La historiadora Marina Franco reflexiona sobre la violencia política, los antecedentes represivos de la última dictadura y las reinterpretaciones sobre aquellos años.
Cómo pensar la violencia de los setenta? Esta pregunta, inmensa, compleja, casi inabarcable, fue la que disparó el libro de Marina Franco, Un enemigo para la Nación (Fondo de Cultura Económica), que se detiene a pensar los años previos a la dictadura y en cómo las políticas generadas desde el propio Estado construyeron un dispositivo que terminó por institucionalizar la represión. Para la autora, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad París 7, y actual investigadora del Conicet y del Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes) de la Universidad de San Martín, revisar las medidas y las palabras adoptadas por el propio Juan Domingo Perón en aquella época o los debates parlamentarios y los títulos que circulaban en los medios, devuelve fragmentos de una memoria que -en su opinión- hoy exige ser examinada: «Si nosotros, como sociedad, no reconocemos que hubo responsabilidad civil y que el peronismo jugó un papel en la escalada represiva, con la que todos estaban de acuerdo hacia 1975, esos argumentos los toma finalmente la derecha. Lo que hay que hacer es reconocer la responsabilidad, y evitar que puedan usarlo en su defensa».
Usted plantea una continuidad relativa entre el terrorismo de Estado de 1976 y el período que lo antecede. ¿En qué se basa?
En la destrucción del Estado de derecho. Es decir, cuando se produce el golpe de Estado en 1976, ya estaba completamente socavado por la legislación que se había ido imponiendo desde mediados de 1973. Y, a mediados de 1974, luego de la muerte de Perón, se imponen el estado de sitio y la ley de seguridad que terminan de destruir las garantías constitucionales. Pero hay otros ejemplos: la ley de prescindibilidad, la censura, las restricciones a los derechos laborales, la creación de figuras penales amplias y vagas que permitieron perseguir a supuestos enemigos… Por el otro lado, la represión paraestatal, la otra cara del mismo fenómeno. Luego del desplazamiento de Héctor Cámpora, empezó a crecer una escalada de represión clandestina en la que, creo, terminó de encauzarse la represión de las FFAA. Ahora, que exista una continuidad en estos aspectos no significa que se pueda plantear una continuidad entre peronismo y dictadura.
¿En qué sentido?
El tipo de represión que hace la dictadura es radicalmente distinta, la desaparición forzada, con campos clandestinos de detención, con una organización sistemática implantada en todo el territorio, con el secuestro de bebés y tortura, es patrimonio de las FFAA y plantea fuertes divergencias con el período anterior. En ese sentido, me parece que la diferencia es muy importante, porque permite pensar en la responsabilidad de una parte del peronismo al habilitar ese espacio represivo y crear legitimidad social para la persecución de supuestos enemigos internos, facilitando el espacio de acción de las FFAA y su posterior autonomía. Pero hay otra responsabilidad, que es exclusiva de las FFAA: la desaparición de personas como sistema y el intento de fundar un modelo social y político totalmente destructivo y regresivo.
La pregunta es de qué hablamos cuando hablamos de «peronismo» en aquella época, porque se trata de un sujeto político sumamente complejo.
Efectivamente, es una pregunta clave porque el peronismo ha sido siempre muy heterogéneo, pero en los setenta esa heterogeneidad adquiere niveles de conflicto extremos, de polarización, en los que se torna imposible resolver esas diferencias. El peronismo de los setenta está atravesado por esa polarización y parte de la escalada represiva de esos años es el resultado de la forma en la que el peronismo resuelve sus conflictos internos.
Por otro lado, en el período de Cámpora se intenta avanzar en otra dirección, consolidando la vía democrática.
Sí, claro, el camporismo anula la legislación represiva y empieza a funcionar una democracia que se encuentra con niveles de movilización social muy fuertes. Ahora bien, hay un dato importante al respecto y es que el camporismo no suprime la Ley de Seguridad de Juan Carlos Onganía, de 1966, que es la que plasma en la legislación la doctrina de seguridad nacional. No obstante, es cierto que la violencia comienza con Raúl Lastiri, así como también que parte de la legislación que destruye el Estado de derecho y la represión clandestina son medidas que el peronismo de derecha instrumenta desde el poder para eliminar del juego político al peronismo de izquierda. El problema, entonces, es qué definimos como peronismo de derecha y es ahí donde la etiqueta se vuelve compleja, porque obviamente uno puede afirmar que José López Rega, María Estela Martínez de Perón u Oscar Ivanissevich son «peronismo de derecha», pero la cuestión es que esa eliminación del peronismo de izquierda del juego político se hace desde el poder y desde el Estado, y fue iniciada por el propio Perón. Sacar del poder a todos los gobernadores más cercanos a Tendencia Revolucionaria, eso lo inicia Perón…
Al analizar el discurso de Perón, usted se detiene en un actor que es la «juventud», que aparece representado como una especie de amenaza «maleable por las organizaciones subversivas». Al respecto, resulta interesante hacer una comparación con el presente, cómo hoy en muchos discursos esa juventud encarnada principalmente en La Cámpora también aparece como «amenaza» y también es representada como una suerte de sujeto maleable, en este caso por el oficialismo.
Efectivamente, la juventud fue un elemento muy presente en la época que encarnaba esa cosa disruptiva y rebelde, y fue por ello que rastreé esa relación entre juventud y amenaza que aparece en el peronismo de derecha y también en los actores conservadores de la época. Ahora, no creo conveniente leer los setenta en clave del presente o actual. Justamente, lo que trato de pensar es que los setenta fueron un momento muy particular en el que confluyó un conjunto de elementos particulares, muchos de los cuales son externos al peronismo. Si los leemos en relación con la actualidad, terminamos cayendo en la tensión peronismo-antiperonismo o kirchnerismo-antikirchnerismo, y es algo que quiero evitar, porque no es mi objetivo hacer ninguna crítica política sobre el presente, en absoluto, y porque no permite pensar el pasado, sólo pone etiquetas antes de empezar a reflexionar.
Ahora, ¿qué responsabilidad les cabe a las organizaciones armadas en este escenario?
Creo que, en el momento de la democratización de 1973, en vez de leer que había una nueva situación política optaron por seguir la vía revolucionaria. Y ese camino se fue pronunciando progresivamente con acciones cada vez más extremas, pero que, a su vez, llevaron a una caída del consenso social. En ese momento, buena parte de la sociedad esperaba el regreso de Perón. Por eso, en 1974 ya no tenían la misma base de apoyo. Cuando las guerrillas siguen combatiendo, ese orden hace que queden cada vez más marginadas. Aunque, sin duda, las acciones y la militarización de esos grupos también fueron resultado y respuesta de la vía autoritaria que rápidamente tomó el gobierno.
¿Cree que terminaron siendo funcionales a la derecha?
Sí, porque terminaron de legitimar el discurso represivo, que pedía orden. En el discurso dominante, las organizaciones armadas siempre fueron las responsables de la situación y, de hecho, ésa es la base de la teoría de los dos demonios. Ahora, aceptar que ellas empujaron la espiral de violencia es muy distinto de afirmar que fueron las responsables o la causa excluyente de la represión. Por empezar, la represión asume un montón de enemigos que los excede, como al peronismo de izquierda no involucrado en la lucha armada, al movimiento obrero, a los estudiantes, a las universidades… En fin, a toda la sociedad movilizada.
Usted analiza también el rol de los medios.
Me detengo en los discursos que circulaban en los medios, pero de manera articulada con la actividad legislativa, porque creo que eso permite pensar en una construcción colectiva. Es decir, acá no tuvimos solamente un gobierno metido en la escalada represiva, sino también a la prensa y actores políticos dominantes que empujaron ese proceso. Justamente, una parte del libro analiza los debates legislativos para mostrar cómo la oposición partidaria y el radicalismo también apoyaban la escalada represiva… El argumento que plantean hoy las Fuerzas Armadas, que piden ser reconocidas como víctimas de la subversión, es algo que decían los actores de la época. Entonces, ¿cuál es el problema político de fondo? Si nosotros, como sociedad, no reconocemos que hubo responsabilidad civil y que el peronismo jugó un papel en la escalada represiva, con la que todos estaban de acuerdo hacia 1975, esos argumentos los toma finalmente la derecha. Lo que hay que hacer es reconocer la responsabilidad, la parte de razón que tienen y evitar que puedan usarlo en su defensa.
Hay quienes endilgan al kirchnerismo haber construido su propio relato sobre los derechos humanos. ¿Cuál es su punto de vista?
Los derechos humanos constituyen una bandera colectiva. En todo caso, que un partido lo haya transformado en una línea de su gobierno para hacer acciones de justicia, bienvenido. Pero el libro, y me gustaría insistir sobre esta idea, no se inscribe en la puja del presente.
Resulta interesante pensar cómo cada vez aparece más instalado el concepto de «dictadura cívico-militar». ¿No cree que constituye una forma de avanzar en una revisión más amplia sobre la dictadura?
Coincido en que hay un gran avance en reconocer todo el complejo civil que acompañó la dictadura, pero no sé si estamos, por ejemplo, tan dispuestos a reconocer cuánto hubo de responsabilidad por parte del gobierno peronista en ese proceso -un proceso que excede en mucho la acción de la Triple A. Cuando se habla de dictadura cívico-militar se piensa en los grandes actores del poder corporativo y económico, pero me parece que habría que ir un poco más atrás y ver, también, la responsabilidad de muchos actores políticos no sólo por su relación con la dictadura, sino por apoyar el proceso represivo. Por otro lado, el concepto de dictadura cívico-militar creo que no se ajusta a la realidad de lo que fue ese proceso. Porque el poder decisorio y la instrumentación de un sistema represivo a escala nacional y racionalmente planificado fueron responsabilidad militar.
Si uno analiza las últimas apariciones de Videla, está instalada esta idea de «cumplimos con un mandato».
Por eso, si la sociedad democrática y sus actores, incluidos la izquierda y el peronismo, son capaces de reconocer las responsabilidades en ese proceso, les sacamos el argumento a ellos. Porque cuando Videla dice «Fuimos convocados», está quitándose responsabilidades. Y creo que tienen absoluta e intransferible responsabilidad por lo que hicieron, y no pueden ser ni exculpados ni disculpados.
Fuente: http://www.revistadebate.com.ar/2012/06/29/5597.php