Especialistas, estudiantes y académicos apuntan a la Reforma Constitucional como la oportunidad para que el país se ponga «en línea» y avance en garantizar, por ejemplo, los derechos a vivienda, salud y educación. El recientemente publicado Anuario de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile busca visibilizar a los grupos […]
Especialistas, estudiantes y académicos apuntan a la Reforma Constitucional como la oportunidad para que el país se ponga «en línea» y avance en garantizar, por ejemplo, los derechos a vivienda, salud y educación.
El recientemente publicado Anuario de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile busca visibilizar a los grupos discriminados, abordando la situación de los migrantes y de las mujeres indígenas sujetas a violencia intrafamiliar.
Pero también de la ley Antidiscriminación, denominada «Ley Zamudio», para constatar la manera en que se está aplicando por parte de los tribunales de Justicia.
Además, el informe cuenta con un análisis de justicia internacional que examina los distintos tribunales externos para abordar los mecanismos de protección de derechos.
En ese contexto, para la editora del documento, Constanza Núñez, todos los sistemas normativos tienden a ampliarse y fortalecer la protección de los Derechos Humanos.
Sin embargo, Chile va un tanto retrasado en este sentido, por lo que debe mirar con atención la experiencia de otros países para considerar la forma de ampliar la perspectiva.
«La mirada de género que se está usando en otros países es muy relevante para Chile. En general también la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, protección de la salud y la educación están siendo más amplias», advirtió la especialista.
Estos derechos son justamente parte de los que hoy está demandando con fuerza la ciudadanía: vivienda, pensiones, salud y educación.
En ese sentido la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Lorenza Soto, sostuvo que las autoridades han enfrentado esta demanda criminalizando los movimientos sociales, lo que a su juicio se ha visto claramente en el movimiento estudiantil.
La dirigente reconoció que el problema no es solo educacional, sino transversal, por lo que apuntó al sistema económico como la causa. «Vemos que el hilo conductor de todos los frenos y retrocesos es un sistema muy fortalecido que nos hace perder la dignidad, porque todo se ha ido mercantilizando», criticó.
Además, añadió que mientras haya gente que abuse con las minorías, las movilizaciones sociales y los eventuales enfrentamientos con las fuerzas del orden no se detendrán. «Será una cadena de conflictos», advirtió.
Es por ello que, según los protagonistas, la Reforma Constitucional se abre como una importante opción para generar cambios. Y tal como establece el citado Anuario en su sección Simposio, donde indica que se debe analizar cuál será el rol de los Derechos Humanos en estas modificaciones. «¿Cómo vamos a garantizar en una nueva Constitución estos derechos económicos sociales y culturales? ¿Es el momento adecuado para dar ese salto?», plantea el documento.
Sobre esto se pronunció el historiador de la Universidad de Chile Sergio Grez. «Debiera ser uno de los puntos centrales de la discusión que se viene», afirmó, al mismo tiempo que advirtió que «quedaríamos muy por debajo de las exigencias de la sociedad civil si nos remitiéramos única y exclusivamente a definir en una futura Constitución democrática los derechos civiles o derechos políticos clásicos».
El académico añadió que aun cuando éstos también manifiestan varias insuficiencias, no corresponden a la totalidad de carencias que la ciudadanía y los movimientos sociales han puesto en relieve en los últimos años.
Sin embargo, desde distintos movimientos, como ocurre en el sector estudiantil, se teme que la «parlamentarización» pueda restarle fuerza al debate. En esa línea, la exigencia es discutir sobre una nueva Carta Fundamental que abra reales espacios de participación, lo que permita reflejar en el texto el espíritu de la sociedad chilena actual.
Esto, según los demandantes, para que Chile pueda alcanzar el desarrollo del derecho y la protección en el que avanzan los distintos sistemas jurídicos del mundo.