena Varela. Durante cuatro años recorrió la Araucanía hablando con lonkos y recogiendo testimonios mapuches y, en el contexto de un conflicto feroz del que nadie habla, acabó enfrentada a un sector productivo muy poderoso: el forestal. Y así no más le fue. Como así les fue este 17 de marzo a dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Paul Rossj, que también tuvieron la mala idea de meter sus narices en el conflicto mapuche y filmaron un incendio. Fueron detenidos, vejados y maltratados en Collipulli. «Nos trataron como a delincuentes, nos acusaron de provocar el fuego y de pertenecer a la ETA», declaró Harrison, todavía en estado de shock. El cónsul francés logró que quedaran en libertad, pero al día siguiente un grupo de civiles -una docena de individuos armados con linchacos y cuchillos- atacó a los dos periodistas en la calle: la paliza fue tremenda. Huyeron del país.
Y hace sólo dos de semanas, el 3 de mayo, el guión se repitió con dos documentalistas italianos, Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, que estaban filmando una movilización mapuche en un predio de la Forestal Mininco cuando fueron detenidos. «Nos trataron como terroristas, con la cara al suelo y las esposas apretadas. Nos acusaron de estar robando madera en el predio». Al día siguiente la intendenta de la Araucanía, Gloria Barrientos, incurrió en una barbaridad jurídica y ética: expulsó sin más a los italianos del territorio.
Los documentalistas chilenos sacaron la voz este fin de semana, alarmados por la suerte de Elena Varela y por la requisición de sus filmaciones. Ignacio Agüero, Francisco Gedda, Viviana Erpel y Martín Rodríguez convocaron a una conferencia de prensa en la que estuvieron varios de los principales cineastas del país, como Silvio Caiozzi, Andrés Wood, Pablo Perelman, Andrés Racz y Alicia Scherson, pero de los medios de comunicación apenas llegaron dos: una radio y un periódico de provincia. El contraste con la multitudinaria convocatoria de cámaras y micrófonos que tuvo la fiscalía cuando presentó el caso ante los reporteros policiales como un tema estrictamente criminal, nos sugiere que algo está oliendo terriblemente mal en el reino de Chile.