El neoconservadurismo como retórica de la necesidad

Los argumentos económicos que articula el discurso neoconservador son fácilmente identificables: entre otros, la necesidad de flexibilización de los mercados de trabajo a efectos de garantizar la competitividad empresarial, la importancia de reducir el déficits público en vistas a la sostenibilidad del estado, la prioridad de la iniciativa privada por razones de eficiencia y eficacia, el rescate del sistema financiero para garantizar la expansión del crédito a las empresas y por añadidura a las familias, la necesidad de establecer un control máximo sobre la política monetaria que evite cualquier escalada inflacionaria, la desgravación fiscal y mejora de las condiciones a las rentas de capital que incentiven las inversiones y eviten su deslocalización, las reformas laborales para mejorar la productividad y la restricción de sus áreas de intervención a los «servicios básicos» para no interferir en la dinámica de los mercados (aunque la categoría de «servicio básico» sea significativamente inestable, a excepción de la universal reivindicación del ejército y la policía como funciones estatales indelegables). En pocas palabras: la necesidad de «desregular» los mercados en tiempos de prosperidad y de «rescatarlos» con recursos públicos en tiempos de crisis. La fórmula subyacente es simple: garantizar la rentabilidad privada más allá de las fluctuaciones económicas, siendo el estado quien asume las pérdidas del gran capital financiero y empresarial.

A nivel político, la retórica neoconservadora se liga a la defensa de un cierto modelo de estado como garante de la economía de mercado y del mantenimiento del orden público. La remisión de la democracia a un mero procedimiento ligado al sistema parlamentario (marcado por la alternancia en el gobierno de los partidos de masas y por el control de las minorías parlamentarias) es complementado con la exigencia universal de respetar las reglas de juego establecidas (o, lo que viene a ser lo mismo, la «seguridad jurídica», especialmente de cara a «inversores»). A esta caracterización sumaria cabría añadirle otros «argumentos de necesidad» invocados por el neoconservadurismo (como sustento ideológico de las mal llamadas «democracias liberales»): necesidad de regular los flujos migratorios según las demandas de los mercados de trabajo y bajo la supervisión policial y militar (de modo de filtrar la inmigración irregular y garantizar la «integración» pensada en términos de asimilación a «normas» y «costumbres» nacionales), necesidad de limitar el derecho de asilo y de racionalizar la cooperación humanitaria, necesidad de homogeneización educativa orientada al desarrollo de la empleabilidad o de cualificaciones profesionales en mercados laborales comunes, reivindicación de una política cultural tradicionalista (ligada a la promoción de fiestas y eventos locales que protejan la «identidad nacional», al desarrollo de políticas de preservación del patrimonio histórico-cultural, al control de las industrias culturales públicas y la interrupción de cualquier forma de mecenazgo artístico) y despliegue de una política securitaria internacional como mecanismo de protección ante la globalización del terrorismo y de las mafias así como la defensa de alianzas bélicas ante presuntos «enemigos de la libertad» y de los «derechos humanos». La enumeración podría ser más exhaustiva e incluir variantes más elaboradas de este discurso que, aunque se base en el neoliberalismo, transgrede de forma manifiesta el credo de la «autorregulación del mercado».

En conjunto, estos argumentos de necesidad niegan la «libertad» que este discurso proclama como valor supremo. La paradoja del neoconservadurismo es que en nombre de la libertad termina negándola bajo la retórica de la necesidad. La amenaza del caos es usada sistemáticamente para legitimar lo que es considerado un imperativo de acción. Lo fundamental, en este contexto, es que esa formación discursiva no se propone tanto articular una justificación teórica consistente como elaborar una práctica política presentada como ineludible. La defensa coral del sentido común y el llamado a la responsabilidad constituyen variantes de un enunciado fundamental: las alternativas políticas y económicas, en rigor, además de ser contrarias al «interés general» y en última instancia producto de posiciones «radicales», no pueden más que conducir al «desorden» o a la «anarquía». En suma, la glorificación de lo presente se transforma en rechazo de otras alternativas. En el límite, para este discurso no hay alternativa alguna a la opción política presente. No es de extrañar que muchos grupos sientan ante esta presunta «fatalidad» un profundo desencanto, lo que no hace sino constatar que la política de la resignación tiene consecuencias materiales.

Por lo demás, aunque esos argumentos tengan cierta eficacia en las políticas de gobierno dominantes, bajo la forma de programas concretos, a menudo entran en colisión con la propia práctica de gestión, en la que se adoptan decisiones que nada tienen que ver con la «austeridad» o incluso el «interés económico». Por poner algunos contraejemplos: la negativa a reducir el gasto político, la amnistía fiscal a los grandes capitales, la transferencia de recursos públicos a la banca, la subvención a instituciones como la iglesia católica o la monarquía y la política fiscal regresiva no tienen ningún vínculo estable con esos argumentos. Más bien, ponen de manifiesto un pragmatismo ideológico en la que todo vale para salvar al capital concentrado o a sectores institucionales esclerotizados.

Dicho de forma más específica: saben perfectamente que el deterioro de las condiciones laborales no implica creación de empleo, que reducir el déficits fiscal en tiempos de contracción económica agrava la situación de exclusión social y contrae más el consumo, que la iniciativa privada en ciertos ámbitos no sólo no es más efectivo sino que puede convertirse en un auténtico desastre (como ocurre con la sanidad, los recursos estratégicos, las pensiones o la educación), que salvar a la banca no conduce a un aumento crediticio, que una política monetaria rígida es un obstáculo para reestructurar los tipos de cambio, que un sistema tributario más progresivo -complementario a la supresión de paraísos fiscales y a la aplicación de una tasa a las transacciones financieras- permitiría gestionar con más recursos la crisis sin arremeter contra los damnificados, que la productividad no depende de la precariedad laboral sino de condiciones satisfactorias de trabajo, que las regulaciones estatales sobre la economía son imprescindibles en múltiples planos o que los «servicios básicos» como la policía o las fuerzas armadas son aparatos represivos que podrían reducirse notablemente de cambiar las condiciones sociales mayoritarias. Saben perfectamente lo que hacen -y por eso lo hacen.

Desde luego, si bien «argumentos de necesidad» de esa clase son manifiestamente falsos, seguirán siendo repetidos por el discurso hegemónico como una verdad de perogrullo, dogmas que no sería dado siquiera interrogar. Llegados a este punto, es claro que la función retórica de este argumentario es la legitimación ideológica de decisiones contingentes tomadas desde centros de poder sustraídos a cualquier control público. Saben de sobra del daño que están produciendo; sencillamente no les importa y ni siquiera contamos con medios de control democráticos para limitar estas decisiones basadas en cálculos de rentabilidad privada y no en criterios explícitos de bien público. Por centrarnos -a modo de ejemplo- en algunas instituciones supranacionales: ¿quién controla a organismos como la OMC, el BM, la OMS, el FMI, la CE, el BCE, entre otros? ¿Qué representan estas siglas sino la opacidad absoluta? ¿Qué sanciones están estipuladas ante los gravísimos «errores» de previsión de estas entidades y las pésimas recetas que han prescrito para gestionar la presente situación u otras similares en el pasado? ¿Quién supervisa, y bajo qué criterios, el vínculo de la troika con los lobbies que marcan su agenda de reformas socialmente regresivas? Dicho de otro modo: ¿quién controla a estos mandatarios del gran capital?

El discurso neoconservador, pues, forma parte de la retórica cínica que esgrimen los ideólogos del orden instituido. Que encontremos expertos dispuestos a elaborar esa ideología de forma teórica habla, en todo caso, de una lucrativa alianza entre elites políticas y especialistas del ajuste, agentes financieros y académicos enriquecidos, pero no informa sobre las inconsistencias y perjuicios prácticos de ese argumentario (1), como el crecimiento de la pobreza, la destrucción de empleo, las restricciones impuestas en el acceso al sistema de prestaciones sociales públicas, el sobreendeudamiento de la población, el encarecimiento de bienes primarios o la pérdida de vivienda, por no ahondar en otros efectos menos visibles pero no menos devastadores como el éxodo juvenil, el suicidio o el aumento de distintas formas de violencia social.

El neoconservadurismo como cinismo, sin embargo, no se deja invertir: el cinismo contemporáneo -que apenas mantiene un remoto parecido de familia con el discurso filosófico griego homónimo- hunde sus raíces en la modernidad económica, en particular, en la disociación ética entre saber y poder. Comprender sus modalidades es condición para radicalizar una crítica al presente. Es de suponer que la eficacia simbólica de esa crítica se haga visible no sólo en la pérdida progresiva de legitimidad de la ideología neoconservadora sino también de una constelación cultural mucho más vasta, que sustenta la realidad histórica del capitalismo. Puede que entonces, aunque no logremos evitar que las clases dominantes hagan las paces con el mal del mundo, al menos nosotros no las hagamos con ellos.

Notas:

(1) Aunque las críticas a este discurso no han cesado de multiplicarse, una refutación especialmente demoledora a la «racionalidad del capitalismo» ha sido desarrollada por Cornelius Castoriadis, en Figuras de lo pensable. Las encrucijadas del laberinto IV, trad. FCE, 2002, México, pp. 65-92.

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