En junio el Gobierno de España sacó adelante con el apoyo del PP una nueva Ley de Asilo. Este mes se ha puesto en marcha el debate de enmiendas al proyecto de Ley de Extranjería elaborado por el Gobierno, en un proceso que el Ejecutivo espera cerrar a finales de año.
Ambas normativas vuelven a endurecer unas políticas ya restrictivas y criticadas por limitar y castigar la libertad de movimiento de las personas. DIAGONAL analiza cómo los aspectos más destacables de ambas normas tienen su origen en los discursos que apelan a la escasez de recursos y el miedo al otro. En el fondo, subyace la afirmación: «los españoles, primero».
Desde la primera propuesta del Gobierno para reformar la Ley de Extranjería hasta el texto enviado al Congreso a finales de junio han pasado seis meses. En nombre de la lucha contra la crisis, en ese tiempo el Gobierno ha salvado de la quiebra a Caja Castilla La Mancha, ha financiado las obras municipales pendientes de ejecución y ha aprobado las ayudas al sector del automóvil.
Ninguna de las 46 páginas del proyecto de Ley sobre «derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social» hace referencia al hecho de que más de uno de cada tres desempleados de la Encuesta de Población Activa es extranjero. Al mismo tiempo, la reforma sí consagra explícitamente «la política de inmigración que vincula la llegada de nuevos inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo».
«Se trata de una ley con cierto carácter populista y anticrisis», corrobora Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso. Parecido enfoque mantiene Izquierda Unida, que en su informe sobre el proyecto compara la propuesta del Gobierno con «una reforma laboral encubierta» dirigida a la población migrante.
A ras de tierra, las organizaciones que trabajan en asesoría legal a migrantes constatan que esta reforma silenciosa se está produciendo desde la segunda mitad de 2008 en forma de denegaciones para renovar el permiso de trabajo y con la reducción hasta el mínimo del catálogo de puestos de difícil cobertura, aquellos a los que puede aspirar un inmigrante que necesite cambiar de tarjeta o conseguirla por primera vez.
Los sindicatos de concertación, que podrían hacer visible esta realidad oculta en la reforma, dieron el visto bueno al borrador del Gobierno a través del informe del Consejo Económico y Social, uno de los ocho organismos a los que el Ejecutivo ha remitido el texto. Este informe justificaba la orientación general de la reforma por el «contexto de crisis económica», una relación que no aparece ni siquiera en el texto del Gobierno, que lo oculta en la exposición de motivos aludiendo a la necesidad de adaptar la Ley «a la nueva realidad migratoria existente en España que presenta unas características y plantea nuevos problemas respecto de los que existían cuando se aprobó la última reforma».
En el Parlamento, la correlación de fuerzas no posibilita cambios sustanciales a este enfoque. El PP reaccionó al borrador de diciembre reclamando la autoría del 80% de las medidas previstas por el Gobierno del PSOE. Pese al discurso de confrontación con el que los populares han recibido la propuesta aprobada en el último Consejo de Ministros de junio, lo más probable es que las dos principales formaciones pacten el texto definitivo.
«La nueva Ley de Asilo ha marcado un precedente nefasto», apunta Tardá en referencia al consenso entre social-liberales y conservadores para endurecer el acceso de refugiados al Estado español. «En los próximos meses Zapatero y Rajoy se van a disputar el espacio del centro político», pronostica el congresista republicano, para quien este juego de equilibrios se presta a un nuevo consenso entre Gobierno y oposición conservadora, esta vez en materia de extranjería.
Sin embargo, el Gobierno puede tener margen de maniobra para pactar enmiendas en un sentido garantista, como mínimo con el nacionalismo de izquierda de ERC y BNG, y también con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. La esencia de la normativa española de extranjería, que es la asimilación de los flujos migratorios a las estadísticas laborales, no será cuestionada tampoco por la izquierda, tal y como reconoce Tardá a DIAGONAL. La dureza de la reforma deja suficiente espacio para una regulación más suave del periodo de reclusión en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), un tratamiento más benigno a los menores no acompañados o la eliminación de las multas y expulsiones para quienes empadronen en su casa y falsamente a personas sin papeles.
El tercer actor
El único actor capaz de situar la cuestión de la extranjería más allá del discurso de los derechos humanos, el propio movimiento migrante, ha tenido hasta ahora una presencia discreta y dispar en el espacio público. Pese a los prometedores avances en las experiencias de autoorganización que se están extendiendo más allá de las experiencias de los trabajadores del campo en Andalucía, los grandes discursos y las grandes movilizaciones le siguen quedando grandes a un sujeto que debe, más que ningún otro, resistir a la represión cotidiana de los controles (con un crecimiento de las expulsiones de un 12% en 2008, según el Ministerio de Interior) y los efectos de la crisis. El relato en primera persona sobre cómo afectó la crisis de 2008/2009 a las primeras generaciones asentadas de inmigrantes tendrá que esperar.
La puntilla a los menores
Las expulsiones ilegales de menores inmigrantes no acompañados son una realidad en el Estado español desde hace años, aunque en algunas autonomías como Madrid y Cataluña la actuación de asociaciones pro derechos humanos ha conseguido parar estas prácticas. Ahora el Gobierno pretende terminar con el problema legalizando la expulsión de este sector de la población. Este ha sido uno de los aspectos más criticados de la reforma desde que se conoció el primer borrador. En el actual texto, el Gobierno admite la posibilidad de que algunos de estos menores puedan recurrir su expulsión ante los tribunales.