El fallo contra Chile basado en el Tratado de Libre Comercio Chile-Colombia (del año 2009) se conoció en diciembre de 2024 tras 3 años de litigio y obligó al país a pagar 21,5 millones de dólares a la empresa ISA-Chile que denunció al Estado por la sanción impuesta debido a reiterados retrasos en la obra. Chile debió devolver con intereses la multa aplicada a la empresa, que inicialmente demandó al Estado por 200 millones de dólares.
La empresa Isa Inter Chile, filial de ISA Colombia incluyó entre sus testigos en la demanda contra Chile entablada en 2021 en el CIADI, Estados Unidos, a personal uniformado de Carabineros y posiblemente a otros efectivos policiales. Uno de ellos fue el teniente de Carabineros Mattia Federici, entonces jefe de la tenencia de Olmué y actualmente en funciones en Collipulli. El hecho saltó a conocimiento público en el juicio que la citada empresa llevó a cabo en el juzgado de Garantía de Limache, cuando criminalizó a un grupo de comuneros que habían protagonizado una acción de protesta en abril de 2019, colgándose de una torre del proyecto. Luego de varios días de ocupación, los defensores ambientales fueron obligados a bajar por el GOPE, grupo de operaciones especiales de Carabineros de Chile.
El juicio en Chile contra los defensores ambientales que tuvo lugar en enero de 2025[1], fue la primera instancia jurídica de varias ocurridas este año por parte de corporaciones trasnacionales que buscan criminalizar la protesta social. En esa oportunidad, el teniente de Carabineros Federici precisó a través de una declaración virtual solicitada por los abogados querellantes de ISA Inter Chile, que los hechos le fueron reportados por sus subordinados, y se enteró que se trataba de la torre 826 porque eso lo escuchó “cuando fue a dar testimonio en Estados Unidos en el juicio internacional interpuesto (en el CIADI) por Inter Chile”. El fallo contra Chile basado en el Tratado de Libre Comercio Chile-Colombia (del año 2009) se conoció en diciembre de 2024 tras 3 años de litigio y obligó al país a pagar 21,5 millones de dólares a la empresa ISA-Chile que denunció al Estado por la sanción impuesta debido a reiterados retrasos en la obra. Chile debió devolver con intereses la multa aplicada a la empresa, que inicialmente demandó al Estado por 200 millones de dólares.
¿Cómo se pagan esas demandas de los inversionistas con base en los Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile, que les permiten saltarse la legislación nacional e intervenir en decisiones soberanas del Estado? Eso se incluye cada año en el presupuesto nacional, lo que significa menos dinero para el escuálido gasto social que se debate cada año. La Ley de Presupuestos 2023 (partida 06, item 561) asignó un monto de casi US$ US$ 1.000.000 al Ministerio de Relaciones Exteriores por demandas ISDS, habiendo varias demandas en curso con altos costos en abogados a lo largo del proceso y más debido a los fallos. Chile pagó sin esperar el resultado del juicio en nuestro país.
Un fallo histórico
El 25 de enero de 2025 se inició en el Tribunal de Garantía de Limache el juicio contra los cinco defensores ambientales criminalizados por la empresa colombiana ISA InterChile. La sentencia pronunciada por el juez Daniel Bravo, leída el 3 de febrero, absolvió a Mario Aravena Zamora, Nancy Sagredo, Natalia Berger Barrera, Cristián Jorquera y Esteban Quezada Henríquez, acusados de los cargos de obstrucción de trabajos durante los días 2 al 21 de abril. El fallo, considerado histórico por los argumentos del juez al ponderar las pruebas, sostuvo: “Todo lo anterior permite concluir que no se observa una oposición caprichosa o irrazonable a los trabajos de Interchile S.A. en la Cuesta La Dormida, sino que ello obedecía a un actuar motivado en aplicación del derecho de vivir en un medio ambiente libre contaminación que consagra la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 8, al advertirse dudas en torno al cabal cumplimiento de las normas jurídicas que debían cumplirse en el proyecto de instalación de las torres de alta tensión en el lugar.[2]”
El juez Daniel Bravo sostuvo además que la protesta desarrollada en el lugar no tuvo carácter violento.[3] Condenó en costas a la empresa y el Ministerio Público.
El historial de Isa Interchile
La empresa acusaba a los comuneros, habitantes de la Cuesta La Dormida, que es parte de la Reserva de la Biósfera, de haber retrasado su obra y causado perjuicio económico dado que permanecieron 12 días subidos a la torre 826, paralizando los trabajos de conexión. Solicitaba pena de presidio por un año para los defensores ambientales, sobre la base del artículo 272 del Código Penal que castiga la “oposición injustificada” a la ejecución de una obra pública. Todos sus testigos fueron carabineros o funcionarios de investigaciones, más un gerente de la empresa.
Luego de esa acción de protesta la empresa compró voluntades para dividir a la comunidad, e impulsó una conciliación rechazada por la Superintendencia de Medio Ambiente. La maniobra fue denunciada por los defensores de la cuesta La Dormida, entre ellos Mauricio González, del Movimiento por el Agua y Territorios MAT, quien en vida fue parte y protagonista de esta lucha. Las diez torres de la cuestionada iniciativa llevan actualmente energía a las empresas mineras atravesando la Reserva Campana-Peñuelas.
A lo largo del proceso se estableció que la oposición al proyecto se había iniciado el año 2017 y que la empresa había inició las obras en 2018 sin contar con autorizaciones ambientales ni servidumbres de paso en ese lugar protegido y habitado por los comuneros. Sus trabajadores ingresaban a pie o en helicóptero y el helipuerto funcionaba de forma irregular. El doctor en Ciencias Naturales Andrés Moreira Muñoz, geógrafo y profesor de la Universidad Católica de Valparaíso declaró respecto de las irregularidades del proyecto. Con posterioridad a la ocupación de la torre 826, la Corte Suprema declaró nula la autorización de las torres levantadas en un tramo cercano de la obra y conminó a la empresa a hacer modificaciones al proyecto. Moreira dio testimonio del daño ambiental producido en el lugar y sostuvo que hubo un vasto movimiento de oposición al proyecto del cual formaban parte los defensores ambientales. En 2020 la Superintendencia de Medio Ambiente había constatado la construcción de torres de alta tensión en zonas diferentes a las indicadas en el proyecto, y la afectación a bosque nativo de conservación, con especies amenazadas como el Belloto del Norte, sin los permisos sectoriales correspondientes.
Más adelante, en 2024, la Corte Suprema anuló el permiso ambiental de diez torres de alta tensión del proyecto por haberse emplazado en un lugar diferente al indicado, y sin informar que afectarían la Reserva de la Biósfera La Campana. Sin embargo a la fecha del juicio la obra de Isa Inter Chile ya estaba construida y funcionando.
La empresa ISA InterChile recurrió de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual en fallo unánime rechazó la petición, respaldando el fallo emitido por el juez Bravo. [4]
Un mes después, el 25 de febrero, esta misma empresa estuvo en el centro de las acusaciones por su responsabilidad en el apagón nacional producido en febrero de 2025, en el que quedó en evidencia que ISA Inter Chile no adoptó previamente medidas aconsejadas por el Coordinador Eléctrico Nacional para prevenir situaciones como la ocurrida[5] con la falla en el tramo Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar. La empresa desarrolló en los últimos años las obras de expansión conformadas por Nueva línea Cardones Maitencillo 2 x 500 KV, Nueva Línea Maitencillo – Pan de Azúcar 2 x 500 KV, y Nueva Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2 x 500 KV en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central. Aún no se ha evacuado el informe final sobre la falla en la citada línea de transmisión eléctrica, ubicada entre Vallenar y Coquimbo y las eventuales responsabilidades de esta y otras empresas en la grave situación ocurrida a inicios del año 2025.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=sf8jZ9tMTQ4 Transmisión por tv del Poder Judicial del juicio y deposición de los testigos.
[2] https://www.instagram.com/p/DFbYG3Su2oS/?igsh=NGR3cGpwaDI0cDU3 Ig “Salvemos La Campana”
[3] Ver sentencia de primera instancia del juez Daniel Bravo en https://www.defensoriaclimatica.cl/pagina/justicia-para-los-defensores-de-olmue
[4] Fallo de Corte de Apelaciones rechazando solicitud de ISA Chile sobre nulidad fallo en contra de la empresa. https://www.observador.cl/corte-confirmo-fallo-a-favor-de-comuneros-de-la-dormida
[5] https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2025/02/26/empresa-responsable-de-megacorte-demando-al-estado-hace-4-anos-y-chile-tuvo-que-pagarle-us21-millones.shtml