Si Sebastián Piñera llegara a ser presidente de Chile se ahorraría muchos problemas. Por ejemplo, al mediodía del 16 de diciembre, la Unidad de Sectores Especiales de la Dirección del Trabajo (DT) llegó a su canal de Chilevisión TV a fiscalizar la situación legal de los trabajadores. El equipo de inspectores, encabezado por Pablo Leiva, […]
Si Sebastián Piñera llegara a ser presidente de Chile se ahorraría muchos problemas. Por ejemplo, al mediodía del 16 de diciembre, la Unidad de Sectores Especiales de la Dirección del Trabajo (DT) llegó a su canal de Chilevisión TV a fiscalizar la situación legal de los trabajadores. El equipo de inspectores, encabezado por Pablo Leiva, cumplía órdenes de la Directora del Trabajo Patricia Silva, cursadas para verificar las denuncias de tres sindicatos que agrupan a actores, guionistas y técnicos de la estación.
La auditoría comprobó que la gran mayoría de la mano de obra, incluidos algunos «rostros» célebres de la pantalla chica, labora sin ninguna vinculación jurídica con la empresa. O sea, Piñera también es adicto al «trabajo negro» en sus empresas, que abarcan una amplia gama de negocios financieros, inmobiliarios, transporte aéreo,televisión y el popular equipo de fútbol Colo-Colo, entre muchos otros. El «boleteo» significa que una vez al mes el trabajador emite la muy chilena «boleta de honorarios» que sólo garantiza al Servicio de Impuestos Internos (SII) la recaudación del 10% del ingreso del trabajo precario, sin ningún tipo de contrato, pero tal remuneración excluye el pago de prestaciones o previsión social, en un país donde los fondos de jubilación son manejados por un sistema privado (Administradoras de Fondos de Pensiones, AFPs) que promete una pensión para la vejez. Otro sistema de operadores privados otorga acceso a la salud, a través de las llamadas Instituciones de Salud Previsional (Isapres) que supuestamente están al servicio de la mano de obra cuando se enferma. Pero si un trabajador que «boletea» quiere salud y previsión social debe pagárselas él mismo. Así funciona la «flexibilidad laboral», piedra angular del sistema neo-liberal imperante desde Pinochet. Chilevisión es una foto tamaño carnet de todo un país, incluidos los medios audiovisuales y escritos, todo el sector privado, la industria, la minería, las cadenas de farmacias y supermercados y el propio Estado, que también es adicto al «boleteo». La precariedad laboral es una de las conquistas más preciadas del «pinochetismo sin Pinochet». Las prestaciones sociales deben ser pagadas voluntariamente por el propio trabajador, no por la empresa, pero tal gasto merma su salario, por lo demás exiguo. El SII tiene una escala de gravámenes que suele devolver al año siguiente (en abril) parte de ese 10% recaudado «preventivamente» para el pago de los impuestos, en una suerte de ahorro forzado que no devenga intereses. Hay actores y guionistas que emiten facturas mensuales en vez de boletas, y en tal caso deben recaudar y pagar cada mes el IVA de 19% (que no se reembolsa y en definitiva grava al consumidor final). Así, no aparecen como trabajadores sino como «empresas», que jurídicamente no pueden cobrar derechos de autor y liberan de ese gasto al empleador. Naturalmente, se cursaron citaciones y posibles multas para darles trabajo a los abogados que harán las apelaciones, pero esta fiscalización fue posible una vez que los guardias privados permitieron el ingreso de los fiscalizadores encabezados por Leiva, quienes debieron pedir el auxilio de la fuerza pública y estuvieron largo rato discutiendo de pie en la puerta del canal. ¡Qué injusticia! Si Piñera fuera presidente se ahorraría estas enojosas visitas porque él mismo nombraría a los jefes de Leiva, comenzando por el ministro (a) del Trabajo (lo más probable es que el fiscalizador fuera despedido por «falta de respeto» al presidente). También el presidente-empresario nombraría a otros vigilantes y reguladores del Estado como los superintendentes de Salud, Isapres y AFPs. Uso de información privilegiada En otro enojosa y reciente episodio, el implacable paladín del mercado libre que ahora quiere ser presidente debió pagar una multa de 815.515 dólares, impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros por utilizar información privilegiada en la compra de un paquete accionario de Lan Chile. Piñera, que acumula un tercio de la propiedad de la línea aérea, ha sido censurado por su inclinación perpetua a la compra y venta de acciones, pero se defiende diciendo que lo critican por «trabajar». Piñera, en su condición de co-dueño de Lan, asistió a la sesión de directorio que el 24 de julio de 2006 conoció el satisfactorio estado de resultados del primer semestre de ese año. Inmediatamente, compró más acciones, a través de sus sociedades Inversiones Santa Cecilia y Minera Mar Cantabrico: un paquete de 3.250.000 títulos a 6,56 dólares cada uno, pagando 21,32 millones de dólares porque sabía que cuando se conociera el estado de resultados subiría el precio. Eso ocurrió a los dos días, el 26 de julio, cuando la acción se cotizó a 7,04 dólares. Una aritmética elemental indica que Piñera ganó el 7,3% de 21,32 millones de dólares, más de un millón y medio de dólares, en un par de horas de «trabajo». Todo esto sucedió en secreto, porque los grandes medios no informan. Sólo lo supo la elite financiera y la Superintendencia de Valores y Seguros que aplicó la multa. Pero la noticia «explotó» tres años después, al aparecer entre los casos relevantes citados en el Informe Global de la Corrupción 2009 de Transparencia Internacional. Desde entonces, la filial chilena de esa ONG está en crisis por haber tocado a Piñera en el informe, que nadie hubiera conocido si Eduardo Frei no lo saca a la luz pública en un debate por TV en septiembre. Si el pícaro Piñera fuera el presidente corporativo de Chile S.A. también nombraría al Superintendente de Valores y Seguros y se ahorraría molestias análogas, además que tendrá a su alcance más «información privilegiada» que un simple miembro del directorio de Lan. «El Estado soy yo» Un eventual presidente Piñera también nombraría al Director de Aeronátuca Civil y al ministro de Justicia. Jamás se expondría a la multa de 109 millones de dólares que en enero de 2009 le aplicó a Lan el Departamento de Justicia de EEUU por violar las sagradas reglas de la libre competencia, que el candidato tanto predica pero sus empresas no practican. La línea aérea admitió que se puso de acuerdo con Aerolinhas Brasileiras (ABSA) y El Al, de Israel, para fijar precios de carga aérea. ABSA también fue condenada a pagar 109 millones de dólares, mientras la israelí El Al fue multada en 15,7 millones de dólares. El Departamento de Justicia señaló que entre febrero de 2003 y febrero de 2006 cada una de estas tres empresas conspiró en EEUU y otros países para eliminar la competencia manipulando las tarifas de carga aérea a clientes internacionales. «Los consumidores se vieron obligados a pagar más como resultado de tarifas de embarque infladas y abusivas aplicadas por estas empresas», dijo Scott Hammond, fiscal general adjunto a cargo de la División contra Monopolios del Departamento de Justicia (1). Los ejecutivos de las tres compañías aéreas se reunieron en EEUU y terceros países para discutir y fijar tarifas en violación de la Ley Sherman, que establece una multa máxima de 100 millones de dólares para cada empresa. Lan se comprometió a pagar a pagar en un plazo de cinco años. Lan, que tiene que tiene filiales en Perú, Argentina y Ecuador, es la línea aérea más grande de América Latina, valorada en más de 4.000 millones de dólares, seguida de cerca por Taca-Avianca, que acaban de fusionarse pero seguirán operando independientemente, según sus respectivos dueños Kingsland Holding (de EEUU) y Synergy Aerospace (de Brasil), que constituyeron una tercera compañía operadora de ambas líneas, llamada Transporte-Holdco. Piñera fue gerente general del Banco Talca entre 1978 y 1980, mientras paralelamente creaba una empresa de asesoría externa, que le prestaba servicios al banco. En 1981, ese Banco fue intervenido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) por una deuda que ascendía a 38 millones de dólares de aquella época. El liquidador del banco fue Eugenio Silva, quien demandó a los socios controladores. Un año después, el ministro de la Corte Luis Correa Bulo determinó la responsabilidad de Piñera, y de otras dos personas, y lo encargó «reo» el 28 de agosto de 1982, acusado por fraude al Fisco e infracción a la Ley de Bancos. Según la querella, la empresa paralela de Piñera aspiraba millones de dólares desde el banco, por concepto de «asesorías». La succión terminó por sepultar al banco en la quiebra, pero entonces gobernaba Pinochet y lo salvó su ministra de Justicia, Mónica Madariaga, recientemente fallecido, pero tuvo el valor de contar la historia antes de morir de cáncer. El empresario-dictador Anastasio Somoza manejó simultáneamente varios negocios, entre otros la línea aérea de bandera de Nicaragua, simultáneamente con la jefatura del Estado, hasta que triunfó la revolución sandinista y, a diferencia de Luis XIV, no necesitaba recordarle a sus súbditos «el Estado soy yo». Algunos creemos que Piñera quizás no le pondría ruedas al país para llevárselo a casa. …Las turbinas son más rápidas.
Ernesto Carmona, escritor y periodista