Pese a una campaña orquestada que trata de poner en duda los procesos de calificación de detenidos desaparecidos y exonerados, es cada día más evidente que en la base de los errores cometidos está la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas. Un caso flagrante es lo de la Armada. Hace tiempo se sabía que en […]
Pese a una campaña orquestada que trata de poner en duda los procesos de calificación de detenidos desaparecidos y exonerados, es cada día más evidente que en la base de los errores cometidos está la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas. Un caso flagrante es lo de la Armada.
Hace tiempo se sabía que en 2006 la Armada, por orden de su Comandante en Jefe Rodolfo Codina, entregó la bitácora de la Esmeralda «voluntariamente» a la Ministro Eliana Quezada, que instruye el caso Miguel Woodward, – escenario de torturas, violaciones, y asesinatos de al menos 110 personas. Lo que no se supo por entonces era que la Armada, al entregar la bitácora, no dio explicación alguna de la demora, tras casi 33 años de silencio, en cumplir con su obligación legal de hacer conocer a la Justicia «hechos que podrían constituir un delito». Tan poco reveló donde se había guardado la bitácora durante ese tiempo.
Las respuestas a estas preguntas se han conocido en los últimos días gracias a un orden policial emitida por la Ministro Quezada. Han revelado la existencia de un Archivo secreto ubicado en la bóveda del Estado Mayor General de la Armada donde existen todos los documentos sobre los crímenes de la Armada durante la dictadura y han confirmado que en concreto la bitacora de la Esmeralda fue ocultada deliberadamente. Los responsables de esta interferencia con, y obstaculización de, la justicia son tres ex-Comandantes en Jefe de la Armada: Jorge Martínez Busch, Jorge Arancibia, y Miguel Vergara.
Fue el Almirante, y Senador de la República, Arancibia quien, en un descuido durante un interrogatorio por la policia el 13 de agosto de 2007, reveló lo siguiente: «Hago presente que, durante el Gobierno Militar el Archivo de la documentación secreta y reservada de la Armada dependía del Estado Mayor General de la Armada y dicha documentación se custodiaba en una bóveda de sus dependencias.»
Se le había mostrado al Almirante Arancibia una «Guía de Entrega» del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), dando fe del traslado de la bitácora de la Esmeralda de esa institución a la EMGA en julio de 1987. El Almirante Arancibia comentó que suponía que hubiera sido custodiado en el EMGA «por orden de» los Almirantes Toribio Merino, Comandante en Jefe en 1987, y su sucesor el Almirante (R) y ex-Senador Jorge Martínez Busch. Sin hacer referencia a una posible responsabilidad suya en el asunto, dado que sucedió al Alm. Martínez Busch, añadió con su cinismo habitual «nunca vi el Bitácora del Buque Escuela Esmeralda y nunca consulté por él, por no tratarse de un tema transcendental o de importancia para mí».
El significado de esta declaración del Senador viene del hecho de que la Ministro Quezada ha requerido en múltiples ocasiones la entrega de información que la Armada alegó no encontrar en los archivos de sus instalaciones. Así, para el periodo de 1973 en adelante, la Ministro pidió las «bitácoras terrestres» de cuatro instalaciones navales donde se había torturado y asesinado: la Escuela de Operaciones de Las Salinas, Academia Naval, Cuartel Silva Palma y Hospital Naval. En otro Oficio también requirió para el mismo periodo las bitácoras de la unidad de la Escuela de Operaciones que había operado en la Universidad Federico Santa María, y de las unidades de Inteligencia Naval Ancla II y SICAJSI.
El Secretario General de la Armada, Almirante Carlos de la Maza en su carta de contestación a la Ministro, del 23 de julio de 2007, afirmó que, en el caso de las bitácoras del año 1973, no fue posible encontrarlas en los archivos que se habían consultado. Esos archivos, sin embargo, eran las de las propias instituciones involucradas: Academia Politécnica Naval, Academia de Guerra Naval, Guarnición IM «Orden y Seguridad» (ex.Cuartel Silva Palma) y Hospital Naval. El Alm. de la Maza no hizo referencia alguna a los archivos de la EMGA.
Es en ese archivo secreto custodiado en la bóveda del EMGA que debe buscarse ahora el material entonces requerido. ¿Y que pasará con la demás documentación secreta que pueda existir en ese Archivo sobre otros casos de ejecutados y desaparecidos? Lógicamente debería el Ministro de Defensa, igual que hizo su homólogo en Argentina hace tiempo, obligar la Armada hacer público todo el contenido de su Archivo de documentación secreta y reservada. Si se alegara que el material fue destruido, deben requerirse las Actas de Incineración correspondientes. Según fuentes de la Armada, éstas identificarían quienes destruyeron la documentación, quienes ordenaron su destrucción, y la naturaleza de lo que se destruyó.
En todo caso, deben procesarse los ex – Comandantes en Jefe ya. Como máximo responsables de la ocultación en un Archivo secreto de la bitácora de la Esmeralda, infringieron la Ley Penal que les obligaba a hacerla conocer a las autoridades judiciales. La ocultación se inició en los años ´80, cuando el Capitán de Navio Eduardo Barison (ex – Segundo Comandante de la Esmeralda) era Director del Instituto Hidrográfico y Oceanográfico, actual SHOA, y su Sub-Director le consultó sobre la bitácora de la Esmeralda, entonces custodiada por esa institucion. En opinión del Sub-Director, contenía descripciones que «comprometerían la Armada».
Más tarde, en Julio 1987, el nuevo Director del SHOA, Capitán de Navío Fernando Espinosa Simonetti (también había servido en la Esmeralda en 1973) recibío una llamada del Comandante en Jefe Almirante Toribio Merino quién le ordenó entregar la bitácora de la Esmeralda a él personalmente en Santiago. Se trasladó el próximo día a la capital y, según él, en ausencia del Comandante en Jefe, entregó la bitácora al Jefe del EMGA, Vice-Almirante Hernán Rivera Calderón
Posteriormente sucesivos Comandantes en Jefe de la Armada, desde 1987 hasta 2006, alegaron reiteradamente ante las peticiones de los familiares de Miguel Woodward no poder encontrar la bitácora. Aún más significativo, la existencia de la bitácora de la Esmeralda no fue revelada por cualquiera de los dos Comandantes en Jefe – Almirantes Jorge Arancibia y Miguel Vergara – de la época en que se preparó y realizó la «Mesa del Dialogo» . Iniciativa ésta promovida por la Armada de Chile en que cada rama de las fuerzas armadas se comprometió ante las demás instituciones del Estado a hacer conocer cualquier delito cometido por ellos durante la dictadura.
En estas circunstancias tiene un valor muy relativo el hecho de que el Senador Jorge Arancibia alega en su declaración policial no haberse enterado de que se custodiaba la bitácora en el EMGA durante el periodo de su Comandancia en Jefe de la Armada. Según ex-oficiales de Inteligencia Naval, en todos los cambios de mando en la Comandancia en Jefe se firman a distintos niveles «actos de entrega» de documentación entre los equipos entrantes y salientes en la presencia de un «interventor» (un oficial de mayor rango).
La responsabilidad directa de custodiar el Archivo secreto dentro de la bóveda del EMGA hubiera sido de un suboficial mayor, entregándolo al suboficial mayor del equipo entrante. El próximo escalofon sería del Departamento del EMGA que custodiaba el Archivo y los responsables que firmarían el acto de entrega a ese nivel tendrían el rango de Capitán de Fragata o Capitán de Navío. Siguiendo la misma lógica, el último escalofon en que se practicaría un «acto de entrega» sería de los Jefes del EMGA, entrante y saliente, con el Comandante en Jefe actuando como interventor.
Por lo tanto, cada nuevo Comandante en Jefe de la democracia asumía las responsabilidades y los compromisos de su antecesor. Entre ellos, ese que sabiendo que la Armada guardaba «secretos» sobre los crímenes que se habían cometido durante la dictadura, consideraba que no se trataba de un tema «transcendental o de importancia»…
Para remediar este desafío permanente por parte de la Armada hacen falta acciones contundentes por parte de las autoridades judiciales y políticas. Hasta entonces el país seguirá desprestigiándose y las victimas de la dictadura no serán reivindicados.
Interferencia con, y obstaculización de, la investigación judicial del caso Miguel Woodward
Según declaró el 14 de mayo de 2007 el Almirante (R) José Antonio Galván Bernabeu, ante la Ministro instructora Eliana Quezada en dos ocasiones, siendo Auditor General de la Armada, y actuando al requerimiento de sus mandos superiores, realizó actos que podrían ser constitutivos de interferencia con, y obstaculización de, la investigación judicial del caso Miguel Woodward. Las ordenes que recibió al respecto eran, en el Año 2004, del Comandante en Jefe Miguel Angel Vergara y, en 2006, de su sucesor como Comandante en Jefe, el Almirante Rodolfo Codina.
En cuanto al primero de estos casos, los altos mandos de la Armada se habían enterado (no se sabe por que canales) a principios de 2004 que la Ministro Gabriela Corti, instructora de la causa Miguel Woodward, proponía realizar una inspección ocular a bordo de la Esmeralda poco antes de que el buque zarpara en su crucero anual en que cumpliría con el papel de «embajadora de Chile» en varios puertos extranjeros.
En consecuencia, el Almirante Galván, siguiendo órdenes del Almirante Vergara, pidió audiencia con la Ministro Gabriela Corti, por entonces instructora del caso Miguel Woodward, y le pidió que postergara la inspección ocular hasta que el buque hubiera regresado a puerto dentro de seis meses. Como resultado de dicha gestión la reconstitución no se realizó antes de la salida del buque y, por fin, la Ministro Corti nunca la llevó a cabo. Fue casi tres años más tarde, en diciembre de 2007, que la autoridad judicial competente, por entonces la Ministro Eliana Quezada, subió a bordo de la Esmeralda, para realizar una inspección ocular. En esa ocasión fue acompañada por varios ex altos mandos de la Armada algunos de los cuales fueron sometidos a proceso posteriormente. Ningún argumento de «obediencia debida» a un superior tendría justificación: el Almirante Galván tenia que ser plenamente consciente de la gravedad de su actuación.
Los hechos y sus consecuencias son gravísimos en sí y adquieren aún más relevancia por haber sido perpetrados por la máxima autoridad de la Armada y por el máximo responsable jurídico de la institución. El Alm. Galván, además de haber ocupado ese último cargo es un conocido abogado y Profesor de Derecho de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso,
Al enterarnos más tarde de los hechos los denunciamos primero al Almirante Rodolfo Codina, que ya había asumido como Comandante en Jefe quien, consternado, dio instrucciones al Almirante Cristían Millar, por entonces Secretario General de la Armada para investigarlos. Después de algunos meses sin recibir noticias al respecto, denunciamos el asunto a La Nación que, tras consultarlo con la Armada, publicó el 15 de marzo de 2006 un artículo con el titular Armada niega haber evitado diligencia en la»Esmeralda». seguido del siguiente texto:
El contralmirante Millar manifestó «como secretario general de la Armada he acompañando estos casos muy de cerca, y digo que no ha estado en la mente de la institución interferir en ninguna diligencia que estén haciendo los jueces. No nos parece justo una denuncia de esta naturaleza, a no ser que, realmente, la ministra Corti se haya juntado con alguien ajeno al quehacer de la Marina, o informalmente con alguien que lo hizo por su propia cuenta y sin instrucciones. No tenemos antecedentes de que, institucionalmente, haya existido alguna gestión para impedir o retrasar esa diligencia».
En cuanto al Almirante Codina, según el Alm. Galván le había ordenado informar de la entrega de la bitácora de la Esmeralda a tres de los marinos referidos en la misma antes de que fuesen interrogados judicialmente. De esa forma, les dio la oportunidad de coludir entre ellos o preparar una coartada – lo que efectivamente parece haber pasado, legando uno de los tres que la Armada había falsificado la bitacora.