Desde que en Chile o en el “oasis de paz y de los tiempos mejores”, estallara la rebeldía social exigiendo mejores condiciones de vida, en la coalición de gobierno (Chile Vamos), han comenzado a aparecer ciertas grietas, que han estado gatillada por el mayor logro político alcanzado por las protestas sociales, que no es otro, que dar pasos concretos para poner fin a la constitución heredada de la dictadura cívico militar.
De allí que el llamado “proceso constituyente” en marcha y que culminará en su primera etapa con un plebiscito el próximo 26 de abril, en donde los chilenos deberán decidir entre mantener la constitución de la dictadura o en su efecto optar por una completamente nueva que surja de la participación popular. Lo que permitiría entre otras cosas, la recuperación de su propia soberanía como pueblo.
Toda esta situación ha venido erosionando a la coalición de gobierno, los cuales se han venido ubicando entre dos bandos, los duro, los pinochetista que no quieren una nueva constitución y los que en un promedio del 35% optan por una nueva carta magna que permita la normalización del país y la configuración de un sistema democrático real y efectivo. Toda esta discusión interna, es la que ha venido generando toda una crisis al interior de la coalición de derecha, como del propio gobierno, pues hay varios ministros que han optado por inclinarse por la opción del apruebo a una nueva constitución.
Mientras tanto, el primer mandatario en sus mensajes de guerra nuevamente ha realizado sus obsesionados llamados a condenar la violencia, en donde incluso estaría llamando a todos los partidos políticos a firmar un “pacto contra la violencia”, con un aviso encubierto a aquellos grupos políticos que no se sometan a dicho acuerdo, simplemente dejarlos fuera de la ley por pro violentistas. Es una discusión que ha estado presente en el circulo más intimo de Sebastián Piñera, compartida por su principal asesor en cuestiones políticas, Cristián Larroulet y su primo Andrés Chadwick (ex ministro del Interior) que hoy opera desde las sombras.
De allí que algunos partidos políticos desde la diversidad de la oposición han cuestionado en una primera instancia el llamado a un presunto “nuevo acuerdo por la paz”, propuesto por el cuestionado, alicaído y con escasa popularidad de Piñera. Todo esto determinado por un mes de marzo con grandes movilizaciones sociales, los cuales culminarían con el plebiscito por una nueva constitución el 26 de abril.
Sin embargo cabe destacar que un grupo de personalidades y políticos de la ex Concertación en especial de la DC, se hicieron eco del llamado desesperado de Piñera y también se sumaron a la campaña del terror del pinochetismo (Chile Vamos) y resolvieron hacer un llamado a condenar la violencia, esa violencia que ellos mismo generaron, creando grandes desigualdades sociales mientras fueron gobierno. Son los mismos que ocuparon diversos puestos de responsabilidad en los gobiernos de la ex Concertación, que se corrompieron y que tienen altos grados de responsabilidad en la actual crisis política social que vive el país.
Lo cierto es que el gobierno de los grandes empresarios, encarnados en la figura de Piñera, no tienen autoridad moral para condenar la violencia y realizar llamados a la paz, pues ellos con sus políticas al servicio del 5% más rico del país, son los que han roto con la paz y desatado la peor de todas las violencias, que es tener un país con una pobreza creciente, con grande desigualdades sociales y a un 75% de los chilenos altamente endeudados.
El gobierno del Sr. Piñera habla de condenar la violencia, mientras que él, después de la rebelión social del 18 de octubre pasado, saco militares y policías militarizados a las calles para desatar una brutal y violenta represión, con el saldo de más de 30 muertos, alrededor de 300 chilenos con daños oculares diversos, ciudadanos torturados, heridos, vejados sexualmente, humillados, vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de personas que se han manifestado pacíficamente en las demostraciones.
Hablar de condena a la violencia, hablar de paz, cuando se ha ejercido una brutal represión contra el movimiento social, que lucha por demandas legítimas truncadas por más de 30 años y aún no resueltas por los gobierno post dictadura, es un nuevo volador de luces. Hasta ahora Piñera solo ha ofrecido la violencia de la represión y la paz de los cementerios.
Después del 18 de octubre pasado, todo parece indicar que mientras los actuales gobernantes de la derecha chilena no den pasos concretos, reales y efectivos para resolver los problemas más atingentes de la gran mayoría de los chilenos, en el país no habrá paz.
Chile requiere poner fin a la Constitución heredada de la dictadura y su modelo económico neoliberal excluyente, pues es un modelo violento que precisamente no contribuye a la paz. Para luego dar paso a profundas transformaciones económicas, políticas y sociales, que permitan mejorar de forma gradual las condiciones de vida de la gran mayoría de los chilenos.
Esta claro que en el Chile de hoy, es fundamental enfrentar y aislar la violencia que procede de las altas esferas del poder, que procede del gobierno, de su coalición política y de sus parlamentarios, de los grupos de la extrema derecha (UDI), de sus aliados coyunturales como la DC, que andan desatando el terror entre los chilenos.
De allí que para terminar con la violencia de las alturas del poder, de los grandes empresarios del 5% más rico, de los que vuelven a golpear las puertas de los cuarteles, en pos de la defensa de sus intereses económicos espurios, es necesario resolver y valga la redundancia, lo relativo a las demandas económicas básicas, que nacen de la movilización social, de la Mesa de Unidad Social, de los sindicatos y de la diversidad de organizaciones sociales, que es lo único que garantizara el término de la violencia generado por el poder del dinero y la vuelta de la paz al país.
Ahora lo cierto es que la violencia de los que detentan el poder, están poniendo a propósito en peligro la existencia misma del sistema seudo democrático heredado de la dictadura de Pinochet, buscando una intervención militar a su favor y trabajan para eso.
De allí que cualquier paso que se de para superar la actual crisis y terminar con la anormalidad en que se encuentra sumido el país, se requiere resolver las demandas sociales básicas que solicitan los chilenos. Cualquier acuerdo del gobierno de Piñera con un sector del mundo político de oposición, a espaldas del pueblo chileno, estará condenado al fracaso más absoluto y los cantos de sirenas de la paz, no será otra cosa que palabras huecas que se las lleva el viento y que emanan de la violencia propia de la oligarquía nacional y sus lacayos de la ex Concertación.
Hoy la derecha chilena y sus sectores más duros, han echado a correr su maquinaria del terror, en lo cual son expertos, buscando inhabilitar el camino hacia la obtención de una nueva Constitución , promoviendo una feroz campaña del terror que les permita ganar adeptos para el rechazo a una nueva carta fundamental o al menos neutralizar a una parte del electorado, campaña del miedo dirigida especialmente hacia las mujeres, los jóvenes y pensionados, violentando la voluntad popular, que a través de todas las encuestas (70%) marcan la tendencia por una nueva constitución.