“El mundo tal como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar.” -Albert Einstein
Salvo la visión calenturienta del gobernante saliente, la casi totalidad de la sociedad ecuatoriana coincide en la gravedad de la crisis que atravesamos. El flamante ministro de Economía y Finanzas, escoltado por el presidente Daniel Noboa, presentó públicamente una serie de cifras que grafican la dureza y complejidad de la situación. A reglón seguido, con el fin de enfrentar esos enormes retos, el gobierno propuso una Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Como sus dos objetivos centrales aparecen la urgente necesidad de cerrar la brecha fiscal y la de generar empleo, temas de indudable importancia.
Cuando aún falta conocer otros elementos del plan de un gobierno que da por cuenta gotas los elementos que guían su gestión, analizando la mencionada ley, bien podemos anticipar que con las propuestas formuladas se estará lejos de alcanzar las metas establecidas. Más allá de las buenas intenciones, por lo pronto Noboa propone apenas una serie de paños de agua tibia para intentar frenar las tribulaciones de una economía atrapada en una crisis múltiple y profunda. Por cierto, para comprender a profundidad lo que está en juego en las altas esferas del poder, se debería analizar también el estado de las disputas entre las diversas fracciones del capital, tarea que dejamos para otra ocasión.
Aceptada la premisa de la grave crisis y de las insuficientes propuestas del joven Daniel Noboa, luego de un rápido repaso de la grave situación socioeconómica que sufre el pueblo ecuatoriano y un breve análisis del mencionado proyecto de ley, proponemos una serie de alternativas con el fin de contribuir al debate. Y en la actualidad estamos más que convencidos que seguir haciendo más de lo mismo será más de lo peor, por lo tanto, cambiar la forma de ver las cosas y proponer alternativas transformadoras e innovadoras es una tarea urgente e indispensable.
- Una crisis mayúscula
Los datos presentados por el nuevo gobierno grafican en parte la gravedad de la crisis. Los gobernantes al reconocer esa dura realidad, empezaron por destacar que en la caja fiscal existen apenas 184 millones de dólares. Los atrasos de pago llegan a 2.872 millones (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS, gobiernos autónomos descentralizados, etc.) El déficit fiscal alcanza los 5.000 millones (5% PIB). La deuda pública interna y externa bordea los 63 mil millones (en realidad supera los 80 mil millones). Se anotó, también, que el ingreso por cápita en la actualidad es inferior al de hace10 años, es decir habría caido en un 9%. En este contexto el índice de riesgo país (que apenas mide la predisposición para pagar la deuda externa) estaría cerca de 2000 puntos. Adicionalmente, también según el gobierno, pesa en el futuro inmediato el fin de la contribución patrimonial, la disminución del impuesto a la salidad de divisas – ISD y la reversión de la reforma tributaria de Guillermo Lasso, que contenía unos pocos elementos de equidad tributaria.
En concreto, la economía nacional no se habría recuperado a los niveles de la prepandemia. Un 66% de la población económicamente activa tiene un empleo inadeucado. Poco menos de 5 millones de personas tienen un ingreso diario de menos de 3 dólares al día; casi 2 millones de personas sobreviven con menos de 1,7 dólares diarios. En este contexto, los grandes grupos económicos, a la cabeza la banca privada, no dejaron de acumular: a modo de botón de muestra, tengamos presente que el patrimonio personal del presidente-banquero Guillermo Lasso, durante sus 900 días de gestión, aumentó en 21 millones de dólares. Y para cerrar este complejo cuadro, el desfinanciamiento de la economía alcanzará el 10% del PIB el próximo año, con una tendencia al aumento en los años subsiguientes por las crecientes exigencias del servicio de la deuda externa.
Más allá de varias dificultades incluso estructurales, la crisis se agudizó tanto por la pandemia del Covid-19, como por la pandemia neoliberal de los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. Sobre todo en este último gobierno se buscó “poner la casa en orden” a como de lugar, cumpliendo con las imposiciones del FMI y de los acreedores de la deuda externa, sacrificando la inversión pública y la inversión social. Fue un ejercicio de brutal austericidio. Recordemos también que la inversión pública venía cayendo de manera sostenida, luego del pico alcanzado del 6% del PIB en el año 2013; así, en el año 2022 llegó al 1,6% del PIB, siendo los gobiernos autónomos descentralizados los que más invirtieron en este último año.
Además, cabría anotar, que el regimen de Lasso tampoco cumplió con lo presupuestado en rubros tan sensibles como el de la seguridad ciudadana. Este asunto es realmente dramático considerando que Ecuador se clasificó como el país menos seguro de Latinoamérica en 2022, de acuerdo a Gallup. Hace cinco años, figuraba como uno de los más seguros de la región.
La crisis, como se puede constatar, es mayúscula, multifacética y en extremo compleja.
- La propuesta de Noboa: paños de agua tibia
Sin entrar en un análisis detenido de cada una de las medidas propuestas, se puede concluir que no resuelve el tema del déficit fiscal, ni establece bases sólidas para reactivar el aparato productivo, es decir para generar empleo.
El ingreso fiscal esperado bruto es de 960 millones de dólares que provienen de la remisión de intereses, multas y recargos de obligación tributaria. Son ingresos solo para el año 2024. Esta fuente de recurssos no es nueva, es la vieja práctica de perdonar deudas en firme a los grades deudores al Sistema de Rentas Internas – SRI, que se ha dado de forma recurrente en años anteriores: dos veces con Rafael Correa y una vez con Lenín Moreno.
De esos ingresos hay que reducir las deducciones para alentar la creación de empleo juvenil y mujeres (60,7 millones de dólares), la devolución del IVA a los proyectos inmobiliarios (40,7 millones) y la Condonación del impuesto a la renta para los negocios populares RIMPE: 2022 (26,6 millones). En total el ingreso neto esperado es de 832 millones de dólares. Esta es una cantidad que no cubre ni el quinto del déficit fiscal. La pregunta que flota en el ambiente es cómo buscará el gobierno cerrar el resto del déficit.
La otra tarea fundamental que pretende viabilizar la ley, la que tiene que ver con la generación de empleo, también genera muchas dudas. Apostar por una reactivación fundamentada especialmente en beneficios fiscales tiene muchas limitaciones, tal como se ha comprobado en la práctica. Inclusive sabemos que para que las inversiones se realicen es preciso disponer de un marco de seguridad jurídica integral -no solo para los inversionistas- y de seguridad ciudadana, tanto como de creciente equidad social y ambiental, que conforme un escenario propicio para todas las actividades económicas.
Hay ciertas exoneraciones tributarias, que suenan interesantes para jóvenes, mujeres o personas que se reintegran en la sociedad luego de cumplir sus sentencias, pero estos beneficios tienen una duración muy reducida. Además, bien sabemos que, en muchas ocasiones, los empresarios se quedan con el grueso del beneficio fiscal ofrecido y no lo trasladan a través de una disminución de los precios de bienes y servicios.
Las exoneraciones establecidas en el proyecto de ley para alentar la construcción se manifiestan por la devolución del IVA, de casi 6 puntos porcentuales. Con este reintegro de los tributos el gobierno pretende alentar este segmento productivo que tienen una gran capacidad para generar empleo. Más allá del discursos oficial, es evidente que con esta medida los principales y mayores beneficiarios serán los grandes grupos constructores, como la Corporación Nobis o Uribe Schwarzkopf, para mencionar apenas dos nombres. Adicionalmente, nada garantiza que estas grandes empresas lleguen a trasladar todo el beneficio de sus clientes, e inclusive que mejoren las remuneraciones de sus empleados. En este ámbito de la construcción, desde sectores interesados y sus voceros, emergen críticas a la propuesta de pago del impuesto a la renta sobre la ganancia obtenida en la venta de terrenos, oficinas o locales.
Otra cuestión, que reviste alguna novedad, es un sistema de auto-retención del 3% de sus ventas y su transferencia mensual al fisco por parte de los 499 grupos económicos más grandes, así considerados por el SRI, a cuenta del futuro pago del impuesto a la renta. Esta medida permitiría sostener un flujo más estable de ingresos mensuales, estimados en 188 millones de dólares. Por cierto, los potenciales saldos excedentarios de lo que tendrían que pagar de impuesto a la renta el contribuyente se transformarían en créditos tributarios. Esta propuesta ha despertado ya reclamos de los defensores del gran capital.
Otro punto en donde se pone énfasis recae en las alianzas público-privadas, que han sido impulsadas desde su creación en el gobierno de Rafael Correa. Uno de los puntos destacados en el proyecto de ley es que se elimina el dictamen previo del Ministerio de Economía Finanzas. Las expectativas que se pueden fincar en estas alianzas, que representan una forma velada de privatización alentada con múltiples beneficios al inversionista, son limitadas. La experiencia en Ecuador de la provisión de bienes, obras o servicios públicos del gobierno central y los gobiernos descentralizados con empresas privadas no ha sido muy alentadora.
La creación de nuevas zonas francas, incorporadas en la ley que analizamos, tampoco representa algo nuevo en Ecuador. Su funcionamiento empezó en el año 1991 y ya son varias las zonas francas existentes en el país. Desde el gobierno de Rafael Correa se las conoce como Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zedes). Su funcionamiento radica en el aprovechamiento de varios beneficios que otorga el Estado a los inversionistas, en diversos ámbitos como el fiscal, laboral e incluso ambiental.
Permitir la instalación de Zonas Francas es de alguna manera una forma de reconocer el fracaso de las políticas para desarrollar políticas adecuadas que generen empleo suficiente y de calidad. Para intentar lograrlo se recurre a estas salidas que parten por el otrogamiento de enormes beneficios al capital, que podríar ayudar marginalmente a cumplir con alguno de los objetivos propuestos, pero en base a la liberalización de las normas laborales, por ejemplo.
En realidad, los diversos gobiernos que han aplicado y desarrollado estas Zonas Francas, no han querido enfrentar los problemas estructurales de la economía. A la postre se mantiene una dependencia en extremo sumisa del mercado externo. En esta ocasión, como ya se intentó en el gobierno de Lasso (cuando Daniel Noboa era presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional), se quiere ampliar los beneficios, ofreciendo una exoneración del impuesto a la renta por 5 años y una tarifa de 15% por el tiempo restante, permitiendo, incluso, que las empresas afincadas en dichas zonas puedan “exportar al Ecuador” hasta un 30 de su producción.
En síntesis, la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que será debatida en la Asamblea Nacional, no resuelve el problema fiscal y tampoco plantea una vigorosa propuesta de reactivación económica, que considere en serio la generación de empleo. Por lo tanto, a continuación, planteamos varias alternativas sobre todo de corto plazo.
- Alternativas para una política de genuina recuperación económica
Teniendo en cuenta la compleja situación que vive el país, bien conviene considerar algunos elementos que permitirían configurar otro manejo económico. Sin minimizar otros temas cruciales, que no son abordados para no alargar más este texto, conviene preguntarnos qué se puede hacer ahora en una economía como la nuestra con un lastre grande en tanto carece de política monetaria y cambiaria efectiva, gracias a la dolarización (que tanto se aplaude sin conocer realmente la limitación que representa).
Un punto clave. No se trata solo de cerrar la brecha fiscal. Hay que conseguir recursos para que el Estado pueda contribuir en la recuperación de la economía y en solventar las demandas sociales, particularmente de salud, educación, vivienda y seguridad ciudadana. Igualmente, para mantenernos en los objetivos del gobierno, esa recuperación de la economía debe generar empleo y esa misma generación del empleo, por el lado de la demanda debe contribuir a vigorizar el aparato productivo. Consideremos que no se trata de cualquier recuperación: no nos podemos olvidar que la calidad de esa recuperación depende de las historias social y ambiental de la misma.
Desde esa perspectiva, conscientes de que son medidas presentadas de forma aislada y que deben engarzarse en una propuesta integral e integradora, habría que partir por identificar una suerte de ecuación reactivadora que incorpore puntos clave, tratando de influir en ellos. A modo de ejemplo, una mayor inversión pública -eficiente y transparente- debería venir acompañada de una sustantiva reducción del costo de los créditos, al tiempo que se introducen incentivos en determinadas actividades productivas con mayor capacidad para generar inmediatamente empleo, como son el agro y la construcción, así como la economía popular y solidaria donde el potencial de respuesta inmediata es muy elevado siempre que existan o se fomenten las condiciones para desarrollarlo.
- Reducir el costo de los créditos
Un punto clave radica en la reducción sustantiva de las tasas de interés sobre todo en nuestra economía dolarizada. Para lograrlo hay que romper el oligopolio bancario privado con medidas de política económica y decisiones de las juntas bancaria y financiera. También se puede enfrentar este reto desde el mercado con un frente formado por la banca publica estatal (Banecuador), la banca pública no estatal (BIESS), el Banco del Pacífico (que se debería entregar al IESS en dación de pago), las cooperativas de ahorro y crédito, así como las cajas de ahorro comunal.
En este punto urge fortalecer financieramente las cooperativas de ahorro y crédito y las cajas de ahorro. La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias – CONAFIPS, en tanto banca de segundo piso, debería ser fondeada para canalizar recursos al sector cooperativo con tasas de interés bajas para que este sector, a su vez, pueda hacer prestamos con intereses realmente atractivos para el campesinado y la misma economía popular y solidaria.
Son varias las acciones adicionales. Eliminar las comisiones bancarias para que la banca obtenga beneficios en la colocación eficiente del ahorro y no simplemente haga utilidades aprovechándose de las comisiones. El Banco Central debe asumir un papel monetario protagónico en el sistema de pagos, para que las transacciones no pasen por el sistema de BANRED, que a la postre permite que los bancos lucren por las comisiones que cobran. Establecer un margen entre las tasas pasivas y las tasas activas de la banca, aparece también como necesaria entre otras medidas.
- Uso de parte de la reserva monetaria internacional
Especialmente en la actual coyuntura aparece como indispensable destinar una cantidad de dicha reserva para reactivar la economía. Se entiende que hay que hacer un uso sensato de esos recursos, unos 6.300 millones de dólares en septiembre. Aquí se requiere un acuerdo con la Asamblea Nacional porque hay que hay que introducir reformas legales. Con un aporte de unos 1.500 a 2.000 millones se podría financiar un agresivo plan de inversiones del sector público.
- Revisión de tributos y subsidios
En este punto hay mucho por hacer. El punto de partida es construir un esquema tributario dinámico, progresivo y equitativo, que exige siempre el principio de quien más gana y más tiene, más contribuye.
Dicho eso, se debe revisar al alza el impuesto a la renta de las personas naturales que ganan más que el presidente de la República, así como de varios productos suntuarios, como vehículos de alta gama, entre otras opciones.
Tratándose de una situación en extremo crítica no se podría descartar un impuesto especial a las utilidades de la banca, pues éste es uno de los pocos grupos que más lucrado en estos años. Ese impuesto especial podría extenderse a las ganancias extraordinarias de otros negocios, particularmente en aquellos segmentos en donde el funcionamiento del mercado está dominado por grupos oligopólicos, como sucede con las telefónicas. También resulta recomendable volver al 5% el impuesto a la salida de divisas – ISD, que podría rendir unos 1.400 millones de dólares (se demostró que al reducir este impuesto no aumentó la inversión extranjera como tanto clamaban sus detractores). En este punto cabe también un impuesto a los grandes patrimonios.
Con el fin de ampliar la disponibilidad de recursos por el lado de la demanda se puede reducir el IVA del 12% al 10 %. Y por cierto sería preciso olvidarnos para siempre de las remisiones de tributos, que son mecanismos perversos para beneficiar a los grandes grupos económicos.
Abordar el tema de todos los subsidios es otra tarea pendiente. Empecemos por identificar y retirar aquellos subsidios que reciben las empresas mineras y los grandes grupos económicos, por ejemplo. Por igual se debe revisar y desmontar el paquete anual de exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios, que pueden equivaler a un 20% del Presupuesto General del Estado; en este punto habría que analizar si realmente se cumplen los compromisos que adquieren los beneficiarios de estos inventivos; aquí se podría obtener al menos unos 1.500 millones de dólares.
Los subsidios a los combustibles también deben ser revisados, pero en clave integral, es decir con criterios sociales, productivos y ambientales, no solo fiscales. Por ejemplo, sería conveniente subsidiar el transporte público de personas y de carga en todo el país. Este empeño debería darse a partir de un gran debate nacional, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de una transformación tributaria es la reducción de la pobreza lo que demanda reducir sustantivamente la excesiva concentración de la riqueza.
- Revisión urgente de algunos contratos
Inclusive con el fin de obtener divisas de forma inmediata se debe renegociar los contratos con las dos telefónicas extranjeras que tienen una posición oligopólica en el mercado, lo que les ha permitido obtener enormes beneficios sobre su patrimonio neto al año (se calcula que puede haber llegado a un escandaloso 90%).
La reciente ampliación del contratoa CLARO (CONOCEL) por seis meses, mientras se renegocian los terminos de dicha contratación, ha fijado un valor extremadamente bajo: la empresa pagaría 3 millones de dólares mensuales cuando en realidad debería pagar al menos 6 millones mensuales. Según entendidos en la materia, la renegociación de los contratos con las dos operadoras (una nueva licitación sería otra opción a considerar) podría dejar al Estado ingresos anuales adicionales de 1.000 millones de dólares.
En este punto recae por igual la reversión del Oleoducto de Crudos Pesados – OCP. Este año ya caduca el contrato. Solo el ahorro por el pago de la tarifa significaría un aporte de más de 100 millones de dólares al año, si se considera que la tarifa de transporte por barril de la OCP supera tres veces la tarifa del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano – SOTE. A esa cifra habría que añadir las utilidades de la operación misma; utilidades que deben haber totalizaado unos 2.500 millones durante el tiempo de la concesión, según la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo – ANTEP.
- La compleja situación de la deuda “eterna”
Un punto medular radica en que no podemos sacrificar el futuro del país para intentar sostener un pago de deudas que impide recuperar la economía. En este punto cabe partir del principio básico de tanto crédito externo como sea indispensable y tanto crédito interno como sea posible, sin sacrificar el bienestar de la sociedad y sin tolerar ninguna manifestación de corrupción.
Si hubiera voluntad política se podría presionar a los acreedores internacionales para que se libere al país de las imposiciones -imposibles de cumplir- impuestas el año 2020. Eso exige no caer en la ingenuidad de creer que los organismos multilaterales van a otorgar créditos por razones político electorales como planteó hace poco el entonces presidente electo Daniel Noboa… Por igual hay que estar atentos a las posibles contrataciones de nuevos créditos externos y sus condiciones.
Un tema a discutir: hasta cuándo se mantendrá aquello de que los beneficios de las exportaciones del petróleo en el Ecuador están destinados al servicio de la deuda externa y a sostener las reservas monetarias internacionales, en el marco de los acuerdos con el FMI; una decisión plasmada en la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, expedida en el año 2020.
La deuda interna puede renegociarse más fácilmente; por ejemplo, diferir los pagos del Ministerio de Economía Finanzas al Banco Central, podrían liberar por lo menos unos 1.000 millones de dólares.
- Política de finanzas pro-producción y servicios públicos
Los recursos que se puedan obtener para que el Estado invierta debería ser canalizados de forma planificada buscando generar empleo y transformar la economía. Así, un importante monto debe orientarse hacia las PYMES que generan más del 90% del empleo (las de menos de 10 trabajadores, el 70%). Atención urgente demanda al agro, sobre todo al campesinado, en donde trabajan más del 30% de la población económicamente activa.
En el agro se debe impulsar una política inspirada en la soberanía alimentaria; de hecho, existe el proyecto de Código Orgánico de Soberanía Alimentaria (COSAL), que ya está para aprobación en primer debate dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria.
Los recursos deben invertirse en obra pública y en servicios del Estado: educación, salud, bienestar social, inclusive seguridad ciudadana. Esto implica recuperar el papel del Estado, pero sería inicialmente más a través de los gobiernos autónomos descentralizados, pues bien conocemos que el gobierno central ha sido sistemáticamente depredado por la pandemia neoliberal de Moreno-Lasso.
- Por una inserción inteligente en la economía mundial
Hay que ver de qué manera se puede proteger la industria nacional que sobrevive tanto al bobo-aperturismo como a las torpezas de los neoliberales. Sobre todo, habría que apoyar la agroindustria, pero no solo para la exportación. Aquí habría que construir una alianza sinérgica del sector agropecuario con las universidades; no entendemos cómo es que no podemos industrializar el banano y otros productos primarios (algo se hace con el cacao, pero falta mucho).
Una conclusión evidente, seguimos necesitando una concepción estratégica de país para participar en el mercado mundial, alentando procesos genuinos de integración regional. La vía de los TLCs conforma el sendero más seguro para seguir siendo una economía primario exportadora… subdesarrollada en esencia.
- El mercado interno también cuenta, y mucho
En paralelo nos urge fortalecer nuestros mercados casa adentro. Esos son espacios desde donde inclusive se debe proyectar nuestra inserción internacional, no al revés. Esto implica mejorar sustantivamente las condiciones de vida de toda la población, particularmente la marginada. Y por cierto la recuperación del poder adquisitivo de los salarios es indispensable para reactivar la economía desde la demanda, procurando que el grueso de la oferta provenga de producción nacional (Este es uno de los retos más complejos de resolver en una economía atrapada por el bobo-aperturismo).
En línea con esa proyección es urgente crear otras opciones para las economías cooperativas, asociativas, populares, solidarias en esencia. Y en este empeño es indispensable invertir en salud, educación, bienestar social, vivienda popular procurando motivar las enormes capacidades existentes de la economía popular y solidaria. Requerimos políticas públicas nacionales, provinciales y municipales de articulación y fomento del desarrollo productivo desde los territorios y sectorialmente.
Aquí es relevante el acceso preferente a la compra pública local y nacional para la cooperativas, asociaciones, comunidades y medianas y pequeñas empresas del campo y la ciudad. Otro espacio de acción sería crear y fortalecer mercados y supermercados cooperativos a nivel local, en especial para que el campesinado pueda ofrecer directamente sus productos en las ciudades. Tal como lo anotamos antes, urge bajar tasas de interés a través de acciones de segundo e incluso de primer piso fortaleciendo a las cooperativas y cajas comunales. La asesoría tecnológica es otra de esas acciones necesarias para mejorar en especial la economía popular y solidaria. En este punto sería crucial acelerar la entrega de títulos de propiedad a comunidades y cooperativas, alentando su conformación con créditos específicos que deben tener mucho mejores condiciones en tasas de interés y plazos, por ejemplo, que los prestamos que se ofrecen a los emprendimientos individuales. Fortalecer lo comunitario debe ser uno de los objetivos transformadores a tener en cuenta.
- Cumplir con el mandato pos-extractivista
El pueblo se pronunció categóricamente a favor de la construcción de un horizonte postextractivista el día 20 de agosto del presente año. Su mandato ordena parar la extracción de crudo del Bloque 43/ITT en el Parque Nacional Yasuni, tanto como retirar las instalaciones petroleras allí construidas, dando paso a la reparación y restauración de la Naturaleza, así como a la atención de las demandas de las comunidades: la Amazonía, en síntesis, no puede ser más territorio de sacrificio. Recordemos que el presidente Daniel Noboa en campaña se pronunció a favor de dejar el crudo en el subsuelo.
El “sacrificio fiscal” que representa cumplir el mandato popular bordea un 1% del Presupuesto General del Estado (entre 300 y 400 millones de dólares, si se considera que el aporte del ITT representa un 12% de la extracción total de crudo). Se trata de un monto financiable. Inclusive los menos de 500 millones de dólares que se requieren para retirar la infraestructura de ese bloque petrolero podrían ser financiados recurriendo a fondos internacionales destinados a la mitigación y reparación de los daños ambientales.
También habrá que cumplir los mandatos populares de NO a la minería en el Distrito Metropolitano de Quito (2023), en Girón (2019) y Cuenca (2021), en la provincia del Azuay. No podemos olvidar que toda la actividad minera es ilegal, pues no respeta, ni ha respetado varios artículos de la Constitución. Además, si se hace un análisis económico de costo-beneficio ampliado se puede demostrar que es una estafa.
Dentro de una estrategia de transición hacia una economía post-petrolera, se podría cerrar temporalmente la brecha de extracción de crudo con una explotación mejorada de los campos maduros: Sacha, Auca, Libertador, Shushufindi, sin entregarlos a empresas transnacionales. Igualmente es urgente dar paso al cumplimiento de las disposiciones judiciales para terminar con los 444 mecheros en la región petrolera -la quema del gas asociado-, lo que podría generar ingresos por unos 400 millones de dólares al año si se aprovecha adecuadamente esta fuente de energía.
Partiendo de estas reflexiones, el Ecuador tiene todo el potencial para poner en marcha una estrategia de amplias transiciones eco-sociales, incluyendo la energética. Este pequeño país andino -cuna de la constitucionalización de los Derechos de la Naturaleza, ejemplo que se expande con creciente velocidad por el mundo- puede liderar internacionalmente acciones que permitan enfrentar el colapso ecológico global, reclamando el pago de deudas históricas y ecológicas, obteniendo, inclusive, beneficios económicos en el exterior, que podrían contribuir para financiar parte de estas tareas transformadoras.
- “Oxigenar la economía”
Ya sabemos que a determinados grupos esta idea les provoca hasta urticaria, pero introducir un dólar electrónico ecuatoriano sería una medida que ayude a oxigenar la economía. No se trata de proponer un salto al vacío como fue la imposición del dólar en enero del 2000. Hay propuestas muy concretas de cómo hacerlo. Y los benéficos resultados de acción de esta naturaleza, manejada con suma responsabilidad, se sentirían en breve en nuestra economía.
*****
En suma, no solo es cuestión de conseguir recursos fiscales, sino de obtenerlos con criterios de equidad. Además, este empeño demanda que esos recursos sean canalizados adecuadamente construyendo procesos para empezar a transformar estructuralmente la economía. Lo que cuenta, a la postre, es la eficiencia y eficacia del Estado y no simplemente su tamaño. El tiempo que queda de gobierno y en esta legislatura (18 meses) debe ser empleado para mejorar las condiciones de vida de los más pobres, sentando las bases para un cambio profundo, combatiendo la corrupción y propiciando un manejo transparente del sector público.
Es evidente que en este listado incompleto de medidas falta profundizar en otros muchos aspectos estructurales cuya proyección debería estar presente incluso desde la coyuntura. Señalemos algunos: la soberanía alimentaria sustentada en una profunda reforma agraria, una transición energética genuina inspirada en la soberanía energética, la transferencia intersegmental de recursos de los sectores modernos a los sectores atrasados para dar paso a una transformación profunda del aparato productivo reduciendo de forma sostenida la influencia nociva de los extractivismos , al tiempo que se consolidan las economías de los cuidados con los consiguientes procesos de despatriarcalización y de ampliación de las relaciones de reciprocidad.
Tareas todas que demandan siempre una sólida base democrática, en clave de Buen Vivir, es decir de justicia social y justicia ecológica.
La consigna debe ser: ¡Reactivación con equidad social y ambiental!
Alberto acosta: Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador (2012-2013). Autor de varios libros. Compañero de luchas de los movimientos sociales.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.