El golpe del 30 de septiembre ha puesto de manifiesto la mala salud de hierro de las prácticas de desestabilización en Latinoamérica
En el Gobierno de Rafael Correa fue la cristalización de un creciente alejamiento de la ciudadanía con lo que eficazmente se denominó la «partidocracia». En una construcción interclasista y nacionalpopular, Alianza PAIS profundizó en la crisis de la representación política y se presentó como una fuerza de refundación del Estado ecuatoriano que, bajo un impulso democratizador, debía recuperar soberanía económica, eficiencia administrativa y políticas de redistribución de la riqueza.
Convencido de que bastaba con la «legitimidad de origen» electoral, Rafael Correa ha conducido un Gobierno que, en ocasiones, ha descuidado su relación con las organizaciones sociales, mientras que no ha disminuido en absoluto la oposición de los sectores conservadores y los segmentos sociales más privilegiados.
La última intentona golpista se levantó sobre una protesta laboral de la policía, que encontró un terreno abonado en las diferentes demandas sectoriales frustradas o aplazadas, y en la disposición de los medios de comunicación empresariales a apoyar una movilización cívico-militar hacia una solución autoritaria, si bien presumiblemente «transitoria». La policía ecuatoriana, mal vista por las clases subalternas, con estrechas relaciones históricas con Estados Unidos y entrenada como fuerza antiinsurgente, reaccionó fácilmente en este contexto, e intentó protagonizar una salida golpista que la unánime reacción de los países de la región, las dudas y divisiones en el Ejército y, en menor medida, la movilización popular, frustraron.
No obstante, el de Ecuador ha sido un episodio más de una cadena de «golpes de baja intensidad» que han tenido en Honduras un nefasto ejemplo de éxito, y que antes se sucedieron en Venezuela en 2002, en la intentona regionalistareaccionaria en Bolivia en 2008 o en el ruido de sables paraguayo que paralizó a Lugo en 2009.
El discurso dominante, producido en centros académicos del Norte y repetido por los oligopolios de la comunicación, representa los cambios en diferentes países de América Latina como peligrosas turbulencias que amenazan la «democracia», de la misma forma que a las movilizaciones sociales le llamaron «crisis de gobernabilidad», o a la sumisión de las clases subalternas durante las décadas de reformas neoliberales le llamaron «estabilidad de los sistemas de partidos».
Partiendo de una discutible identificación entre «democracia» y «liberalismo», este enfoque ha trabajado con ahínco para generalizar la idea de que el «populismo» es hoy la amenaza principal para la democracia en América Latina. Que nadie haya sido capaz de ofrecer una definición unívoca y satisfactoria del término no ha impedido que éste se haya convertido en un arma arrojadiza contra los gobiernos progresistas en América Latina.
En la campaña electoral presidencial y legislativa de diciembre de 2009 en Bolivia, Evo Morales respondió a quienes le acusaban de inaugurar obras sociales e infraestructuras con fines electoralistas, que por qué ellos, las élites tradicionales bolivianas, blancas, propietarias y castellanohablantes, no habían aplicado jamás ese sistema si era tan sencillo y eficaz. Por qué nunca inauguraron carreteras, hospitales o talleres cooperativos para ganar votos. De alguna forma, la acusación genérica a los gobiernos de izquierda de la región es la de haber hecho un uso irresponsable de la democracia y de la riqueza derivada de los recursos naturales. Usos responsables de la democracia y la renta, por el contrario, debieron ser los que condenaban a millones a una ciudadanía de segunda y a la miseria.
Las falsas transiciones
La nueva retórica golpista carga las dudas sobre los gobiernos progresistas latinoamericanos, culpándolos de un deterioro del Estado de derecho y de una polarización política de sus sociedades que haría necesaria alguna salida «de transición». Este es un discurso paralizante que chantajea a los procesos de cambio en la región: si se estancan, no tienen razón de ser; si, por el contrario, se profundizan, estarían violentando la convivencia pacífica de un pasado idealizado a base de callar sus severas deficiencias sociales y democráticas. El consenso en torno a los intereses de las oligarquías hoy parece francamente difícil de rescatar para las élites políticas tradicionales. En esa clave hay que leer sus ocasionales tentaciones golpistas: en que, con independencia de los relevos en los palacios de gobierno, hay una «emergencia plebeya» en muchos países que dificultaría sin más la reedición de los viejos alineamientos políticos.
Los golpes de «baja intensidad» cuentan siempre con apoyo externo y financiación en dólares, con la apenas disimulada euforia de las clases dominantes locales y con las igualmente peligrosas disculpas, matizaciones o comprensiones por parte de los medios de comunicación y las élites políticas del Norte.
En frente, tienen a la mayoría social a la que los Estados oligárquicos nunca supieron integrar, y a la que se acostumbraron a contabilizar exclusivamente en términos electorales. De momento, las clases subalternas en América Latina, en Ecuador hace poco, han defendido su derecho a «abusar» de la democracia para llevarla a los barrios, las comunidades indígenas, los talleres y los pozos de gas o petróleo. Han contado además con el apoyo de la mayoría de estados de la región. El ejemplo ecuatoriano evidencia que la salida golpista, sin ser la primera opción política de las élites tradicionales, no es una posibilidad descartable. Los gobiernos de izquierdas en América Latina habrán hecho bien en tomar nota, y en fortalecer la construcción estatal y la alianza con los sectores empobrecidos como su principal garantía de estabilidad.
*Iñigo Errejón es investigador en Ciencias Políticas en la UCM y Alfredo Serrano es profesor de Economía en la UPO . Ambos son miembros del Consejo Ejecutivo de la Fundación CEPS.
http://www.diagonalperiodico.net/La-amenaza-de-gobiernos-del-pasado.html
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