Comienza a ser habitual y a la postre cansino, leer y escuchar en prensa, radio y televisión noticias referentes a problemas que giran en torno a las relaciones existentes entre la Iglesia Católica y el Estado español: financiación de aquella y destino de fondos públicos para los colegios privados en su mayor parte católicos, con […]
Comienza a ser habitual y a la postre cansino, leer y escuchar en prensa, radio y televisión noticias referentes a problemas que giran en torno a las relaciones existentes entre la Iglesia Católica y el Estado español: financiación de aquella y destino de fondos públicos para los colegios privados en su mayor parte católicos, con su capilla e ideario incluido, reiterativas admoniciones contra los matrimonios homosexuales, aborto y todo un sinfín de condenas de índole inquisitorial e impropias de una sociedad democrática, en las que para los obispos de la Conferencia Episcopal y la mayoría de curas hay un claro responsable: el laicismo y los sectores laicos de nuestro país como máximos responsables del totalitarismo y relativismo existentes en nuestra sociedad. Y con el beneplácito del Jefe del Estado Vaticano en su última visita al Reino de España; reforzado, por omisión y falta de coraje político, por el gobierno del PSOE.
Cuando nos acercamos al debate en torno al laicismo surgen de inmediato ciertas preguntas: ¿En qué consiste realmente el laicismo? ¿A qué obedece su mala prensa? ¿Qué es lo que postula realmente?
Lo primero, habría que dejar constancia a la hora de responder a estas preguntas que mentar el laicismo es hablar de un término bastante desconocido y mal interpretado en nuestro país, algo que bien pudiera explicar nuestra propia historia, pues exceptuando el breve período histórico que supuso la II República española, ha venido marcada en gran medida por un claro dominio oficial de la religión y moral católica en el ámbito político, cultural y educativo. Dominio del que, todavía, no nos hemos despegado.
Al hablar de laicismo hay que dejar claro que el mismo no se circunscribe sólo a las relaciones entre Iglesia y Estado o al tema de la enseñanza de la religión en la escuela pública, sino que es también la reivindicación de unos valores y de un proyecto de sociedad basado en la convivencia que pueda poner freno, y hasta presentarse como alternativa a los fundamentalismos que intentan imponerse en nuestro cotidiano devenir social. Se trata de reivindicar el ideal republicano, laico y humanista, premisas estas imprescindibles para el ejercicio de la ciudadanía en lo que debería ser una sociedad democrática, frente al neoliberalismo económico y pensamiento único hoy hegemónicos
Para poder reflexionar y entender lo que subyace en la alternativa laica que, en mi opinión, sería capaz de dar una respuesta al discurso dominante, nada mejor que echar una mirada retrospectiva hacia lo ocurrido en el siglo XX; podríamos rescatar, así, al laicismo de la tergiversación sistemática e interesada realizada, y actualmente resucitada sobre sus fundamentos, tendiendo falazmente a identificarlo con el totalitarismo y el relativismo posmoderno, algo que resulta inasumible desde su propia tradición, que por el contrario, se caracteriza por la libertad de conciencia y la igualdad de todos ante la ley; por garantizar la neutralidad del poder político, la autonomía de la persona y la libertad de pensamiento. En definitiva, una sociedad laica sería aquella en la que la tutela de la iglesia católica, de cualquier iglesia estaría demás. Por otra parte, requisito indispensable para poder hablar de una sociedad democrática.
Estamos pues, en el meollo del tema ¿Por qué? Porque, desde mi perspectiva, el instrumento básico, no el único, que el individuo tiene a su alcance para avanzar en una sociedad realmente democrática, para lograr esa autonomía individual que nos permita ejercer nuestra ciudadanía es la Escuela Pública. Coherentemente, la Escuela Pública, debería de educar a partir de dos principios básicos: uno, enseñar conocimientos que sean verificables y aceptados científicamente; y el segundo, educar no sobre valores que tienden a segregar y diferenciar al alumnado, sino sobre valores éticos consensuados y aceptados como no discriminatorios.
Sin embargo, y haciendo caso omiso al clamor de padres y madres, así como de la ciudadanía en general, la Escuela Pública en el Reino de España parece condenada a estar en permanente debate sobre la religión en sus aulas y todo ello debido a la falta de rigor, seriedad y autoridad que sobre el tema muestra el gobierno español y las autoridades educativas autonómicas, plegándose una y otra vez a los caprichos de la Iglesia Católica.
Hagamos un poco de historia del por qué la educación pública española se encuentra, aún, subyugada por la asignatura de religión. La historia se remonta al proceso constituyente realizado y culminado con la aprobación de la Constitución de 1978. A escondidas entre el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y el cardenal Villot, propiciaron ambos y en sigilo, sin el más mínimo debate, lo que se conoce con el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Sociales. Dicho Acuerdo, forjado por caminos espúreos, rompe el equilibrio educativo constitucional y el consenso que lo hizo posible. Desde entonces, la libertad de opción plasmada en el artículo 27.8 de la Constitución Española, no es posible. Los planes educativos deben de incluir forzosamente la enseñanza de la religión católica.
Así, estamos actualmente. Sin embargo, en esta vieja polémica no suele analizarse, o tal vez no interese, el contenido de la asignatura. Son los sectores eclesiásticos y sus afines quienes al hablar de ese contenido aluden a la educación religiosa como un aspecto esencial en la formación integral de los niños y de las niñas. Como estoy de acuerdo en que, efectivamente, la enseñanza religiosa influye en el comportamiento individual y social de las personas, y asimismo espero coincidir en que el respeto a las creencias debe estar subordinado al respeto a la verdad, me detendré en la creencia que tiene a la Iglesia como portadora de valores educativos. Sabiendo que son muchas las personas creyentes que muestran un hondo desacuerdo con ciertas actitudes de su Iglesia, sostengo, sin embargo, que esta institución no es la mejor opción educadora de los niños y jóvenes.
D esde que la Iglesia se incorporó al poder o mejor la incorporaron, sus tribunales a lo largo de la historia dictaron sentencias execrables: prisión, tortura, tormento, la muerte en patíbulo, abrasado, ahorcado, decapitado, agarrotado o descuartizado. Valiéndose de la fuerza bruta a la que denominaban derecho, (canónico, penal…), perseguían y persiguen, aunque de modo más sibilino, a laicos, ateos, apóstatas, homosexuales, etcétera. La historia, en fin, de las naciones y de los pueblos, está llena de disparates eclesiásticos, consentidos unos, y propiciados otros. Por eso, no me parece exagerado ni fuera de lugar negar a tal institución el derecho a educar en la Escuela Pública, que no, sin embargo a hacerlo en sus lugares de culto.
A ese fundamentalismo católico, a este clima agresivo de la jerarquía eclesiástica y de algunos portavoces de organizaciones católicas que intentan hacer creer que se intenta asediar y liquidar a la Iglesia católica oponemos, de una manera serena y reflexiva, la laicidad por derecho propio y universal. La laicidad como afirmación rotunda de la libertad del individuo y ello con todas las consecuencias; una ética como construcción autonóma de cada persona; aceptando el pluralismo moral y cultural, siempre que no se atente contra los Derechos Humanos. Ante esto resulta pertinente preguntar a los clericales ¿defiende realmente la Iglesia católica la libertad de conciencia de todos los ciudadanos? La Iglesia católica no defiende esa libertad; se siente dueña absoluta de una verdad que cuestionarla es, según su noción de la vida, ponerse en su contra. Su intolerancia, ya secular, nos resulta cuando menos patética: en nombre de Dios (cualquiera que sea) se ha matado, se sigue matando.
Por eso, en mi opinión, la laicidad que defendemos repugna del sectarismo y nos acredita como personas y ciudadanos en cualquier parte y población del mundo. Preservándonos a todo intento de invasión arbitraria o manipulación ideológica, pues como bien declaró Benjamín Forcano, sacerdote y teólogo, ( 16/10/04): «es ella la que nos da carta de ciudadanía universal. El imperialismo religioso, cualquiera que él sea, desvirtúa la laicidad y se erige contra sus valores esenciales».
En el proceso de enseñanza y educación que se espera de la escuela es ayuda a formar personas que sepan buscar y reconocer la verdad y afrontar los hechos como son, haciéndolas responsables de sus actos sobre todo ante sí mismos, como parte de una educación para la libertad, la fraternidad y la solidaridad. La educación religiosa, desde mi punto de vista, dificulta lo anterior gravemente. No es compatible, que los niños y las niñas aprendan a observar, pensar y sacar conclusiones correctas de sus observaciones basadas en la detección de causas y efectos, con hacerles creer en seres, lugares y sucesos de los que la falta de pruebas, o al menos las dudas, son las notas dominantes. Entiendo, que ello afecta profundamente a la visión del mundo que a raíz de esas «lecciones» se forjan en su psiquismo: almas, espíritus, ángeles, demonios, Dios, cielo, infierno, purgatorio, milagros, premoniciones, resurrecciones.
Me parece, como mínimo, impropio, que las personas dotadas, como estamos, de un cerebro capaz de notables proezas intelectuales y morales – también de lo contrario -podamos caer servilmente bajo una visión paranormal y sobrenatural de la realidad. Pero es una opción legítima. Lo que se convierte en una abyección es propiciar esa visión manipuladora en las edades en que somos más susceptibles: en la infancia y en la escuela pública. Lo que se propugna aquí, para la Escuela Pública, es precisamente favorecer que las mentes sean lo más libres y poderosas posible.
De aquí la necesidad y la obligación gubernamental de excluir la enseñanza confesional de las religiones del currículo escolar, destacando entre otros motivos, los siguientes:
– La contradicción entre lo que debe de ser una educación para la tolerancia, la democracia y la libertad frente a quienes dicen detentar la posesión de una Verdad sobre el bien y el mal.
– La defensa de lo que debe de ser una educación científica (lo verificable) frente a dogmas inverificables (adoctrinamiento).
– El enfrentamiento existente entre una ética privada (que debe circunscribirse al ámbito de lo privado) que no reconoce derechos fundamentales (Iglesia) y la ética pública reflejada en la Constitución; privando a un número de jóvenes, niños y niñas de la enseñanza y el reconocimiento de los derechos constitucionales (igualdad de género, divorcio, matrimonio civil, no discriminación de las personas por razones de orientación sexual…).
– La contradicción existente entre lo que la Constitución reconoce y que se pregunte a las familias por sus creencias religiosas, al tener que firmar un papel para autorizar o no a que sus hijos e hijas asistan a clase de religión.
La exclusión de la enseñanza religiosa confesional en la escuela pública no vulnera el derecho de libertad religiosa, pues no se prohíbe que ésta sea enseñada en el ámbito familiar o en catequesis. De manera interesada se intenta asociar indisolublemente, enseñanza religiosa con adquisición de valores, a mi entender con ánimo perverso por parte de la jerarquía eclesiástica. Pero existe una ética universalmente consensuada, reflejada en la Declaración de los Derechos Humanos, que no precisa de un fundamento religioso; no siendo, además, la ética patrimonio de la religión.
Por lo dicho y por lo callado, entiendo que la institución eclesiástica católica donde debería educar es en sus lares y dejar en paz y buena armonía a la escuela pública, a su alumnado, padres y madres y personal docente. Claro que para ello es imprescindible dos cosas: la supresión de subvenciones a la enseñanza privada religiosa y la ruptura incuestionable de los acuerdos con el Vaticano, así como cualquier ayuda económica a cualquier religión. Que un Estado aconfesional, plural y democrático cargue a los presupuestos estatales los sueldos de los más de 15.000 profesores que imparten religión en centros público gastando cada año 650 millones de euros dependiendo estos docentes de los obispos y cardenales, tanto disciplinaria como pedagógicamente resulta patético e inadmisible. Suponiendo la financiación (por toda la ciudadanía) de la propaganda de una creencia.
Finalizando, la escuela pública debe ser el fundamento de la vida democrática, el lugar donde el alumnado aprenda que las verdades absolutas (morada de fanatismos y totalitarismos) no existen. Debe inculcar los principios de la libertad y la tolerancia, oponiéndose a una visión del mundo que separa a los buenos de los malos (pecadores), los fieles de los herejes, los creyentes de los ateos. La educación laica no consiste en imponer una visión del mundo, sino en crear las condiciones para que cada uno libremente pueda construir la suya.
El dominico Giordano Bruno, sacrificado en la hoguera por la Inquisición en 1600, dijo: «Las religiones no son más que un conjunto de supersticiones útiles para mantener bajo control a los pueblos ignorantes«. Ciento cincuenta años después Voltaire, filósofo francés, escribía: «La religión existe desde que el primer hipócrita encontró al primer imbécil»… A la luz actual, podemos decir: no exageraban.
Quisiera concluir este artículo haciendo mías las siguientes palabras con la que Antonio Santesmases concluye el primer capítulo de su libro » Laicismo, agnosticismo y fundamentalismo» Biblioteca Nueva, 2007: «El laicismo no resuelve todos los problemas que plantea una sociedad crecientemente desigual pero sí ayuda a preservar principios vinculados a lo mejor de la tradición ilustrada. (…). Porque el laicismo por sí mismo no conduce a una «buena sociedad» pero sin él no podemos hablar de esa «buena sociedad».
Palabras que se oponen a las pronunciadas ya en el año 1832 por Gregorio XVI, en su encíclica Mirari vos: «desde el más pestilente pozo del indiferentismo fluye la absurda y errónea opinión, o mejor, el delirio de la libertad de conciencia…».
Bibliografía
El derecho a la educación y el pluralismo democrático. Ramón Plandiura
Mientras Tanto, 68/69, 1997.
Laicismo y democracia. Manuel García Morán-Escobedo.
Libro «Encuentros por la Escuela Pública del Valle del Nalón», 2006
Laicismo, agnosticismo y fundamentalismo Biblioteca Nueva, 2007
Antonio García-Santesmases.
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