Al fin llegó el día, el pasado 8 de diciembre, de las audiencias de reducción de condenas de nuestros hermanos Ramón Labañino y Fernando González. La de Antonio Guerrero tuvo lugar el pasado 13 de octubre. Estas dos audiencias se diferenciaron en el procedimiento y en cuanto al ambiente existente en la sala del tribunal […]
Al fin llegó el día, el pasado 8 de diciembre, de las audiencias de reducción de condenas de nuestros hermanos Ramón Labañino y Fernando González. La de Antonio Guerrero tuvo lugar el pasado 13 de octubre.
Estas dos audiencias se diferenciaron en el procedimiento y en cuanto al ambiente existente en la sala del tribunal de la de Antonio. Lo que no cambia es el efecto que impone el diseño de la sala: el de la supremacía del que determina los asuntos en ella y el de la intimidación a todos los demás. Además, la jueza Joan Lenard ampliamente logra trasmitir que en su sala esa supremacía no es una basada en la justicia sino en el poder.
Dije que se diferenciaron estas dos audiencias de la primera en el procedimiento ya que el proceso de resentencia de Fernando fue uno basado en el carácter técnico de la discusión, principalmente entre la fiscalía y la defensa, sobre los cargos que el gobierno de Estados Unidos lo acusa y de los cuales fue encontrado culpable, y sobre las condenas que Fernando debe cumplir por ellos. Por cierto, que lo más increíble de todo este proceso en contra de los Cinco es que se trata como si fuera verdad todo lo que se deriva de engaños.
Cinco horas duraron esas discusiones -repartidas en dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde-en las que la defensa pedía una reducción de 4 años para la condena original de 19 años impuesta a Fernando. Condena basada en múltiples cargos que se fundamentan en que Fernando no se inscribió ante el gobierno de Estados Unidos como agente de un gobierno extranjero y que asumió identificaciones falsas para poder cumplir con su misión contra el terrorismo en este país. La fiscalía pedía una reducción de sólo 7 meses. La jueza Lenard finalmente le redujo 1 año y 3 meses de su condena original, condenando a Fernando a 17 años y 9 meses de prisión por los cargos anteriormente mencionados.
En la audiencia de Antonio la jueza Joan Lenard demostró gran ira y mucho de su maleficencia al ser confrontada con el cambio de postura del gobierno en cuanto a la supuesta peligrosidad a la seguridad nacional de Estados Unidos por parte de Antonio, al la fiscalía y la defensa haber acordado una condena de 20 años para Antonio– inferior ésta a la recomendada por la guía federal de condenas–, en vez de la condena de cadena perpetua impuesta durante el juicio en el 2001.
Tal parece que el tiempo transcurrido entre la audiencia de Antonio, el 13 de octubre, y la de Ramón le dio tiempo a Su Señoría tragar esa amarga píldora y actuó con serenidad a la recomendación por parte de la defensa y la fiscalía de una condena de 30 años para Ramón -la mínima recomendada por la guía federal- en vez de la cadena perpetua. En el embrollo de este proceso los años se tratan como si fueran meses o aún días… La audiencia de Ramón transcurrió velozmente, sólo tomó 45 minutos.
En cuanto al ambiente en la sala, sobre todo, en las sesiones de la tarde fue mucho más relajado que durante la audiencia de Antonio. Contribuyó a esto, además del comportamiento de la jueza, las actitudes tanto de Ramón como de Fernando. Ramón entró a la sala, a pesar de estar encadenado de tobillos y muñecas, carialegre, irradiando suprema confianza, fortaleza y dignidad. Y así se comportó durante el resto de su audiencia. En la sesión de la mañana cuando se le permitió al público entrar en la sala ya Fernando estaba sentado en su puesto al lado de sus abogados. En la sesión de la tarde estábamos en nuestros asientos cuando él entró y pudimos verlo de frente mientras caminaba hacia nosotros, igualmente encadenado, guapozo, también con gran confianza y dignidad. Fernando es de tamaño normal y robusto. Los dos tienen semblantes saludables. Ambos hicieron visible su satisfacción al ver a tantos de nosotros acompañándolos a ellos en ese momento principal en Miami. Ocupábamos 5 de los 7 bancos disponibles en la sala. Estábamos con Magalis, la mamá de Fernando, y Rosa Aurora y Elizabeth las esposas de Fernando y Ramón respectivamente.
La naturaleza política del proceso en contra de los Cinco volvió a manifestarse en las declaraciones de la fiscal y de la jueza. Tanto la una como la otra esgrimían como justificantes de las desmesuradas condenas, en este caso la de Fernando, las necesidades de la política imperial, política expuesta recientemente en toda su crueldad, aunque con más mesura y elegancia, por el presidente de Estados Unidos, en Oslo, en su discurso de aceptación del premio noruego de la paz. ¡De la paz!
Aunque Fernando no fue acusado de nin gún cargo relacionado a espionaje, la fiscal, Caroline Heck Miller, en un momento de su audiencia, argumentó que en este proceso había que imponer condenas «severas» ya que el gobierno de Estados Unidos no podía permitir que un gobierno extranjero (léase Cuba) enviara a este país a agentes a averiguar sobre los planes que Estados Unidos pudiera estar preparando contra ese país (supuestamente en tiempo de paz) porque cuando Estados Unidos realizara su ataque contra aquel país (Cuba, por supuesto) las vidas de los soldados de Estados Unidos correrían más riesgos.
En otras palabras, que el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas son completamente irrelevantes -letra muerta- para la potencia imperial ya que su gobierno, por cualquier razón y en cualquier momento, tiene el derecho de imponer la guerra -siempre Justa- contra cualquier país. Nadie tiene derecho a defenderse.
Pero más escandolosas son las declaraciones de la jueza Lenard, por ellas en sí, y por ser la jueza la que las pronuncia, la magistrada que supuestamente tiene el deber -por ley- de impartir justicia. Dijo la jueza Lenard al explicar su decisión en cuanto al carácter excesivo de la nueva condena de Fernando, que ésta tenía que servir de ejemplo ya que no podía permitirse que personas viniesen a este país a espiar a los ciudadanos de Estados Unidos e impedir que éstos ejerzcan sus derechos constitucionales…
¿Cuáles son los ciudadanos de este país a los que se refiere la jueza en este proceso sino los terroristas de las organizaciones de la extrema derecha cubano americana?
Entonces, siendo así, es indiscutible que la jueza Joan Lenard, la que en Miami juzgó y condenó a los Cinco y ahora impone nuevas condenas a tres de ellos, entiende que la utilización del terrorismo por parte de estos ciudadanos de Estados Unidos es uno de sus derechos constitucionales. ¡Ah… eso explica muchas cosas!
Andrés Gómez es director de Areítodigital
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.