Recientes declaraciones de los Ministros del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y de Salud, Jaime Mañalich, sumadas a las del inefable alcalde de Providencia, Cristián Labbé, muestran, sin temor al equívoco o a la exageración, la naturaleza autoritaria, e incluso derechamente fascista, que habita en el mapa genético de la ideología de la derecha chilena, infortunadamente hoy […]
Recientes declaraciones de los Ministros del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y de Salud, Jaime Mañalich, sumadas a las del inefable alcalde de Providencia, Cristián Labbé, muestran, sin temor al equívoco o a la exageración, la naturaleza autoritaria, e incluso derechamente fascista, que habita en el mapa genético de la ideología de la derecha chilena, infortunadamente hoy en el Gobierno por votación ciudadana. Hinzpeter amenazó la con Ley de Seguridad del Estado en Aysén, elevando el «orden público» a una categoría absoluta, por encima de las necesidades de una región triplemente postergada. Mañalich señaló que de ser Ministro del Interior, ya habría la habría aplicado, mientras que Labbé dijo, «puedo escuchar, puedo conversar con los estudiantes, pero al final del día me tengo que entender con los padres».
El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, no descartó que el gobierno invoque la Ley de Seguridad Interior del Estado por el bloqueo de caminos en la región de Aysén:
«Estamos dispuestos a negociar las demandas sociales con marchas, vuvuzelas y banderas negras. No tenemos problemas con medios de expresión, pero no podremos negociar con dirigentes que están cometiendo un delito».
¿Y para qué llama el Gobierno al diálogo, si igual está dispuesto a imponer su voluntad, sin escuchar a la contraparte, como hizo con las demandas del movimiento estudiantil?
Y como todo Gobierno con vocación autoritaria, evade su responsabilidad escudándose en una legislación ya establecida, aplicada por gobiernos anteriores:
«La Ley de Seguridad Interior del Estado, desgraciadamente establece penas que muy altas. Pero es una ley antiquísima, que invocaron anteriormente los ex presidentes Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet».
O sea, de acuerdo a la doctrina Hinzpeter, lo que haya hecho la Concertación en materia de represión, legitima la represión.
No contento con ello, fue al fondo de su razonamiento:
«Le hemos dado un espacio al diálogo, pero hay un punto que los gobiernos no pueden esperar el diálogo. El gobierno no puede estar negociando algo que es un delito. Esto además puede servir para asentar un precedente, puesto que los gobiernos no pueden establecer mesas de trabajo con personas que impiden a otros su libertad de desplazarse. Hemos resistido la invocación de la ley para ayudar al diálogo. No hay una razón objetiva que justifique, no las protestas, sino que el bloqueo de los caminos. ¿Vamos a aceptar que tengan de rehenes a las personas?».
Lo dicho: Hinzpeter hace prevalecer de manera mecánica, el orden público sobre cualquier otra consideración, por encima del clamor de un movimiento social compacto y mayoritario que debe recurrir a medidas de presión puesto se siente, legítima e históricamente, excluido, discriminado y no escuchado; más aún cuando se trata de medidas políticas y administrativas adoptadas en el nivel central, las que están deteriorando su calidad de vida.
Hinzpeter habla de diálogo. Pero ¿cuál dialogo? ¿Las dos veces que el subsecretario Ubilla se limitó a escuchar las demandas del movimiento, sin estar investido de potestad resolutiva alguna, lo que de pasada revela el menosprecio del Gobierno por el movimiento de Aysén?. ¿O los 30 minutos que alcanzaron a discutir los dirigentes del movimientos y el Ministro Rodrigo Alvarez, antes de que éste desenfundara la amenaza de que no habrá diálogo sin antes deponer la movilización?
Apelar al diálogo, y omitir la brutalidad policial -suficientemente documentada- de una fuerza foránea trasladada a la región por orden del propio Hinzpeter, es un descaro y una muestra de refinada hipocresía.
Pero, en lo principal, la amenaza de Hinzpeter constituye una torpeza política que terminará volviéndose contra él. El Gobierno no puede encarcelar a la población de una región entera, por mucho que sea la región proporcionalmente más despoblada del país, lo que de paso explica el escaso interés del Gobierno en el problema. Y si encarcela a los dirigentes más caracterizados, significará escalar el conflicto hasta límites que el Gobierno no está en condiciones de soportar.
De acuerdo con las leyes que rigen la política y la resolución de conflictos, el Gobierno tendrá que sentarse a negociar, y mientras antes, mejor. Ese será el momento en que bravatas como la de Hinzpeter le pasarán la cuenta. De hecho, si el Gobierno hubiera tomado en serio el conflicto, y negociado al principio del mismo, como por lo demás la razón más elemental aconsejaba, este ya estaría hace rato solucionado.
Pero hay en este Gobierno, y en la derecha chilena, una predisposición genética a no escuchar a la ciudadanía y a imponer tanto su concepción de mundo como la defensa irrestricta de privilegios, intereses y sinecuras, que lo muestra patéticamente torpe y desmañado, y hace que no deje inepcia por cometer; torpeza más patente aún cuando se asiste al despertar de una sociedad civil largamente pisoteada y acallada por un modelo económico y político excluyente, elitista y abusador.
El desprecio de Hinzpeter por la democracia emerge en la frivolidad con que descarta las consecuencias de una eventual interpelación parlamentaria:
«Son herramientas democráticas que deben usarse con sensatez. No hay ningún argumento razonable para ello», dijo con suficiencia.
Hinzpeter parece ser el único chileno en ignorar el ominoso saldo de la brutalidad policial. En cambio, sabe que en virtud del sistema binominal y la hipertrofiada representación de la derecha, el parlamento no le saldrá ni por curado.
Luego, invocó al diálogo desarmado y sin garantías, el único que parece aceptar el gobierno:
«No estamos diciendo que se deponga el movimiento, pero sí que se terminen los bloqueos».
Terminó haciéndose el bueno de la película:
«No quisiera invocar una ley que tiene sanciones severas, pero esto es una obligación para un ministro del Interior. Si dejo de cumplir mis obligaciones tengo que irme del cargo».
En rigor, tendría que haberse ido del cargo hace rato, pero en este caso específico tanto por el nivel de chambonada y chapucería que ha mostrado en el manejo del conflicto, como por la desorbitada violencia policial, variables ambas que dependen directamente del Ministro del Interior.
Para no ser menos, el Ministro de Salud Jaime Mañalich saltó al ruedo para declamar, orondo y lirondo, que «si fuera ministro del Interior, ya habría aplicado la ley de seguridad del Estado en Aysén».
Alineado con la estrategia del Gobierno, de colocar el cese de los bloqueos como condición para negociar, agregó que de lo que se trata es «exigir el término de actitudes delictivas».
Luego, calificó como de «extrema gravedad» el conflicto de Aysén:
«Que un dirigente de camioneros diga ‘voy a bloquear los accesos… y me voy a tomar la ciudad’, me parece grave. Si yo fuera el ministro del Interior, ya habría aplicado la Ley de seguridad del Estado».
Tal como Hinzpeter, apeló a un diálogo que el propio Gobierno ha evadido con pasmosa incompetencia:
«El Gobierno ha escuchado las peticiones. Ha mandado a tres ministros, dos subsecretarios. El ministro Álvarez va mandatado con ofertas concretas. De manera que falta decir, sentémonos a conversar».
Parece que Mañalich no se ha dado cuenta del ridículo papel que está haciendo el Ministro Alvarez en la zona, ventilando ofertas por la prensa, mientras permanece maniatado por un Gobierno central más interesado en aparecer posando como el sheriff del condado que en sentarse a negociar. Y tampoco parece haber leído un chiste sobre su visita a Aysén, que circuló profusamente por las redes sociales:
-«¿Como le fue en su viaje a la Patagonia, ministro?», le preguntaron los periodistas a su regreso.
– «Espléndido. Traje salmón, mermelada de murta y unas artesanías preciosas», contestó Mañalich.
El problema con Mañalich consiste en que está cortado con la misma tijera que Piñera. Un día dicen upa, y al día siguiente chalupa, con la misma cara de palo. Otro día dicen, vamos a hacer tal cosa, para terminar haciendo exactamente lo contrario.
Precisamente, al regreso de su viaje a Aysén, el 21 de febrero, reconoció un cambio en su percepción respecto de la movilización social en Aysén:
«La forma en que mirábamos esta situación, o que yo la miraba, es un poco errónea en el sentido de que, como manifestaron los propios dirigentes anoche, el tema absolutamente crucial para ellos es el tema del costo de los combustibles. Los dirigentes nos dijeron formalmente que no tienen interés en avanzar por ahora en los otros puntos hasta que se resolviera esta solicitud específica. La conversación sobre el costo de los combustibles es necesaria antes de seguir hablando de otros temas y ese es el encargo que llevamos a Santiago».
¿A cuál Mañalich hay que creerle? ¿Al diligente emisario, dispuesto a trasladar la exigencia de los dirigentes del conflicto hasta el nivel central, o al energúmeno que se jacta de que ya habría aplicado la Ley de Seguridad del Estado?
Tal parece que su inicial posición conciliadora le valió un severo raspacacho de su jefecito, porque al día siguiente ya había cambiado de discurso, acusando la actuación de agitadores profesionales, entre los que incluyó explícitamente al grupo ambientalista Patagonia sin Represas. Luego se enfrascó en una ridícula polémica a propósito de la muerte de un poblador en una noche de protesta. Mañalich se empeñó en culpar a los manifestantes, que habrían impedido la llegada de una ambulancia, mientras la familia insistía en que la muerte obedecía a causas naturales, absolutamente ajenas e independientes del clima de protesta social.
Con ese ojo clínico, se explica por qué Mañalich suele ser objeto de la hilaridad general, en las redes sociales.
La actuación del trío de connotados exponentes de la nueva forma de gobernar se completa con declaraciones formuladas por el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, en radio ADN.
Partió descalificando a la contraparte como interlocutor válido:
«Los jóvenes no son interlocutores válidos, por un hecho muy simple. Yo los puedo escuchar, yo puedo conversar con ellos, pero al final del día yo me tengo que entender con los padres, porque seamos claro, ¿quién matricula al niño? Si el joven fuera interlocutor válido sería él que va al liceo, al colegio va y se anota y se compromete a llegar a las 8. Voy a venir con camisa, con corbata …pero no, viene un papá y él es que dice vengo a matricular a mi hijo en este colegio. Y ahí es donde se confunde la sociedad, cuando los papás quieren ser amigos de sus hijos, así como «amiguis», salir a tomar con los cabros o a protestar con ellos…no. Los papás están molestos porque la educación no está bien, bueno asuman ellos su responsabilidad».
Labbé revela la cultura marcial en la que fue formado: lo que se mueve se saluda, y lo que no se mueve se pinta. Al padre lo que es del padre, y al hijo, acatar y obedecer. Sólo le faltó invocar el arcaico principio educativo, vigente hasta no hace muchos años, de que la letra, con sangre entra. Total, mientras el cabro no vote, no tiene la menor importancia.
Afirma que le gustó la frase del cantante Manuel García en el Festival de Viña, quién le dijo a Piñera: «Los estudiantes no lo dejaran dormir si usted no los deja soñar», pero agregó:
«Me gustó la frase de Manuel García, pero más que dejarlos soñar hay que hacerlos soñar, hay que hacerlos construir su futuro, pero hay que enseñarles, hay que enseñarles que en la vida mucho no cuesta poco, que la vida no es tan fácil como la gente la pinta, que hoy día requiere mucho esfuerzo. Eso es formar a un niño, a un joven. Cómo no va a ser formación decirle a un chiquillo que se tomó el 60% del año, siete meses sin clases, que destruyó los colegios a niveles que hoy día a nosotros nos puede costar en la última línea mil quinientos millones de pesos, donde se perdían dos o tres raciones diarias de alimentos».
O sea, formarlos como un perfecto ladrillo en la pared.
Y concluyó con un peculiar balance del movimiento estudiantil:
«¿Qué sacaron? Yo creo que fue un fracaso, no se logró nada. Fuera de instalar el tema de la educación, que está más que instalado, no hemos llegado a nada. Nosotros queremos salvar la educación pública».
Claro, salvar la educación pública entregándosela a los sostenedores privados. Y tal como Hinzpeter y Mañalich, Labbé demuestra no haber entendido un adarme del conflicto que tenía al frente. Tal como ellos, cree que la única solución consiste en la arremetida policial. Y tal como ellos, se equivoca por definición. Haber mandado al Gobierno al piso de las encuestas, ya casi por un año entero, no es un logro menor del movimiento estudiantil, que por si Labbé lo ignora, no piensa rendirse ni bajar los brazos. Tal como lo mantendrá ahí el torpe manejo del conflicto de Aysén, en las próximas encuestas que vengan.