Hace una semana salió el listado de los subsecretarios del próximo gobierno de Michelle Bachelet. En el anuncio se confirmó que Carolina Echeverría Moya desempeñará el cargo como Subsecretaria de las Fuerzas Armadas, quién también encabezó desde el 2006 al 2010 el cargo de subsecretaria de Marina durante el anterior gobierno de Bachelet. Hija de […]
Hace una semana salió el listado de los subsecretarios del próximo gobierno de Michelle Bachelet. En el anuncio se confirmó que Carolina Echeverría Moya desempeñará el cargo como Subsecretaria de las Fuerzas Armadas, quién también encabezó desde el 2006 al 2010 el cargo de subsecretaria de Marina durante el anterior gobierno de Bachelet.
Hija de un coronel del Ejército, Echeverría es trabajadora social, ostenta un magíster en Estudios de Defensa de la Academia de Guerra del Ejército de Chile y es también oficial de reserva asimilada de dicha rama castrense. Sin embargo, en esta ola de cuestionamientos a los subsecretarios de gobierno, una nueva punta del iceberg emerge en el gabinete del próximo gobierno de Michelle Bachelet.
En mayo del 2008, un grupo de marinos interpuso una querella «contra quienes resulten responsables» por torturas sufridas en 1973. Esta es en realidad una reedición de las acciones jurídicas iniciadas días antes del golpe. En agosto de 1973, en efecto, el entonces ministro de Defensa, Orlando Letelier, ante la evidencia de las horribles torturas contra los marinos que habían denunciado el golpe inminente, decide incoar sumarios. El comandante en jefe de la Armada, almirante Raúl Montero, ordenó que la Fiscalía Naval iniciara la acción jurídica contra los torturadores.
Un año después, solicitaron a Echeverría nivelar sus pensiones con las del resto de los marinos jubilados, la entonces Subsecretaria de Marina los instó a retirar las acciones jurídicas contra los torturadores.
El 29 de diciembre de 2009 Víctor López, marinero 1ro en el crucero Prat en en 1973 y presidente de la Asociación de Marinos Antigolpistas, envió una carta a la Presidenta Bachelet, en la cual denunciaba el chantaje de su Subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría Moya, exigiendo un desagravio por esa afrenta y al mismo tiempo solicitó una audiencia. Sin embargo, nunca obtuvo una respuesta ni un acuso de recibo.
«Es más grave ser borracho que violador de los derechos humanos»
Como Asociación de Marinos Antigolpistas les parece una burla más el gobierno y recuerdan en la misma línea la designación el año 2010 de Santiago Lorca como Coordinador de la Regata Bicentenario, quién fue el oficial que secuestró al mismo Víctor Lopez y otros compañeros del Crucero Prat en agosto de 1973 y los entregó a torturadores de la Infantería de Marina Del Fuerte Borgoño De Talcahuano.
Sin embargo, aquella vez Santiago Lorca fue bajado de su cargo por manejar en estado de ebriedad y no por sus crímenes durante la Dictadura. «Es más grave ser borracho que violador de los derechos humanos» enfatiza Lopez.
Desde la posición de los marinos que se opusieron a la Dictadura no tienen ni la más remota esperanza que este gobierno tenga intención de un reconocimiento a los Marinos Antigolpistas. «Si son los mismos tendremos más de lo mismo» argumenta Victor Lopez refiriéndose a los nombres del gabinete que se han repetido dentro de los últimos gobiernos de izquierda.
Recuerdan que cuando Michelle Bachelet era ministra de Defensa se mostró partidaria de la jubilación de los militares exonerados por las cajas de la defensa. Con su apoyo, representantes de éstos y las subsecretarías del ministerio de Defensa trabajaron en un anteproyecto de Ley hasta el año 2005. Sin embargo, éste no prosperó y, hasta hoy, la postura democrática de los militares que se opusieron al golpe de 1973 nunca ha sido reconocida por ninguno de los gobiernos electos.