El gobierno de Chile impulsa reformas legales para tratar de poner fin a la huelga de hambre de casi dos meses de 34 mapuches presos, pero no toca dos nudos críticos del conflicto: la falta de diálogo efectivo y de reconocimiento de que se trata de un problema político. «Las demandas de los mapuches no […]
El gobierno de Chile impulsa reformas legales para tratar de poner fin a la huelga de hambre de casi dos meses de 34 mapuches presos, pero no toca dos nudos críticos del conflicto: la falta de diálogo efectivo y de reconocimiento de que se trata de un problema político.
«Las demandas de los mapuches no sólo tienen que ver con los mapuches. Se trata de un problema de la sociedad chilena entera», dijo a IPS José Araya, coordinador del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del no gubernamental Observatorio Ciudadano.
El 12 de julio un grupo de comuneros mapuches autodenominados presos políticos inició una huelga de hambre líquida a la que se fueron sumando otros indígenas, hasta sumar 34 en la actualidad, distribuidos en diferentes penales del sur del país.
Los huelguistas son procesados por delitos como amenazas, incendios, asociación ilícita o invasión de terrenos, bajo una ley antiterrorista que endurece las penas y limita los derechos de los acusados.
Luego de ser prácticamente ignorados por las autoridades y los grandes medios de comunicación, los mapuches comenzaron a ser fuente de preocupación por el impacto internacional de su protesta y la posibilidad de que la muerte de alguno de ellos empañe los festejos oficiales del país por el bicentenario nacional, los días 18 y 19.
Para superar el conflicto, el derechista presidente Sebastián Piñera envió el martes 7 al parlamento un proyecto de ley que reforma la justicia militar y este jueves va a remitir otro para cambiar la ley antiterrorista impuesta en 1984 por la dictadura del fallecido Augusto Pinochet (1973-1990) y modificada tras el retorno a la democracia.
Con la primera iniciativa se impediría que tribunales militares juzguen a civiles, una de las principales demandas de los huelguistas y una incumplida obligación del Estado chileno, según una sentencia en 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El segundo proyecto eliminaría el carácter de terrorista de algunos delitos de los que están acusados los huelguistas, adecuaría su tratamiento y reduciría los castigos.
Esta cuestionada legislación permite investigaciones judiciales secretas, testigos protegidos, largos periodos de prisión preventiva y altísimas penas para los condenados.
Según Araya, las reformas legales impulsadas por el gobierno son «responsabilidades antiguas del Estado», observadas por numerosos organismos internacionales de derechos humanos, cuya materialización beneficiará a toda la sociedad.
Pero los huelguistas mapuches, que presentan grandes bajas de peso y descompensaciones, plantean que mantendrán la protesta mientras la ley terrorista rija sus causas y no se instale una mesa de diálogo y de monitoreo de los compromisos.
«La abolición de la ley antiterrorista es la única manera de iniciar un camino básico de diálogo que permita resolver este problema como uno político y no judicial», dijo a IPS el historiador Igor Goicovic, académico de la estatal Universidad de Santiago.
Goicovic fue uno de los gestores de una declaración a favor del pueblo mapuche, firmada por 180 historiadores nacionales y extranjeros.
«Nosotros entendemos que acá hay un conflicto político», que comenzó mucho antes de la coyuntura con los presos mapuches, dijo el académico. «Tiene más de cuatro siglos de duración, no se puede resolver a través de la ‘criminalización’ de las protestas de los mapuches por medio de la legislación antiterrorista», acotó.
Incluso legisladores de la ahora opositora Concertación de Partidos por la Democracia han lamentado la ausencia de una mesa de diálogo entre el Estado y los mapuches.
Ello pese a que los últimos gobiernos de esa coalición centroizquierdista que gobernó el país entre 1990 y marzo de este año, aplicaron decididamente la cuestionada ley antiterrorista contra los indígenas.
El propio Piñera, el martes, y otros miembros de su gobierno llaman a los presos mapuches a cesar la huelga y aseguran que las reformas exigidas van a debatirse con urgencia en el bicameral Congreso. Pero evitan abrir el diálogo directo con los huelguistas y utilizan la mediación de diferentes iglesias y otros actores.
El discurso recurrente de los gobiernos democráticos desde 1990 es que los grupos violentos dentro del pueblo mapuche son una minoría y que el principal problema a enfrentar respecto al mayor grupo originario de Chile es reducir los altos índices de pobreza de sus integrantes, superiores a los de la población no indígena.
Diversas comunidades del pueblo mapuche, originario del sur de Chile, reclaman tierras usurpadas por el Estado a fines del siglo XIX, hoy en manos de privados, principalmente empresas forestales.
Los mapuches consideran insuficientes las 667.457 hectáreas restituidas entre 1994 y este año.
Algunas organizaciones de esta etnia, de casi un millón de integrantes según datos oficiales de 2006, también reivindican derechos colectivos de carácter político y cultural, que incluyen propuestas de ciertos niveles de autonomía.
Hasta ahora, tres comuneros han muerto a manos de la policía durante recuperaciones de predios, dos de ellos durante el gobierno de la antecesora de Piñera, la socialista Michelle Bachelet, que inició su mandato en 2006.
Alfredo Seguel, del Grupo de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos, dijo a IPS que el gobierno ha desaprovechado la oportunidad de entendimiento abierta con la ratificación, el 15 de septiembre 2008, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
El día1, el gobierno presentó la primera memoria sobre el cumplimiento de este instrumento que busca, precisamente, instaurar un proceso permanente de diálogo entre los pueblos originarios y los Estados.
La sociedad civil planteó al menos tres documentos alternativos. Uno de los nudos críticos es justamente la forma en que se consulta a los pueblos indígenas sobre todas las materias que los afecten. En septiembre de 2009, el gobierno de Bachelet emitió un decreto para reglamentar de forma «provisoria» este procedimiento y la actual administración realiza actualmente un nuevo proceso de consulta para perfeccionar la norma, según verificó IPS en la memoria del Convenio.
«El Estado de Chile sabe que detrás del reconocimiento del problema político hay un problema mayor que es el modelo económico neoliberal, el cual no quiere modificar sustancialmente porque considera que es el adecuado para el desarrollo del país», analizó Araya, del Observatorio Ciudadano.
«La restitución de tierras significa entrar en un proceso de conflicto con grandes compañías forestales nacionales», concluyó.