El 14 de diciembre de 2024, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa finalmente autorizó al gobierno de Estados Unidos a instalar una base militar en las Islas Galápagos. Esta medida se produjo en el marco de los tratados de cooperación firmados en octubre de 2023 entre los dos países, lo que permitirá la presencia de buques, submarinos y personal militar estadounidense para combatir la inseguridad en Ecuador. El personal militar estará exento de pagar tasas administrativas y recibirá inmunidad diplomática similar a la del personal de las embajadas.
El próximo domingo 9 de febrero habrá elecciones generales en Ecuador. Noboa intentará su reelección en un escenario de alta fragmentación, no sólo para la izquierda y las fuerzas opositoras sino también para la derecha y para el conjunto de partidos conservadores y neoliberales. El gobierno de Noboa trató de esconder la instalación de la base estadounidense en las Galápagos o de presentarla como una decisión que favorecía el combate a la inseguridad. Lamentablemente, y salvo honrosas excepciones, como la de la candidata del correísmo Luisa González, y de algunos dirigentes de izquierda, el asunto todavía hoy ocupa un lugar menor y poco destacado en la agenda política, sin mayores repudios ni rechazos en medio de los debates y de la propaganda electoral.
Con su decisión de instalar la base, Noboa contradice el artículo 5° de la Constitución que define al Ecuador como «un territorio de paz en el cual no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares», además de que «se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras». Asimismo, contraviene la declaración de Patrimonio Natural de la Humanidad que preserva el hábitat de las islas.
Para sumar apoyos, el proyecto encubre la pérdida de soberanía sobre las islas mediante una operación política de combate al narcotráfico y al crimen organizado, gracias a una condición de violencia estructural que se profundizó durante los gobiernos neoliberales de Lenin Moreno y de Guillermo Lasso, pero que tuvo su auge durante el actual mandato de Noboa. Así, la inseguridad irrefrenable motiva la presencia y la vigilancia de Estados Unidos desde el territorio ecuatoriano.
Sin embargo, no es posible comprender esta iniciativa si, al mismo tiempo, no se contempla el renovado expansionismo demostrado por la administración de Donald Trump en el avance sobre México y Centroamérica, y una mayor presencia de Estados Unidos en el océano Pacífico frente a China y la reciente apertura del puerto de Chancay, en Perú. Así, las Galápagos cobran una mayor importancia geopolítica por su histórica vinculación con el Canal de Panamá, señalado ahora desde el gobierno republicano por estar supuestamente controlado desde Beijing.
Las ambiciones estadounidenses sobre estas islas no son nuevas. Algunos de los principales representantes de la geopolítica del siglo XIX, como Alfred T. Mahan (1840-1914) y Julian Corbett (1854-1922) incentivaron el control de los mares por parte de las grandes potencias de la época. De hecho, Mahan reconoció tempranamente a las Galápagos como una «posición estratégica» clave para el naciente imperialismo de los Estados Unidos en el dominio del océano Pacífico.
El interés de Estados Unidos en las Galápagos sólo tendió a crecer en el siglo XX, sobre todo, una vez que la apertura del Canal de Panamá reactivó su importancia estratégica como un posible puerto de reabastecimiento para el transporte transoceánico. Así fue como ya para 1911, cuando todavía faltaban tres años para la apertura del Canal, Estados Unidos le planteó a Ecuador un contrato de arrendamiento de las Islas por 99 años a cambio de 15 millones de dólares.
Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la influencia de las Galápagos aumentó todavía más, sobre todo, cuando en 1941, tras el ataque de Japón a Pearl Harbor, el gobierno de Roosevelt sugirió al Ecuador el establecimiento de una base aérea para proteger al Canal de Panamá, que se mantuvo en actividad entre 1942 y 1946, año en el que se resolvió su clausura.
Las ambiciones imperiales de los Estados Unidos en Ecuador resurgieron con fuerza a fines del siglo pasado por medio del Plan Colombia, presentado como una estrategia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, trazada con apoyo del presidente colombiano Álvaro Uribe.
En 1999, el gobierno de Jamil Mahuad firmó un convenio para el establecimiento de un puesto de Operaciones Avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés) en la ciudad ecuatoriana de Manta. Diez años más tarde, Rafael Correa no renovó la concesión de la base, dedicada a labores de control militar y de observación política a los gobiernos progresistas de la región. Washington insistió en la ocupación de las Galápagos, como ocurrió en 2019, promediando el gobierno de Moreno.
La historia se repite una vez más, aunque en el actual contexto, las consecuencias para la región podrían ser claramente peores: una decisión presidencial que no sólo arrastraría al Ecuador a uno de los principales conflictos geopolíticos del siglo XXI, como es el que se desenvuelve entre Washington y Beijing, sino que además tendría repercusiones para toda América latina.
Por la continuidad de la condición de América latina como «territorio de paz», según resolvió la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en 2014, esperemos que todavía exista margen para que Ecuador revea una iniciativa tan infortunada como ésta.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/801147-ecuador-en-la-mira-de-trump