El 21 de octubre el Tribunal de la Unión Europea se pronunciaba sobre la legitimidad del impago del canon digital por parte de la empresa PADAWAN. Esta sociedad mercantil, que comercializa CD, DVD, MP3 y USB, fue llevada a juicio por segunda vez en mayo de 2008 por la SGAE, ya que con ella tenía […]
El 21 de octubre el Tribunal de la Unión Europea se pronunciaba sobre la legitimidad del impago del canon digital por parte de la empresa PADAWAN. Esta sociedad mercantil, que comercializa CD, DVD, MP3 y USB, fue llevada a juicio por segunda vez en mayo de 2008 por la SGAE, ya que con ella tenía una deuda contraída de 16.369 euros.
Aunque la Audiencia de Barcelona admitió la apelación, elevó una pregunta al tribunal europeo. Este fallo ha confirmado las tesis de Verica Trstenjak, abogada general de la UE, que en mayo calificaba de incompatible el canon con la Directiva Comunitaria 2001/29. Las consecuencias de la sentencia van más allá del litigio particular, incluso hay quien augura un difícil escenario económico para las sociedades de gestión de derechos.
Ahora la justicia podría instar a la SGAE a devolver ese dinero. Eso sí, para el consumidor individual la situación no cambia. Hasta ahora, el canon se aplica de manera indiscriminada, sea cual sea la finalidad a la que vaya destinado el material.
Las reacciones a la sentencia han sido dispares. Como si se tratara de una interpretación de unos resultados electorales, todos han ganado. Las asociaciones beneficiarias del canon, como Copyespaña o como IBAU, «valoran positivamente el respaldo que supone esta sentencia a la legalidad del canon digital, tanto en España como en el resto de países de la Unión Europea en los que se aplica esta compensación».
El canon se aplica en 22 Estados de la UE -aunque sin homogeneidad en cuanto a productos y porcentajes. En Exgae, organización antagónica a las sociedades de derechos de autoría, también están satisfechos con la sentencia. Consideran que se ha ganado una batalla legal importante y que se ha reconocido algo evidente, que las empresas y administraciones públicas no pueden entrar en la misma categoría que la copia privada.
Pero desde la SGAE se han apresurado a declarar que no van a devolver ni un euro de los 100 millones de euros recaudados, por ejemplo, en 2009 por este concepto. Su presidente, Teddy Bautista, advertía que las leyes no pueden tener carácter retroactivo. Asegura que actuaron según la normativa vigente y hasta que el Gobierno no modifique la legislación, operarán igual.
Sin embargo, desde Exgae señalan que, dado que el canon se ha cobrado de manera ilegítima, estos pagos podrán ser reclamados en los tribunales, y las sociedades de gestión y el legislador estarían obligadas a hacer frente a estas deudas. Administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Cádiz o la Generalitat catalana, al igual que empresas privadas, ya han expresado la voluntad de reclamar su dinero.
Y en la red ya circula, gracias a colectivos activistas contra el canon como internautas.org o exgae. net, un modelo de solicitud, donde además se explican los procedimientos legales para efectuar la demanda de devolución. La SGAE aumenta su presión Teddy Bautista advertía el 5 de noviembre en el Heraldo de Aragón: «Los usuarios tendrán que pagar más si las empresas quedan eximidas» del canon. Puede parecer una bravuconada, pero hay que esperar a ver la modificación de la ley que hace el gobierno y la nueva estrategia legislativa podría ser una tasa para el ADSL. Por ejemplo, en julio de 2009, González-Sinde no descartó imponer una tasa a los proveedores de conexión a internet en su función de «conductores» de contenidos que infringen los derechos de autoría. Advertía que lo estudiarían durante 2010, ya que estaba previsto que se acelerasen las negociaciones secretas sobre el ACTA, cuya consagración puede llegar a primeros de diciembre.
Y la amenaza de Teddy Bautista hace recordar el modus operandi con el que se aprobó el canon. Las tarifas del canon que pagamos fueron pactadas por el Ministerio de Cultura, en representación de las entidades privadas de gestión, con el Ministerio de Industria. Estas entidades, ahora coordinadas en la Coalición de Creadores, exigieron entonces 100 millones de euros anuales como compensación por las copias privadas. Esta exigencia no se justificaba en ningún documento, ni estudio, ni informe, que avalara la idoneidad de esta cifra. ¿Cómo se calcula entonces la tasa que pagamos por unidad? Pues se reparten esos 100 millones entre la previsión de venta anual de los artículos afectados. Como señala Ana María Méndez, dueña de PADAWAN, si la SGAE recauda menos de 100 millones de euros, las tarifas son revisables al alza, pero si recauda más, no tiene que devolver ese exceso.
Esta previsión, aportada por el Ministerio de Industria, estimaba en 27.000 las unidades vendidas al año, pero el consumo sólo de algunos mayoristas es mayor que esta cifra. Entonces, el Consejo de Consumidores emitió un informe negativo en el que valoraba la mala imagen de las entidades, la opacidad en su contabilidad, la repercusión económica del canon para los ciudadanos o la ausencia de mención a las licencias libres. Pero la orden ministerial siguió adelante. El resultado, una de las tarifas más caras de nuestro entorno. Pero Bautista, en la misma entrevista del Heraldo, afirmaba que no hay diferencia en los precios de estos soportes entre quienes aplican el canon y los que no. Según datos de la Asociación de Internautas, en Alemania por unidad de DVD grabable se paga un canon de 0,1 euros, en nuestro Estado asciende a 0,44. Por ello, una tarrina de 50 DVD, cuesta 7 euros más aquí que en el Estado alemán. Internautas va más allá y compara, como sugiere el presidente ejecutivo de la SGAE, esta situación con un Estado que no tiene canon digital. En el Reino Unido, el mismo producto sale 12,44 euros más barato.
NADIE QUIERE PAGAR AHORA
Las cantidades que las empresas podrían exigir por el pago de esta tasa, que ahora es declarada ilegal, durante los últimos años ascenderían a unos 500 millones de euros.
Esto significaría una absoluta ruina para entidades como la SGAE, a pesar de que ingresa más de 300 millones de euros en cada ejercicio anual.
Su previsible falta de liquidez para hacer frente a esta demanda retrospectiva obligaría entonces al Estado a hacerse cargo, según señalan desde eXgae. En este caso, el Estado, como legislador, sería responsable por haber cometido un error en la redacción de la Ley de Propiedad Intelectual.
http://www.diagonalperiodico.net/Alguien-devolvera-el-canon-cobrado.html