Análisis político del proceso electoral del 23F

Como pocas veces en historia electoral ecuatoriana, los análisis de los resultados del 23 de febrero (23F) se han prestado para las más pintorescas arbitrariedades, desde aquellos sectores políticos que hacen adiciones de la población total de una circunscripción donde ganaron, y las traslapan mecánicamente a la contabilidad electoral, como de aquellos sectores que hacen lo mismo sumando alcaldías sin reparar en su representación electoral proporcional. En ambos casos, estas acrobacias aritméticas les sirven para presentarse como la primera fuerza electoral del país.

 

En el caso de Alianza País (AP), la manipulación publicitaria de los resultados electorales no ha sido suficiente para borrar la imagen patética con que la dirección nacional de ese movimiento, con Correa a la cabeza, asumió dichos resultados la tarde misma del 23F. La expresión de desconcierto, desazón y angustia que transmitían todos y cada uno de los miembros de la cúpula oficialista son suficientes para confirmar el sentimiento de derrota que los embargaba, y que iba más allá de la cifras. La expresión denotaba una clara y contundente derrota política. En efecto, perder ciudades emblemáticas como Quito, Cuenca, Santo Domingo, Manta o Portoviejo, cuando se habían propuesto el asedio y la conquista del «último fortín de la derecha» (es decir de Guayaquil), constituye algo más grave que un revés electoral.  No asegurar la toma de una nueva plaza ni la expansión del dominio territorial -tal como lo planificaron-, mientras simultáneamente se pierde las plazas fuertes desde donde se emprende la ofensiva, es en cualquier caso una aparatosa derrota. Como se dice en términos militares al gobierno le dieron por la retaguardia.

 

Pero pese a la relativización de los resultados en que se ha caído, es importante hacer un breve recuento a partir de análisis académicos serios y solventes[1]. El drástico cambio en la configuración electoral luego del arrollador triunfo de AP en las elecciones de 2013 obliga a centrar el análisis precisamente en la derrota del oficialismo, porque es el factor más sobresaliente y determinante del último proceso electoral.

 

 

 

La disputa y  convulsión electoral antes y después de febrero de 2014 en Quito, principalmente, puede darnos pistas sobre la forma en que los intereses económicos se estarían reacomodando una vez que el modelo correísta empieza a dar muestras de debilidad y agotamiento. Al calor de la iniciativa de cambio de la matriz productiva están en juego nuevos procesos de inversión y acumulación capitalista, que obligan a una redefinición de los acuerdos/disputas inter empresariales. Por eso Quito resulta crucial: no solo es el centro de las decisiones políticas nacionales, sino que constituye el motor financiero del país, la ciudad con más crecimiento económico frente a otras como Guayaquil, alta tributación y parque automotor, la que más ventas tiene: así, mientras, Pichincha aglutina el 22,2% de las empresas y Guayas el 23,4%, la primera concentra el 47% de las ventas y Guayas apenas un 26,3%. Por estos factores, en Quito se registra una de las más altas inversiones públicas y privadas del Ecuador.

 

No es casual, entonces, que el gobierno haya puesto tanto empeño en mantenerla bajo su control, a tal extremo que, pese a que la derrota del oficialismo es grave en otras zonas del territorio nacional, las explicaciones y análisis prácticamente se centran en esta elección. Esto también explica el dramatismo con que Correa afrontó la eventual derrota: en la práctica, perder el control sobre Quito no solo que obliga al régimen a una reconsideración de su agenda oficial, sino que pone en riesgo el propio proceso, porque en este momento sectores y grupos económicos no programados entran a disputar los recursos de la ciudad (básicamente del metro y otras inversiones).

 

Un detalle al que la mayoría de análisis sobre el reciente proceso electoral no le han prestado la menor importancia es el espaldarazo que infructuosamente le dio Rodrigo Paz a Barrera en media campaña electoral. La entrega de un plan de movilidad para Quito por parte de una figura con un incuestionable reconocimiento de los quiteños no resulta casual (aunque se sabe que estuvo programado entregarlo también a Rodas y este no le prestó atención). El gesto, en medio de una situación electoral desfavorable para Barrera, no solo reflejó la estructura de respaldos empresariales que estarían ­-y habrían estado durante estos años- detrás de Barrera, sino que evidenció la conflictividad de intereses económicos que se estarían jugando en la capital de la República. Y dado que esta ciudad constituye uno de los escenarios donde se disputan intereses de carácter estratégico que trascienden el ámbito local, se podría suponer una conflictividad que involucra a actores nacionales e inclusive globales.

 

Por otro lado, se despejan la incógnita y tensión -simbólicas, políticas y económicas- que generó la ubicación por parte de Correa del guayaquileño Jorge Glass como binomio en el 2013. Esta decisión refleja las intenciones de determinadas fracciones burguesas guayaquileñas interesadas en entrar a la disputa por las nuevas inversiones externas, que luego se han evidenciado en el cumplimiento de  la función del vicepresidente, especialmente relacionada con la negociación con la China y con las políticas industriales de carácter estratégico.

 

Hay además una repercusión también simbólica y política al interior de Alianza País y en el conjunto de la población quiteña, que recuerda el fuerte regionalismo existente entre Quito y Guayaquil. Sin duda esto pesa en la derrota electoral de Quito, en donde el presidente se jugó por entero y en donde el gobierno ha invertido cuantiosos recursos.

 

 

 

El análisis sobre la candidatura de Rodas, sobre su persona y sus relaciones sociales-empresariales, no resulta sencillo porque no disponemos de mayores elementos. No sabemos exactamente a quién representa, qué grupos de poder e intereses de clase y de fracción le respaldan, cuáles exactamente son sus vínculos internacionales, etc.

 

La mejor aproximación general que podemos hacer desde la configuración geopolítica y económica de la región, es que se alinea con estos sectores tecnocráticos de derecha que impulsan la Alianza del Pacífico frente a otros acuerdos regionales, aunque eso no es suficiente para entender su itinerario nacional. Su encasillamiento en la derecha tradicional es demasiado simplista, sobre todo cuando echamos un vistazo a los grupos y personajes que han expresado su apoyo: Andrés Vallejo, Paco Moncayo, César Montúfar, Cauce Democrático. Estos actores están vinculados regionalmente a Quito, lo cual podría abrir, por la vía de distintas mediaciones, una relación con Ramiro González y el partido Avanza.

 

Tampoco se puede perder de vista los vínculos familiares de Rodas con ciertas élites guayaquileñas y, eventualmente, con algunos altos funcionarios del gobierno (¿los hermanos Alvarado y el vicepresidente?). La larga experiencia de la vida nacional nos ha confirmado el peso que tienen los vínculos familiares en las decisiones políticas. Más allá de la articulación de intereses económicos nacionales a los capitales globales, que son en definitiva los que marcan la pauta general de la acumulación capitalista, las relaciones premodernas siguen primando al momento de estructurar las contrapartes locales. Los grupos económicos con sesgo familiar siguen siendo la tónica y, eventualmente, son el inicio de procesos de relacionamiento económico y político, sobre todo cuando se conforman al amparo del control político de determinadas instancias (sobre todo de aquellas que toman decisiones sobre grandes montos de recursos: ciertos ministerios, ciertas instituciones como el IESS, y las alcaldías de Quito y Guayaquil particularmente).

 

Desde esta perspectiva, el triunfo de Rodas podría expresar ciertas estrategias de un sector de Alianza País (quizás el grupo íntimo de Correa) que necesita redefinir las relaciones de poder controlando una plaza fundamental para la nueva orientación de las grandes inversiones en los próximos años. Esta situación se la entendería, en los hechos, como una avanzada similar a la comentada sobre la selección del vicepresidente Glas.

 

En este sentido, tanto Barrera como el grupo que lo rodea se habrían vuelto, más que disfuncionales, simplemente incompetentes para una estrategia basada en lógicas totalmente empresariales de fracciones burguesas. La idea de ineficiencia de su Alcaldía que quedó flotando en el ambiente luego de la irrupción de Correa en el escenario electoral evidenciaría la necesidad de un recambio en función de estas nuevas necesidades.

 

Esta situación daría pábulo para prever que se está «cocinando» un pacto entre Correa y Rodas que les beneficiaría a ambos desde una perspectiva política: Rodas tendría la posibilidad de hacer una alcaldía más eficaz, con más recursos, representativa y legítima; Correa podría recuperar su influencia política y electoral en la capital luego de la derrota del 23F. Los acuerdos a nivel de bloque se reflejarían en el pacto para conducir la política en Quito.

 

 

La caída de Barrera puede también explicarse desde un elemento de carácter más político. Por un lado sus deficiencias en la gestión de la Alcaldía y su total carencia de carisma; pero también su incapacidad para, luego de cinco años de administración y de la disposición de enormes recursos financieros, no haber sido capaz de estructurar una base social-electoral sólida. Es sorprendente la facilidad con que Rodas lo derrota en cuestión de dos meses. Y llama la atención también que la «sólida» estructura electoral de AP haya sido sorprendida con un par de encuestas, que le forzaron a hacer cambios bruscos y poco inteligentes en su campaña.

 

Por otro lado, no son desconocidos los mecanismos ilegítimos y poco éticos mediante los cuales logró hacerse Barrera con la candidatura a la alcaldía de Quito en el 2008-2009; prácticamente entró por la ventana. Luego, en 2013, su condición de alcalde electo forzó un respaldo a su reelección, pese a que al interior de Alianza País había voces que pusieron en duda esta decisión, y que incluso insinuaron otras candidaturas como las de Gustavo Baroja, Lenin Moreno o Ramiro González. Tampoco son desconocidos los muñequeos que estaba realizando para consolidarse -aunque delirantemente- como una eventual figura de recambio presidencial de Correa.

 

Si se combinan estos dos factores (su condición desfavorable para una nueva estrategia empresarial y sus maniobras políticas sospechosas), puede concluirse que Barrera y su grupo resultaban incómodos para ciertos sectores, tanto al interior como fuera del gobierno. Esta situación podría explicar la actitud de Correa y del gobierno durante el último tramo de la campaña, cuando era evidente -además de que medio mundo se los estaba señalando- que a lo único que contribuyeron fue a hundirlo definitivamente; algo de esto deja entrever el propio Barrera en la entrevista concedida a Diario El Comercio el domingo 30 de marzo pasado.

 

Esta hipótesis, sin embargo, no se sostiene si consideramos el costo que ha implicado para el propio Correa la aplastante derrota en Quito. Pero, al contrario, podría reflejar una carencia de visión y estrategia del propio Correa, además del convencimiento en su imbatibilidad (el comentario de Ramiro González respecto de la «poca experiencia política de algunos dirigentes de Alianza País» podría ser entendido como una forma muy diplomática de aludir al propio Correa y su primarismo político).

 

Es más, algunos pueden haber sacado provecho de su irascibilidad y prepotencia. Para los sectores interesados en sacarse de en medio al grupo de Barrera la mesa está servida, y más bien apuntarían a una recuperación de la imagen de Correa desde los parámetros políticos que ya les funcionaron (híper publicidad, híper clientelismo, cooptación/tranza con las nuevas autoridades locales), aunque con ciertos ajustes debidos a la nueva correlación de fuerzas. La derrota sería -desde la óptica de estos sectores- un efecto colateral inevitable para alcanzar el nuevo reacomodo. El retorno de Vinicio Alvarado al entorno íntimo del Presidente marcaría esta nueva condición.

 

 

Hay que señalar que, no obstante, esta jugada tendría un costo mucho mayor del calculado. La derrota de Correa (porque por más esfuerzos que hagan no puede ser endosada a nadie más) puede ser el punto de inflexión que podría marcar el declive del correísmo. En este contexto desfavorable, la fórmula plebiscitaria (reelección indefinida,  como ya insinúan algunos oficialistas) podría terminar convertida en un boomerang contra Correa si la población la percibe como una simple maniobra electorera carente de legitimidad. A su vez esta propuesta representa la tabla de salvación de la burocracia izquierdista para salvarse de la ofensiva de González, puesto que lo colocan en una auténtica encrucijada: o respalda la reelección indefinida para refrendar su «lealtad» a Correa (aunque implique renunciar a sus aspiraciones presidenciales), o se ve obligado a romper la alianza.

 

Por ahora González ha optado por continuar cobijado bajo el ala del caudillo. De ahí que se vuelve necesario considerar algunas opciones a propósito de la eventual reelección indefinida. Por un lado, aquellas posturas que sostienen la necesidad de aprobarla de manera burocrática  mediante enmienda o reforma constitucional, a espaldas de la decisión popular, lo que podría provocar un efecto de ilegitimidad de la Asamblea Nacional con el consiguiente costo político para AP. Por otro lado, una posición más cautelosa -en el contexto de la derrota electoral-, opuesta a la reelección inmediata pero matizada con fórmulas intermedias (como la reelección después de un período). Esta opción irrumpió con mayor fuerza al ser interpuesta por Vinicio Alvarado, figura predominante del régimen. Una tercera posición, más timorata, insinúa la posibilidad de una consulta popular. Esta última opción aparece como la más riesgosa para el gobierno, considerando que la debilidad política heredada del 23F podría derivar en una derrota que anticiparía el fin del correísmo en el 2017.

 

No solo  que hay claras señales de agotamiento del modelo caudillista autoritario y policial (el denominado bonapartismo populista), sino que la situación económica de los próximos meses e inclusive años puede revertir drásticamente la tendencia al clientelismo fácil. Algunas de las medidas que aparentemente tendrá que tomar el gobierno (v.g. alza de combustibles y de gas, reducción de los beneficiarios del BDH, mayor restricción de la importaciones, mayor cesión de la soberanía a los chinos) serán inmanejables en un contexto adverso como el que queda luego de la derrota electoral. Las principales maquinarias de movilización social (es decir las alcaldías de las ciudades más populosas) están hoy fuera de su control. Esto obligará a definir acuerdos  y alianzas a nivel del bloque hegemónico, es decir, a una unidad de las clases y fracciones que fue temporalmente resquebrajada luego de las elecciones de febrero, condición necesaria para mantener cierta coherencia política en función de una posible dificultad económica en ciernes.

 

 

Un elemento imprevisto es el surgimiento de una nueva fuerza político-electoral aparentemente alineada con el oficialismo, pero con suficientes ingredientes como para dudar de su publicitada incondicionalidad. Esto último debido a que la cúpula de AP buscó no solamente aislarle, sino que, en una actitud de triunfalismo y prepotencia, se negó a establecer alianzas locales en un manifiesto sectarismo que fue denunciado por el propio Correa. AVANZA logra resultados importantes sin Correa y en algunos lugares incluso en contra de las candidaturas de Correa.

 

AVANZA  es una recomposición pragmática y desideologizada de la ID que, entre otros puntos, ha confirmado el éxito de los viejos y manidos mecanismos e instrumentos de la práctica política nacional. Estructurado al amparo del clientelismo institucional (el IESS), se trata de un partido limitado en bases organizadas pero con un eficiente aparato electoral, con una estructura de cuadros hábiles en la política tradicional ecuatoriana, que se atribuyen la representación histórica e internacional de la socialdemocracia. A nivel local se construyó a partir de profesionales y pequeños empresarios con «buena» imagen (de allí su éxito electoral), sin mayor consistencia político-ideológica pero que logra recoger estructuras y bastiones heredados de la ID. Su finalidad práctica no es otra que los negocios privados y cargos en la administración pública, dentro de la típica  visión del Estado como proveedor de recursos públicos para fines concretos (contratos, servicios, obras de infraestructura, inversiones discrecionales, etc.), articulado a una aspiración de representación política a nivel local de estos sectores sociales y económicos que luego podría ser utilizada como palanca nacional.

 

Luego del éxito electoral, uno de sus objetivos aparentes es la conformación de una coalición para gobernar conjuntamente con Correa y los socialistas. A nivel nacional, su perspectiva principal es llegar a Carondelet con Ramiro González, en ese reciclado libreto que caracterizó a la ID y que al final fue la causa de su debacle (es decir, construir un partido con una finalidad puntual y personal). Si bien González ha mantenido la cautela respecto de este tema, John Argudo, su operador político, no ha ocultado sus intenciones.

 

Su mayor fortaleza radica en la certeza y representatividad que puede brindarle a una buena parte del empresariado nacional, de manera particular a aquel ligado a fracciones de la burguesía serrana cuyo eje estratégico está en Quito. Esta certeza quedó demostrada con el paso de Ramiro González por el IESS y por el Ministerio de la Producción. En síntesis, Ramiro González convertiría su representación política en una palanca para expresar los intereses de estos sectores económicos frente a la presencia cada vez más creciente de los grupos guayaquileños liderados por Glas, que fue impuesto como vicepresidente por Correa en contra de otros sectores políticos de AP. Este grupo de Glas, como se señaló antes, es el encargado de viabilizar la relación estratégica de China en el Ecuador y, por lo mismo, es el que influenciará en la definición del nuevo patrón de acumulación de capital ligado principalmente al extractivismo. Las diferencias y conflictos del ministro González con sectores gremiales de Guayaquil torno a las líneas de sustitución de importaciones muestran esta contradicción entre fracciones de Quito y Guayaquil[2]. La escena electoral puede entonces ser interpretada como forcejeos en el bloque en el poder.

 

La estrategia político-partidaria de AVANZA es la reconstitución absolutamente pragmática de la tendencia de centro-izquierda, que llenaría el vacío de estos últimos años de esta tendencia política. Desde esta perspectiva buscaría encauzar a los electores que eventualmente se irían con SUMA, por la ribera del centro-derecha, y a los sectores y electores no articulados a Alianza País (que son la mayoría). El eventual pacto entre la alcaldía de Quito y la presidencia sería funcional a este propósito. En este momento Ramiro González tiene las condiciones para disputar la sucesión de Correa al grupo de Glas: además de fuerza electoral demostrada y del control de espacios locales, tiene una amplia experiencia en la política cortesana y en los juegos de poder en torno al más alto nivel. En la práctica, cumplirá la función de contrapeso político real a Correa, en condiciones de representar el interés de ciertas fracciones burguesas quiteñas y serranas que disputan su participación en el bloque en el poder y en el negocio de vinculación al patrón de acumulación financiado por China. Sus intenciones no han sido ni siquiera disimuladas en las últimas entrevistas.

 

El mérito de AVANZA es que por primera vez en siete años está forzando a una política de alianzas reales (no de apariencia o ilusiones) al gobierno: no solo que conseguirá cuotas concretas de poder, sino que exige el descabezamiento de un sector de AP que, según sabemos ahora, se ha opuesto de manera sistemática a su estrategia. Al colocar al Corcho Cordero y a Barrera y su grupo en una posición totalmente frágil y más subordinada que antes, les obligará, tarde o temprano, a apoyarle en la disputa con el ala más conservadora de AP bajo la premisa de priorizar una vertiente de centro-izquierda (siempre y cuando estos grupos no terminen abandonando AP o siendo marginados en forma terminante).

 

El contrapeso que ejercería Ramiro González hace prever algunas modificaciones no solo en las relaciones de poder sino en el modelo autoritario de gobierno. En el primer caso, Correa se verá obligado a negociar ciertas decisiones respecto de los sectores financiero, productivo y comercial, que tendrían más coincidencias con la representación política de Ramiro González; en el segundo caso, podría incluso modificar la política del régimen frente a los medios de comunicación, (por citar un ejemplo), teniendo en cuenta que en la estrategia de AVANZA requieren de una buena relación con dichos medios en su perspectiva de ganar las elecciones del 2017. Esto revelaría la debilidad hegemónica de Correa respecto de la conducción política genera.

 

Lo que más llama la atención del caso de AVANZA es que hayan podido estructurar un partido más eficiente que AP a la sombra del gobierno y con todas las facilidades financieras y operativas (el control del IESS). De todas formas, la fortaleza real de AVANZA se verá en el camino, en la medida que Correa pueda ir subordinando a los gobernantes seccionales de dicho partido y de otras fuerzas políticas con el uso de los recursos del Estado, particularmente financieros.

 

 

Hoy, luego de las elecciones comentadas, estamos frente a una posible reconstitución del espectro político ecuatoriano, donde varias fuerzas podrían cambiar de condición.  Por un lado tenemos a una derecha histórica, liderada por Jaime Nebot, que mantiene sus bastiones más importantes y logra ampliar su influencia (sobre todo en la provincia de Los Ríos). Aunque su peso electoral no es sobresaliente a nivel nacional, cuenta con el control de Guayaquil, que de por sí representa un gran poder. Además, hay que analizar si el alcalde electo de Manta y el prefecto reelecto de Manabí, de raigambre socialcristiana, siguen manteniendo sus viejos vínculos y afinidades. Lo cierto es que Nebot, con la eventual recuperación del PSC, seguirá influyendo en posibles acuerdos políticos nacionales a futuro. Adicionalmente, se ha quitado de en medio al PRE y al PRIAN, partidos que prácticamente cierran su ciclo vital con un estruendoso fracaso, y eventualmente al PSP, que sufre un debilitamiento categórico. Estos cambios se manifestarán en un tránsito de electores hacia otras tiendas políticas en los próximos procesos electorales.

 

El reflujo de CREO refleja la incapacidad de Guillermo Lasso para estructurar un partido independiente y sostener su figura como opción presidencial. Luego de las últimas elecciones, sus posibilidades de representar a la derecha el 2017 están seriamente mermadas. En síntesis, parece que la pelota de la derecha vuelve, una vez más, a la cancha de los socialcristianos-Madera de Guerrero.

 

 

En el amplio cauce del centro político podemos identificar dos fenómenos que son los que prácticamente han pateado el tablero. Por un lado SUMA, que habría recogido a sectores y representantes de una amplia gama política que va desde la derecha hasta el antiguo centro-izquierda. Ese eclecticismo es el que mayores dificultades presenta para definir con mayor precisión el sentido y las perspectivas de este partido (además de algunas alianzas sui géneris, como la de la alcaldía de Sto. Domingo con AVANZA).

 

El otro fenómeno -ya analizado- es el de AVANZA en el costado del centro. Aunque este partido tiene una delimitación menos ambigua que SUMA (se basa principalmente en el reciclaje de los antiguos sectores de la ID), puede desplazarse hacia el centro-derecha de acuerdo con las necesidades.

 

 

Contrariamente a lo esperado, la izquierda ha mantenido su porcentaje electoral histórico y en algunos casos ha consolidado su presencia política a nivel local. La derrota del gobierno en jurisdicciones clave para la explotación minera y petrolera le proporciona una fuerza adicional, que debe ser transformada en un recurso político estratégico. Si bien los triunfos locales de Pachakutik (PK) podrían ser interpretados como un «retorno al ayllu» (es decir a lo local, ante una ausencia de visión nacional) luego de los fracasos nacionales, no se puede desconocer el potencial que encierra esa hegemonía territorial para una disputa más estratégica. La fórmula reside en la capacidad de las autoridades electas de PK para sopesar la dimensión que puede llegar a tener ese control territorial frente a la estrategia extractivista del gobierno y de la mayor parte de la burguesía ecuatoriana. En este punto habría que analizar el caso de Ramses Torres en Guaranda, que en la práctica refuerza la imagen de un viejo militante de PK antes que de un miembro de SUMA.

 

A la izquierda se le abre la posibilidad -en medio de la debilidad del gobierno luego del 23F- de generar acciones de movilización y resistencia frente a las políticas oficiales, principalmente aquellas pendientes como las leyes de Tierra y Agua, así como la ofensiva extractivista. Se abre la posibilidad también de un relanzamiento de la unidad de la izquierda y de los sectores sociales en un momento en que la consulta por el Yasuní puede ser un detonante de la lucha social. Este proceso, que efectivamente ha sido promovido y está conducido por sectores sociales críticos del gobierno y por organizaciones de izquierda que trascienden los localismos, permitirá una real recuperación de la tendencia, aunque no se puede desconocer que la lucha por el Yasuní está siendo también apoyada por sectores políticos y mediáticos de la derecha que avizoran la necesidad de capitalizar esta pelea en función de debilitar aún más al gobierno.

 

No obstante, no se pueden negar algunos rasgos de descomposición estructural en PK, como la candidatura a alcalde de Quito o la incapacidad para poner candidatos en muchas jurisdicciones del país. Aunque la imagen de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas (UPI) quedó borrada del mapa electoral nacional, no es equivocado pensar en su posible reestructuración a partir de los resultados obtenidos por PK y el MPD en las últimas elecciones (por ejemplo, Paúl Carrasco ha hecho un llamado público a la UPI, entre otras agrupaciones, para reforzar su administración). Hay que señalar que, dentro del espectro de la izquierda, la diferencia de resultados entre PK y el Movimiento Popular Democrático (MPD) es enorme. Este último partido se limita a «mantener la categoría», con un interesante resultado al resistir con éxito el ataque del gobierno en la Prefectura de Esmeraldas.

 

El mayor derrotado de esta contienda es AP, sobre todo por las profundas dificultades que deberá enfrentar en su necesidad de reestructuración interna. Un movimiento que se estructuró a partir de la asignación de cargos públicos se verá fuertemente debilitado con la pérdida de importantes espacios administrativos. Las estructuras de AP en ciudades como Quito y Cuenca se van a debilitar inevitablemente; aunque el gobierno intentará minimizar los daños recurriendo a estructuras paralelas, como las que ya ha creado con el programa Ecuador Estratégico.

 

Por otro lado, el funcionamiento caudillista parece haberles pasado la factura, pero no se ven condiciones para transitar a una lógica de partido organizado. La dialéctica entre un líder carismático y un partido afecta principalmente a la estructura orgánica. Superar los límites organizativos de AP, tal como lo propuso Correa luego de la derrota del 23F, es puro voluntarismo; al contrario, lo que ocurrirá es una funcionalización de ciertos cuadros cercanos al caudillo para conducir una negociación dentro del bloque hegemónico.  Este reacomodo se producirá no solo por la diversidad de posturas ideológicas, grupos e intereses, sino porque los ajustes de cuenta por la derrota electoral van a generar unas luchas intestinas desgastantes. Hoy mismo la crítica a los responsables de la derrota no parece una evaluación madura y responsable, sino una estrategia para desplazar a ciertos cuadros de dirección. Es el recambio burocrático.

 

En este sentido, cabe preguntarse si, para ciertos grupos al interior del gobierno, la derrota electoral es una oportunidad más que un fracaso. O, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Los últimos desplazamientos en el gabinete -que al parecer no son definitivos- así lo anticipan: personajes vinculados a la fracción empresarial del gobierno empiezan a copar espacios políticos fundamentales para la nueva estrategia oficial. Viviana Bonilla, por ejemplo, será la encargada de aplicar una estrategia de cooptación intensiva e inescrupulosa de autoridades locales y movimientos sociales, con miras a viabilizar la nueva política económica del régimen articulada a las mega-inversiones y los mega-proyectos transnacionales. Como complemento, buscará asegurar apoyos para una eventual reelección inmediata de Correa.

 

En efecto, este tipo de movimientos revela la verdadera orientación del proyecto correísta: una modernización acelerada y autoritaria -como no puede ser de otro modo- del capitalismo, prescindiendo -por la persuasión o por la fuerza- de aquellos sectores que se le contraponen con un proyecto alternativo desde posturas de izquierda, plurinacionales o ecológicas. Dicho de otro modo, la nueva perspectiva del gobierno de Correa apunta a la disolución del sumak kawsay o Buen Vivir como propuesta de cambio.

 

 

 

     Respecto a este proceso de configuración de la escena política, las tendencias y los partidos, cabe prever posibles desenlaces futuros:

 

 

Tabla de ajedrez electoral en el 2017, que llevaría a una posible previsión: el «jaque mate»  o  derrota de Correa y el triunfo del centro-izquierda con González. Estas previsiones dependerán del curso del desempeño gubernamental de Correa, quien se enfrenta al dilema: o reelección inmediata, lo cual puede resultar catastrófico, o coalición para gobernar con González.

 

En esta perspectiva, la izquierda tiene la posibilidad de ampliar su representación y su radio de influencia al quedar, conforme con lo analizado, un vacío en el campo del centro-izquierda, el mismo que puede ser copado y representado por la izquierda mediante un relanzamiento de la unidad, junto con movimientos sociales, personas y agrupaciones inclusive del centro-izquierda interesadas en un recambio del populismo correísta. Este sector tendrá que demarcarse claramente de la derecha.