Solo le pido a Dios.
Que la guerra no me sea indiferente.
Es un monstruo grande y pisa fuerte.
Toda la pobre inocencia de la gente. -León Gieco
Las discusiones jurídicas y los análisis políticos sobre “la guerra” de Daniel Noboa ocupan gran parte del escenario. Sin negar la importancia de enfrentar el crimen organizado, las preguntas que emergen son muchas y los cuestionamientos jurídicos también. Con sobradas razones, expertos en la materia critican los alcances del decreto 111, del 9 de enero del presente año. Esta acción presidencial abrió la puerta a un “conflicto interno armado”, a una lucha contra los “terroristas”, es decir en contra de los que se considera como “objetivos militares”, en particular las 22 bandas criminales enumeradas por el propio mandatario.
Lo cierto es que esta decisión bélica, que no resolverá los problemas de fondo y menos aún desactivará la presencia del crimen organizado transnacional, puede desatar una serie de perversos procesos políticos, enmarcados en la militarización de la sociedad, y también procesos económicos, impulsados por un mayor esfuerzo neoliberalizador.
Concentremos nuestra atención en el costo de “la guerra” y cómo se pretende financiarla. Bien sabemos que normalmente en las guerras los pobres ponen los muertos y son los que terminan pagándolas; costo que también asume directa o indirectamente la Naturaleza. En esa dirección apuntan tanto la propuesta del gobierno de incrementar el IVA (impuesto al valor agregado), como la sugerencia de algunos grupos políticos de seguir explotando el petróleo del ITT-Yasuní.
Una economía agobiada por el “austericidio”
Para comprender bien en qué terreno pisamos, bien vale una rápida lectura de la economía nacional. El ingreso per cápita es comparable al de hace 10 años; el PIB (producto interno bruto) no alcanza los niveles de la pre-pandemia. Un 66% de la población económicamente activa no tiene un empleo adecuado, con índices muchos más altos en la juventud. Poco menos de 5 millones de personas tienen un ingreso diario de menos de 3 dólares al día; casi 2 millones de personas sobreviven con menos de 1,7 dólares diarios. Desde otra perspectiva, casi 7 millones de personas sufren pobreza multidimensional con graves carencias en nutrición, agua potable, salud, vivienda, educación. El poder adquisitivo de los ingresos es uno de los más bajos de la región. Existe una creciente y desesperada emigración de miles de compatriotas, que inclusive arriesgan su vida pasando a pie por el estrecho del Darién. Y son precisamente esos grupos de compatriotas emigrados los que, con sus remesas -más de 5 mil millones de dólares el año 2023-, apuntalan la economía.
En este contexto, los grandes grupos económicos, a la cabeza la banca privada, no dejaron de acumular: a modo de botón de muestra, tengamos presente que el patrimonio personal del presidente-banquero Guillermo Lasso, durante sus 900 días de gestión, aumentó en 21 millones de dólares.
Esta situación no es un resultado accidental o solo el producto directo de la paralización provocada por la pandemia. Hay todo un manejo de política económica que debilitó la economía y por ende golpeó duramente a la sociedad; bien podemos hablar de un austericidio. Las restrictivas políticas económicas marginaron lo social, inclusive no se cumplió con lo presupuestado para la seguridad. A lo anterior se suma el desmantelamiento de gran parte de la institucionalidad establecida para combatir la inseguridad, mientras se producían evoluciones profundas a nivel del crimen organizado fuera y dentro de las fronteras de Ecuador. Como saldo tenemos un país transformado en un volcán en erupción, que le ubica a la cabeza de los países con más homicidios por cien mil habitantes en la región.
El IVA, un impuesto regresivo y recesivo
Las autoridades gubernamentales estiman el costo de “la guerra” para el presente año en 1.020 millones de dólares. Para cubrirlo se propone subir el IVA del 12% al 15%, lo que, de acuerdo a datos oficiales podría generar unos 1.300 millones de dólares en el mismo período. Y para conseguir el respaldo en la Asamblea Nacional, como ha sucedido en muchas otras ocasiones, el gobierno recurre al “terrorismo económico”.
Dejemos sentadas algunas cuestiones sobre este tributo. Se trata de un impuesto de fácil recaudación, pero que es regresivo en tanto afecta más a los que menos tienen: pobres, jubilados, clases medias… Es falso que no tenga un impacto sobre esos grupos, como afirman los defensores de dicha alza. El incremento del IVA, casi sin excepción, también presionará para arriba el costo de los insumos que sirven para elaborar los productos que no pagan IVA, incrementando el precio final de venta. Es más, muchos precios se ajustarán para arriba en medio de procesos especulativos que pueden ser aprovechados por empresarios inescrupulosos. Y esa evolución aumentará los costos de producción, algo de mucho cuidado en una economía dolarizada.
A más de ser regresivo, el IVA incrementado aumentará las tendencias recesivas. Este también es un tema mayor. Retirar circulante en una economía que aún no se recupera de la pandemia del COVID y que sigue atrapada en la pandemia del neoliberalismo resulta realmente preocupante. En gran medida , los recursos recaudados se destinarán a la compra de equipos y armamento, que no son de fabricación nacional. Es decir, al retirar circulante se provocará una afectación al proceso económico, disminuirán las ventas, aumentará el desempleo, es decir se desacelerará aún más la economía.
Ya lo experimentamos en el año 2016. Entonces se aumentó el IVA para financiar la reconstrucción luego del terremoto en Manabí y Esmeraldas. Sin dar paso a otras opciones tributarias sustentadas en la equidad social y en la racionalidad económica, el IVA pasó del 12% al 14%, por un año. A la postre, la recaudación del IVA incrementado bajó; provocando, además, presiones para la desaceleración de la economía.
En esta ocasión, además, con seguridad “la guerra” será interminable. Hay que archivar la posibilidad de una pronta marcha de la victoria nacional sobre el narcotráfico y el crimen organizado. Sus vinculaciones son transnacionales. Se nutren del negocio más capitalista de todos, como se reconoce en el diario alemán TAZ. La ilegalidad significa un negocio sin regulación, sin seguridad laboral, sin control de calidad, sin impuestos, sin regulaciones medioambientales, sin convenios colectivos, sin sindicatos o leyes antimonopolio. Este negocio multimillonario se desarrolla exclusivamente según la ley del más fuerte, es decir, el libre mercado en su máxima expresión. Además, este negocio se nutre de una demanda que sigue creciendo.
Ilusionarse con la posibilidad de nuevos créditos de los organismos multilaterales, porque el FMI verá con buenos ojos la revisión del IVA, sería dar paso a una fantasía perversa. Sobre todo, porque no habrá cambio de rumbo y también porque esos nuevos créditos vendrán de la mano de nuevas exigencias liberalizadoras y privatizadoras; algunas de las que ya se van cumpliendo con las dos leyes aprobadas por la actual legislatura: Ley Eficiencia Económica y Generación de Empleo y Ley de Competitividad Energética.
Para cerrar este punto cabe señalar que el gobierno habla de un déficit fiscal de más de 5.700 millones de dólares. De ser cierta esa cifra y considerando que con dicha Ley de Eficiencia Económica, aprobada recientemente en la Asamblea, solo se recaudará en términos netos algo más de 840 millones de dólares por la remisión de deudas tributarias, se puede concluir que el problema fiscal no está resuelto. Tampoco aportará de manera sustantiva la utilización de la reserva de oro, medida a la que también recurrió el gobierno de Rafael Correa en el año 2014. Además, estos dos ingresos solo son para este año 2024.
Como para hacer más complejo el cuadro, se asume la existencia de necesidades de financiamiento que bordearían los 10 mil millones de dólares en el presente año. En consecuencia, el problema de fondo se mantiene, teniendo como mayor causa del desbalance el pesado y creciente servicio de la deuda externa, cuyo pago en el año 2023 fue de unos 7.600 millones de dólares.
Aberrante, continuar explotando el ITT, perdonando deudas a los más ricos
En medio de este confuso escenario, emergen voces de algunos grupos políticos, sobre todo en la Asamblea Nacional, que proponen mantener la extracción de crudo del ITT para no tener que subir el IVA. Se trata de una disyuntiva perversa. Dicen estar preocupados por lo pobres cuando no tuvieron empacho alguno en condonar gran parte de las deudas tributarias a los mayores grupos económicos del país con la mencionada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Son justamente miembros del Partido Socialcristiano y de la “revolución ciudadana” los que proponen esta aberración y solicitan al presidente Noboa que incluya esta pretensión, formulada como pregunta en su anunciada consulta popular. Y Noboa, acogiéndose a las necesidades financieras de “la guerra”, la aceptaría…
Esta pretensión indigna. Hay un mandato popular para detener la extracción del crudo del ITT. Luego de una ardua lucha, que la inició y sostuvo el Colectivo Yasunidos por casi una década y que activó una gran minga nacional. De esta manera, esa gran confluencia de fuerzas sociales de todo el país venció la campaña de terror y mentiras desplegada por la oligarquía extractivista: gobierno, petroleras, mineras, cámaras de la producción, grandes medios de comunicación y sindicalismo petrolero. El 20 de agosto del 2023, con un 60% de los votos, el pueblo ecuatoriano se pronunció por no seguir extrayendo el crudo del ITT-Yasuni
Es conocido que representantes de esta oligarquía no han querido aceptar la decisión democrática de agosto pasado. Hoy, esos grupos, presentándose como preocupados por el bienestar popular, vuelven a la ofensiva desplegando una campaña cargada de mensajes tremendistas y de cifras fantasiosas.
En realidad, a esos grupos no les interesa la seguridad jurídica, ni el respeto a la progresividad de derechos, que son elementos constitucionales fundamentales. Tampoco les preocupa lo que representa la restitución de los derechos de participación ciudadana pisoteados en los años 2013 y 2014; asunto que justificó la decisión de la Corte Constitucional en su sentencia convocando a la consulta popular. De hecho, será difícil que la Corte Constitucional desmonte su resolución de mayo del 2023.
Dejemos estas reflexiones jurídicas-políticas para otro momento. En esta coyuntura vale recordar que las potencialidades económicas del ITT no son como las pintan los defensores del extractivismo petrolero. Sin recurrir a las múltiples y contundentes demostraciones de esta realidad, solo consideremos que en el Presupuesto General del Estado se estimaron unos 2.700 millones de dólares por concepto de ingresos petroleros en el año 2023 (Una cifra que no se alcanzará, pues apenas han ingresado 1.237,6 millones por exportaciones de petróleo entre enero y septiembre. Esto es 881,2 millones menos que en igual período de 2022). Es decir que si el ITT-Yasuni aporta con un 12% del total de la extracción de crudo en el país, estaríamos hablando, en el mejor de los casos, de unos 300 millones de dólares de ingresos fiscales. Este monto puede variar por la evolución del precio del crudo a nivel internacional y también por la disponibilidad de crudo en los yacimientos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini, el ITT.
Hablar de las potencialidades de las reservas de crudo en ese bloque es hablar de la manipulación de cifras. La explotación del Yasuní no solo implica costos ecológicos y sociales terribles, sino que, además, las reservas con las que se justificó tal explotación no aparecen en la práctica.
Centrémonos en las reservas y las tasas de extracción del hidrocarburo. El 15 de agosto del 2013, cuando el gobierno reconoció que le quedó muy grande la Iniciativa Yasuní-ITT, se señaló que había casi 840 millones de barriles de crudo como reservas en el Bloque 43 o ITT, que se explotarían en 23 años, con una tasa de extracción máxima de 225 mil barriles diarios a ser alcanzada al sexto año de actividades. Luego, en el 2016, cuando ya se ejecutaba la decisión de explotar el crudo del ITT, el mismo gobierno anunció -también con enorme entusiasmo mediático y afirmando que ahora si se erradicaría la pobreza- que las reservas eran de 1.672 millones de barriles, con un pico de extracción de 300 mil barriles por día, también al sexto año.
Esas expectativas no se compadecen con la realidad. En agosto de 2019, el ITT llegó a un pico máximo de extracción de 80.012 barriles diarios de petróleo. En junio del 2022 la tasa de extracción había caído a unos 60 mil barriles por día. Y a la fecha de consulta popular la tasa de extracción diaria bordeaba entre 55 y 49 mil barriles. Lo real es que el volumen del crudo disponible no se acerca para nada a las exageradas previsiones iniciales. Adicionalmente, se trata de un crudo de muy baja calidad -una verdadera brea- y que se extrae con cada vez más agua de formación.
Antes de cerrar este tema conviene dejar sentado, no solo que hasta ahora no hay señales claras de que el gobierno esté cumpliendo con el mandato popular a partir de la resolución de la Corte Constitucional, sino que no hay el más mínimo intento por transformar la decisión histórica de dejar el crudo en el subsuelo, en una oportunidad para obtener en el exterior importantes ingresos por concepto de remediación y mitigación ambientales. Aquí se podría desplegar una Iniciativa Yasuni-ITT 2.0, siempre que exista la voluntad política y la capacidad para diseñar una sólida y convincente estrategia en clave de transición energética y socio-ecológica.
Otro tema a considerar. En concreto, el mandato del Yasuni, conjuntamente con los contundentes resultados de las consultas populares para prohibir la minería metálica en el Distrito Metropolitano de Quito (70%: 20 de agosto del 2023), Cuenca (80%: 7 de febrero del 2021) y Girón (88%: 24 de marzo del 2019), demandan transitar hacia una economía post-extractivista. Y, en paralelo, aflora con fuerza la obligación de desmontar el destino trágico de la Amazonía, transformada en una zona de sacrificio.
En suma, la pretensión de seguir destrozando el Yasuni sería una gran violación a la voluntad popular. También sería un grosero incumplimiento de la palabra del presidente Daniel Noboa, quien, en campaña públicamente, se pronunció a favor de no explotar más el crudo del ITT, pues, según él, es “un mal negocio” para el país. Continuar con esa actividad mantendrá las continuadas violaciones a los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y los de la Naturaleza.
Quienes quieren seguir explotando petróleo, en la práctica, defienden a los grupos más acomodados de la población, que son los que deberían financiar el grueso del presupuesto estatal. Y por eso mismo, los defensores de estos grupos no tienen empacho alguno en que se siga ampliando los extractivismos petrolero y minero, que son fuente de múltiples violencias y corrupción, incluso en estrecha vinculación con el crimen organizado.
Que paguen los que más tienen, no el pueblo y la Naturaleza
Hay alternativas de financiamiento fiscal. Aquí proponemos algunas sugerencias que deberían articularse en un plan económico de reactivación con criterios de equidad social y ecológica.
Si bien en el corto plazo las demandas para financiar la acción de la fuerza pública, la readecuación de las cárceles y el mismo funcionamiento de la justicia asoman como temas prioritarios, es necesario dejar sentado que el campo estratégico por excelencia para enfrentar el estallido de tantas violencias es el ámbito social.
Entrando en materia, desplegamos algunas propuestas sustentadas en la justicia social, quienes más tienen y más ganan deben tributar más, y en la justicia ecológica, que no tolera más destrucción ambiental. En ese sentido e incluso para no frenar más la economía proponemos algunas opciones pensadas con criterios de racionalidad económica.
En lugar de haber condonado gran parte de las enormes deudas tributarias en firme a los grandes grupos económicos se debió impulsar una serie de impuestos directos. A modo de ejemplos concretos, se debe dar paso al incremento del impuesto a la renta con criterios de progresividad a quienes ganan más que el presidente de la República. También es importante un impuesto progresivo a las grandes herencias y también un impuesto progresivo a los grandes patrimonios, empezando con 1% sobre los patrimonios de más de un millón de dólares (Exigencia formulada inclusive por grandes millonarios en el reciente Foro de Davos).
Con un alza del impuesto a la salida de divisas al 6% (actualmente está en 3,5%), se generaría unos 500 millones de dólares anuales (Su reducción desde el 5% no alentó las inversiones extranjeras, tal como se argumenta para provocar incluso la desaparición de este impuessto).
Cabría reflexionar por igual sobre un impuesto especial a las ganancias extraordinarias superiores al 20% para las grandes empresas. Esa utilidad representa un monto en extremo elevado en una economía dolarizada. Es más, muchas de esas empresas lucran gracias a su posición oligopólica en el mercado, como son las farmacéuticas, las telefónicas, las grandes cadenas de supermercados, las importadoras de agroquímicos, las importadoras de trigo, las grandes comercializadoras de carne, etc.
Un campo que merece un tratamiento diferenciado es el financiero. La banca, en medio de la grave crisis que atraviesa el Ecuador en los últimos años, no ha dejado de amasar enormes utilidades. Por lo tanto, se podría aplicar un impuesto especial a esas ganancias de la banca. También se podría gravar el monto transaccionado en el sistema financiero privado con un 0,5% (lo que, según expertos, podría generar unos 1.000 millones al año). Por otro lado, sería conveniente eliminar el cobro de las comisiones bancarias por servicios y sobre todo por las transferencias bancarias. Incluso se podría pensar en un impuesto a la circulación de capitales para transacciones interbancarias que superen, por ejemplo, los 200.000 mensuales (acumulado en el mes); esto ayudaría a frenar en algo a los lavadores de activos en la banca.
Siguiendo en el escenario de corto plazo, se debe renegociar los contratos con las dos telefónicas extranjeras (Se podrían obtener unos 1.000 millones anuales). También es urgente revertir el OCP al Estado, cuyo contrato ya terminó. (Solo con el ahorro anual de la tarifa de transporte habría unos 150 millones).
Por igual, hay que trabajar sobre el tema de los subsidios. Sobre todo, hay que eliminar los subsidios a los grupos más acomodados. Aquí se podría empezar por revisar gran parte de las exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios que se otorgan anualmente; nos referimos a aquellas que no son indispensables y que benefician a los grandes grupos económicos y a las personas naturales más ricas (Aquí se podrían obtener unos 1.500 millones al año).
En este terreno es más que urgente eliminar los subsidios a las empresas mineras, una actividad que es una verdadera estafa económica y que su base legal es, por decir lo menos, deplorable; tengamos presente que ningún proyecto en marcha cumple con el mandato constitucional de dejar más del 50% de las ganancias en manos del Estado. Si hablamos de minería deberíamos tener en cuenta que la minería propiamente ilegal e incluso la supuestamente legal tienen lazos con grupos delictivos, como se ha visto en varias provincias, como Napo, Azuay, Esmeraldas o El Oro, para mencionar unos pocos casos.
Un tratamiento especial merece el tema de los subsidios a los combustibles, los que, para empezar, deben ser adecuadamente identificados. Su revisión de ninguna manera es aceptable solo por razones fiscales y menos aún a lo bruto como intentó Lenín Moreno y luego lo hizo Guillermo Lasso. Estos subsidios deben ser ajustados en clave integral, es decir con criterios sociales, productivos y ambientales, no solo fiscales. Por ejemplo, sería conveniente subsidiar el transporte público de personas y de carga en todo el país. Este empeño debe partir por asumir a la energía como un derecho y no como una simple mercancía. Y desde esa perspectiva se debe reducir la “pobreza energética” y fortalecer los mecanismos de control del sector energético desde lo comunitario; es decir, ni la burocracia estatal, ni la burocracia corporativa deben determinar la evolución del sector, sino una creciente y efectiva democracia energética buscando la correspondiente soberanía.
Hay otras tareas que demandan más esfuerzos, pero que hay que empezar a acometerlas de forma urgente. Enfrentemos en serio la evasión tributaria, que llega a los 7.000 millones de dólares al año, según la CEPAL. Por el lado del gasto del sector público también hay muchísimo por hacer con el fin de incrementar la eficiencia e incluso la calidad democrática de las decisiones y acciones estatales. Y, en este entorno tan complejo, si fuera necesario, para no sacrificar al pueblo ecuatoriano, ni a la Madre Tierra, se puede suspender el pago de la deuda externa…
Con un par de estas medidas, enumeradas anteriormente, se puede más que superar la recaudación que se pretende obtener con el alza del IVA. Siendo recomendable buscar diversas fuentes de financiamiento fiscal, también conviene plantear la reducción del IVA al 10%, con el fin de alentar el consumo y así la misma reactivación de la economía, lo que finalmente generaría mayores ingresos fiscales.
Eso si, debe quedar claro que no se trata simplemente de cerrar el déficit fiscal, menos aún para seguir atendiendo las imposiciones de los acreedores de la deuda externa y el FMI. Requerimos recursos para reactivar la economía y sobre todo para financiar inversiones sociales: punto medular para enfrentar al crimen organizado.
Por cierto, si se habla de que urge combatir a las bandas delictivas, también se debería hacerlo en el terreno donde operan, que es donde complementan y amplían sus utilidades, particularmente en el sector financiero. Este esfuerzo exige también enfrentar a sus aliados en la considerada como economía formal, que está profundamente infiltrada por los narcodólares. El lavado de activos se estima en unos 3.500 millones de dólares, un 3% del PIB, de los que un 75% van a la economía formal. La presencia del crimen en todas sus manifestaciones puede representar incluso valores mucho más altos, de hasta cinco veces o más, según algunos analistas. Estos datos y cifras deben ser ubicados en nuestra economía dolarizada, que resulta muy atractiva para todo tipo de actividades ilícitas. El saldo es que el narcodólar sostiene tanto la dolarización, como la economía de este pequeño país andino. Y todo en un ambiente de complicidades diversas entre las élites políticas y empresariales.
Justicia social, justicia ecológica, democracia: el camino
Necesitamos poner en marcha una estrategia, , que tenga en la mira la construcción de una sociedad incluyente en clave de Buen Vivir. El camino a seguir debe estar afincado en la vigencia plena de la justicia social y justicia ecológica, en el marco de un proceso democrático; si uno solo de estos tres factores tiende a cero, el conjunto también tenderá a cero.
Este reto demanda el transito hacia otra economía, inspirada en lógicas post-extractivistas, a partir de la consolidación de las soberanías alimentaria, energética y económica misma. Eso hace necesario fortalecer la economía popular y solidaria, ampliar las inversiones del sector público, alentar la generación de empleos de calidad, fortalecer el consumo y la producción locales, sobre todo del campo, así como de pequeños y medianos emprendimientos, cooperativas, asociaciones, comunidades.
Esto implica también crear condiciones para que la demanda, en especial de productos nacionales sea un pilar para una reactivación con equidad. Precisamos también un cambio radical en el sector financiero para romper el oligopolio bancario, lo que constituye un paso clave para reducir sustantivamente las tasas de interés y canalizar recursos a aquellos segmentos que más puestos de trabajo generan, como lo son el agro y las PYMES. Desmantelar las estructuras oligopólicas en todos los mercados es también indispensable.
Esa trasformación no se conseguirá solo con algunos ajustes a la política económica o con simples medidas tributarias, que deben ser progresivas, priorizando los impuestos directos sobre los indirectos, como dispone la Constitución de Montecristi (artículo 300). Hay que ir más allá. Precisamos procesos de redistribución de la riqueza, que sean estructurales y profundos, y que están prefigurados en la misma carta magna. Para mencionar un par de puntos clave, señalemos la prohibición del latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes (artículo 282); o, la promoción estatal del acceso equitativo a los factores de producción (artículo 334).
Es indispensable mejorar sustantivamente las condiciones de vida de la población tradicionalmente marginada y que vive en la pobreza, lo que demanda simultáneamente reducir esos niveles insultantes de riqueza acumulada en pocas manos. Solo así se podrán construir bases sólidas para una genuina seguridad ciudadana.
Por lo pronto, la respuesta de las élites, aplaudida por amplios segmentos de una sociedad atemorizada, se centra en acciones propias de una “guerra” interminable. Parafraseando la tan conocida canción infantil (“Mambrú se fue a la guerra”), podemos concluir que
Danielito se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena;
Danielito se fue a la guerra, él no sabe a dónde nos conducirá…
Alberto Acosta: Economista. Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.