El gasto en el sector de salud pública disminuyó en aproximadamente 66 millones de dólares estadounidenses entre 2018 y 2019. Eso implica que el ajuste y la austeridad diezmaron la infraestructura y los insumos, a lo que se suma la disminución del personal médico, lo que en conjunto limita severamente la capacidad de atención en una emergencia. Esta es la grave situación frente a la pandemia del COVID-19.
El presupuesto estatal destinado al sector salud es fundamental, más allá de la existencia de emergencias sanitarias. En efecto, la existencia de un sistema público de salud con acceso universal sin importar el nivel de ingresos, profesión o posición social y de alta calidad garantiza un nivel digno de vida para su población. De esa manera, al tener este tipo de sistema: fortalecido con recursos y con capacidad de reacción, es posible enfrentar imprevistos y situaciones complicadas, generando escudos que protegen a los habitantes de un país. Dicha situación la plantea en estos momentos la pandemia del COVID-19 y el sistema de salud público ecuatoriano, debilitado por los continuos recortes de recursos económicos, coloca a toda la población, y sobre todo a la más vulnerable, en una delicada situación.
El gasto en el sector salud disminuyó en aproximadamente USD 66 millones entre 2018 y 2019. Eso implica que las miradas de ajuste y de austeridad implementadas en la práctica significaron menor infraestructura, insumos, a la que se suma la separación de personal y que en conjunto limitan la capacidad de atención en la emergencia. De tal forma que el drástico recorte de la inversión en salud es abismal. Así, es muy preocupante observar la tendencia descendente de la inversión en salud que pasa de USD 306 millones en 2017 a USD 201 millones en 2018 y USD 110 millones en 2019. Eso implica una disminución de la inversión en salud entre 2017 y 2018 del 34% y después otra disminución adicional del 36%. Y la situación se agrava más considerando que existe una subejecución del presupuesto en inversión del sector salud. Si en 2017 se alcanzaba a realizar el 87% del gasto, en 2018 y 2019 a penas el 70%.
De esa manera, ante el hecho que Ecuador sea el país con mayor número de contagios y muertos per cápita de COVID-19 en América Latina, no tienen lugar explicaciones que atribuyen esta situación a la conexión de Ecuador con España o la responsabilización del actuar de la población y no del Gobierno -con su política de ajustes y recortes- [1]. Son velos de humo que tratan de ocultar que, de tener recursos económicos y humanos disponibles se hubiera tenido la capacidad de adquirir instrumentos que permitan detectar síntomas como fiebre y personal para controlar aeropuertos. Así mismo, de continuar con la construcción de hospitales se tendría disponibilidad de dedicar algunos exclusivamente para atender los casos y precautelar a los otros usuarios. No obstante, las declaraciones de que ya no son necesarios los hospitales están impregnados en los oídos de las personas que en este preciso momento no tienen acceso a salud. En conclusión el dogma del ajuste y sus propulsores en el gobierno han desmantelado la salud pública y situado en alto riesgo a la población ecuatoriana, quizás como hizo Irlanda, es momento de nacionalizar hospitales privados.
[1] Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52036460