En Ecuador todos los días se violan los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza; todos los días las compañías mineras siguen devastando los espacios naturales, contaminando los ríos, despojando a las comunidades de sus fuentes de sustento y sus territorios ancestrales.
Por esta razón, todos los días hombres y mujeres se movilizan en defensa de la vida.
Muchos territorios en nuestro país, y su enorme diversidad agrícola y silvestre, están amenazados de convertirse en tierra yerma debido a las actividades mineras. Por esto, las comunidades exigen al Estado que cumpla con la obligación de proteger los derechos relacionados con el cuidado de la vida y que esto se exprese en las políticas públicas. No se puede aceptar que las corporaciones mineras, nacionales y transnacionales, sustituyan al Estado a cambio del expolio y la explotación laboral. El papel del Estado es de colusión, complicidad y negligencia ante la destrucción de sistemas de vida alternativos al “desarrollo minero”, y por lo mismo, autónomos y capaces de vivir sin destruir.
Con su participación en el paro nacional, las comunidades en resistencia a la minería expresan su rechazo e indignación frente al silencio que se quiere imponer frente a su realidad, y exigen que se respeten sus derechos. Denuncian que alrededor del 15% del territorio nacional se encuentra concesionado, y que más de 3 millones de hectáreas serán exploradas para minería metálica, de las cuales cerca de 400.000 hectáreas están sobre territorios indígenas. También denuncian que la minería a gran escala solo representa el 1.65% del Producto Interno Bruto y que emplea apenas el 0.12% de la población económicamente activa, mientras destruye decenas de miles de empleos vinculados a la agricultura o al turismo; nos hacen saber que la minería apenas paga impuestos, pero provoca en los territorios comunitarios graves daños a perpetuidad.
El “gobierno del encuentro” ha agilizado los trámites en las instituciones que tienen la competencia de regular y controlar la actividad minera; y promueve una política centrada en garantizar la seguridad jurídica de las grandes empresas . La puesta en marcha de la actual política minera, significó para nuestro país el endeudamiento con el BID por 78.4 millones de dólares que se destinarán, entre otras cosas, a generar un ambiente de negocios propicio para las inversiones…
Esta política ya empezó a dar sus frutos como lo podemos constatar en la declaración del actual Ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer quien, acompañado de una delegación de la Cámara de Minería, anunció en la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá 2022 (PDAC), que en este año se volverá a abrir el catastro y anunció que en el sector minero ecuatoriano existen otras oportunidades de inversión como: refinerías de oro, tren minero, parques industriales, entre otros; todas estas actividades de alto impacto. El Ministro evitó mencionar en la citada feria internacional, que las ofertas que hacía a las empresas se dan en territorios donde existen comunidades dignas que desde hace mucho tiempo se oponen a que las actividades mineras vulneren sus derechos y conviertan a sus territorios en zonas de sacrificio.