Se cierra la coyuntura política con la imposición hegemónica neoliberal del gobierno. Quedan abiertas líneas y tendencias de conflicto, que en el 2022 se expresarán en la continuación de un programa gubernamental de corte neoliberal, privatizador y extractivista.
Introducción
El inicio del año 2022 requiere de un balance político de la coyuntura que examine, los primeros meses del gobierno de Lasso. Este primer ciclo coyuntural se ha cerrado y en perspectiva abre uno nuevo en el 2022.
Tomando en cuenta lo señalado, el presente artículo tiene por objeto caracterizar algunos rasgos y determinaciones políticas de la escena en la convulsionada, contradictoria y sorpresiva coyuntura del gobierno del presidente Lasso, en sus primeros meses de gobierno, de tal manera que se pueda completar y complementar el análisis de las propuestas y medidas planteadas para superar la crisis económica.
Este documento, en consecuencia, dilucida sobre la tensión entre viabilidad económica y vialidad política en el Ecuador pospandemia, y deja expuesta algunas previsiones de la evolución futura. Describe e interpreta esta fase de transición histórica del Ecuador, la misma que se inició con el gobierno de Rafael Correa en el 2007, y continua en forma contradictoria hasta la actualidad, dejando secuelas e imposibilidades políticas en la conducción del Ecuador en el siglo XXI.
La crisis se ha expresado dramáticamente en estos siete meses. Lasso se vio enfrentado a nivel político, principalmente, con una situación de inseguridad social y estatal (anarquía y desate mafioso criminal carcelario); y con la evidencia de los vínculos del gobernante con el capital financiero de ultima data en los offshore y paraísos fiscales internacionales (los Pandora Papers).
Situación de la crisis que ha estado signada por la acelerada necesidad de aplicar un programa neoliberal constituyéndose en el principal quehacer gubernamental, luego de la aplicación masiva de la vacuna anti covid, donde se ha podido observar la tensión entre las líneas de consenso y las posiciones que han defendido el enfrentamiento.
Metodológicamente, un juicio crítico de este momento crucial del Ecuador, que calibre objetivamente la situación, debe partir del análisis de la unidad y tensión de las fracciones dominantes, vale decir del bloque en el poder y la hegemonía; de tal manera de interpretar la coyuntura desde aspectos estructurales y esenciales del desenvolvimiento político.
Se vuelve así mismo importante considerar el contexto, de un lado, y de otro, algunos elementos referenciales propios de la conducta de las fracciones y las figuras que actúan y han actuado en la competencia política, donde se muestran las representaciones partidarias, relacionadas con la actuación institucional publica y abierta, sea a nivel del ejecutivo o legislativo, y que en determinadas circunstancias -como la coyuntura actual- entran en tensión y producen crisis e inestabilidad conduciendo al Ecuador a la llamada pugna de poderes.
Son estos los elementos principales que permiten dar cuenta del fenómeno político, al mismo tiempo que hacen posible tomar el pulso de la correlación de fuerzas reinante entre fracciones de clase e instituciones; así como la incidencia de la ideología de derecha centro y centro izquierda y la ideología del llamado neopopulismo; como también la dimensión organizativa y política de los movimientos sociales que intervienen en la escena.
Por lo señalado la descripción e interpretación que se propone en este artículo contempla el campo de las fuerzas dominantes, reconocidas en sus tendencias principales, así como aquellas ocultas en el juego económico y político; como también el campo contra hegemónico que muestra las proposiciones, posibilidades y límites de esta dimensión en el momento actual.
I. El arribo de Lasso a Carondelet
Guillermo Lasso llegó a la presidencia de la república el 24 de mayo de 2021, habiendo salido victorioso en la segunda vuelta electoral, frente al candidato Andrés Arauz de línea correísta. Llegó en medio de la exaltación ideológica democrática de derecha, opuesta política e ideológicamente a la línea neo populista del periodo del gobierno de Rafael Correa, donde tanto los medios de comunicación (la llamada sociedad civil así conocida por Gramsci) y la ideología, como los valores conservadores y neoliberales han exaltado el triunfo y promovido un cambio hacia la derecha de la forma de Estado, del régimen y el sistema político, en la perspectiva de representar, e intentar configurar una postura histórica contraria al régimen correísta (2007-2017), para superarlo ideológica y políticamente.
Llegó en medio de situaciones de fraude electoral que le han afectado y debilitado políticamente. Arribó al poder del estado desde la conducción de una nueva corriente política (CREO), de corte neoderechista, que se propuso concretar un modelo y programa neoliberal en relación con el capital financiero predominante en el Ecuador, y generar reformas constitucionales y legales para superar la constitución de 2008, base jurídica del régimen correísta.
Arribó con la ilusión de representar a una “sociedad civil” que había apostado por su figura y oferta de conducción, lo que determinó la contrariedad y desavenencia con aquellas posiciones que planteaban gobernar en alianza con la derecha tradicional (Partido Social Cristiano), y el neopopulismo correísta, con quienes, en un primer momento, se acordó un pacto para nombrar las dignidades de la Asamblea Nacional y generar un acuerdo para gobernar, poco antes de la instalación de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, en la práctica, a la hora de la verdad, tomó el camino de un acuerdo incoherente con su ideología de derecha, de carácter incierto e inestable, con el Movimiento Pachakutik y el Partido Izquierda Democrática, así como con sectores independientes, para impulsar su programa neoliberal. Incoherencia propia, derivada de la falta de experiencia y cálculo político, que limito en la práctica, su sustento político concreto para gobernar.
En suma, arribó a la presidencia débil políticamente, en medio de una representación, a nivel general, mayoritariamente de centro izquierda, misma que se puso de manifiesto en las elecciones 2021, en que las organizaciones y posiciones de esta tendencia tuvieron una importante votación . En primera instancia esto se expresó en la oposición al programa neoliberal diseñado por el gobierno y el FMI; particularmente me refiero al Movimiento Pachakutik, el Partido Izquierda Democrática y el correísmo, que juntos en acuerdo podrían constituir un frente anti neoliberal; probabilidad que se esfuma ante la realidad concreta que conjuga maniobras y mayorías móviles para la aprobación de normas, en favor del gobierno, como en el caso de la Reforma Tributaria que entró en vigencia por el ministerio de la ley y la aprobación, sin tomar en cuenta las observaciones, de la Proforma Presupuestaria 2022.
II. La coyuntura mesa de tres patas
Tres momentos se pueden identificar en esta coyuntura del Ecuador, que mostraron su significación política:
Primero, la generalizada aplicación de la vacuna anti Covid en donde se evidencia la eficacia y credibilidad del gobierno de Lasso, la misma que encontró importantes apoyos internacionales y una eficaz, aunque circunstancial, organización interna. Vacuna que, por otra parte, se inscribe en un momento de desastre del denominado sistema de sanidad nacional. De todas maneras, el éxito de esta intervención pública, genero una importante legitimidad del gobierno, superando de momento las falencias, límites y situaciones y sospechas de fraude del proceso electoral que repercutió negativamente en la figura de Lasso y su tendencia de derecha.
En efecto en los primeros 90 días de su gobierno Lasso administró el Ecuador gerenciando, principalmente, la vacunación masiva contra la pandemia del covid-19. Creyó encontrar en esa acción su legitimidad, la misma que alcanzó el 74% de aceptación en julio de 2021; dejando en la sombra, sin precisar, las líneas de salida política y económica concreta; es decir, sin atender de manera integral al reto fundamental de la llamada “gobernabilidad”, vale decir, al recurso democrático- que como dice Almond- conjuga, de una parte, la legitimidad y de otra la eficacia. La legitimidad, en tanto la aceptación de la población a un régimen o gobierno, y la eficacia, en tanto la capacidad técnico administrativa, principalmente, para atender los aspectos económicos y administrativos de la economía y superar su crisis en un determinado momento.
El segundo momento, se dio cuando el régimen a los tres meses de aplicación masiva de la vacuna, envió un Proyecto de Ley “para la creación de oportunidades” en calidad de ley “económica urgente”. Prevalido por el éxito de los resultados de la puesta en práctica de la vacuna, considero que era posible imponer por consenso el programa neoliberal acordado con el FMI, tropezando así con la oposición política y social, como de sus aliados de última hora. Momento decisivo y de significativa conflictividad en que se evidencio la interrelación entre la viabilidad política con la económica, las mismas que pusieron de manifiesto, dos premisas fundamentales, de la lucha política, la una, la del enfrentamiento, y que condujo en forma extrema a considerar la necesidad del uso del recurso constitucional de la “muerte cruzada”(disolviendo el parlamento opuesto a sus medidas) para superar los obstáculos políticos e institucionales, que impedían concretar el programa neoliberal y la llamada gobernabilidad. En estas circunstancias de diferencia y enfrentamiento Lasso acuso a las fuerzas aliadas de “triunvirato de la desestabilización”, señalando a Pachakutik, el correísmo y el socialcristianismo como artífices de una supuesta confabulación.
Y la otra premisa, la del consenso o negociación, entre fuerzas diversas, para viabilizar el modelo neoliberal, en pos de la concreción de un programa, económica y políticamente viable, es decir, en torno a la imposición de las condiciones del FMI en los principales aspectos acordados con este organismo, es decir la reforma fiscal y la laboral.
En efecto, se puede decir, que intentó aplicar el programa neoliberal sin construir el consenso necesario. En tal condición la Asamblea Nacional desconoció y se opuso a esta actitud presidencial y devolvió el mencionado Proyecto de Ley al ejecutivo. En medio de inciertas especulaciones del propio gobierno que planteaba distintas alternativas: o una consulta popular o la “muerte cruzada”, o incluso escoger el camino de la arbitrariedad para aprobar el Proyecto mencionado por el ministerio de la ley, en el marco de la aplicación arbitraria de las formas de estado de excepción, el gobierno cambio el original proyecto de ley.
Así, en medio de la convulsionada escena, ante la imposibilidad institucional y constitucional y la manifiesta decisión de las fuerzas sociales y políticas que se opusieron a dicho proyecto, Lasso abandonó la decisión inicial y dio un “paso atrás” enviando a la Asamblea (como muestra de su conducta de consenso) tres cuerpos legales: el tributario, el laboral y el de inversión, eso sí privilegiando aquel de la reforma tributaria que “sacaría al país” de la crisis fiscal. Concreción de la viabilidad política, entonces, para abrir el camino de la factibilidad del modelo y programa neoliberal.
Disposición al consenso del gobierno de Lasso, que se dio, por otro lado, cuando el FUT y el Movimiento Indígena pusieron de manifiesto su disposición de enfrentar al régimen y al programa neoliberal, exigiendo de manera inmediata se detenga la subida de precios de los combustibles. Importante medida que el régimen considero necesaria para equilibrar y superar el déficit fiscal -que se prevé bordee los $ 3.500 millones- y que el presidente Lasso, en un nuevo acto de aparente sensibilidad para congraciarse con el movimiento social detuvo, aunque en forma engañosa y tramposa, el incremento de los precios de los combustibles, lo que llevo al movimiento indígena, particularmente la Conaie, a mantener la exigencia.
El tercer momento, se dio luego del largo feriado de los finados (30 octubre – 4 de noviembre) que profundizó la situación de incertidumbre respecto al nivel y forma del consenso y/o enfrentamiento, económico y político. Donde se expresó una vez más, la correlación de fuerzas, la misma que volvió a reflejar el dilema que ha caracterizado la coyuntura del gobierno de Lasso: enfrentamiento y/o consenso.
En este contexto descrito se pusieron de manifiesto las diversas conductas y estrategias: institucionales, políticas y sociales, así como de negociación parcial, y/o el uso de la arbitrariedad para definir propuestas y decisiones en el marco del estado de excepción. Así como también recurrió a amenazas y desplego la fuerza de coacción y represión, que en nombre de la seguridad, llevó a militarizar el Ecuador, anunciando futuras conductas gubernamentales en este sentido.
III. Pandora Papers y la Hegemonía
Cuando en el Ecuador, la sociedad debatía en torno a la imposición neoliberal de Lasso, se generaron dos incidentes, los mismos que hicieron posible definir, esencial y estructuralmente, el periodo coyuntural.
El primer incidente coyuntural se dio cuando de modo sorpresivo circulo una información publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre los llamados Pandora Papers. Dicha entidad denunció el cometimiento de un delito por la violación a la ley de pacto ético y evasión de impuestos por parte del presidente Lasso al inscribir su candidatura para las elecciones de 2021. Tema sensible, que llevó a determinados sectores de la Asamblea Nacional, (Pachakutik y Correísmo) a elaborar un informe desde la Comisión de Garantías Constitucionales, la misma que planteó al pleno del parlamento la necesidad de que Lasso compareciera para aclarar la situación. En medio de los “dimes y diretes”, propios de los bloques y de los asambleístas de UNES o correístas se planteó, sin más, la destitución presidencial. Este exabrupto sirvió para que no prosperara la decisión mayoritaria de obligar al presidente de la republica a concurrir al parlamento y explicar la situación, quedando la decisión del pleno de la Asamblea, débil y ambigua, en el llamado de exhorto a Lasso para que asistiera a ese organismo, lo que obviamente fue rechazado por el presidente, que jamás “dio la cara” para aclarar los hechos.
Sin duda, dicho informe, se constituyó en un detonante de la coyuntura, y puso una vez más de manifiesto la correlación de fuerzas, como el enfrentamiento de sectores antiderecha, antiLasso y antineoliberales. En este juego articulado por el gobierno se recurrió al mecanismo de la polarización ideológico/política (utilizado durante la campaña electoral), entre correísmo y anti correísmo; entre el campo de derecha y el populismo o neopopulismo.
En esta perspectiva, en una fenomenal ofensiva político-mediática el régimen conservador acusó de golpismo, desestabilización y conspiración a las fuerzas del parlamento comprometidas con el mencionado informe (Pachakutik y correísmo), a fin de obligar a deponerlo; documento parlamentario, que ciertamente mostraba indicios del cometimiento del delito y la falta de ética del presidente de la república, al invertir en los Paraísos Fiscales, (cuestión aun todavía no aclarada que se mantiene hasta la actualidad), por el o por terceros (en la figura del “testaferrismo”). Adicionalmente Lasso recurrió a la contraloría del Estado y al Contralor General, sub rogante, quien declaró públicamente el ningún comprometimiento de Lasso con los Pandora Papers y los Paraísos Fiscales, que podría poner en riesgo su legalidad y legitimidad como presidente de la república.
El mencionado informe evidencia, por otro lado, la relación efectiva de Lasso con una tendencia del capital financiero internacional, aquella que en la dinámica de su acumulación y especulación capitalista, ha constituido espacios de inversión como los Off shore y los Paraísos Fiscales, fenómeno que se da porque se ha generado, a nivel planetario, que muestra un sobre excedente de capital dinero (sobre acumulación) con dificultades de inversión rentable; configurando así un modo de acumulación y especulación del capital que proviene de distintas fuentes, como el narcotráfico, el no pago de impuestos, la corrupción pública, etc.; el llamado “lumpen capitalismo” o “lumpen burguesía”. Esto, en consecuencia, pone de manifiesto la especificidad de la fracción del globalismo financiero con el que se encuentra vinculado Lasso, desde donde articula a fracciones internas, afianzando la conducción y hegemonía económica y política del Ecuador.
El segundo incidente coyuntural se dio cuando el Ecuador, como nunca antes en su historia, asistió a una fenomenal escalada de violencia y lucha armada al interior de los principales recintos carcelarios, generando un total de 328 muertos en 9 meses, y llevó al gobierno a justificar el llamado “estado de excepción constitucional” para enfrentar esta situación con medidas extraordinarias.
En un importante documento generado en la Universidad Central del Ecuador, se afirma que la grave situación carcelaria proviene de una peligrosa tensión producida por las mafias del narcotráfico y el crimen organizado, mismas que disputan territorios y buscan condiciones para intervenir en la economía ecuatoriana y dinamizarla.
“Este es el núcleo de nuestra hipótesis. Durante el gobierno de Rafael Correa, además de las políticas de seguridad ciudadana ya referidas, se tejió una red extorsiva con apoyo estatal para proteger a ciertos grupos del crimen organizado. Así se garantizó una «paz mafiosa» que facilitó la expansión del narcotráfico”.
Habría provincias enteras, como Manabí por caso, articuladas a este proceso de inversión conocido como “lavado de dinero”, donde se puede advertir renovados mecanismos de acumulación capitalista (“lumpen capitalismo”) ligados a estas formas ilícitas e ilegales de la actividad económica. Hecho que permite observar e interpretar, a nivel del bloque en el poder en el Ecuador, fisuras y disputas con estos sectores, que buscan negociar su sobrevivencia, empuje y garantía económica con otras fracciones y a nivel del Estado. Tensión y forcejeo entonces que se ha vivido en el Ecuador, desde el gobierno de Rafael Correa hasta la actualidad, sin encontrar una solución plausible.
Más allá de este fenómeno, que presiona al gobierno y al Estado para resolver esta brutal convulsión que se ha producido en determinadas cárceles del país, y que ha puesto a discutir a la sociedad sobre la militarización de los recintos carcelarios, y/o la necesidad de cambiar marcos legales que supriman el llamado “populismo jurídico”; se requiere considerar, la dinámica de la presencia activa de un capital dinero internacional proveniente del narcotráfico, y que coincide con las inversiones de los offshore y Paraísos Fiscales antes examinados; e ingresa a la inversión empresarial, por si mismos, o vinculados a importantes empresas capitalistas ecuatorianas. Por esto resulta sintomático que uno de los artículos de la ley fiscal, que supuestamente promueve la inversión deje sin control e intocado el origen el capital, que puede retornar al país, en el contexto del narco lavado u otras formas ilícitas, dice el artículo de la mencionada ley:
Artículo 27. Confidencialidad de la información.- La información con la identidad de los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo regulado en el presente Libro, así como la información proporcionada por éstos en la declaración juramentada tiene carácter de reservada y no podrá ser divulgada por el Servicio de Rentas Internas, salvo por orden judicial.
Y en esta perspectiva se afirma:
“La economía subterránea ligada a las actividades ilegales- dice Juan Cuvi en un importante artículo- es parte sustancial del capitalismo. El tráfico de drogas, armas o personas mueve miles de millones de hogares, genera inversiones, dinamiza las finanzas, da empleo […]. Aparte de las mafias directamente implicadas en estas actividades, existen grupos económicos formales que lucran de esos negocios ilícitos, donde el lavado de activos tan solo es un engranaje de esa compleja y gigantesca maquinaria. Sin el narcotráfico, miles de empresas legales, sobre todo en los países más pobres se irían a pique.”
Fueron estas las condiciones estructurales, que afloraron como incidentes en la coyuntura, dejando fuera de la mira gubernamental a ciertas fuerzas sociales y políticas, como editorialistas de prestigio, que abandonaron la premisa del enfrentamiento y la “muerte cruzada”, que sin duda hubiera dado lugar a un panorama de una lucha abierta en la escena y al interior del bloque de poder dominante, no conveniente para el ejercicio del poder del presidente Lasso, que requirió ocultar sus vínculos offshore y eventuales relaciones con el narcotráfico, dice la mencionada ley:
IV. Forma de estado y Hegemonía
Lo anteriormente examinado se mostró, de manera relevante, en el proceso de modificación y re estructuración del bloque de dominio o bloque en el poder. Incidentes descritos entonces que permitieron examinar la coyuntura desde específicos y determinantes intereses dominantes y hegemónicos en el Ecuador del siglo XXI.
“Al presumir la negativa de renunciar al poder- dice una editorialista- conferido ciertamente en las urnas, pero arrebatado por poderes facticos y políticos que queramos o no existen y son los que determinan el derrotero nacional y para cuyo efecto utilizan alianzas inverosímiles y practicas repugnantes”.
Así, en esta línea de interpretación crítica, se revela la descomposición política del Ecuador, la verdadera, no la aparencial de la escena política, y se puede conjeturar que el país vive un momento de tránsito, es decir de cambio y de inestabilidad de las formas de Estado, de su régimen y sistema político, las mismas que han evolucionado, en el último periodo, desde el estatismo propio de la fase neo populista y/o neo desarrollista hacia formas y mecanismos del “estado de excepción”, principalmente, cuando en el gobierno de Lenin Moreno (2017-2021) se constituyó, por vía de la consulta popular del 2018, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, proceso que fue conocido como “re institucionalización del Estado” . Se decía en un artículo que circulo en 2019:
“Hay por tanto una necesidad y un límite en la transformación del régimen político, como de la forma de estado definida por la Constituyente de Montecristi que llevó en la práctica de la gestión gubernamental, conducida por el presidente Rafael Correa (2007-2018), a configurar un ejercicio del poder de carácter estatista, base en la cual se sustentó un régimen político autoritario y, en consecuencia, se desplegó una amplia concentración de poderes en el ejecutivo que llevó a la subordinación, como perdida de independencia de las instancias de control y justicia (llamado hiper presidencialismo), que la consulta popular de febrero y la estructuración del Consejo de Participación y Control Social transitorio, utilizando los dispositivos de excepción, buscó modificar efectivamente sustituyendo unos funcionarios por otros, los mismos que provenían de la fase y correlación política actual, donde los sectores democráticos que intervinieron en este cambio actuaron en el contexto del predominio ideológico-político de las tendencias de derecha en el continente.”
Proceso de transición y descomposición política que en perspectiva futura podría derivar a la configuración de un “narco Estado”, y/o un “Estado fallido”.
En estas circunstancias y contexto, el conflictivo ciclo coyuntural se expresó en el último momento (viernes 29 de noviembre) a través de una maniobra para promulgar la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad” (la ley Fiscal), utilizando la figura del “ministerio de la ley”, tras no conseguir consenso en la Asamblea Nacional, ni llegar a acuerdos con los bloques parlamentarios. Es decir, el gobierno impuso su voluntad de modo pragmático y en forma arbitraria e inescrupulosa, poniendo en juego la eficacia de la llamada gobernabilidad, aunque afectando su propia legitimidad.
¿Qué sucedió?, ¿se generó -como se ha dicho- un pacto entre el gobierno y el correísmo?¿ se produjo un llamado “pacto morderé” tantas veces practicado en la historia del Ecuador? Asunto qué llevó al sector crítico de Pachakutik a convenir en el hecho de que el correísmo hizo un pacto con Lasso para hacer posible, vía la maniobra comentada, la aprobación de la ley fiscal. Situación no muy clara, en todo caso.
Maniobra articulada, por otro lado, al modo arbitrario de la conducta de Lasso al aprobar, por el ministerio de la ley, el Presupuesto General del Estado 2022, desconociendo observaciones importantes realizadas en la Asamblea y donde se mostró el “ansia” privatizadora neoliberal.
Lo cierto es que dicho supuesto pacto y la aprobación de la ley fiscal por el ministerio de la ley favoreció, sin duda, la línea y el programa neoliberal de Lasso. Propuesta legal donde se puede destacar aspectos sustanciales como:
Los artículos 15 y 27 que permiten repatriar capitales en el exterior sin denunciar su origen (del narco lavado o corrupción).
La ampliación y facilitación de la explotación petrolera, modificando extensamente la Ley de Hidrocarburos (artículos 131 al 146).
La imposición de impuestos a los sectores medios mediante la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno (artículos 30 al 66) y al Código Tributario (artículos 67 al 71).
La reforma fiscal se complementa en la práctica, por otro lado, con el modelo y programa neoliberal, y con otras medidas tomadas por el ejecutivo en política económica. De manera sintética señalamos las principales relacionadas con el extractivismo, con el ingreso del capital foráneo y con el afianzamiento del capital financiero. En estos aspectos propiamente económicos hay mucha “tela que cortar”, la misma que debería corresponder a estudios y análisis económicos, en la línea de comprender el carácter del patrón de acumulación vigente, que en buena parte se perfila en estos elementos sustanciales que destacamos y que describen y complementan el examen realizado en este artículo sobre la política, así:
Primero, la política económica de Lasso muestra la abierta disposición a la privatización de los sectores estratégicos y públicos, así como el desmantelamiento del Estado. Este tema se ha hecho público, de forma flagrante, en la propuesta emblemática del gobierno de privatizar el Banco del Pacífico que es el segundo banco más grande del país.
El impulso, en el campo de la inversión, principalmente al extractivismo petrolero y minero. En este ámbito encontramos el importante Decreto Ejecutivo 151 donde dispone un plan de acción para el sector minero que brinda amplias facilidades para la apropiación de la renta minera.
Segundo, la promoción de la inversión extranjera que llega al cenit con la cumbre de inversiones Ecuador Open for Business, que promovió el gobierno ante más de 2.000 empresarios nacionales e internacionales, donde la meta […] es atraer USD 30.000 millones en las áreas de infraestructura, extractivismo y energía.
Tercero, la puesta en práctica de la reforma al sector financiero implantada por el ex presidente Lenin Moreno que busca el incremento de la reserva monetaria del país, misma que pasó “de USD 5.900 millones a USD 8.200 millones” y “reducir las capacidades de intervención de poderes públicos en el sistema financiero privado […] creando la Junta de Política y de Regulación Monetaria y Financiera como órgano máximo de regulación”. En efecto:
“El artículo 157 que substituye el art. 27 del COMF establece como objetivo único del accionar del banco central “mantener un sistema monetario estable” […]. Otros objetivos tradicionales de los bancos centrales como la estabilidad de los precios, la moderación del ciclo económico y el aprovechamiento máximo de los recursos económicos […] son excluidos de objetivos de la política monetaria”.
En consecuencia se usa la llamada autonomía del Banco Central para afianzar la hegemonía del capital financiero.
V. Los últimos avatares de Lasso
Finalmente, días antes de terminar el año 2021, y el ciclo coyuntural analizado, y sin que medie consulta ni dialogo alguno, el Gobierno de Lasso, lanzó la medida de alza salarial general de 25 dólares (de 400 a 425 dólares). Hecho que sorprendió favorablemente a trabajadores y fue impugnado por algunos empresarios, quienes en clara línea neoliberal cuestionaron la decisión de Lasso considerando que afecta la llamada productividad y competitividad del capital. Hubo también voces que consideraron que fue una medida heterodoxa (respecto a la neoliberal) de corte keynesiano, para incidir en la importante variable de la demanda, vale decir en la capacidad de compra de la población. Mientras que para otros analistas y técnicos económicos solo era una postura populista, que en situación de gobernabilidad desgastada se requiere poner el énfasis en el aspecto legitimidad. En todo caso la arbitrariedad de Lasso como presidente crea incertidumbre y ruido en la economía, pero al parecer favorece su credibilidad. Donde además se advierte la fuerza de la capacidad hegemónica representada por el banquero Lasso.
Junto a esta medida mencionada, a día seguido, se anunció en la Universidad Andina la decisión de crear una Comisión Anticorrupción, integrada fundamentalmente con organismos de control del Ejecutivo y la Justicia. Organismo burocrático, un verdadero fantoche, con el que se intenta introducir un ingrediente más a su legitimidad; pero que, a diferencia del incremento del salario, es una iniciativa ampliamente cuestionada porque vuelve a plantearse el argumento de que la anticorrupción debe ser diferenciada del Estado como una acción de la sociedad civil donde se encuentra con toda legitimidad la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) creada por trabajadores e indígenas y otros sectores de la sociedad civil. El Estado no puede ser-se decía-“juez y parte” y más bien, como dicen muchos, tiende con esta iniciativa a hacer fracasar la anticorrupción. Esta entidad gubernamental (como tantas otras en distintos gobiernos) se convertirá en el mecanismo del encubrimiento de actos corruptos de los grandes negocios, muchos de ellos privatizadores, que promoverá Lasso en los próximos meses.
Conclusión
El balance final del año 2021, en consecuencia, muestra a un presidente en su representación con resultados mediocres, ha disminuido su aceptación y bordea el 30%, según últimas encuestas. Se cierra la coyuntura política, con un limitado consenso, y con la imposición hegemónica neoliberal del gobierno, que de todas formas ha dado pasos prácticos para afianzar la hegemonía financiera neoliberal y dejar abiertas líneas y tendencias de conflicto, que en el 2022 se expresarán en la aplicación de su programa neoliberal, privatizador y extractivista.
Prevalido de estos mediocres resultados Lasso, temeroso y decidido, haciendo uso de su prepotencia ha arremetido verbalmente contra el movimiento social tildando de anarquista al presidente de la Conaie, y amenazando con ponerle preso, en tanto demanda un cambio de rumbo y cuestiona el neoliberalismo gubernamental. Así Lasso ha actuado a espaladas de los sectores populares y medios, que muestran su descontento y disposición al combate el próximo año 2022. De hecho, se ha anunciado por parte del FUT, una gran movilización a realizarse el 19 de enero del presente año.
Quito, 29 de Diciembre de 2021
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