Cualquiera que se defina como revolucionario, debería tener claro que la tarea es destruir el Estado Burgués, no perfeccionarlo. El cambio constitucional definido en el pomposo «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución» tiene como premisas «partir de una hoja en blanco», y el «voto obligatorio», así, más allá del contenido, se va […]
Cualquiera que se defina como revolucionario, debería tener claro que la tarea es destruir el Estado Burgués, no perfeccionarlo. El cambio constitucional definido en el pomposo «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución» tiene como premisas «partir de una hoja en blanco», y el «voto obligatorio», así, más allá del contenido, se va a definir una constitución «aprobada en democracia por votación universal», es decir, una relegitimación de las instituciones políticas del país, superando la «constitución de Pinochet». La nueva institucionalidad que sustente la explotación capitalista va a tener el aval de la mayoría que se va a pronunciar en las próximas votaciones.
Toda forma de gobierno mientras exista el modo de producción capitalista es en esencia la dictadura del capital, de hecho, su forma más perfecta es la república democrática. Esto se debe al simple hecho de que si existe explotación, existe una inmensa mayoría que trabaja y produce toda la riqueza, pero solo se apropia de la parte que le permite reproducir sus condiciones de vida como clase explotada (aun cuando se tenga acceso a muchos bienes de consumo), y por otro lado, existe una ínfima minoría que se apropia de todo el resto de la riqueza y de los medios de producción. Esta acumulación de riqueza a partir de la desposesión genera un inmenso poder económico, el cual se traduce por muchos mecanismos en poder político, militar, ideológico, mediático, etcétera. Quienes tienen la riqueza hacen de los políticos (del sistema político) sus funcionarios, además de militares, policías, jueces, medios de comunicación, intelectuales, etcétera.
En este contexto, donde todo el poder, todas las herramientas y medios están del lado de los capitalistas y sus funcionarios, todo ejercicio «democrático» está de punta a cabo manipulado por los intereses de los poderosos. El posicionamiento de candidatos y figuras «elegibles» (que generan redes de «confianza» y legitimidad reales, aun cuando esto se base en ser «lo menos malo»), el financiamiento de campañas y de la operación de los partidos, la monopolización de los medios de comunicación y toda la estructura de difusión ideológica que va desde la publicidad hasta las universidades opera hacia sus intereses, a corto o largo plazo.
Aunque justamente pensar la política reducida a la votación por candidatos o por opciones en diversos tipos de consulta o manifestando la «opinión» ya es la victoria más tajante de clase dominante. Incluso verla reducida a marchas y manifestaciones contra o a favor de algo que finalmente se ejecutará en el sistema político sigue estando dentro de los márgenes del modelo. La política no debiera ser otra cosa que la organización consciente de la sociedad desarrollada entre iguales, donde la deliberación, discusión y planificación es una parte, pero la parte fundamental es la ejecución de las líneas, directrices y tareas, así todas las personas deberíamos tener un rol y una responsabilidad. En la medida en que nos es enajenado el ejercicio de la política y se reduce a «opinar», «votar» o «marchar», es decir, como una acción puntual, extraordinaria y alejada de nuestra actividad cotidiana, ahí es cuando ya estamos sumidos en la derrota como pueblo. En el trabajo desarrollamos una actividad colectiva fundamental para la sociedad, pero nuestra producción no resuelve las necesidades de las personas en base a una planificación, sino que va al mercado, donde se pierde el origen de cada producto y también se pierde su fin, solo importa por cuánto se vende. En el mercado todos nos volvemos individuos atomizados donde solo importa la variable de cuánto dinero tenemos.
En este escenario, mientras el poder esté concentrado en manos de los poderosos, la libertad, la igualdad ante ley y la democracia son todas unas ilusiones, toda institucionalidad que nos enfrente como individuos iguales oculta la desigualdad fundamental que se genera en la producción y en la sociedad, por tanto, va a reproducir la desigualdad. Todo lo que pueda ser escrito en una constitución va a ser algo manipulable o letra muerta si es que no va en consonancia con los intereses de los poderosos, tienen todos los medios y mecanismos extrainstitucionales para arreglar el asunto a su conveniencia.
En este punto algunos podrán plantear que, si bien la constitución en si misma no cambia nada, el «proceso constituyente» es un escenario propicio para acumular fuerza. Se plantea que podría ser un proceso donde el pueblo piense y delibere en torno a las cosas fundamentales, como quiere vivir, cómo quiere organizarse, qué derechos y obligaciones quiere tener, etcétera. Así podría facilitarse el desarrollo de conciencia. Nada más alejado de la realidad. El carácter abstracto, técnico de la discusión, y donde además se excluye toda acción y organización, hoy no hará más que expresar y amplificar la dispersión del pueblo. Si la discusión se carga a las declaraciones de principios, el producto real que se podrá tener son manifiestos de buenas intenciones pero de los que cada uno entenderá lo que quiera, todo cuando no lo que ocurra sea que se entrampen permanentemente en discusiones que no van al caso o que tienen poca relevancia práctica. Por otro lado, si la discusión se carga a la ingeniería institucional, tomará un carácter totalmente técnico, excluyendo a la inmensa mayoría que no tiene una formación especializada en derecho o cuestiones jurídicas y legales. En ambas alternativas y quizás otras, serán discusiones que reproducirán la pasividad del pueblo ante la política real, que tiene que ver con el ejercicio del poder y con la organización de la sociedad, y su dispersión política e ideológica.
En este escenario la ventaja la tomarán quienes puedan instalar sus listas de candidatos a la convención constituyente, que no son otros que los partidos políticos que tienen las estructuras, los cuadros y la experiencia, quienes instalen los debates fundamentales a partir de los medios de comunicación que monopolizan y quienes concentren también las capacidades técnicas en las discusiones jurídicas y legales. Así, el pueblo será un mero espectador del proceso donde le pedirán posicionarse en base a discusiones que harán parecer distintas pero que son en realidad matices más o matices menos del mismo sistema, donde la variable no es cómo se diseña el entramado institucional o cómo se gestiona la explotación, sino que el rol pasivo y episódico que tiene el pueblo en la política y en el ejercicio del poder, además del rol individualizado y atomizado que tiene en la organización de la sociedad.
Pero si no es la constitución ¿qué? Las derrotas estratégicas que hemos sufrido como pueblo en los 70 y en los 80, además de la inclusión ideológica producto de 40 años de neoliberalismo, nos tienen entre muchas otras cosas con una mentalidad donde ante la injusticia no planteamos una nueva sociedad, sino que en el fondo planteamos que el modelo neoliberal funcione un poco mejor, donde existan menos abusos y más justicia, y por otro lado deslegitimamos totalmente la organización popular para alcanzar nuestros objetivos. En este escenario, lo que debemos plantear es una cancha donde las herramientas, por más rudimentarias que sean, las tenga el pueblo y en eso pueda avanzar. En las condiciones actuales, se trata de desarrollar la protesta popular y generar un escenario de ingobernabilidad, pero no llamando a los centros, a las calles principales (alameda en Santiago) y menos a la Plaza Italia, sino en las mismas poblaciones y territorios, donde el pueblo pueda copar calles, bloquear caminos, afectar el transporte y pueda dispersar a las fuerzas represivas y del orden. La tarea en este escenario es generar avances organizativos en la coordinación, preparación y ejecución de la protesta, desarrollando medios informativos y medios de lucha cada vez más fuertes, pero donde lo importante va a ser menos el efecto concreto (si sale mejor o peor el plan) y más la cantidad de personas que vamos a lograr involucrar y comprometer a un largo plazo. Las discusiones y asambleas que se hagan también deben ser territoriales, donde los participantes se conozcan e interactúen en la vida cotidiana, pero no para cabildear sobre instituciones y leyes abstractas, sino para organizar primero la protesta y segundo la vida misma en la población, que implique tareas, encargados, trabajo práctica, en tercera medida nos debiéramos dedicar a elaborar reivindicaciones que realmente nos hagan sentido y se puedan pelear en este contexto, las cuales pueden ser bien locales o también más generales. En paralelo se debe deslegitimar todo el proceso que intentan instalar los poderosos para llevarnos a lo que más les acomoda, que votemos (donde el voto obligatorio es su ideal). Por ahora lo importante va a ser darles vuelta el escenario político a los poderosos y sus acompañantes (Frente Amplio), donde el avance va a estar en el nivel de organización y lucha que pueda alcanzar en el pueblo. Si este escenario resulta exitoso, ante las nuevas condiciones y posibles fisuras que se abran habría que plantear nuevas líneas y directrices, pero hablar de esto no sería más que ficción por lo pronto.
Así, lo mejor que puede ocurrir en marzo y abril de 2020 es que se levante una alternativa que deslegitime el proceso constituyente en las calles y se pueda levantar un nuevo escenario de rebelión y protesta popular.
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