En Chile, la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes constituyen una práctica cotidiana de carabineros, que se realiza cotidianamente en respuesta a las movilizaciones sociales, en las cárceles y en comunidades mapuche y se extiende también a instructores del personal de las fuerzas armadas dentro de la más completa impunidad, ante la inexistencia […]
En Chile, la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes constituyen una práctica cotidiana de carabineros, que se realiza cotidianamente en respuesta a las movilizaciones sociales, en las cárceles y en comunidades mapuche y se extiende también a instructores del personal de las fuerzas armadas dentro de la más completa impunidad, ante la inexistencia de mecanismos de investigación y prevención de ese flagelo. La conclusión es de la Comisión Etica Contra la Tortura al revisar la situación del país, y se dio a conocer en una conferencia de prensa realizada en la sede de Amnistía Internacional, a propósito del décimo aniversario de su nacimiento como entidad de defensa y promoción de los derechos humanos.
El académico Hervi Lara, Coordinador de la entidad, junto al Dr. José Venturelli en representación de la sección europea de la entidad y María Cecilia Aguilar, familiar de Mario Oviedo, un joven que falleció como resultado de las torturas, exigieron hoy al gobierno la puesta en práctica del Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura como una forma de impedir estos hechos, entre las que se cuentan además los casos recientes: las muertes de Franco Coronado (a golpes en Cabrero), y de dos jóvenes en los «entrenamientos» de la Escuela de Carabineros, y el episodio de un menor mapuche que fue colgado de un helicóptero para que revelara información sobre dirigentes de su comunidad.
Rechazo total al indulto a criminales
Interrogados sobre las declaraciones del Presidente Piñera y del comandante en jefe del Ejército Comandante en Jefe del Ejército, Juan Manuel Fuentealba, a favor de una amnistía a ex uniformados que cumplen condenas por crímenes cometidos en dictadura, Hervi Lara rechazó los «dimes y diretes» referidos a todo intento de indulto abierto o encubierto a los violadores de derechos humanos de ayer y hoy, reiterando que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía alguna. Recordó que apenas hay unas decenas de detenidos de entre miles de criminales, afirmó que Chile vive en una inmoralidad colectiva con miles de torturadores libres por las calles, y recalcó que los criminales cumplen sus condenas en condiciones altamente ventajosas y favorables.
Tortura con avales
Los representantes de la Comisión Etica Contra la Tortura sostuvieron que en Chile existe una colusión de poderes que permite la extensión de la práctica de la tortura y la avala en ocasiones a través de los fiscales del Ministerio Público y los jueces. El juicio que concluyó en Cañete en febrero de este año ilustra estas afirmaciones, según Venturelli -observador en el juicio- ya que allí se negó la tortura inflingida a los presos políticos y sus comunidades, y más aún, se reconoció como válida una declaración obtenida por tortura formulada por Jonathan Huillical y que fue refutada por Huillical durante el juicio.
Sin embargo, el estudiante resultó condenado por sus dichos y también lo fueron otros tres comuneros mencionados en su declaración inicial como resultado de las torturas al momento de su detención. Agregó Venturelli que dos de los testigos secretos presentados por el ministerio público -los hermanos Viluñir Calbul – fueron torturados (colgados del puente Lanalhue) para que implicaran a otros comuneros en los hechos investigados, pero cuando su abogado defensor, Nelson Miranda, denunció la tortura, el fiscal de la causa se querelló contra el abogado. Recordó Venturelli que la jurista Mireille Fanon calificó como «prevaricador» al juez Jorge Díaz que presidió ese tribunal oral, por la forma que condujo el juicio, totalmente ajena al debido proceso. La Comisión considera que el Estado chileno desarrolla una política sistemática de agresión en contra de los pueblos originarios, aplicando en forma arbitraria la ley antiterrorista cuyo objetivo final es la defensa de los intereses de los dueños de las tierras reivindicadas por estos pueblos, tras los cuales están grupos económicos nacionales y transnacionales.
El Código Penal y la impunidad
Para estos defensores de los derechos humanos, cuyo lema es «no a la tortura a nadie, en ninguna parte, bajo ningún pretexto, y en nombre de nada», el Estado debe incorporar la definición de tortura al Código Penal, requerida por el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y su Consejo de Derechos Humanos. Hervi Lara instó al Instituto Nacional de Derechos Humanos a hacerse parte activa de la investigación de los hechos citados. Cecilia Aguilar, a su vez, hizo un llamado a los familiares de quienes han muerto a causa de torturas a acercarse a la Comisión Etica y luchar contra la impunidad, porque estos hechos son inaceptables. Su familia está impidiendo ahora que la fiscalía cierre el caso y consagre la impunidad.
Respecto de los detenidos por el llamado caso bombas, exigieron un juicio justo, denunciaron las circunstancias de su detención y consideraron que la cárcel de alta seguridad, con medidas como el encierro por 22 horas constituye un primer e inaceptable paso a la tortura.
La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) es una entidad de defensa y promoción de los derechos humanos. Nació en el 2001 con la finalidad de exigir del Estado de Chile la creación de una instancia de Verdad, Justicia y Reparación para los sobrevivientes de tortura de la dictadura militar. La persistente campaña desplegada por la Comisión Etica contra la Tortura (CECT), apoyada por personalidades nacionales e internacionales, posibilitó en el 2004 la implementación de la Comisión de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech.
A continuación, el texto completo de la declaración de la Comisión Etica Contra la Tortura:
1º Las autoridades de Chile aún no han puesto en práctica el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y que, entre otros aspectos, implica la construcción de un mecanismo nacional de investigación y prevención de este flagelo, no obstante las acciones desarrolladas para ello por la Comisión Etica contra la Tortura (CECT) y otras organizaciones de derechos humanos. La plena vigencia de esta institucionalidad habría permitido evitar las muertes de personas acaecidas en los últimos años, tras atropellos infligidos por agentes del Estado.
2º La práctica de la tortura se ha extendido a tal punto que los tratos crueles, inhumanos o degradantes constituyen una práctica cotidiana de la policía hacia las personas detenidas en movilizaciones sociales. Se suma a esto el tratamiento dado a los presos de las cárceles por parte de Gendarmería de Chile, así como también los montajes político-jurídicos y sus secuelas realizados por el Ministerio Público.
3º De manera especial, se debe mencionar la política sistemática de agresión en contra de los pueblos originarios, transgrediéndose tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile, lo que se expresa en la forma arbitraria de aplicación de la «Ley Antiterrorista», que persiste en los procesos, a pesar de las promesas en contrario formuladas por el gobierno. A modo de corolario, se favorecen los intereses de terratenientes y de empresas transnacionales y grupos económicos nacionales que les son afines y que cuentan con el resguardo de las instituciones destinadas a la defensa de la ciudadanía y de la soberanía nacional.
4º A lo anterior, deben sumarse las denuncias públicas emitidas por integrantes del Cuerpo de Carabineros, del Ejército y de la Fuerza Aérea, en relación al entrenamiento que dichos organismos entregan a sus miembros y que atentan contra el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Recientemente, en medio de los citados entrenamientos, han fallecido dos jóvenes aspirantes de la Escuela de Carabineros. Hasta el momento, la opinión pública desconoce el desarrollo y el resultado de los procesos administrativos y penales pertinentes.
5º En este marco, la comisión Etica contra la Tortura (CECT) reitera que, en el año 2009, el Comité contra la Tortura de la ONU, ha recomendado al Estado de Chile el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud de la ratificación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
6º Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha planteado al Estado de Chile la necesaria integración de la definición de tortura al Código Penal, de tal manera que se ajuste a la Convención de la ONU con el fin de garantizar la investigación imparcial.
7º La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) formula un llamado a los familiares de quienes han sido víctimas de abusos policiales, que hayan sufrido acosos y torturas, que han perdido la vida a manos de agentes policiales y militares, y a las personas y organizaciones sociales que han sido víctimas de montajes de parte de funcionarios del Estado en complicidad con la prensa ligada a los dueños del poder económico, a denunciar estos hechos ante los tribunales nacionales y organismos internacionales de derechos humanos, para identificar y sancionar a los victimarios, pidiendo FIN A LA TORTURA, así como también la investigación de las acciones violentas que han comprometido la integridad física, psíquica y moral de las personas afectadas, especialmente de quienes son hoy objeto de «montajes», como es el caso de los presos políticos mapuche y de los presos del llamado «Caso bombas» que se encuentran en huelga de hambre desde hace varias semanas.
8º La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) otorga su irrestricto respaldo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y le insta a hacerse parte, investigar y colaborar con la Justicia, a fin de que los hechos denunciados dejen de permanecer en la impunidad y entre en vigencia el mecanismo de prevención de la tortura, con la instauración de la Comisión Nacional de Prevención, tal como lo señala el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
9º Coherentemente con lo antes señalado, la Comisión Etica contra la Tortura (CECT) rechaza, categóricamente, todo intento de indulto, abierto o encubierto, a los violadores de derechos humanos de la dictadura militar y de la actualidad.
10º Tras diez años de existencia, la Comisión Etica contra la Tortura (CECT) reafirma su compromiso hacia el futuro, ratificando como principio básico un «no a la tortura a nadie, en ninguna parte, bajo ningún pretexto y en nombre de nada».
COMISION ETICA CONTRA LA TORTURA (CECT).
Santiago de Chile, 15 de marzo de 2011.