Reformar el capitalismo o luchar por el socialismo

«Quien a los 20 años no sea revolucionario no tiene corazón, y quien a los 40 lo siga siendo, no tiene cabeza», decía el conservador Winston Churchill. Sin embargo, aunque nos acusen de haber perdido la cabeza, cuando hablamos de una alternativa para Europa, no hay propuesta más cuerda, más sensata, más racional, que el socialismo. La izquierda revolucionaria no necesita explicar a la clase trabajadora europea cuáles son las consecuencias del capitalismo, ya las conoce porque las sufre todos los días. Nuestro reto es levantar una alternativa, demostrar que es posible una sociedad que garantice el pleno empleo digno, la sanidad y la educación públicas, la atención a los dependientes, los derechos democráticos y el respeto a la naturaleza. Y nuestra respuesta a la bancarrota del capitalismo es unir la pelea por nuestros derechos a la lucha por el socialismo. 

Cuando empezó la crisis, asustados ante sus posibles consecuencias sociales, el también conservador Nicolás Sarkozy llegó a hablar de la necesidad de reformar el capitalismo [2]. Al ver que la revolución no asomaba por ningún lado, se aprestaron a seguir haciendo lo mismo de siempre. No es de extrañar, pues, enfrentados a la crisis, los grandes partidos socialistas demostraron carecer de alternativa al capitalismo, y ellos mismos se pusieron a aplicar una política de recortes en toda línea. Pero no se debería confundir a estos dirigentes con la propia clase trabajadora. La falta de alternativa puede retrasar la revolución social, pero no la evitará.

Por eso, la prioridad de IU y de toda la izquierda transformadora, es levantar una alternativa audaz. No para coger en nuestras manos la tarea que proponía «Sarko», reformar el capitalismo, sino para defender la necesidad de superarlo, de acabar con él.

Las elecciones europeas suponen una ocasión de oro para explicar qué política debería aplicar un gobierno de izquierdas mañana mismo, si tuviera el apoyo suficiente. Debemos perder el miedo a hablar de socialismo, pues sólo si lo defendemos puede conquistar ese apoyo en la sociedad.

No vamos a aplicar las políticas ajuste de la UE

Nuestro programa para Europa es la prolongación lógica de nuestro programa de Gobierno en el Estado español, es una parte inseparable. Nuestra propuesta es europea e internacionalista, porque sólo a escala europea y mundial es posible dar una salida definitiva a los problemas que se plantea la clase trabajadora. Sin embargo, no podemos esperar sentados a que todo el mundo se transforme, sino que debemos empezar por nuestra propia casa, para impulsar con nuestro ejemplo el cambio en Europa y a escala internacional.

Estas elecciones deberían ser la antesala de la derrota del PP, en el caso del Estado español, y del inicio de la creación de una verdadera alternativa de izquierdas transformadora, capaz de evitar que se repita lo sucedido con Felipe González y Rodríguez Zapatero, quienes por su falta de alternativa real, decepcionaron las ilusiones de millones de trabajadores y abrieron la puerta a la victoria de la derecha.

Hoy, en mitad de una crisis histórica del capitalismo, no está de más recordar aquellas palabras de González, haciendo suya otra cita de Churchill: «el capitalismo es el menos malo de todos los sistemas posibles». Al abandonar formalmente el socialismo, González sin duda fue razonable a los ojos de la clase dominante, pero allanó el camino del PP e integró a su partido en el sistema. Así, hemos podido ver al PP y al PSOE de la mano reformando la Constitución, para garantizar el pago a los bancos a costa del gasto social. Aquellos polvos, trajeron estos lodos.

IU defiende en Europa la supresión de todas las medidas de recorte del gasto social y de los derechos laborales promovidas por la Comisión Europea, y que con tanto entusiasmo están aplicando todos los gobiernos. Reclamamos la derogación del Tratado de Lisboa, así como del Pacto del Euro. Pero eso implica nuestro compromiso de que, si la clase trabajadora nos da el apoyo suficiente en las próximas elecciones generales, IU derogará en el Estado español todas las medidas de recorte aplicadas por el PP a instancias del Memorándum de acompañamiento al rescate bancario y del Pacto del Euro.

Igualmente, debemos dejar meridianamente claro, que no formaremos parte de ningún gobierno que acepte dichos corsés y que mantenga una política de recortes aunque sean «suavizados». No podemos colaborar con la política «del mal menor» porque sí hay alternativa.

Frente a la actual Unión Europea, abogamos por una verdadera Europa de los Pueblos. La derrota de la derecha en todo el continente, en la urnas y en la movilización, debe abrir un proceso constituyente que sustituya a la actual Unión, hoy al servicio de las multinacionales y la banca, por una verdadera unión de carácter federal, democrática y socialista, una unión voluntaria de los pueblos de Europa, que reconozca el derecho de autodeterminación. Nuestra propuesta europea está en consonancia con la que hacemos para el Estado español: derrotar a la derecha para abrir un proceso constituyente, que sancione un cambio social y garantice nuestros derechos sociales y libertades democráticas, algo que sólo es posible con un Estado federal, republicano, democrático y socialista.

Ofensiva por los derechos de los trabajadores en toda Europa

Hasta ahora Europa ha sido un proyecto de las élites. Las élites económicas y políticas son quienes han ganado con la Europa que nos han impuesto, mientras que la clase trabajadora ha sido la gran perdedora de la integración europea.

Es imprescindible impulsar con nuestras propuestas la lucha del movimiento obrero en toda Europa. Para ello es fundamental que los principales sindicatos de clase abandonen la política del Pacto Social trabajadores-capital y unan la lucha por los derechos laborales a la lucha por la transformación socialista de la sociedad. Es la única forma de romper con la política del «mal menor», que se está revelando como la política de la desmovilización por falta de alternativa. La época dorada del pacto social no volverá.

Como decía Rosa Luxemburgo: «No existen dos luchas distintas de la clase obrera, económica una y política la otra, sino una única lucha de clases, que tiende simultáneamente a la disminución de la explotación capitalista dentro de la sociedad burguesa y a la abolición de la explotación junto con la sociedad burguesa.« [3]

No es posible hacer una política que beneficie por igual a la clase capitalista y a los trabajadores. Sus intereses son antagónicos por la sencilla razón de que el capitalismo obtiene sus ganancias mediante la explotación de los trabajadores y a la Naturaleza. De ahí, el trasvase brutal de renta que se está produciendo de los asalariados a la burguesía y el creciente expolio de los recursos naturales. Una política de izquierdas implica invertir ese proceso y encontrará siempre la oposición frontal del capital, de las grandes empresas en particular.

Europa es un paraíso para la explotación de los trabajadores por las multinacionales. No solo de los trabajadores directos, sino de los millones de trabajadores de la industria auxiliar que trabaja para éstas. Dado el amplísimo abanico de costes salariales, y la variedad de legislaciones laborales existentes, la multinacionales pueden diversificar sus producciones por países estableciendo un competencia a la baja en las condiciones laborales.

En el lenguaje de los directivos de estas multinacionales es común hablar de países de alto o bajo coste, y determinar las inversiones en función de ello. Por ejemplo, los aspectos más relacionados con la investigación y desarrollo se mantienen en los países más industrializados, mientras que la producciones más intensivas en mano de obra se trasladan a países con salarios bajos.

Frente a esta realidad, el internacionalismo es más importante que nunca, empezando por la unidad en la lucha de los trabajadores europeos. Si los trabajadores alemanes permiten la explotación de los trabajadores españoles, están tirando piedras sobre su propio tejado y viceversa. Las multinacionales chantajean a los empleados de sus propias factorías en diferentes países, enfrentándolos unos a otros. Ford cierra una factoría en Bélgica con 4.300 trabajadores y traslada la producción a la de Almussafes, en Valencia, después de imponer unas condiciones de explotación más intensas a su plantilla, con una reducción de los «costes salariales» gracias a medidas como que los nuevos contratados ganen un 25% menos que el resto de la plantilla. El director de Fabricación de Ford España, Antonio Adés, había declarado en marzo del año 2012 que habría que reducir las vacaciones de los trabajadores ya que, en su opinión, «son excesivas» y añadió: «Habrá que trabajar más por menos».

No debemos aceptar el «sálvese quien pueda» y por eso la lucha, para ser efectiva, también tiene que coordinarse a escala internacional. Si no, los trabajadores acaban enfrentados entre ellos por las migajas, a ver quién acepta más sacrificios, en un circulo vicioso.

Al fin y al cabo, los trabajadores de todas las naciones de la Unión tenemos mucho más en común entre nosotros que con nuestras respectivas clases dominantes. En todos los países crecen las luchas y movilizaciones contra las políticas de ajuste. Es imprescindible plantearse la movilización a escala europea, incluida la convocatoria de huelgas generales continentales. Pero para que exista una unidad sindical y política en la lucha es imprescindible un programa común, cuyas líneas generales serían:

1) Una jornada laboral máxima europea de 35 horas semanales, como primer paso para una política de reducción general de la jornada laboral, sin reducción salarial.  

2) Un salario mínimo europeo equivalente al 60% del Salario medio de cada Estado, como establece la Carta Social Europea.  

3) La jubilación a los 60 años, como máximo en todos los Estados europeos, con pensiones como mínimo equivalentes al SMI que reclamamos.  

4) Una Renta Básica Europea para todos aquellos trabajadores que carezcan de empleo y hayan agotado sus prestaciones por desempleo.  

5) La Sanidad, la Educación y la Dependencia, deben ser públicas, gratuitas e universales en toda Europa.  

6) Hay que luchar por que los representantes de los trabajadores en las multinacionales puedan participar en los procesos de reconversión industrial y deslocalización, con un poder efectivo de negociación. Actualmente la legislación europea reconoce formalmente la existencia de Comités Europeos pero estos sólo pueden recibir la información sobre las decisiones consumadas de las multinacionales.

7) Libre acceso y medios para visitar todos los centros de trabajo por parte de los miembros de los comités europeos. Posibilidad de reuniones entre los representantes de los trabajadores en las empresas afectadas por reconversiones.

8) Capacidad de bloquear deslocalizaciones en multinacionales con beneficios.

9) Un accidente laboral o enfermedad profesional es igual se sea español, alemán, rumano o polaco. Una única legislación sobre salud laboral y prevención de riesgo para todos los países europeos.

10) Reconocimiento pleno del derecho a huelga, incluidas las de carácter político y de solidaridad en todos los países de Europa, y también el derecho a convocar huelgas de carácter europeo.

La deuda no se puede pagar

Estas reivindicaciones van indisolublemente unidas a una propuesta de transformación socialista de la sociedad, que brinde los recursos necesarios para hacerlas realidad. Lo primero que debemos plantear es que no es posible desarrollar políticas de izquierdas en Europa, ni en el Estado español, si no se corta radicalmente con la enorme deuda generada durante las últimas décadas y, en especial, con la enorme deuda pública acrecentada durante la crisis. Las finanzas de los países de la UE están todas hipotecadas, en mayor o menor medida, a consecuencia de las ingentes ayudas millonarias a los bancos para evitar su quiebra. El propio Banco Central Europeo ha prestado una enorme suma de dinero a bajísimo interés a los bancos, sin la cual, se habrían visto abocados a la quiebra [4]. De ese dinero responden todos los Estados. Es decir, si los bancos privados no pudieran pagar esas sumas, las consecuencias recaerían sobre el erario público [5].

Mientras las entidades bancarias son rescatadas con dinero público, a los Gobiernos les está prohibido recurrir al Banco Central, con lo que los grandes beneficiados son las entidades financieras privadas que reciben dinero a bajísimo interés y luego se lo prestan a los gobiernos [6]. Una parte sustancial de los beneficios de la banca española provienen ya de los diferentes títulos de deuda soberana que tiene. En el período 2000-2013, las Administraciones Públicas han pagado 141 mil millones de euros más de gastos financieros que los que hubieran pagado financiándose directamente desde el BCE. En concreto, desde 2008 el sobrecoste supera los 100 mil millones de euros. En 2013 hemos pagado de más, una cifra similar a la que el Estado ha dedicado a prestaciones por desempleo (29.000 millones de euros).

Cuanto más se endeuda el Estado, más ganan los bancos y más se recorta el gasto social. La única forma de romper este círculo vicioso es la declaración de una moratoria inmediata del pago de la deuda, para realizar un auditoría que establezca qué deuda es ilegítima y, por tanto, no se paga forzando una quita de la misma.

Pero eso no sería suficiente. Además, es necesario sanear la situación del sistema financiero, realizando una auditoría pública del mismo que permita conocer su situación real y que la factura la paguen accionistas y acreedores, y sólo en último lugar, el erario público y los depositantes.

Hay que nacionalizar la banca

Pero no se trata de «sanear» los bancos hoy para que dentro de unos años nos encontremos en la misma situación. Una de las principales lecciones de esta crisis es que la gestión de los ahorros de la sociedad no puede dejarse en manos privadas. Su peso económico es tan grande que, si están en manos privadas, son ellos los que acaban determinando las políticas de los Estados [7]. La competencia por el máximo beneficio, independientemente de cuantos controles públicos podamos poner, conllevará nuevas crisis y desastres sociales.

Por todo eso, es necesaria la nacionalización de las principales entidades bancarias, todas ellas dependientes para su funcionamiento del apoyo del erario público. Eso permitiría tanto la reducción ordenada de un sistema financiero hipertrofiado, así como convertirlo en un pilar fundamental de una planificación democrática de la economía. Eso iría unido a la refundación del Banco Central Europeo en una entidad sometida al control democrático y cuya actuación sería presidida por el interés social general.

IU debe defender esa medida a escala europea, pero además, debe comprometerse a ponerla en práctica si tiene oportunidad de formar gobierno en el Estado español. No sería posible una política de izquierdas con la banca en manos privadas, pues el erario público estaría hipotecado por las mismas.

No debemos temer plantear la nacionalización de la banca, pues nunca habíamos contado con un ambiente social más favorable a estas ideas. La expresión en el sector financiero de la grave crisis de sobreproducción capitalista, ha puesto al descubierto ante millones de personas el verdadero carácter de la clase dominante capitalista, una pandilla de parásitos inútiles que roban a manos llenas el fruto del esfuerzo de las familias trabajadoras. Quizá el concepto de plusvalía queda fuera del alcance de las masas del pueblo, pero todo el mundo entiende que los banqueros son sanguijuelas que viven de la sangre del pueblo trabajador.

El sector financiero no puede estar en manos privadas, la solución de nuestros problemas es incompatible con la existencia de un sector financiero privado, el sector bancario debe ser público. Es la única forma de evitar las devastadoras consecuencias del gigantismo al que tiende el sistema financiero y de la canibalización que el mismo realiza de la economía real.

El problema es el capitalismo

Con la intervención del sector financiero, pondríamos en manos públicas la mayor parte de las grandes empresas. Si a eso unimos la nacionalización de sectores estratégicos, como la energía y el transporte, los latifundios y el suelo urbano, entonces sí tendríamos los recursos para una planificación democrática de la economía en función de las necesidades sociales, y de forma respetuosa con la Naturaleza. Basta esgrimir los mismos argumentos que hemos empleado para reclamar la nacionalización de las compañías energéticas: «preservar el interés general frente a los oligopolios privados».

A partir de ahí, un gobierno Europeo o en el Estado español, estaría en condiciones de satisfacer el derecho a una vivienda digna, a un empleo en condiciones, una sanidad y una educación públicas decentes…

Un gobierno de izquierdas que no parta de dichas medidas políticas, estará condenado a administrar el reparto de la miseria. No existe una «tercera vía» entre el capitalismo y el socialismo. Durante décadas lo han intentado los partidos socialdemócratas para acabar aplicando similares políticas económicas que la derecha, como atestiguan las experiencias de Schroeder en Alemania o la de Rodríguez Zapatero en el Estado español.

La crisis es el resultado de una determinada forma de sociedad, la capitalista, no de un determinado modelo productivo de desarrollo capitalista, sino del modo de producción, de las relaciones de producción. O dicho en su forma jurídica, las relaciones de propiedad, mediante las cuales una minoría ridícula de personas controla la mayoría de los recursos y determina la producción, el consumo y la distribución.

Ni los recursos productivos ni las personas son capital, éste es una relación social determinada que se caracteriza porque dichos medios son propiedad de una minoría, lo que le permite explotar a la mayoría, la cual no tiene otra opción que vender su fuerza de trabajo, física e intelectual, para poder vivir. Por tanto, la economía puede funcionar de forma muy distinta si cambiamos esas relaciones de propiedad y el correspondiente modo de producción que dominan nuestra sociedad. La experiencia ha demostrado que suministrar agua o atender la salud se hace desde el sector público mejor que desde el privado. Pero eso es extensible a todos los grandes sectores económicos. Hay recursos más que suficientes para que todas las personas tengan derecho a una existencia digna, el único obstáculo que lo impide se llama capitalismo.

Es imposible lograr una cooperación en beneficio mutuo entre los Estados en una Europa capitalista, que necesariamente conlleva el crecimiento de las desigualdades entre las clases y la competencia entre países, con el consiguiente aumento de los desequilibrios. Sólo en un sistema basado en la propiedad pública de los grandes medios de producción y en una planificación democrática de la economía, es posible hacer realidad esa cooperación entre los pueblos de Europa. En otras palabras, debemos defender una Europa socialista y democrática si queremos resolver los problemas que se plantea nuestra sociedad.

No estamos ante una lucha por «reequilibrar la renta», se trata de ellos o de nosotros. Incluso la supervivencia de la Tierra como planeta habitable es incompatible con el capitalismo. La Historia brinda oportunidades excepcionales, pues sólo una situación que permite el cambio en la conciencia de millones de seres humanos, tal como se está produciendo ante nuestros ojos, permite la oportunidad de cambiar su rumbo. Esa es nuestra lucha, para esa gigantesca tarea socialista hemos construido Izquierda Unida.

Notas

[1] Alberto es miembro de la Presidencia Federal de IU, Laura Ruiz y Jordi Escuer pertenecen a la Presidencia Regional de IUCM, Javier Jimeno es miembro del Consejo Político de IU Navarra/NEB y Carlos Sánchez Mato es Presidente de ATTAC Madrid y afiliado de IUCM.

[2] «Sarkozy defiende una reforma «urgente» del capitalismo». El expresidentes francés decía: «La crisis no es el del capitalismo sino de un sistema que fue progresivamente dando prioridad al especulador sobre el emprendedor». http://www.publico.es/dinero/185297/sarkozy-defiende-una-reforma-urgente-del-capitalismo.

[3] (Rosa Luxemburgo: Huelga de masas partido y sindicatos)

[4] El Banco Central Europeo ha facilitado ingentes cantidades de dinero a las entidades bancarias europeas para proveer de liquidez a las mismas con operaciones de préstamo (LTRO) ya que eran incapaces de obtener financiación por sus propios medios. En el momento más crítico para el sistema bancario europeo, julio de 2012, el BCE llegó a prestar 1,23 billones de euros (402 mil millones de euros a las entidades bancarias españolas). Aunque el recurso a esta ventanilla blanda se ha reducido, en diciembre de 2013 todavía el sistema bancario adeuda 718.407 millones de euros al BCE (206.760 millones de euros las entidades españolas).

[5] De hecho, las entidades bancarias españolas adeudan los fondos prestados al Banco de España que es quien figura como deudor frente al BCE. Así figura en las estadísticas de la deuda externa de la economía española publicadas por el Banco de España.

[6] El sobrecoste soportado en 2012 por las Administraciones Públicas superó los 25.000 millones de euros, es decir, la tercera parte del déficit excluido el coste del rescate bancario.

[7] El sector bancario europeo en su conjunto es «demasiado grande para quebrar». Los activos de los bancos superan el 350% del PIB de la Unión Europea. Únicamente con la quiebra de uno de las 30 entidades de mayor tamaño causaría el colapso del conjunto del sistema financiero. Hasta septiembre de 2011 (últimos datos publicados por la Comisión Europea) los gobiernos de la UE habían aprobado ayudas públicas para el sistema bancario por un importe de 4,5 billones de euros entre inyecciones de capital, garantías, adquisición de activos y medidas de liquidez. A esto hay que añadir los préstamos del Banco Central Europeo lo que situaría los auxilios aprobados en más del 45% del PIB de la UE.

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