“No solo la población que habita o trabaja cerca de zonas agrícolas y forestales sufre problemas de salud por las frecuentes aplicaciones con Plaguicidas Altamente Peligrosos; también están seriamente afectadas la biodiversidad, las aguas y las actividades económicas que desarrollan familias campesinas, apicultores, huerteros, agricultores orgánicos y agroecológicos”
En el marco del Día Internacional por el No Uso de Plaguicidas, María Elena Rozas, coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas Chile gestionó una inédita reunión entre afectados por fumigaciones, del norte, centro y sur del país, autoridades del Ministerio de Salud y RAP-Chile. “Nuestro objetivo central era resaltar que, a más de una década de su promulgación, se debe actualizar las normas existentes para aspersiones aéreas (200 metros) y terrestres (franja de seguridad de 50 m) ya que no sirven para prevenir el daño a la salud de las comunidades y los daños a otras actividades. También hay que cubrir áreas no reguladas, como el uso de drones, y la aplicación de plaguicidas para el piojo del mar en la salmonicultura”. Enfatizó la experta más adelante: “No solo la población que habita o trabaja cerca de zonas agrícolas y forestales sufre problemas de salud por las frecuentes aplicaciones con Plaguicidas Altamente Peligrosos; también están seriamente afectadas la biodiversidad, las aguas y las actividades económicas que desarrollan familias campesinas, apicultores, huerteros, agricultores orgánicos y agroecológicos”.
En el encuentro, de carácter virtual, el jefe de Salud Ocupacional de la entidad, Cristián Villarroel junto a la profesional del Depto. Salud Ocupacional, Carolina de la Fuente, comprobaron el malestar y desesperanza de las comunidades por estas normas ineficaces y la impunidad respecto de intoxicaciones, mortandad de abejas y daños a la salud humana y el ambiente. Alicia Muñoz, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas tomó la palabra para demandar que el Ministerio de Salud deje de ser un “administrador de la muerte y las malformaciones”, considerando intolerable que cada vez que hay un nuevo gobierno se deba empezar todo de nuevo.
Karen López, presidenta de la Mesa Provincial de Apicultores del Limarí, apicultora rodeada de monocultivos y situada a 3 km de Monte Patria (región de Coquimbo), argumentó que el decreto N°158 sobre fumigaciones aéreas, con su franja de protección de 200 m. no impidió la mortandad de aproximadamente 4.000 colmenas, ocurrida hace dos meses atrás. “Nunca pasó algo así, son plaguicidas cada vez más agresivos, no se ha eliminado el uso de los neonicotinoides. Estamos quedando sin polinizadores, se mata a las abejas y también nosotros sufrimos una muerte silenciosa”, expresó, señalando que hoy todo es extremo y las políticas públicas deben ser acordes a ello. Ante el anuncio de Carolina de la Fuente acerca de la elaboración por SAG de un protocolo de fumigación en colmenas, que elimina la franja de protección si se usa un plaguicida etiquetado como “menos tóxico”, Karen dijo que los matamalezas, clasificados con etiqueta verde matan a las abejas y son igualmente tóxicos.
Por su parte, Dasten Véjar y Martina Paillacar, investigadores especializados en afectaciones en territorio mapuche, destacaron graves episodios como la fumigación en la comunidad de Kolof (Puerto Saavedra, región de La Araucanía) en 2021, que significó completa pérdida de cosechas e intoxicaciones en muchos miembros de la comunidad. Previo a ello ya se vivía con los daños producidos por anteriores aspersiones, que contaminaron a los humedales y personas y animales resultaron intoxicados. En Forrahue y Huillinco, territorios de San Juan de la Costa, ello configura un delito de “ecocidio por fumigación”. La empresa Tripan Solutions aplica el herbicida cancerígeno glifosato en terrenos de la comunidad Popoen, colindantes con plantaciones forestales, exponiendo a escolares a fumigaciones e incendios. “Jamás hubo respuesta oficial por estos hechos. En 2022 expusimos esta situación ante el relator de Naciones Unidas para Sustancias Peligrosas, Marcos Orellana”. Expresaron, convencidos que ello es una muestra de racismo ambiental y afectación a los derechos a la vida, al agua, la salud, y derechos indígenas, sin penas de ningún tipo. Agregaron que se fumiga con plaguicidas prohibidos en la UE. Hicieron un llamado a integrar la acción de los servicios competentes de salud y agricultura, incorporando el Principio de Precaución en las normas, sobre la base de reconocer la geografía del territorio, y los vientos, entre otros factores. El desafío, señalaron, es instaurar un modelo que se base en el ser humano y principios indígenas, ante lo cual la funcionaria De la Fuentedijo que buscan tomar en cuenta esa cosmovisión.
A su vez Aníbal Carmona sintetizó “tres años de calvario” de sus padres, Manuel e Isabel, y él mismo. Ellos a pesar de todo continúan viviendo en Chañaral de Carén, Monte Patria, en el predio habitado por cinco generaciones de los Carmona en los valles transversales locales. Esperan justicia ahora con su caso en la Corte Suprema. De septiembre a marzo están expuestos a distintos tipos de plaguicidas. Las parras del predio vecino están apenas a 20 metros de su casa, lo que se vio en la pantalla. La empresa no cumple las normas actuales y los expone a gases, vapores y olores. Para Aníbal es indigna la atención del Cesfam, que calificó su intoxicación como alergia de verano. En Montepatria no es real la notificación obligatoria, hay subnotificación y una desconfianza aprendida. Como el Seremi de Salud no ha detenido el accionar de la empresa, Aníbal concluye que el decreto N°158 sobre fumigaciones terrestres en la práctica “es para proteger las 7 hás de uva de mesa y condenar a una familia a padecer las consecuencias de una intoxicación crónica. Las autoridades no dan señales de protección de la vida”. Respecto de definir la distancia para la franja en cuestión, sostuvo que no puede haber una norma general. En su territorio, debido al viento que sopla de día siempre, las 55 hectáreas del agronegocio debieran ser evaluadas respecto del impacto de una aspersión.
Por su parte, Alvin Saldaña, abogado de la región de O´Higgins que integra una asociación de 23 productores agroecológicos, se suma a las peticiones de cambio de la normativa. Planteó que el Ministerio de Salud genere un espacio de escucha para estos agricultores de producción sostenible…en contraposición con las 63.000 toneladas de agrotóxicos utilizadas el año pasado en Chile en la producción convencional. Agregó: “Hay que actualizar las normas y proteger a las personas con una mirada de futuro. Las franjas de protección, la fiscalización y las multas son insuficientes. Estudios realizados por la UC del Maule así como la UC de Coquimbo, han probado la intoxicación crónica: la exposición a plaguicidas está causando daño cognitivo e intergeneracional.” Hizo ver que los productores agroecológicos no pueden afianzarse como tales, porque sus cultivos son afectados por las fumigaciones de las empresas vecinas. Ello impide avanzar en los Objetivos globales de Desarrollo Sustentable, pero también afecta la salud del suelo y personas.
Pamela Contreras, de la Coordinadora Ecológica de Casablanca, alertó que el panorama descrito muestra que no hemos avanzado, y continúan los grandes daños a la salud y la vida que RAP-AL ha estado denunciando por décadas. Los niños y sus familias están completamente afectados por las fumigaciones. Enfatizó que deben generarse hitos reales de cambio, y que la actualización de normas debiera hacerse escuchando a las organizaciones de la sociedad civil. Afirmó: “Entre nosotros hay investigadores y técnicos capacitados para colaborar y aportar su experiencia para la actualización de estas normas”. Alicia Muñoz se unió al llamado señalando la disposición a apoyar al Ministerio de Salud en la formación de una mesa de trabajo presencial con una agenda, y un cambio de actitud.
María Elena Rozas hizo ver que estos planteos dirigidos a la ministra Ximena Aguilera el 3 de diciembre por parte de RAP-Chile, están suscritos por 29 organizaciones directamente afectadas, entre ellas la Comunidad Nacional de Apicultores Orgánicos CONAOC, que agrupa a más de 200 apicultores. Mencionó además el caso del productor agroecológico Delfín Toro, de Pencahue (O´Higgins) premiado por la FAO como “Héroe de la Alimentación”, pero imposibilitado de certificarse por las prácticas nocivas que se realizan en los monocultivos vecinos. La carta al ministerio mencionaba la inexistencia de normas respecto de fumigaciones con drones (Vehículos Aéreos No Tripulados, VAN). En la reunión se anunció que viene una norma. Pero en ello nuevamente no han participado los afectados que puedan incorporar medidas frente a esos nuevos riesgos, ya que actualmente los privados conceden las licencias respectivas. Respecto a la subnotificación de intoxicaciones agudas, María Elena Rozas ofreció compartir la “Guía de Cuidados Médicos Inmediatos a Personas Fumigadas” de médicos argentinos que auspició RAP-AL.
Compromisos de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud
Luego de las duras críticas de los afectados, Cristián Villarroel explicó que el Ministerio de Salud regula los agentes de riesgo para trabajadores y trabajadoras, con protocolos de vigilancia, y el accionar de epidemiología (notificación obligatoria por exposición a plaguicidas) y Salud Ambiental. Se comprometió a hacerse cargo de las coordinaciones internas para que estos mecanismos funcionen, en tanto que Carolina de la Fuente concretará próximos encuentros presenciales.
Contacto:
María Elena Rozas, correo [email protected]
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Web: rap-al.org