Pero como señala Ernesto Llaitul Pezoa, «La lucha del Pueblo Nación Mapuche va a continuar…que no le gusta al Estado, que no les gusta a las instituciones, que no les gusta a los grupos económicos, pero la lucha de mi pueblo va a continuar. Porque la Coordinadora Arauco Malleco es más que una organización. Es un planteamiento político, es un movimiento político. Son ideas, son familias, son niños, son ancianos, son comunidades».
ANTECEDENTES
LEY DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO / PATRICIO AYLWIN (1990 – 1994) Y EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE (1994 – 2000)
La prisión política mapuche en el contexto de la democracia burguesa, post dictadura (1973-1989) se remonta 1992, año de la conmemoración del ENCUBRIMIENTO DEL ABYA YALA, y durante el primer gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, presidido por Patricio Aylwin.
Periodo en que el Consejo de Todas las Tierras promovió recuperaciones territoriales iniciándose un proceso judicial que condenó a 144 de sus integrantes por asociación ilícita (541 días de cárcel) y usurpación de tierras (6 sueldos vitales), según sentencia de primera instancia del 11 de marzo de 1993, confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco el 6 de septiembre de 1994, y que fue objeto de un recurso de reposición rechazado por la Corte Suprema el 27 de marzo de 1996. Aucán Huilcaman estuvo seis meses privado de libertad.
Fundo Pidenco Lumaco (1997)
Posteriormente, un segundo hito fue “LA QUEMA DE CAMIONES EN LUMACO” el año 1997. Periodo del segundo gobierno de la Concertación, presidido por Eduardo Frei Ruiz Tagle. Donde las comunidades de Pichiloncoyán y Pilinmapu de Lumaco, se encontraban movilizadas por la reivindicación del fundo Pidenco, de 1.250 hectáreas, de propiedad de Bosques Arauco. En noviembre de ese año, las acciones de protesta se tornan de mayor envergadura con la destrucción de un puente a través del cual los camiones salían del fundo y la quema de dos torres para faenas madereras. La culminación tuvo lugar el 1 diciembre con el asalto y quema de una caravana de vehículos forestales. Nuevamente, se invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado por requerimiento de la Intendencia de La Araucanía. Siendo detenidos y sometidos a proceso 12 comuneros mapuche.
Finalmente, el Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Víctor Reyes, sentenció a Aníbal Salazar Huichacura, como al resto de los doce comuneros, a tres años y un día de cárcel, sin beneficios en el caso del primero. Salazar Huichacura estuvo dos años en la clandestinidad, siendo detenido en junio del año 2000 en una recuperación de tierras en la comunidad Pascual Coña, en la comuna de Cañete. Fue trasladado a la cárcel de Nueva Imperial y luego a la de Temuco, donde pasó tres años y un día sentenciado por Ley de Seguridad Interior del Estado (Pairicán F. 2013)
Hacienda LLeu LLeu, Cañete (2001)
En enero de 2001, según la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, Héctor Llaitul Carrillanca, habría participado en un ataque a la hacienda Lleu Lleu, quemando casas de veraneo, siendo detenido posteriormente por efectivos del GOPE de Carabineros. Debido a dicho ataque, el ministro en visita designado por la Corte de Apelaciones de Concepción, Eliseo Araya, lo condenó a 541 días de cárcel, por infracción a la Ley de Seguridad del Estado. Junto a él fueron condenados varios integrantes de la comunidad Pascual Coña.
LEY N° 18.314 SOBRE CONDUCTAS TERRORISTAS / RICARDO LAGOS (2000 – 2006)
Iniciado este periodo, los lonko Pichún y Norín, de las comunidades de Didaico y Pantano (Traiguén), respectivamente, fueron condenados a cinco años y un día por el delito de amenazas terroristas contra el propietario del fundo Nancahue, el ex ministro de Agricultura, Juan Agustín Figueroa.
También fueron acusados de conductas terroristas y asociación ilícita, como miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco: Patricia Troncoso, Víctor Ancalaf, Pascual Pichún, José Huenchunao, Juan Millacheo, Florencio Marileo y Juan Marileo, quienes fueron condenados entre los años 2003 y 2004, a penas entre los 5 años y un día y los 10 años y un día por tribunales de Concepción y Angol. La Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló las sentencias condenando al Estado de Chile.
Tranaquepe, Tirúa.
En paralelo, el año 2002, Héctor Llaitul Carrillanca era sindicado como el autor del homicidio frustrado cometido en contra del conductor forestal en el sector de Tranaquepe, Tirúa. Ese año, luego de ser arrestado el 19 de mayo en la zona de Traiguén, se le acusó de asociación ilícita terrorista: específicamente, de integrar un grupo terrorista que actuaría al alero de la Coordinadora Arauco Malleco. En 2005 se realizó el respectivo juicio oral. Cinco, de un total de dieciocho acusados asumen la clandestinidad y la CAM un repliegue táctico.
LEYES PENALES COMUNES MAS LEY ANTITERRORISTA, JUSTICIA MILITAR Y DOBLE PROCESAMIENTO /MICHELLE BACHELET (2006-2010)
Durante el gobierno de M. Bachelet se concretó la detención de decenas de comuneros mapuche, aumentando significativamente su número (34), distribuidos en las cárceles de Temuco, Angol, Concepción y Lebu. En este periodo son utilizadas distintas leyes para su criminalización tales como incendio, porte ilegal de armas y receptación.
Junto con ello el Gobierno de Bachelet se querella e invoca en la mayoría de los casos la Ley Antiterrorista. Sin embargo, la situación más irregular es la que afecta a cuatro miembros de la CAM, detenidos en Concepción, procesados de forma paralela por el Ministerio Público y la Fiscalía Militar. Por lo cual se presenta una demanda ante la CIDH que aún no hay sido resuelta.
A fines de este periodo se comienza a discutir la necesidad de realizar una huelga de hambre para denunciar la aplicación de esta ley y poder con ello rebajar las sentencias. Finalmente, se define y planifica esperar hasta el Bicentenario de Chile, para que tuviese más relevancia, aun con el riesgo de que el gobierno siguiente fuese de derecha.
LA HUELGA DE HAMBRE DEL BICENTENARIO DE CHILE / SEBASTIAN PIÑERA (2010 – 2014)
En dicho contexto asume el primer gobierno de derecha. Hasta ese momento, el discurso respecto de los derechos humanos tenía peso respecto a la imagen que Chile quería proyectar a nivel internacional, tras el fin de la Dictadura.
En marzo de 2010, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete condenó a Héctor Llaitul a 25 años de cárcel, por los delitos de robo con intimidación (Funa comunitaria a colaborador de la Dictadura Santos Jorquera en Puerto Choque, Tirúa) y homicidio frustrado contra un fiscal (allanamiento y enfrentamiento de las comunidades con la PDI). Posteriormente, la Corte Suprema acogió parcialmente un recurso de nulidad interpuesto por la defensa, rebajando su condena a 14 años de cárcel.
La huelga de hambre comenzó el 12 de julio del 2010 y tuvo una duración aproximada de 82 días. Terminada entre el 1 y el 12 de octubre.
Para su resolución se instauró una Mesa de Diálogo cuyo mediador fue el arzobispo de Concepción Ricardo Ezzati y conformada por dos representantes de cada grupo de presos políticos mapuche.
Los logros principales fue el retiro de las querellas por Ley Antiterrorista y la modificación del Código de Justicia Militar con el objeto de que civiles no fueran procesados por esta.
Sin embargo, el hecho anecdótico fue que dicha huelga de hambre fue apoyada por distintos sectores políticos, tales como el Partido Humanista y Comunista hasta la Democracia Cristiana. Inclusive los diputados miembros de la comisión de Derechos Humanos, Manuel Monsalve (PS), Sergio Aguiló (PS), Tucapel Jiménez (PPD) y Hugo Gutiérrez (PC) se tomaron la cárcel de Temuco e hicieron una huelga de hambre de dos días. Así mismo Carolina Tohá visitó también a los presos políticos mapuche de Temuco, en tanto que Ximena Rincón emitía fuertes declaraciones en su apoyo.
LEY DE INTELIGENCIA / MICHELL BACHELET (2014 – 2018)
En el segundo periodo de Bachelet, esta vez asesorada por su Subsecretario del Interior Mahmud Aleuy e ideólogo de la nueva ofensiva contra la CAM. Esta vez, amparados en la Ley de Inteligencia con el objeto de evadir ciertas normas durante el proceso investigativo. Esta no fue dirigida por el Ministerio Público sino solo por la UIOE de Carabineros (Unidad de Inteligencia Operativa Especial) creada Bruno Villalobos, a principios del 2017, para las investigaciones de violencia rural. Recién el 20 de septiembre de 2017, solo tres días antes de los allanamientos y detenciones a comuneros mapuche de distintas comunidades. El general Gonzalo Blu (Director Nacional de Inteligencia) decidió levantar el secreto de la “Operación Huracán” en pleno desarrollo (Ciper, 2018).
Los resultados de la llamada Operación Huracán, había dado por conclusión que Héctor y Ernesto Llaitul, así como otros comuneros, eran miembros de una organización ilícita terrorista que había realizado varios atentados incendiarios en la Región del Biobío, Araucanía y Los Ríos. No obstante, después de ser puestos en prisión preventiva, a través de un recurso judicial resuelto por la Corte Suprema de Chile, la resolución del Juzgado de Garantía que se había pronunciado a favor de la prisión preventiva, fue calificada de arbitraria y en consecuencia dejada sin efecto. Comenzando la caída de la operación.
ACTUAL CONTEXTO:
Empoderamiento de GENCHI y las Cárceles Concesionadas
Dentro del actual escenario político, y sus diferencias con procesos anteriores, encontramos varios elementos nuevos que es necesario analizar.
En primer lugar, el empoderamiento de Gendarmería de Chile respecto de los Tribunales de Justicia, principalmente, a través del Departamento de Control a cargo de la Teniente Coronel Maryorieht Castilla Venegas. El cual tiene entre sus objetivos: b) Proponer criterios para la clasificación y segmentación de las personas privadas de libertad; e) Proponer y registrar, a nivel nacional, los traslados de las personas privadas de libertad, emitiendo para ello informes a los Tribunales de Justicia los cuales son valorados por estos sin cuestionamiento alguno. Pese a que todos ellos no son más que un cortar-pegar de los anteriores, sin ningún análisis serio. En tanto, que los informes de las Defensas y/o el INDH, basados en visitas a terreno y entrevistas a los Alcaide y Jefes de Unidad, son descartados a priori. De esta forma, sobre todo, los Juzgados de Garantía, incumplen su rol de garantista respecto de los imputados que, según la ley, son inocentes mientras no sean condenados.
Junto con ello, GENCHI incumple su propio Reglamento Penitenciario alejando a los presos políticos mapuche de sus familias y comunidades.
El segundo punto a considerar es el sistema de concesiones carcelarias que nace en Chile en el año 2000 como respuesta a los graves problemas de hacinamiento que enfrentaba el sistema penitenciario en aquel entonces. En noviembre del año 2005 se inaugura el primer centro penitenciario concesionado en la ciudad de Rancagua. La idea era contar con una mejor infraestructura, que permita una segregación penal para evitar el “contagio criminógeno”.
El modelo chileno de concesiones penitenciarias correspondería a un modelo mixto donde mientras la custodia corre por cuenta de Gendarmería de Chile, la intervención psicosocial y la provisión de servicios a la población penal están a cargo de la empresa concesionaria.
No obstante, un estudio revela que la violencia carcelaria es mayor en las cárceles concesionadas en términos de niveles de maltrato físico y psicológico, maltrato de parte de funcionarios, promedio de castigos. Junto con ello, las cárceles concesionadas presentarían un menor de acceso a programas de reinserción social en comparación con las tradicionales (Sanhueza y Pérez 2017).
Recientemente GENCHI, concesionó también el Centro de Cumplimiento Penitenciario Concepción, más conocido como El Manzano, conformando con ello el Complejo Penitenciario Bio Bio, al que se sumó el ya concesionado Centro de Cumplimiento Penitenciario Bio Bio. Operada por la Sociedad Concesionada Grupo Dos S.A., administrada por la empresa SODEXO Chile y la ACHS. Siendo el Estado el encargado de la vigilancia, seguridad y administración del establecimiento a través de Gendarmería de Chile.
Es precisamente esta situación la que ha servido de excusa para que estos establecimientos penitenciarios desatiendan, por un lado, las demandas de los presos políticos mapuche, familias y comunidades y por otra su propio estado de derecho que, en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, deben realizar adaptaciones respecto de personas privadas de libertad pertenecientes a pueblos originarios.
Juicio de Nicolás Alcaman, Ricardo Reinao, Esteban Henríquez y Ernesto Llaitul (2023)
El juicio se llevó a cabo de manera telemática y sin la presencia de público, ni siquiera familiares directos, contraviniendo la propia norma procesal winka que señala que estos deben ser públicos. Así Fiscalía y Gobierno de Gabriel Boric, comparecieron de forma remota. Lo mismo que sus testigos y peritos, siendo difícil el aseguramiento de la honestidad y transparencia del proceso de declaración de los testigos. Incluso dos de los tres jueces, se presentaron a través de la plataforma zoom.
Además de lo anterior, observadores internacionales de derechos humanos denunciaron con asombro y dolor como nuestros familiares eran trasladados y a las audiencias engrillados de manos y pies, en algunas ocasiones liberando sólo una de sus manos para alimentarse, recordándonos a los esclavistas de otros siglos.
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
EL NUEVO ESCENARIO POLITICO JUDICIAL A 26 AÑOS DE LA CAM
La condena y sentencia a más de 15 años a los jóvenes pu weichave de la CAM constituye una advertencia e instala un precedente para los futuros juicios de presos políticos mapuche, los cuales se desarrollan bajo un contexto político generado por la derrota táctica, posterior a la revuelta social de 10/2019, cuyo resultado es la administración del Estado por parte de una alianza transversal, gobierno-oposición, reaccionaria que va desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista. Alianza que ha encontrado su punto de acuerdo en la persecución al Movimiento Mapuche y a las expresiones de lucha populares, enmascarada por el supuesto combate a la delincuencia y al crimen organizado.
Una expresión, de este nuevo escenario, es el endurecimiento del sistema penal y carcelario. En base al distanciamiento del discurso de los derechos humanos, la promulgación de nuevas leyes de criminalización, la complicidad por parte de los tribunales de justicia y el empoderamiento de Gendarmería de Chile.
Sin embargo, para la CAM la persecución política no es novedad, de hecho, su irrupción pública fue a través de un sabotaje el 1 de diciembre de 1997 y de ahí en adelante han enfrentado la clandestinidad, la prisión política y el asesinato ocasional pero sistemático, por parte del Estado chileno de algunos de sus pu weichave, como Alex Lemún (2002), Matías Catrileo (2008) y Pablo Marchant (2021). Es decir, bajas “ejemplificadoras” que buscan infringir el miedo y la desmoralización en sus filas y comunidades.
Así, a 26 años de la conformación de la CAM, los distintos gobiernos la han perseguido por medio de leyes espurias, las mismas utilizadas por la Dictadura, tales como la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley Antiterrorista y la Justicia Militar. Inclusive, ha creado múltiples operaciones y montajes para desarticularla, como la Operación Paciencia y la Operación Huracán, sin conseguir su objetivo hasta la fecha.
Junto con ello, han intentado, los mismos sectores que hoy gobiernan, su infiltración y cooptación a través de las redes de apoyo y dirigentes mapuche yanaconas. Propiciando un discurso de derechos humanos durante los gobiernos piñeristas, haciendo llamados al diálogo y hasta realizando una huelga de hambre el año 2010 (Actual Subsecretario Manuel Monsalve).
En paralelo, las Empresas Forestales también han desarrollado su propia estrategia de cooptación, a través de contratistas forestales mapuche tales como: como Galvarino Raiman (Lumaco) y Santos Reinao (Tirua), con sus respectivas guardias y sicarios armados, como los que atentaron contra el equipo de TVN, en el año 2021, y como los detenidos hace unas semanas (2023) en la Provincia de Arauco.
De todas estas formas y caras se despliega la estrategia de contrainsurgencia, en especial en contra de la Nación Mapuche, en el contexto de la democracia burguesa a través de la consolidación de un Estado Policial cuyo objetivo es “achicar la cancha” a los movimientos sociales, luchas populares y de liberación nacional mediante una justicia de clase y de “raza” y del derecho penal del enemigo con el cual se limita el derecho a la defensa, manipulando y eligiendo las pruebas que sirven para condenar y desechando otras. Así como, estableciendo condenas, sin necesidad de comprobar los hechos a través de pruebas objetivas, sólo en base a pruebas indiciarias y la aplicación del dolo común. De esta forma los estándares de prueba son los mínimos y, aun así, los jueces establecen sentencias de presidio mayor.
A todo lo anterior, se suma la militarización del territorio mapuche lo que, ciertamente, estaba planificado desde hace años. Se esperaba que ocurriera durante el Gobierno de Piñera, pero, probablemente, la rebelión popular hizo retrasar los planes siendo el gobierno de Boric y su camarilla maldita, los encargados de concretarla. Con dicho fin, fue acuñado el concepto de Macrozona Sur, término geográfico militar utilizado por las fuerzas armadas y policiales chilenas a partir del estado de emergencia, el 12 de octubre de 2021, y que hoy muy bien resuena de las bocas de concertacionistas, frenteamplistas y comunistas. En tanto que Camila Vallejos, su vocera, alardea de que su Gobierno es mejor en cuanto a persecución y represión.
En conclusión, así llegamos a diciembre de 2023, al aniversario número 26 de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco y Malleco con este nuevo intento de desarticulación que ha apostado a que sea su golpe definitivo, con las primeras y ejemplificadoras condenas para la nueva generación camche, jóvenes cuyas edades fluctúan también en los 26 años. Pero como señala Ernesto Llaitul Pezoa, «La lucha del Pueblo Nación Mapuche va a continuar…que no le gusta al Estado, que no les gusta a las instituciones, que no les gusta a los grupos económicos, pero la lucha de mi pueblo va a continuar. Porque la Coordinadora Arauco Malleco es más que una organización. Es un planteamiento político, es un movimiento político. Son ideas, son familias, son niños, son ancianos, son comunidades».
Referencias
CIPER (2018) “Operación Huracán”: testimonios y confesiones confirman que fue un montaje. Nicolás Sepúlveda y Mónica González.
Pairicán F. (2013) Lumaco: la cristalización del movimiento autodeterminista mapuche.
Sanhueza G. & Pérez F. (2017) Cárceles concesionadas en Chile: evidencia empírica y perspectivas futuras a 10 años de su creación.
Coordinadora Arauco Malleco