Nuestra colaboradora en Estocolmo, Juana Donoso, nos envió una interesante entrevista con Gabriel Salazar, premio nacional de Historia 2006, en la cual aborda, entre otros tópicos, el rol que podrían jugar los movimientos sociales en Chile durante el próximo período presidencial (2014-2017). -¿Hay algún candidato dentro de los que se presentan a las elecciones presidenciales […]
Nuestra colaboradora en Estocolmo, Juana Donoso, nos envió una interesante entrevista con Gabriel Salazar, premio nacional de Historia 2006, en la cual aborda, entre otros tópicos, el rol que podrían jugar los movimientos sociales en Chile durante el próximo período presidencial (2014-2017).
-¿Hay algún candidato dentro de los que se presentan a las elecciones presidenciales que vaya a cumplir lo que la gran mayoría está exigiendo, como es eliminar el lucro en la educación, una nueva Constitución y la recuperación del cobre?
-Todos los candidatos se han manifestado partidarios de reducir o eliminar el lucro del sistema educacional, pero ninguno ha presentado un plan concreto para hacerlo y para establecer un sistema alternativo. Lo mismo respecto de la necesidad de realizar ‘ajustes constitucionales’, aunque Michelle Bachelet, Marcel Claude y Roxana Miranda han planteado la posibilidad de «cambiar la Constitución», pero mientras Bachelet y Claude señalan que la elección de la Asamblea Constituyente debe realizarse conforme lo permite la actual Constitución Política del Estado (que plantea la posibilidad de realizar un plebiscito para convocarla), Miranda sostiene que la Asamblea debe ser electa según lo plantee la voluntad soberana del pueblo, y cuando y en la forma que ella determine. Ciertamente, la clase política en general percibe que hay una opinión ciudadana mayoritaria (64 %, según encuesta CEP) en este sentido, pero todos los partidos políticos tienden a sostener que el proceso pertinente debe ser ajustado a las leyes y manejado por ellos mismos. En esto hay un contraste categórico con el grueso de la opinión ciudadana.
En cuanto a la propuesta de nacionalizar el cobre u otras riquezas básicas, sólo Marcel Claude y Roxana Miranda lo plantean positiva y claramente. Ningún otro candidato tiene definiciones precisas a este respecto.
Debe considerarse que, según los pronósticos, Bachelet obtendrá entre 35 y 40 % de los votos en primera vuelta, en tanto que compiten por el segundo lugar (entre el 12 y el 20 %) los candidatos Franco Parisi, Evelyn Matthei y Enríquez-Ominami. Marcel Claude entraría en quinto o sexto lugar (8 o 10 %), en tanto los restantes obtendrían, en conjunto, menos del 12 % de los votos. De este modo, lo candidatos más radicales y reformistas (Claude y Miranda) no estarán en condiciones de implementar sus programas. La sorpresa sería la baja votación de Matthei y la alta votación de Parisi (entre ambos captarían la votación de la Derecha).
-¿Las transformaciones educacionales, económicas, culturales, etc., dependerán del nuevo Presidente, de la presión de los Movimientos Sociales o de otra circunstancia?
-No hay duda que las transformaciones estructurales que se necesitan (educacional, tributaria, regional, salud, económica, militar, etc.) son suficientemente radicales como para que la clase política permita y de luz verde al Gobierno (cualquiera que éste sea) para que pueda implementarlas, una a una, o en conjunto. Ningún gobierno electo según la Constitución vigente podrá sortear el sistema de control que tiene la clase política civil (y la militar) sobre la maquinaria estatal. Todo indica que Michelle Bachelet (la más probable ganadora de la elección de noviembre) carece del carácter y la fuerza política necesarias para romper ese cerco y realizar las reformas con la profundidad que se requiere. Por tanto, todo indica que la iniciativa tendrán que mantenerla, e incluso profundizarla, los movimientos sociales. Esto está en el ambiente, pero hay varios actores sociales que deben modificar y democratizar sus estructuras gremiales para poder actuar eficientemente en ese sentido. El proceso seguirá igual que ahora: avanzando lentamente.
-¿Cuál cree Ud. será el problema más grande con el que se enfrente el nuevo Gobierno en 2014. Pensando en las asambleas territoriales de base como Freirina, Magallanes, Aysén, Tocopilla, etc?
-Sin duda, el principal problema que enfrentará el nuevo gobierno será satisfacer la voluntad ciudadana, que día a día está más definida, autónoma y decidida. Habrá, pues, múltiples conflictos con la sociedad civil. Con todo, si China experimenta un traspié económico (o Estados Unidos), el frágil equilibrio económico chileno se romperá y provocará una situación extremadamente crítica para el Gobierno. Bachelet -probable Presidente- estará sometida a una fuerte presión para radicalizar las políticas públicas.
-¿Los estudiantes siguen siendo aún el movimiento social con más clarida sobre qué hacer en Chile?
-Los estudiantes universitarios (la Confech) apareciron en 2011 como el más activo y radicalizado actor social. Es un hecho que, desde 2012, aunque continúa activo, no ha hecho propuestas concretas ni imposiciones audaces sobre el tema educacional. Mucho más radicales han sido los planteamientos de los estudiantes secundarios (liderados por la Aces), que tienen un fondo crítico-cultural más ancho, sólido y revolucionario. Sin embargo, tan o más importante que ellos han sido los movimientos desencadenados por las asambleas territoriales de base, que han puesto sobre el tapete no sólo movilizaciones ganadoras, sino también prácticas de soberanía que tienden, día a día, a expandirse. Estas asambleas -que son inconstitucionales- siguen activas en Magallanes, Aysén, Freirina, Calama, Tocopilla, Arica, Quellón y en muchos otros lugares. La proyección histórica de este movimiento -inédito en Chile durante el último siglo- es considerable. Es más sólido que el de los estudiantes.
En suma, no habrá grandes novedades como resultado del proceso electoral. La historia profunda no va por allí, sino por el interior de los movimientos señalados. La explosión de memoria social ocurrida a propósito de los 40 años del golpe de Estado hizo saltar en pedazos la memoria oficial, y esto ha significado una inyección de energía en las bases ciudadanas, que promete novedades para los próximos años. El cierre del Penal Cordillera (para altos oficiales del Ejército) y la presión para cerrar también el de Punta Peuco (también para militares) parecen ser los primeros jalones de esas novedades futuras.